El fiscal del 'caso Urbanor' rebaja a cuatro años su petición de cárcel para 'los Albertos'
El fiscal del caso Urbanor, Emilio Valerio, redujo ayer su petición de seis años de cárcel a cuatro para Alberto Alcocer, Alberto Cortina (los Albertos), Rafael Montes y Álvaro Álvarez Alonso, procesados en la venta de los solares de la torres KIO de Madrid. El fiscal ha rebajado la petición de pena al eliminar el agravante de que hubiera múltiples perjudicados por su actuación en la venta de los solares. De todos modos, el fiscal mantiene su acusación por los delitos de apropiación indebida y falsedad de documento mercantil.El fiscal también pidió que se investigue la supuesta participación en los hechos de Enrique Sarasola si se considera probada la conducta delictiva de la empresa panameña Hortwit, accionista de Urbanor y cuyo representante en España era este último empresario. Fuentes jurídicas señalaron que el empresario no podrá ser procesado al haber transcurrido más de diez años desde que se cometieron los hechos.
En el informe final que defendenderá hoy el fiscal ante la Audiencia Provincial que juzga el caso, el fiscal pide cuatro años, dos meses y un día de cárcel para los acusados aplicando el antiguo Código Penal que considera que es más beneficioso. En su escrito les acusa de engañar a los accionistas minoritarios en el reparto del resultado de la venta en 1988 de Urbanor cuyo patrimonio los constituían los solares dónde se construyeron las torres de KIO. Según fuentes jurídicas, esta reducción no solo conlleva la reducción de la pena solicitada, sino también el plazo de prescripción de los delitos que queda en cinco años en lugar de diez.
Ayer también declaró Romualdo García Ambrosio, jefe de los servicios jurídicos de Construcciones y Contratas, a quien el testigo Javier de la Rosa imputó la pasada semana el diseño de la operación. García Ambrosio dijo ayer que la capacidad de decisión la tenían Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y que su departamento se limitaba a redactar los documentos que éstos le ordenaban. También dijo que los precios de las acciones de Urbanor que vendió Construccions y Contratas no estaban prefijados.
El asesor jurídico de Cortina y Alcocer aseguró que cada socio de Urbanor negoció individualmente con el grupo kuwaití y, por tanto, pactó el precio cobrado por su participación. "Me consta que [los socios minoritarios] hablaban con KIO", declaró. Esta afirmación contrasta con las declaraciones de los querellantes, que mantienen que todas las negociaciones de la operación las llevaron a cabo los Albertos y nunca les informaron de las diferentes contraprestaciones existentes.
