Muchas esperanzas había depositadas en la conferencia diplomática que EE UU y Rusia están organizando para el mes que viene, después de que en febrero el ministro de Exteriores sirio, Walid al Moallem, dijera que su Gobierno estaba “listo para el diálogo”. En la entrevista, concedida al diario argentino Clarín, El Asad dijo que “creer que una conferencia política detendrá el terrorismo sobre el terreno, es irreal”. Su régimen suele referirse a todos los opositores como terroristas. El Presidente añade que “no se puede ir a esa conferencia y decidir de antemano algo que el pueblo no ha decidido”.

Hace una semana, el régimen ya logró retomar el control de Khirbet Ghazaleh, al sur del país, en la carretera que une Damasco con Jordania. Manteniendo la iniciativa, este domingo sus tropas entraron en Qusair con tanques y cazas, acompañadas además de milicianos del grupo chiíta libanés Hezbolá, que habían cruzado la frontera. En cuestión de horas tomaron el centro de la localidad. Según los Comités de Coordinación Local, una red de grupos opositores, hubo este domingo en la provincia de Homs 46 fallecidos, la mayoría de ellos en Qusair.

Retomando Qusair el régimen logra, por una parte, controlar la práctica totalidad del corredor que une Damasco con la provincia costera de Latakia, fortín de los alauíes, en el norte del país. Además, se garantiza un punto por el que pueden seguir llegando desde Líbano armas y milicianos de Hezbolá, un grupo que, junto a Irán, es el mayor valedor de El Asad en Oriente Próximo. En la entrevista publicada este domingo, El Asad admitió la presencia de operativos extranjeros en su país. “Hay sí personas aquí de Hezbolá e Irán pero desde antes de la crisis ellos han venido a Siria”, dijo, según Clarín.

El Presidente reiteró en diversas ocasiones que no tiene intención alguna de dimitir dejando paso a los opositores. “Mi permanencia o no depende del pueblo sirio. No es mi decisión personal quedarme o irme. Es del pueblo. Si te quieren te quedas, si no te marchas. El asunto depende de la Constitución, de las urnas. En las elecciones de 2014 el pueblo decidirá”, añadió, dando a entender que procederá con la convocatoria de elecciones prevista antes de que en marzo de 2011 estallara una revuelta durante la cual ya han fallecido más de 80.000 personas.

“Es cierto que el régimen ha logrado algunos éxitos recientemente, militares, políticos y diplomáticos, y eso puede sugerir que está encaminado hacia la victoria”, explica Peter Harling, especialista en Siria de la organización International Crisis Group. “Pero a menos que busque un compromiso, será una victoria reducida, ya que sólo le quedará gobernar sobre escombros. El abanico de enemigos a los que se enfrenta el régimen no va a renunciar de forma tan fácil. Aunque el régimen ganara una victoria militar, las sanciones internacionales no van a levantarse, y no podría alcanzar una normalización diplomática con partes significativas del mundo”.

El miércoles, representantes del llamado Grupo de Amigos de Siria -que aúna a Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Catar, EE UU, Gran Bretaña, Francia, Turquía, Alemania e Italia- se reunirán en Ammán, en preparación para la conferencia política que se espera que tenga lugar en Ginebra a mediados de junio.

En su Consejo de Ministros semanal, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que su Ejército está listo para intervenir militarmente de nuevo si El Asad intenta enviar armas a Hezbolá. El 3 y 5 de mayo, la Fuerza Aérea de Israel atacó objetivos militares en la zona de Damasco, en los que según la inteligencia norteamericana se almacenaban misiles iraníes que iban a enviarse a Líbano. “Estamos siguiendo los desarrollos y los cambios de forma muy cercana y estamos preparados para cualquier escenario”, dijo Netanyahu.

En su entrevista, El Asad acusó a Israel de respaldar a la oposición. “Israel apoya directamente y por dos vías a los grupos terroristas, les da apoyo logístico y los instruye sobre cómo y cuáles sitios atacar. Por ejemplo ellos atacaron una estación de radar del sistema de defensa antiaérea que detecta cualquier avión que viene de afuera, especialmente Israel”, dijo.

Aziz fue detenido a finales de febrero en Raqqa. Los policías le robaron todo lo que llevaba, desde el dinero, el teléfono y la cámara de fotos hasta los zapatos y la chaqueta, y lo llevaron a la sede de la Inteligencia militar. Era su tercer arresto desde el inicio del conflicto hace más de dos años, así que Aziz ya sabía lo que le esperaba, según contó a este diario el mes pasado en Raqqa.

Pasó varios días con otros 10 presos en una celda de unos cuatro por cuatro metros. Apenas tenían agua ni comida. Y varias veces lo condujeron a otra sala donde fue interrogado y recibió palizas. A veces, los guardas usaban descargas eléctricas. Otras, le ataban los tobillos, alzaban sus piernas y le apaleaban las plantas descalzas. Y aun otras, lo sentaban sin ropa en un neumático y cuatro o cinco guardas le pegaban con palos y cables gruesos.

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) tuvo acceso a las sedes de los servicios de Inteligencia de Gobierno en Raqqa y ha reunido pruebas que coinciden con testimonios como el de Aziz.

"Los documentos, celdas, salas de interrogatorio e instrumentos de tortura que vimos en las instalaciones de seguridad del Gobierno casan con las torturas que antiguos presos nos han descrito desde el inicio de las revueltas en Siria", afirmó Nadim Houry, vicedirector para Oriente Medio de HRW.

En esta ocasión, Aziz y los demás presos tuvieron suerte y, a principios de marzo, fueron liberados por miembros del Ejército Libre de Siria (ELS), que, junto a otras milicias rebeldes, había expulsado de la ciudad a las fuerzas del régimen.

En lo que podría ser un indicio de lo que ocurriría si cayera el Gobierno de El Asad, Raqqa se convirtió así en la primera gran ciudad del país tomada y controlada por los diferentes grupos rebeldes: el ELS, varias milicias islamistas moderadas y el Frente al Nusra, radical y aliado con Al Qaeda.

La alegría de la mayoría de sus habitantes por la "liberación" de la ciudad, tal y como la describían hace unas semanas, ha dado paso a una situación mucho más compleja y peligrosa. La guerra es cada vez más sectaria y cruel.

Por su lado, aviones del Gobierno disparaban ocasionalmente contra zonas civiles y el 2 de mayo al menos nueve personas murieron en un bombardeo captado en vídeo y según confirmó entonces otro activista desde Raqqa.

Pero también han aparecido vídeos en los que un grupo rebelde islamista radical ejecuta sumariamente a tres supuestos representantes del régimen. Los rebeldes, que se presentan como el Estado Islámico de Irak y de la Gran Siria, un grupo que habría surgido de la unión de Al Nusra y Al Qaeda en Irak, disparan en la cabeza a tres hombres en una plaza de Raqqa. Según los islamistas, sería como represalia por la matanza de suníes unos días antes en la localidad de Baniyas, en el oeste del país y de mayoría alauí, la secta chií del presidente El Asad. Por su parte, los rebeldes están formados en su mayoría por suníes.

Además, la frágil unidad de los rebeldes en Raqqa frente a El Asad también podría estar resquebrajándose. Dos comandantes de dos brigadas del ELS, en su caso islamistas moderados, han sido asesinados en los últimos días. En ambos casos, tres hombres enmascarados dispararon a las víctimas en sus propios coches y se dieron a la fuga, según algunas informaciones.

La guerra se inició en marzo de 2011 tras la respuesta violenta del régimen a una serie de manifestaciones mayoritariamente pacíficas, en las que miles de personas exigían reformas democráticas al Gobierno. Ante la deriva del conflicto, activistas como Aziz se replantean hoy su sentido.

¿Habría sido mejor que no hubiera habido una revolución? "No, quizá, bueno, no hay respuesta: teníamos este régimen, una revolución era necesaria", contesta Aziz. "A veces, sí pienso que si hubiese empezado cinco años más tarde, entonces podríamos habernos organizado mejor, pero no es así como funcionan las revoluciones".

En una crítica velada al presidente del país vecino, Weidmann lamenta además que Francia tenga “un déficit presupuestario muy por encima del 3%” que fijan como máximo los tratados europeos. Aunque admite que la flexibilidad en los criterios responde a que “la evolución económica está siendo peor de lo esperado”, Weidmann considera que el plazo no debería haberse alargado “de una sola vez al máximo posible”. Hace unas semanas, Francia obtuvo de Bruselas una prórroga hasta 2015 para reducir su déficit al 3%.

Las críticas al país vecino se han convertido en moneda común en los despachos políticos y financieros de Alemania. Las grandes diferencias entre París y Berlín se están aireando en invectivas directas o hasta insultantes, como la que lanzó el Partido Socialista francés contra Merkel hace pocas semanas. El propio presidente Hollande tuvo que salir esta semana a suavizar la controversia, asegurando en un discurso público que las relaciones entre Francia y Alemania “no tienen problemas” y que su trato Merkel siempre es “respetuoso”. Contó a los franceses que Alemania “está preparada para alcanzar compromisos, aunque a veces cueste tiempo”. Las diferencias, aseguró, giran en torno a sus respectivas percepciones del proyecto europeo.

La victoria de Hollande en las elecciones presidenciales, hace ahora un año, abrió una brecha entre las dos primeras potencias de la Eurozona. Merkel y Hollande son incapaces incluso de consensuar las declaraciones conjuntas con las que ambos gobiernos iban a las cumbres europeas. Según ha publicado recientemente el semanario alemán Der Spiegel, los funcionarios de la Cancillería alemana trataron de negociar un documento conjunto para la próxima cumbre de junio. Las diferencias, sin embargo, son tan profundas que no permiten siquiera este compromiso. Alemania no confía en que la cumbre del mes que viene sirva para alcanzar acuerdos significativos hacia la integración política y fiscal en Europa.

Hollande impulsó el año pasado un pacto por el crecimiento económico. Debía tener vigor en paralelo a los acuerdos de estabilidad, es decir de austeridad, propugnado por Merkel. De momento no ha servido de nada. El Gobierno alemán ha filtrado un informe en el que señala que a “la movilización general hacia las reformas estructurales y la competitividad” le queda, según el punto de vista alemán, mucho camino por recorrer. Francia, aseguran en Berlín, sólo ha avanzado en el ajuste de sus cuentas con medidas para elevar sus ingresos. Alemania echa de menos recortes del gasto. En cuanto a España, Berlín cree que “serán inevitables reformas para superar algunas rigideces en el mercado laboral”. Es decir, despidos aún más baratos y contratos aún más precarios. También en Italia ven la misma carencia.

Merkel reaccionó la semana pasada por primera vez a las duras críticas vertidas contra ella por los socialistas franceses: “Sé que las cosas solo le pueden ir bien a Alemania cuando le van bien a Europa, no soy egoísta”. Para demostrarlo, Bild la mostraba el domingo comprándole un periódico caritativo a un alemán que pedía en la calle.

Cameron anunció sus planes en enero: si gana las elecciones en 2015 propondrá un cambio en los tratados. Quiere imponer una lista de cosas que prefiere volver a decidir en Westminster. Se trata, en suma, de renacionalizar competencias ante una UE a la que acusa de déficit democrático y de intrusismo: “La gente se pregunta por qué Europa regula la ropa y las joyas que lleva el peluquero”, resumía esta semana el ministro David Lidington con inconfundible aroma demagógico.

Cameron diseñó esa estrategia para apaciguar las voces más euroescépticas en sus filas. La jugada se le fue de las manos. Le ha salido un partido respondón por la derecha, eurófobo y racista (UKIP); y entre los tories solo ha conseguido que los antieuropeos le pidan más. Ni siquiera Barack Obama apoya la tentación secesionista. Pero la mayor derrota de Cameron se produce, por ahora, en Bruselas y Berlín, cada vez más a disgusto con la situación.

Londres forma parte de una Unión en baja forma: lejos de ser capaz de ofrecer las ventajas de un milagro económico a una comunidad de beneficiarios en continuo aumento, Europa ya ni siquiera está segura de poder ofrecerse esas cosas a sí misma. Por eso reaparecen viejos fantasmas: “Londres quiere blindar la City de las consecuencias de la mayor integración de la eurozona, y ahí no va a lograr gran cosa, porque para reparar las grietas del euro se requiere más integración. Y quiere limitar los derechos de los inmigrantes, incluso de la Unión: esa es una línea roja en Europa. Es increíble que el país que más pujó por ampliar la UE y que más presume de querer liberalizar mercados a su vez tenga la desfachatez de venir con ese tipo de propuestas”, critica una fuente europea. Londres quiere libre acceso al mercado europeo sin pagar nada a cambio: ninguna regla europea debe minar el poderío de la City; si el paro vuelve a ser el problema, cerremos la frontera.

Bruselas alerta de que cualquier movimiento para reescribir los tratados provocaría un dominó de referendos en la UE. Pero Cameron no atiende a razones: argumenta que los cambios acelerados en la eurozona para luchar contra la crisis exigen reabrir los tratados. Y ahí se apoya en Berlín. El problema es que la música de Londres chirría en la cancillería: Cameron quiere recuperar poder en justicia y seguridad, por ejemplo, “y eso es innegociable para Berlín”, según una alta fuente alemana. Lo mismo sucede en Bruselas. Reino Unido denuncia el turismo de prestaciones: la llegada de inmigrantes que más que trabajo quieren beneficios sociales. “¿Dónde están los datos que sustentan esa tesis?”, cuestiona una alta fuente europea. “La movilidad de los trabajadores en la UE es solo del 3%; puede que con la crisis la cifra haya subido un poco, pero es en todo caso muy baja”.

La Comisión maneja estudios que demuestran que la entrada de los países del Este ha contribuido en varios puntos de PIB al crecimiento de la UE. Pero esos datos no aparecen en el debate británico. “Lo de Cameron es pura ideología. Tacticismo político. El pragmatismo británico parece haberse esfumado”, indican fuentes europeas. Incluso en los temas más económicos, como la unión bancaria o la lucha contra la evasión fiscal, los británicos desean estar presentes para proteger sus intereses, pero a la vez no quieren formar parte del núcleo duro del euro, que toma las decisiones: la contradicción es absoluta.

Europa prefiere que Londres siga en el club, pero se extiende el sentimiento de que debe hacerlo con las normas comunes. Cameron espera que tras las elecciones alemanas la UE dé un empujón a reformas claves para del euro (mutualización de la deuda, unión bancaria total) para amenazar entonces con el tradicional veto y sacar contrapartidas. Pero es improbable que esa estrategia sirva: “Los socios son muy reticentes a una repatriación de poderes a la carta”, sostiene Bruselas.

El pueblo, como el vecino Tepalcatepec y otros de la zona, sobrevive sitiado desde hace varias semanas por este grupo de narcotraficantes, escisión de La Familia Michoacana, que dirige un antiguo maestro de escuela, Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta. No es una mafia cualquiera. En pleno territorio de los antiguos indios purépechas reivindica un pasado medieval de cómic y tiene un carácter sectario-religioso: convoca manifestaciones políticas, establece treguas como hizo cuando el papa Ratzinger visitó México en 2012 o le da por imponer la ley seca en sus territorios.

Ahora, los habitantes de La Ruana han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones —cuotas— que les imponen los Templarios. Con pocos víveres, sin muchas medicinas y sin gas ni gasolina —empresas como Bimbo, Coca-Cola o Pemex, entre otras, ya no se atreven a distribuir sus productos por allí—, este pueblo dedicado al cultivo del limón resiste en una guerra fantasmal, propia de un pasado que parecía definitivamente apagado. Una guerra de pobres en la que solo existe una certeza: en esta zona del país, Tierra Caliente de Michoacán, y no es la única, el Estado mexicano no existe.

Tras pasar el retén de los Templarios instalado a la salida de la localidad de Apatzingán —unos cuantos jóvenes encapuchados armados han cortado la autopista con viejos neumáticos— se llega a Buenavista-Tomatlán. A la entrada, en una pancarta se lee: “Bienvenidos al pueblo de Buenavista, libre de cuotas y de caballeros templarios”. Cerca, un pequeño altar agujereado a balazos recuerda a Nazario Moreno González, alias El Chayo, El Doctor o El Más Loco, fundador de la Familia Michoacana, muerto a tiros en 2010 en un incidente no suficientemente claro.

Unos 30 kilómetros más adelante se encuentra La Ruana, una tierra de limoneros, granados, melones y aguacates. Junto a una carretera sin asfaltar a las afueras del pueblo está la base —una casamata y un chamizo— del grupo de autodefensa. Casquillos de varios calibres y una furgoneta calcinada dan cuenta del último enfrentamiento con los Templarios a finales de abril. Hasta ahora, 20 personas han muerto. Un grupo de hombres de todas las edades, armados con viejas escopetas y relucientes AK-47, la mayoría enmascarados, soportan un sol inclemente.

La víspera, el viernes 10 de abril, día de la Madre, el cartel había prometido una matanza. Los vecinos se reunieron a rezar por la noche mientras las autodefensas mantenían la guardia. No ocurrió nada. Un nuevo día y más cansancio.

Hipólito Mora, de 58 años, nacido aquí, es su jefe. Lleva pantalón y sombreros blancos y un polo negro con un pequeño logo de un casino de Las Vegas. Dice que con el ganado y los limones le va bien. Luce al cinto con orgullo una Browning 9 milímetros, recién comprada, a la que afirma estar dándole “buen uso”. La Tuta ofrece dos millones de pesos (poco menos de 130.000 euros) por su cabeza, y un hermano, recientemente asesinado, del actual alcalde, que vive en Apatzingán, llegó a ofrecer, según dice, “hasta 50 kilos de ice [cristal de coca] de recompensa” a quien acabara con él.

La noticia del día es la propuesta que le llega a través de un vídeo por parte de uno de los jefes templarios, Dionisio Loya Plancarte, El Tío. Le ofrece “un pacto por la paz y la civilidad” para evitar “más muertes inocentes y hogares enlutados”. A partir de ahí, el México bronco empieza a ponerse surrealista. “Si no llegamos a un acuerdo”, continúa, “le reto a un duelo a muerte”. Tras la amenaza se despide con un formal y desconcertante: “Siempre a sus órdenes”.

El jefe dice que el vídeo, “más que darle miedo, se le hace cómico”. “No le había visto nunca, no tengo ningún problema con él, no le he ofendido. No estamos en los tiempos del Viejo Oeste, pero si quiere un duelo, aquí tengo a mis gallos”, y señala a uno de sus jóvenes lugartenientes, que asiente con una mirada que indica que es capaz de asumir ese reto y bastantes más.

Cuenta Hipólito Mora que las cosas comenzaron a torcerse años atrás, cuando los Caballeros Templarios sustituyeron a La Familia Michoacana en el control del territorio. El pueblo llevaba décadas cultivando marihuana y en los últimos tiempos también cocinaba droga (metanfetamina). Pero a los narcos el negocio no les rentaba lo suficiente y empezaron a extorsionar a los vecinos. Cien pesos (6 euros) por vivir en tu propia casa, 150 (9 euros) por cada máquina en la tienda de videojuegos, 2.000 (130 euros) por saltarse un badén de la calle con el automóvil… y empezaron a duplicar el precio de los productos. “Todo lo dobletearon”, dice un vecino. Lo peor llegó cuando se hicieron con el control de las cinco empaquetadoras de limón del pueblo, la fuente de su riqueza, y comenzaron a pagar 2 pesos (0,12 céntimos de euros) por kilo cuando su precio en el mercado era de 3,5 (0,22 céntimos).

La Ruana se rebeló y la policía comunitaria, una institución tradicional en el México rural, se convirtió en grupo de autodefensa. También llegaron las armas. Existe la sospecha de que se las proporciona el cartel Jalisco, Nueva Generación, rival de los Templarios y considerados aliados del cartel de Sinaloa, que dirige Joaquín el Chapo Guzmán. Los vecinos armados lo niegan de una manera poco convincente. Aseguran que vienen a vendérselas al pueblo y que las pagan “poco a poquito” con el dinero que sacan del limón. Como dice su jefe, “empezamos con escopetas y ahora nos sentimos chingones con las armas que traemos”. No cabe duda. Un adolescente presume de su subfusil, un Ruger Mini-14, con un alcance de 1.000 metros y más ligero que un AK-47. Dice que cuesta entre 32.000 y 35.000 pesos (entre 2.000 y 2.250 euros).

“Este es un movimiento de pobres, solo queremos que se retiren y nos dejen trabajar. No estamos en guerra, solo nos defendemos y esto no va a terminar aunque me maten a mí”, dice Hipólito Mora, orgulloso de haberles quitado la plaza a los Templarios. “Estamos abandonados, para el Estado es como si no existiéramos. Los municipales estaban con ellos y para el gobernador aquí no está pasando nada. Al presidente Peña Nieto le pediría que nos ponga un poquito de atención, no mucha, solo un poquito”, añade este admirador del expresidente Felipe Calderón, michoacano, que inició en este Estado la guerra contra el narco y sacó aquí por primera vez el Ejército a las calles.

Seis años después de que comenzara esa tragedia, en la que han muerto más de 60.000 personas, los vecinos de La Ruana no pueden entrar en Apatzingán a comprar o a que les vea un médico. Un retén de los templarios a la entrada de esa localidad les pide la cédula electoral y al ver que son de La Ruana les impiden el paso.

El estado de sitio se agudiza cada día. Dos de cada tres comercios del pueblo están cerrados y los que siguen abiertos ofrecen una imagen desoladora, desabastecidos o con productos caducados. La gasolinera está cerrada, los pocos cigarrillos que quedan son de la marca Glory, que incitan a dejar el vicio, y las medicinas escasean. Los coyotes que vienen de los Estados vecinos de Colima y Jalisco con lo más básico inflan los precios: el litro de gasolina Premium (súper) lo venden a 15 pesos cuando en el resto del país está a 11,32.

Hombres y adolescentes armados hasta los dientes a bordo de camionetas patrullan unas calles casi desiertas. La dueña de una farmacia dice que el desabastecimiento es del 50% y que las ventas han caído en picado. Ya son las cinco de la tarde y ha hecho una caja de tan solo 65 pesos (unos 4 euros). “Nunca pensé que iba a vivir una cosa así”, dice a punto de romper en llanto. “Llevo 40 años en este pueblo. ¿Adónde voy a ir yo ahora? Estamos aislados y el Gobierno no hace nada”. El cerco es particularmente cruel con la gente mayor. Una dependienta cuenta que los pocos médicos que no se han marchado se las ingenian para recetar medicinas sustitutivas con las que van quedando.

De la carnicería solo queda el nombre. Apenas algo de embutido y unos pequeños pedazos de carne de res. “La mayoría de la gente no tiene dinero para comprar, ahora compran a poquito”, afirma la mujer tras un mostrador metálico e impoluto. Juan Ramón, dueño de una tienda de abarrotes con los estantes vacíos, está hasta la madre. “No podemos salir a comprar a Atpazingán ni los camiones de reparto entran en el pueblo. No me quedan cigarrillos, ni cacahuetes, ni refrescos, ni cerveza, ni yogures. Tampoco vendo nada. Lo estamos pasando mal”.

El alcalde de Tepalcatepec, a unos 20 kilómetros y también sitiado, ha declarado que entre el 20% y el 30% de los vecinos se han marchado. De La Ruana también se fue el cura tras ser amenazado por apoyar a la gente. El nuevo padrecito, José Luis Suárez Barragán, de 57 años, lleva una semana, pero ya estuvo aquí antes y conoce la zona. Es la autoridad moral del pueblo frente al nuevo poder real del jefe del grupo de autodefensa.

Es un hombre modesto, cauto, pero tiene algunas ideas muy claras: “Estamos peor, el pueblo está cercado, y la gente, triste, angustiada, pero la situación no es nueva. Aquí, como en todo México, nunca ha habido ley para los pobres, y cuando hay violencia son a ellos a quienes matan y secuestran. ¿Dónde está el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, dónde están? ¿Quién votó por esas autoridades?”.

El martes, dos hombres aparecieron colgados en el arco metálico que da la bienvenida a la comunidad de Limón de Luna, municipio de Buenavista-Tomatlán. Los cadáveres presentaban señales de tortura, una bala en el cráneo y un pequeño cartel que decía textualmente: “Esto les paso por saber lo que estaban planeando los de Jalisco, ay te dejo tu gente ipolito”.

El jueves, el Gobierno del PRI anunció una nueva estrategia de seguridad para Michoacán, “municipio por municipio”. Otra más.

Una cumbre europea discutirá el miércoles cómo acabar con el —ya residual— secreto bancario, que facilita la evasión fiscal, la elusión fiscal y la huida de capitales, esa tríada de conceptos concomitantes, pues ya dijo el ex ministro británico de Hacienda Denis Healey que “la diferencia entre evasión y elusión fiscal es el grosor de una pared de cárcel” (Treasure Islands, Nicholas Shaxson, Palmgrave, Nueva York, 2011). Traducido: un gran fraude fiscal es siempre delito.

Bruselas calcula que ese agujero negro fiscal cuesta al año un billón de euros a los europeos. Pretende que gracias a una nueva directiva, los 27 Gobiernos compartan automáticamente toda la información sobre todas las “fuentes relevantes” de ingresos, incluyendo como novedad lo esencial que se escapaba: dividendos, rentas de capital y royalties.

Veremos, porque si entre los exentos Luxemburgo cede, Austria se resiste panza arriba y las finanzas británicas tiemblan. Veremos, porque la primera directiva sobre el ahorro —o sea, sobre el capital—, que instauró en 2003 un régimen automático (sin petición de parte) de información mutua entre los Gobiernos, limitado a los intereses recibidos por personas físicas, y con tres países exceptuados, había tardado nada menos que 14 años en suscitar la unanimidad de los socios (Directiva 2003/48, DO, 3 de junio).

Al mismo tiempo, una secuencia de reuniones del G-20, con broche en la cumbre de San Petersburgo, el 5 de septiembre, decidirá sobre la última propuesta de la OCDE, acabar con la yenka de movimientos que entonan los paraísos fiscales: “Transferir los beneficios allá donde tributen a menores tipos y los gastos allá donde se desgraven en mayor medida” (Adressing Base Erosion and Profit Shifting, www.oecd.org).

Por vez primera, organizaciones cívicas críticas con los resultados obtenidos por el G-20 y la OCDE se muestran esperanzadas. “Es un momento histórico, porque asuntos que se habían excluido de la agenda durante un siglo han entrado al fin en ella”, proclama John Christensen, director de Tax Justice Network, la principal de ellas (www.taxjustice.net).

Esta red destaca que el club de los países más desarrollados —la OCDE— dirige inéditamente su foco hacia las multinacionales, al postular que presenten sus cuentas globalmente, y no por fragmentos, a todas las autoridades de los países donde operan. ¿Lógico, no? Casi revolucionario.

Porque el G-20 declamó en abril de 2009, al poco de estallar la gran crisis: “Estamos dispuestos a imponer sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros; la era del secreto bancario ha terminado”. Y por instrucción suya, la OCDE, que en 1998 había lanzado un innovador informe sobre la “competencia fiscal perjudicial” fabricó unas listas de paraísos fiscales de las que podían escaparse si firmaban una docena de acuerdos de intercambios de información con otros países. No automáticos: a petición de parte, limitados, con duros requisitos sobre la identificación del sospechoso y de la causa de que lo sea.

Se firmaron unos 300. La lista negra rebosaba de exóticos rincones isleños, excoloniales y alejados —allá donde solían acudir los plutócratas de la maleta negra o sus mayordomos—, pero ninguno de ellos metropolitano (cuadro 1). Se vació en días. Sirvió de algo, de muy poco. Apenas se iniciaron algunas docenas de lentos expedientes informativos. Y los frutos recaudatorios fueron mínimos.

De modo que clasificaciones alternativas sobre la opacidad fiscal como la de la independiente Tax Justice Network (cuadro 2) resultan las únicas significativas disponibles. E incorporan países del primer mundo: Estados Unidos, Reino Unido y Holanda.

¿Por qué reaccionan la UE, la OCDE y el G-20, tras meses de somnolencia? Por vergüenza torera, al agotarse la virtualidad de sus medidas de 2009. Porque el rescate de Chipre, cuyo fiasco bancario tanto debía a su condición de paraíso y lavadero de dinero sucio de los oligarcas rusos, alarmó a la opinión. Y porque una retahíla de escándalos fiscales la sacudieron intermitentemente.

Quintacolumnistas en la banca o héroes de la transparencia y la equidad fiscal, proliferan cada vez más los empleados financieros que denuncian a los delincuentes de cuello blanco, con la frágil arma de un diskette o un CD. La misma tecnología que sirve para cometer fraude fiscal desde el sofá de casa, apretando un clic, funciona para retratarlos.

Ahí está el empleado del banco LGT de Liechtenstein que denunció a miles de evasores europeos en 2008. El de la filial suiza del gigante HSBC, Hervé Falciani, que se apoderó de 130.000 fichas de clientes no-santos, los encriptó y los va denunciando, reclamado en Suiza pero protegido en Madrid por la Justicia y siete guardaespaldas oficiales. O los que suministraron miles de datos al Consorcio de Periodistas de Investigación. De ahí afloran nombres de políticos, ministros, artistas y banqueros puestos en la picota pública u obligados a dimitir o pagar multas. La nomenclatura de celebridades actúa como resorte del clamor por la transparencia.

Y la cosa no tiene remedio. Habrá más empleados infieles a los clientes y leales a los contribuyentes. Y más descubrimientos. El secreto y la opacidad durarán, pero tienen contados los... años. Mientras, se produce alguna victoria parcial, como la aprobación en 2010 de la Ley Duvalier en Suiza, por la que ese país confisca los depósitos bancarios de dictadores y funcionarios corruptos sin que medie procesamiento en su país de origen. Para lamento de los allegados y causahabientes de los Jean-Claude Duvalier, Muamar Gadafi, Hosni Mubarak, Mobutu o Ferdinand Marcos.

¿Por qué introducimos el concepto de búnker fiscal? Porque así se agrupan los clásicos paraísos-microestados; los “refugios fiscales”; las “jurisdicciones extraterritoriales” no cooperativas, o centros offshore de asilo fiscal (Las cloacas de la economía, Roberto Velasco, Catarata, 2012). Todos los lugares donde se practica o fomenta la evasión/elusión fiscal.

Y es que a los usuarios típicos de los paraísos, potentados caciquiles, mafiosos y espías, se les suman cada vez más la gran banca y la gran multinacional. Citigroup tuvo 427 sucursales en refugios fiscales; Barclays, 300; Morgan Stanley, 273; News Corporation, la compañía periodística de Rupert Murdoch, 152, y Enron, antes de capotar, 881 subsidiarias.

Hasta tal punto se imbrican los protagonistas directos e indirectos de los nuevos búnkeres, que algunos episodios parecen más caricatura que realidad financiera. Sucedió con las privatizaciones del programa Iniciativa Financiera Privada (PFI), ideado por la pareja laborista Tony Blair-Gordon Brown para lograr recursos con que invertir sin endeudarse ni subir impuestos. Al final del proceso, más de 200 compañías del PFI eran propiedad de sociedades radicadas en paraísos. Y lo más divertido, sino patético: las sucursales de la Agencia Tributaria de su majestad, el edificio de su sede, y el del Tesoro, entre otros, tenían de caseros a corporaciones radicadas en paraísos fiscales inmunes a la acción de la inquilina, la Agencia Tributaria, tributaria ahora de Bermudas y de Jersey (gráfico 3).

Ese episodio ilustra hasta qué punto la postura de algunos Estados sobre los búnkeres es ambivalente y contradictoria. Combaten a las jurisdicciones irregulares porque reducen su recaudación de impuestos. Pero son benévolos con algunos, sobre todo —pero no únicamente— con los más cercanos, porque sirven de aliviadero a sus empresas nacionales. Y si además se trata de Gobiernos de signo ultraliberal, esto es, favorables a la idea de la competencia fiscal sin matices como palanca para reducir la presión impositiva del capital y por ende adelgazar el Estado, como presuntos acicates del crecimiento económico, entonces, ay, miel sobre hojuelas. Y obvia explicación de por qué es tan ardua la erradicación de esas jurisdicciones.

Una alta presión fiscal sobre las rentas superiores no estropeó el crecimiento en Estados Unidos durante los 30 gloriosos años de la posguerra mundial. Pero estimuló la expansión de los paraísos ya existentes como vestigio colonial. Los tipos marginales británicos de hasta el 98% para financiar el esfuerzo de guerra, y por encima del 80% en los años sesenta, catapultaron el éxito de dos avispados banqueros sin escrúpulos, retoños de Arthur Andersen, en los setenta y ochenta.

Roy Tucker y Ron Plummer eran especialistas en ejercicios de ingeniería resumibles en anular beneficios fiscalizables con artificiales minusvalías foráneas o costos desgravables mediante sofisticados “esquemas de exención de deuda”, activados en distintas triangulaciones, detalla Richard Brooks (The Great Tax Robbery, Oneworld, Londres, 2013). O sea, el paraíso sin moverse del salón.

Lo clave es explotar los intersticios transfronterizos, siempre ayudados por consultoras especializadas como PriceWaterhouse o Ernst & Young. El arbitraje fiscal consiste en enfrentar una legislación fiscal con otra, aprovechando lagunas y así provocar pagos entre países, normalmente Reino Unido y EE UU, desgravables fiscalmente en el país donde se abonan y exentos del fisco en el que los recibe, sintetiza Brooks. Deudas y participaciones se confunden. Beneficios se disfrazan de créditos que no tributan, una especialidad de la banca de la City: Barclays, Lloyds, RBS...

O bien la triangulación. Las firmas canadienses que invertían en EE UU utilizaron profusamente el sándwich holandés: enviaban fondos a las Antillas Holandesas, y de ahí a Holanda para acabar en EE UU: en el camino menguaba la retención fiscal sobre dividendos del 15% al 5% “y la retención fiscal sobre los intereses, del 30% al 0%”, explica Juan Hernández-Vigueras (La Europa opaca de las finanzas, Icaria, Barcelona, 2008).

Vodafone trianguló Reino Unido, Suiza y Luxemburgo en la compra de Mannesmann, tributando en Luxemburgo al 0,03% de sus beneficios, 2.500 millones de dólares en 2011. Pearson, un 0,06%; Glaxo, un 0,016%. Y es que el Gran Ducado, aunque mantiene un impuesto de sociedades del 29%, mira para otro lado y cobra menos del 1% cuando sus clientes etiquetan capital o resultados como crédito y otras lindezas. Sin contar con que sus sociedades de gestión de patrimonio ni pagan por renta, ni por IVA, ni naturalmente por patrimonio.

Pero son dos islas, aunque metropolitanas, los grandes búnkeres mundiales: Manhattan y Gran Bretaña. La City de Londres “es el centro de la parte más importante del sistema offshore (extraterritorial) global”, defiende Shaxson. Su telaraña la completan tres anillos: las dependencias de la Corona (las cercanas islas Man, Guernsey y Jersey); territorios de ultramar (Caimán, Bermuda, Vírgenes, Gibraltar), y excolonias como Hong Kong o Bahamas. Canalizan a Londres el dinero que atraen, sin comprometer a la City con las suciedades de origen: Jersey or jail (prisión), reza el viejo adagio de la nueva piratería.

Todo empezó con la descolonización y la Commonwealth. Pero el big bang desregulador decretado por Margaret Thatcher en 1986 multiplicó su nuevo imperio virtual, el de las finanzas, incluidas las sospechosas.

Londres se afianzó con dos armas. Una, el secreto, no a la manera de las cuentas anónimas y numeradas de la banca suiza, sino con su legislación de los trusts, la posibilidad de que los directores de sociedades de los paraísos lo fuesen también de sociedades británicas, y no se sepa ni quién manda ni quién es el dueño. Otra, la regla del domicilio, que atrae como residentes a deportistas de élite, artistas, oligarcas rusos o magnates del petróleo, con el señuelo de que solo tributarán por sus ingresos anglo-británicos. No es pues raro leer que “Londongrad es una lavadora gigante para lavar los fondos procedentes del crimen”, según describe el vicefiscal general ruso Alexander Zvygintsev (Anthony Sampson, Who runs this place?, Londres, John Murray, 2005).

Casi todos los grandes escándalos financieros recientes se trenzaron en la City: desde el enmascaramiento de la contabilidad de Grecia en la oficina de Goldman Sachs, en 2002 a la quiebra del Northern Rock, pasando por los fondos ultraespeculativos Abacus colocados al Royal Bank of Scotland, antes endilgados al holandés ABN-Amro, y a su desastroso colega alemán IKB; o por el bróker que en 2011 desfalcó por la cara 1.500 millones de euros al suizo UBS.

La otra isla, donde radica Wall Street, se disparó en estos afanes en 1981 con la Facilidad Bancaria Internacional de Ronald Reagan, que permitió a los banqueros hacer desde Manhattan lo mismo que desde las islas caribeñas, prestando a los extranjeros, ahora eximidos de impuestos. Pronto le seguiría el secreto bancario de Delaware, que además de ventajas fiscales, concedió a los directivos de las empresas allí domiciliadas (aunque no trasladasen su sede) más poder que a los accionistas. Más de la mitad de las empresas que cotizan en Bolsa en EE UU están domiciliadas en Delaware.

¿Cuáles son los efectos de estas tendencias? Al menos, tres:

—La competencia perjudicial de los búnkeres ha inducido una artificial desfiscalización del capital, por temor a que este se fugue, lo que transfiere su factura al resto de los contribuyentes. Ha sucedido así en casi todo Occidente, de forma destacada en el área anglosajona. Así, en los años cincuenta las corporaciones norteamericanas pagaban el 40% de los impuestos directos; hoy, aproximadamente el 20%. Y el 0,1% de los contribuyentes más ricos redujeron su tipo efectivo desde el 60% en 1960 hasta el 33% en 2007. De igual modo, los beneficios de las compañías británicas crecieron entre 1999 y 2011 un 58%, mientras que sus contribuciones a Hacienda únicamente aumentaron menos de un 5%.

—La más grandiosa transferencia de riqueza de los pobres —sobre todo por la evasión de capitales de las élites africanas y latinoamericanas a los ricos— en la historia de la humanidad, según la ONG bruselense Eurodadorudad (Global Development Finance: illicit flows report 2009).

—Un fuerte impacto en la generación de la gran crisis iniciada en 2007-2008. El mencionado informe de la OCDE de 2009 denunció algunas “políticas fiscales como factores que exacerbaron” la crisis: la exención o suspensión de impuestos sobre beneficios foráneos; las asociaciones con los refugios fiscales; los instrumentos híbridos (como las preferentes); los incentivos al crecimiento rápido de los beneficios bancarios (bonus excesivos). Fue también desde Wall Street y desde la City que a través de sus sucursales en los paraísos clásicos se distribuyeron retazos de las tóxicas hipotecas subprime y otros peligrosos productos híbridos y derivados.

“No somos un casino, sino un centro que recoge inversiones para inyectarlas en otros lugares. Es precisamente lo que Europa necesita. Somos parte de la solución, no el problema”, asegura el ministro de Hacienda, Philip Ozouf, desde un despacho que parecería el de un concejal de una ciudad mediana española.

El discurso de Ozouf es intercambiable con el de las autoridades del territorio. “Este Gobierno siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo con las normas internacionales”, insistía el primer ministro, Ian Gorst, esta semana en respuesta a la pregunta de un diputado sobre el escándalo Jimmy Carr, el humorista británico que ha dejado tras de sí un reguero de indignación al saberse que había usado un instrumento financiero de Jersey —legal, eso sí— para evitar el pago de impuestos.

Frente a los argumentos del Gobierno de Jersey y del lobby financiero, los activistas de la organización Tax Justice Network sitúan a la minúscula isla —que con menos de 100.000 habitantes y un tamaño inferior a una décima parte de la provincia de Guipúzcoa acumula depósitos bancarios superiores a 140.000 millones de euros— como el séptimo mayor paraíso fiscal del mundo en la lista que elaboran sobre secretismo financiero. “Pese a que Jersey no tiene formalmente secreto bancario, como Suiza o Bahamas, el secretismo se logra por otras vías: fondos, empresas deslocalizadas y, desde 2009, fundaciones”, asegura esta ONG que promueve la transparencia en las finanzas internacionales.

“La OCDE no nos incluye en su listado de paraísos fiscales”, repiten las autoridades de Jersey. “En esa lista solo están dos islas minúsculas del Pacífico, Nauru y Niue. Si este criterio fuera válido, no habría paraísos fiscales en el mundo”, replica desde una cafetería londinense Mike Lewis, asesor de la organización Action Aid. “Todos los paraísos fiscales dicen lo mismo. Solo usan los listados de la OCDE para tratar de demostrar lo limpios que son”, añade el escritor y periodista Nicholas Shaxson.

Pero Jersey —y el resto de territorios que viven de ofrecer negocios fáciles y muy bajos impuestos— no acumula problemas solo por la presión de las organizaciones no gubernamentales ni de la movilización ciudadana. Los Gobiernos también parecen decididos a atajar el chorreo de dinero que se escapa a su control. Es cierto que esta nueva embestida podría acabar con resultados tan poco estimulantes como los del G-20 de Londres celebrado en 2009, cuando el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció a los cuatro vientos “el fin de la era del secreto bancario”. Pero hay síntomas de que líderes tan distintos y distantes como Angela Merkel, David Cameron o Barack Obama en Washington van ahora en serio.

“El mensaje es simple. Si escondes el dinero iremos a por ti”, dijo la semana pasada George Osborne, el ministro de Finanzas británico, después de que Londres detectara a 100 grandes defraudadores gracias a la investigación conjunta con Estados Unidos y Australia llevada a cabo en Singapur y en las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, y las Cook. Este renovado impulso recaudador es el que ha llevado a Jersey a aceptar el intercambio de información bancaria de forma automática con Londres y Washington. El territorio dio este paso forzada por las circunstancias: antes ya habían accedido las otras dos islas con un régimen análogo al suyo: Guernsey y Man.

Organizaciones como Tax Justice exigen que esta medida —que si se lleva a la práctica supondrá carta blanca para solicitar los datos de todos sus ciudadanos con fondos en la isla; y no como hasta ahora, que tiene que ir preguntando por casos concretos— se extienda a todos los países de la UE para comenzar a tomársela en serio. Jersey replica que dará ese paso cuando los Veintisiete se comprometan a hacerlo también.

El discurso oficial en la isla gira en torno a lo satisfechas que estarán las autoridades de dar cada vez más garantías de que su territorio no se convierte en refugio de dinero ilícito. Pero si se rasca un poco hay verdadera preocupación. Tras un rato de charla en un elegante restaurante frente a una playa desde la que parece que casi se podría tocar Francia, el representante del sector financiero, Geoff Cook, admite sus reservas ante esta nueva ola reguladora. “Queremos ser buenos vecinos y cooperar con lo que decidan otros Gobiernos. Pero existe el riesgo de que si se extiende la percepción de que los europeos vamos a dar toda la información de nuestros clientes, estos prefieran mover su dinero a otros territorios. El intercambio de información está muy bien si lo hacemos todos, pero no podemos convertirnos en unos adelantados en la regulación”, asegura este británico que, como consejero delegado de Jersey Finance, representa a los intereses de un sector que absorbe el 40% de la economía.

Este porcentaje ha caído después de los malos datos que ha ofrecido el sector desde 2007, cuando comenzó la crisis financiera internacional. El turismo, que solía ser uno de los motores de la isla, quedó muy dañado con la generalización de las aerolíneas de bajo coste y los paquetes vacacionales a precios más que razonables. Pese a este declive, aun se sigue viendo turistas —principalmente jubilados— británicos, franceses o alemanes en busca de los rayos de sol que caigan sobre sus playas.

El ministro Ozouf es todo amabilidad ante el periodista que ha viajado a su país. Pero una pregunta le congela la sonrisa. El propio Gobierno británico estima que un acuerdo de intercambio de información automático con las tres Dependencias de la Corona aportaría a las arcas públicas unos 1.000 millones de libras (1.185 millones de euros). ¿No está así admitiendo Londres que ustedes son de facto un paraíso fiscal? “No es nuestra cifra y no la reconocemos. Pero aun asumiendo que fuera cierta, esta cantidad equivaldría a lo que aportaría en total Jersey, Guernsey y Man a lo largo de los próximos cinco años. Y solo en nuestra isla hay depósitos bancarios por valor de 120.000 millones de libras y cientos de miles de millones en fondos”, responde el ministro. ¿Considera entonces que es una cifra poco importante? “No soy yo quien tiene que decirlo, pero solo hace falta un poco de matemáticas para responder a su pregunta”, cierra cortante.

Las autoridades de Jersey insisten en que exhiben mano dura contra los delitos financieros, pero este discurso queda empañado por noticias como la publicada hace medio año, según la cual sospechosos de narcotráfico y otros delitos tenían en la isla 4.000 cuentas del HSBC por valor de 700 millones de libras esterlinas (unos 830 millones de euros). El fraude fue descubierto por la administración británica, no la de Jersey. En este mismo territorio estaba la cuenta secreta del BBVA por la que en 2005 el expresidente de la entidad, Emilio Ybarra, fue condenado a seis meses de prisión por uso indebido.

Pese a este nuevo papel de hermano mayor que obliga a los pequeños a seguir las normas, el Reino Unido ha nadado hasta ahora en una indefinición que permitía actuar a sus anchas a sus antiguas colonias, territorios de ultramar y Dependencias de la Corona. Londres controla uno de cada cinco paraísos fiscales que hay en el mundo, y muchos críticos consideran que podría haber hecho muchísimo más. “El Gobierno británico puede derogar cualquier norma de Jersey que quiera; e incluso podría imponer una nueva legislación si se dan circunstancias excepcionales. Es fácil pensar que se podría haber apelado a esas circunstancias dada la evasión fiscal criminal que se hace desde allí o la corrupción a gran escala que se da en la isla”, asegura a este periódico Nicholas Shaxson.

Shaxson, en su bestseller Treasure Islands (Islas del Tesoro) —que se ha convertido en la biblia del movimiento contra los paraísos fiscales— define a Jersey como una combinación de “finanzas deslocalizadas futuristas con un sistema político medieval”. Un abogado en paro muy activo en el movimiento a favor de unas finanzas saneadas va aún más allá: “Vivimos en un régimen de partido único. Y ese partido único es el sector financiero”, resume.

Es cierto que el sistema político de la isla deja algunas sorpresas a los recién llegados. Para empezar, aquí no hay partidos políticos. Hay 51 parlamentarios —dividido en diputados, senadores y jefes de parroquias— que se eligen en comicios con una participación muy baja. Excepto una minoría muy activa que se moviliza contra los excesos de su sector financiero, los ciudadanos de Jersey están bastante despolitizados; y da la impresión de estar razonablemente satisfechos con un sistema que reparte un bienestar muy aceptable. “Quizá haya algún tipo de negocio sucio aquí, pero no creo que mucho más que en otros lugares”, resume Sue, una jubilada sentada en una terraza del mercado mientras apura un té y un trozo de tarta.

Las opiniones fuera de corriente no caen del todo bien en la isla. El diputado Montfort Tadier aseguró a un periodista del diario francés Le Parisien que “Jersey es un paraíso fiscal que detrae millones de euros a las arcas francesas”. La reacción fue inmediata: el ministro Ozouf acusó al diputado de “dañar la reputación del país describiéndolo de forma incorrecta”. El único periódico local, Jersey Evening Post, publicó una carta de un ciudadano indignado por estas declaraciones ante la prensa extranjera... ciudadano que según sospecha el propio Tadier no existe, sino que es tan solo una tapadera para criticarlo. “Es tan solo una prueba más de la naturaleza autoritaria de nuestro régimen”, resume el parlamentario afectado. “En este lugar, si hablas demasiado te metes en problemas”, añade el jubilado John Hays, que después de trabajar en la Fuerza Aérea Británica dedica ahora su tiempo a colaborar con la organización Attac.

Si la estructura política de Jersey es muy particular, su sistema impositivo no lo es menos. A los legisladores no le gustan las complicaciones y en cambio aman las cifras redondas: 0% de impuestos para las empresas no financieras; 10% para las financieras y un 20% lineal para los ingresos sobre la renta, independientemente del nivel de ingresos. A este esquema se unió hace poco años un nuevo impuesto sobre el consumo que grava un 5% todos los productos.

Las espadas están en alto. Organizaciones como Tax Justice se han marcado un triple objetivo: saber qué particulares, empresas, fondos o fundaciones acumulan dinero en los paraísos fiscales; acuerdos de intercambio de información entre todos los Gobiernos e involucrar a los países en desarrollo para que se beneficien de estas mejoras.

Las organizaciones sociales esperan avances importantes en los próximos meses en todos estos aspectos. Mientras, los portavoces del sector financiero de Jersey matizan los avances que se pueden dar. “¿Alguien sabe lo que podría costar intercambiar tantísima información si todos los países suscribieran este tipo de acuerdos? ¿Quién acabaría pagándolo? Los bancos. ¿Y cómo lo repercutirían? Subiendo los precios de los servicios que cobran a los clientes”, asegura Geoff Cook, el consejero delegado de Jersey Finance.

Algunos pasos ya se han dado. Estados Unidos, Reino Unido y Australia se han puesto de acuerdo para escudriñar los fondos de las empresas en paraísos fiscales de medio mundo. Los líderes europeos tratarán de diseñar en la cumbre de esta semana un marco común para luchar contra la evasión fiscal. Si los gigantes de la política actúan con decisión, enanos como Jersey se verán obligados a responder. Pero nadie puede garantizar que esta no vaya a ser una oportunidad perdida. Otra más.

En el accidente, varias personas han resultado heridas aunque se desconoce, por el momento, el número de víctimas y la gravedad de las lesiones.

El siniestro se ha producido a las siete de la tarde, en el punto kilométrico 138 de la A-1, en dirección Irún, y ha obligado a cortar el tramo. La circulación ha sido desviada por Rubla de la Cuesta, en el kilómetro 136, según informa la DGT.

El empresario ha manifestado que por lo que se siente estafado es por una inversión que realizó en la empresa Lucía M. G., la vidente. “Soy un empresario, hice una inversión, me sentí estafado y fui a cobrar de la mejor manera y sin ningún tipo de mala fe”, ha afirmado.

Las declaraciones de Laparra no coinciden con la versión oficial de la Guardia Civil. Los agentes aseguraron tras el arresto que el empresario estaba “muy interesado” en contratar los servicios para resolver “asuntos personales”. La pitonisa aceptó a cambio de una “elevada cantidad de dinero que fue abonada en efectivo”. A causa del paso del tiempo y de la falta de efectividad del ritual, Laparra acudió a recuperar el dinero e irrumpió en la vivienda “sin consentimiento” y exigiendo la devolución del efectivo “con amenazas”.

José Laparra está llamado a declarar este lunes en un juzgado de Castellón con motivo de la investigación abierta por el presunto falseamiento de las cuentas del club en su etapa de presidente. La aparición en el juzgado es ahora una incógnita después del episodio de Magallón.

Para acabar su informe, los expertos tienen este mes y las posiciones todavía se pueden mover. Pero la treintena de trabajos presentados por los componentes tienen que ir concretándose pronto en un solo texto. Esto ya comenzó a verse el pasado viernes, cuando el presidente del grupo, Víctor Pérez Díaz, presentó un documento que apuntala esa doble dirección automática de ajuste que ya se definía, señala una fuente que no está entre los expertos, pero conoce el escrito. La posibilidad de aumentar los ingresos, cuenta con pocos partidarios. La propuesta definitiva, como reafirmaron el jueves Rajoy y los agentes sociales, se negociará después entre Gobierno, sindicatos y empresarios y al mismo tiempo pasará al Parlamento. De este último escalón, saldrá la configuración definitiva del factor de sostenibilidad de las pensiones.

Los debates en el seno de la comisión comenzaron desde posiciones muy alejadas. Algo lógico ya que entre los componentes hay quien trabaja para la patronal de las aseguradoras, Unespa, (Miguel Ángel Vázquez), y ha colaborado con ella (Víctor Pérez Díaz y Rafael Doménech, también miembro del servicio de estudios de BBVA) o quien forma parte de un grupo de trabajo de la aseguradora Aviva, Ignacio Conde-Ruiz; mientras otros, como Miguel Ángel García, es jefe del gabinete técnico de CC OO, y Santos Ruesga, colabora habitualmente con UGT.

El mayor choque lo provocó una propuesta de seis páginas formulada el 25 de abril que implicaba un cambio radical en el cálculo de las pensiones futuras, un modelo próximo al sueco que podía traducirse en rebajas muy sustanciales. La propuesta se acercaba mucho a un modelo similar al implantado en Suecia, algo que gusta en el Ministerio de Economía pero que no cuenta con el respaldo de Empleo.

La fórmula se abandonó, iba más allá de lo que propone la ley de 2011, que obliga a crear el factor. La que ahora se abre paso, apuntan media docena de fuentes consultadas, busca una fórmula que, partiendo de la esperanza de vida en el momento de la jubilación, calcule de forma automática la pensión a percibir. Si se tiene en cuenta que como norma general los trabajadores que se retiran viven unos 50 días más que los que lo hicieron el año anterior, esta opción conlleva en una reducción de la pensión. Salvo extrañas excepciones, que se dan: en 2005 o en los primeros meses de 2012, la esperanza de vida cayó.

Este planteamiento se ajusta al mandato de 2011; no así el momento de su aplicación. La ley actual lo fija en 2032. El grupo se inclina por 2014 como año de puesta en marcha y 2019 como primer ejercicio de aplicación, apunta uno de los consultados.

“El sistema actual no responde a criterios actuariales, su equilibrio financiero no está garantizado”, reza un informe escrito en la primera semana de mayo en su segundo punto, igual en este apartado al texto de abril. Esta frase se asienta en que, según cálculos de la Seguridad Social elaborados para la reforma de 2011, en el peor de los casos, un pensionista medio que ha cotizado por la base máxima durante 46 años, cobra un 54% más durante su jubilación de lo cotizado en su vida laboral.

“Este desequilibrio, al menos, hay que frenarlo”, apunta un conocedor de los trabajos. Y para lograrlo la opción mayoritaria apunta a reducir la cuantía de la pensión. Pocos en la comisión se inclinan por mecanismos automáticos de incrementos de ingresos (cotizaciones o impuestos).

Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, en cambio, sí que cree que hay que poner más énfasis en los ingresos. Él forma parte del grupo de expertos a propuesta del PSOE. Desde el primer día se ha mostrado en público muy crítico con la orientación de los trabajos: “Hay margen para aumentar el gasto a largo plazo. No se tiene solo que bajar pensiones. Sin aplicar el factor de sostenibilidad el gasto en pensiones estará en unas décadas por encima de la Unión Europea, pero por debajo de la zona euro”.

Pero si la introducción de un corrector demográfico, que se suma al retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, es todo un cambio para el sistema de pensiones, todavía lo es más la segunda pata de la propuesta: el fin del matrimonio entre pensiones y precios que garantiza su poder adquisitivo y su sustitución por una fórmula en la que tendrá un papel decisivo la evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Si esto no cambia, la propuesta del grupo difícilmente logrará consenso.

Aquí la revolución llega por dos lados. En primer lugar, afecta a los nueve millones de pensionistas actuales, algo que no ha sucedido antes. Pero, además, según la fórmula a aplicar, una ecuación en la que tendrán protagonismo ingresos y los gastos —aunque sea en un ciclo móvil de cuatro años arriba o abajo que atenúe los resultados— en circunstancias duras como las actuales cuando se ha hundido el mercado laboral, puede acabar traduciéndose en bajadas nominales de pensiones y no solo en pérdida de poder adquisitivo. Conscientes de la dureza de esto, los expertos andan inmersos en buscar cautelas, matices, periodos de entrada en vigor y recomendaciones abiertas que den margen a los políticos amortiguar el golpe.

Más allá de cual sea la definición final, esta segunda vía de ajuste, es una de las que más interesa al Ejecutivo, tanto al Ministerio de Economía como al de Empleo. Y cuanto antes. Los expertos también aquí se inclinan por 2014. Esto supondría un gran ahorro ya a la Seguridad Social. La revalorización anual de las pensiones ha supuesto un incremento medio anual superior al 2% en los últimos 30 años, 2.000 millones más al año.

Pregunta. ¿Se ve usted como la esperanza blanca de CDC si la situación judicial de Oriol Pujol no se soluciona en breve?

Respuesta. No contemplamos la hipótesis de que Pujol no salga exculpado. Desde el partido tenemos confianza en que el proceso será rápido y que habrá una absolución.

P. ¿Y la hoja de ruta soberanista tampoco cambiará por esta circunstancia?

R. No. Oriol Pujol da un paso al lado no para defenderse mejor, sino para no estorbar en el proceso.

P. ¿El objetivo real de CDC es el derecho a decidir o directamente la independencia?

R. Defendemos un elemento de radicalidad democrática que es el derecho a decidir. El 80% de los diputados catalanes han pedido que este pueblo sea escuchado y la Constitución da margen para ello. Fíjese que CDC nunca ha sido independentista, siempre ha trabajado para tender puentes con España, convencida de que una España más europea acabaría entendiendo a Cataluña. A partir de la sentencia del Estatuto constatamos que España ha renunciado a ser el Estado de los catalanes. Y consideramos que tenemos derecho a erigir nuestro propio Estado. Cataluña no es viable como una autonomía dentro de España pero es perfectamente viable como Estado soberano dentro de Europa.

P. Pero las encuestas dicen que de una u otra forma, muchos catalanes mantienen un vínculo con España más allá de lo estrictamente sentimental. ¿No confunde la voluntad de los nacionalistas con la de todos los catalanes?

R. Sabemos dónde están las mayorías y las minorías. Nuestro objetivo es ensanchar la mayoría a favor del Estado propio. Madrid no ha sabido plantear una alternativa a lo que proponemos. Canadá lo ha hecho con Quebec. El Estatuto fue un intento de hacer viable Cataluña como nación dentro de España, y recibió un gran portazo. Después buscamos el mecanismo del pacto fiscal, y se volvió a rechazar. Cuando decimos que Cataluña no es viable como autonomía decimos que no es viable como modelo de bienestar. Además, en la Cataluña que proponemos nadie debería renunciar a sentirse español.

P. El Estado de bienestar se tambalea en muchos países soberanos de Europa...

R. El déficit fiscal entre España y Cataluña no es imaginario, existe.

P. Sin negar un déficit ¿es honesto relacionar Estado propio con salida de la crisis?

R. Lo que no es honesto es hablar de este punto sin citar el déficit fiscal. No hay ningún otro territorio en Europa con un PIB parecido al catalán que tenga un déficit fiscal tan exagerado.

P. CDC ha hecho suyo un discurso que hasta hace poco solo escuchábamos en ERC. ¿No teme que Esquerra les canibalice?

R. Lo que estamos haciendo va más allá de la aritmética electoral. Es una gran apuesta para construir una gran mayoría en torno al derecho a decidir.

P. Pero CDC es un partido de orden y ERC, no.

R. Eso debería hacer reflexionar a mucha gente. Deberían preguntarse cómo es que un partido de orden como el nuestro, que lo sigue siendo, apuesta por el soberanismo.

P. ¿Se presentarán un día a las elecciones junto a ERC?

R. No nos lo hemos planteado aun. Queremos ensanchar la mayoría por el derecho a decidir e interpelamos la radicalidad democrática que tienen muchas fuerzas en España, comenzando por el PSOE. Parece incomprensible que en un planteamiento como el derecho a decidir no encontremos ninguna complicidad en el resto del Estado español. Londres quiere ofrecer una alternativa interesante a los escoceses, pero esto no lo vemos en Madrid. No veo que desde Madrid se quiera ofrecer una alternativa interesante al pueblo de Cataluña.

P. La ley Wert ha acabado de incendiar los ánimos en Cataluña. ¿La recurrirán?

R. Esta ley es un ataque al autogobierno de Cataluña, a nuestro modelo pedagógico y a la cohesión social. No daremos ni un paso atrás en defensa de nuestro modelo educativo, que lleva 30 años siendo inclusivo y efectivo porque permite que los alumnos aprendan tanto catalán como castellano en la misma aula independientemente de la lengua que hablen en casa. El grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados presentará una moción pidiendo la retirada de la reforma educativa y el Gobierno catalán la recurrirá.

P. Dirigentes como Rubalcaba insisten en que el derecho a decidir debe ser de todos los españoles. Quizás esto no sería malo para ustedes, pues el resultado políticamente relevante sería el que saliera de Cataluña.

R. No. Desde un punto de vista jurídico un referéndum puede tener consecuencias internacionalmente cuando se delimita claramente el sujeto que es consultado. La Constitución ofrece la posibilidad de hacer el referéndum. El problema no es jurídico, sino político. Por eso apelamos a la radicalidad democrática del PSOE y nos atrevimos a apelar también la del PP. Que dejen elegir, y que cada uno ofrezca su proyecto. La democracia y la libertad no deben asustar a nadie.

P. ¿Ha observado algún movimiento interesante dentro del PSOE en este sentido?

R. No, pero compartimos una tradición democrática conjunta con el PSOE y con Izquierda Unida. El catalanismo, como ellos, siempre ha bebido de fuentes democráticas. Y el PP, sin tener la misma tradición histórica, también ha abrazado la democracia, por esto también les apelamos.

P. Sus socios de Unió no están por la independencia. ¿La consulta sería la fecha de caducidad de CiU como federación?

R. Nuestro programa hablaba de lucha contra la crisis, derecho a decidir, y Estado propio dentro de Europa. Estoy convencido de que el recorrido de la federación es largo si somos fieles al programa.

P. Y, ¿qué pasa si el Estado propio es fuera de Europa, al menos inicialmente?

R. Estamos escribiendo páginas nuevas de Europa. Y los tratados no contemplan ni la expulsión inmediata ni el ingreso inmediato.

P. Hay dudas respecto a esto.

R. Cuando la comisaria Viviane Reding dice que una expulsión automática no sería de recibo y corrige a los 15 días y el señor Almunia hace lo mismo… esto hace dudar. Lo que sí tenemos claro es que es prácticamente imposible que Cataluña salga del mercado común. A nadie le interesa que Cataluña sea una isla arancelaria, ni a Europa ni a España.

P. ¿Qué pasará en 2014? ¿La consulta?

R. En 2014 esperamos poder ver que se crean puestos de trabajo para salir de la crisis. Y en el plano nacional, debe ser el año en que los catalanes puedan ser consultados.

P. ¿Y si esto resulta imposible?

R. Utilizaremos todos los mecanismos democráticos legales y legítimos para que el pueblo de Cataluña se pueda expresar.

P. ¿Puede mantenerse su pacto con ERC si la Generalitat no logra sacar adelante los Presupuestos?

R. Nos gustaría aprobar los Presupuestos, pero no haremos nada que lleve al desmantelamiento del Estado del bienestar, por eso pedimos un mayor margen del déficit. En cualquier caso el problema para los Presupuestos no es ERC sino el déficit que marca el Gobierno.

A Chelo le contaron más tarde que unos manifestantes la trasladaron a un banco de la calle y llamaron al Samur. Después de sus primeros auxilios, fue trasladada al hospital de La Princesa de Madrid. No salió hasta 60 días después, el 11 de septiembre, tras pasar un mes y medio en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado “muy grave”. El brutal impacto de una pelota de goma en el costado de esta mujer, sumamente delgada, hizo estragos. De entrada, le causó un neumotórax, con fractura de vértebras, que requirió ventilación mecánica durante 40 días y hubo que practicarle una traqueostomía.

Sin embargo, el caso de Chelo no consta en ningún sitio. Oficialmente no existe. El Ministerio del Interior sostiene de forma pertinaz que aquel 11 de julio de 2012 no hubo heridos graves en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, ni le consta que hubiera algún lesionado por un pelotazo de los antidisturbios.

Pero esta mujer asegura que no va a cejar. La batalla está planteada en los tribunales y también en el Parlamento a través del diputado socialista Pedro Muñoz, portavoz del grupo socialista en la Comisión de Interior. “Quiero que se reconozca que se cometió un delito: ¿Qué peligro público representaba yo para que me dispararan?”, pregunta sin obtener aún respuesta.

La marcha de los mineros terminó abruptamente esa mañana calurosa del 11 de julio de 2012. “Ocho detenidos y 76 heridos leves en las cargas policiales contra la marcha minera”, escribió EL PAÍS ese día. Fuentes de Interior aseguraron entonces que en la manifestación había “grupos antisistema” que trataron de derribar las vallas de protección del Ministerio de Industria, que era el lugar al que los mineros querían llegar.

Es verdad que hubo grupos violentos que se mezclaron con los miles de ciudadanos que acompañaron a los mineros, muchos de ellos con sus esposas y niños, y a su lado, profesores con camisetas verdes y activistas del 15-M. Entre estos, la jurista Chelo Baudín de la Lastra, que se declara “de izquierdas” y “pacífica, por supuesto”. Sus hermanos tardaron unas semanas en ir a los tribunales, conmocionados y con el alma en vilo por la delicada situación clínica de esta mujer de 54 años, viuda con un hijo veinteañero, sobre cuyo grave estado los médicos del hospital de La Princesa de Madrid no pusieron paños calientes. Las complicaciones en su organismo se encadenaron.

Cuando esta mujer, que cree firmemente en el derecho de los ciudadanos a protestar ante “las injusticias y los atropellos”, se acercó a aplaudir a los mineros no pensó que su vida iba a correr riesgo. “Salí a manifestarme para mostrar mi simpatía hacia los mineros que llevaban muchos días de camino hacia Madrid”. No pertenece a ninguna organización sindical o política, pero sí declara abiertamente su cercanía a las posiciones socialistas. “Fui sola, aunque a otras protestas había ido con mi hijo y años antes con mi marido, que murió de un infarto hace cinco años con 50 años”, relata Baudín, cuyas formas denotan alto nivel cultural y buena posición social.

Llegó el momento de acudir a los tribunales y el caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. “De lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción pernal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, a la vista del visionado de la grabación aportada por el letrado de la denunciante, no es posible identificar al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que presuntamente realizó el disparo que lesionó a la denunciante”. Por tanto, “se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa”. Así lo acordó el juez el 23 de noviembre pasado y de inmediato Baudín presentó recurso, aún pendiente de resolución. “No voy a parar. En una democracia no se pueden dar instrucciones a la policía, si es que se dieron, para que disparen a ciudadanos porque se manifiesten sin la menor actitud agresiva”, señala Baudín. En la denuncia archivada, ella presentaba a varios testigos que vieron cómo un agente disparaba en dirección esta mujer, su caída, su desvanecimiento y la llegada del Samur.

Una vez que estuvo fuera de peligro, aunque ha estado muy delicada hasta el pasado enero, ni ella ni sus dos hermanos han cejado en denunciar su caso ante la justicia, el Defensor del Pueblo y el Parlamento.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha requerido información a la policía. Lo mismo ha hecho el portavoz socialista en la Comisión de Interior. Las dos respuestas que Pedro Muñoz ha recibido del Gobierno le han producido la máxima preocupación. “¿Qué información ofrece la policía de lo que ocurre en las manifestaciones?”, inquiere el socialista. Muñoz preguntó si Interior tenía identificadas a las personas heridas en esa manifestación, así como las actuaciones del Samur. Al Ejecutivo no le consta que hubiera ningún herido grave en esa manifestación de mineros.

El pasado 21 de marzo, el Gobierno respondió por escrito al diputado: “No se tiene constancia de que los servicios del Samur utilizaran la Unidad de Soporte Vital Avanzado. Se desconoce si alguno de los manifestantes fue herido por el impacto de una pelota de goma, ya que este extremo no figura en los partes facultativos expedidos por los servicios médicos”.

Muñoz considera de “extrema gravedad” semejante respuesta, a la vista del parte médico del Samur en el que el sanitario da cuenta de las lesiones sufridas por Baudín de la Lastra.

El parte tiene fecha de 11 de julio de 2012, el día de la manifestación, a las 14,16, y el lugar del suceso es el paseo de las Castellana 224 de Madrid. “Paciente que procede de la manifestación”, refiere el parte escrito a mano, como es habitual en los sanitarios del Samur. Se describe a una mujer “delgada” que “recibe un bolazo en la espalda”. Antes de "bolazo" el sanitario había escrito “gomazo”, palabra que tacha para sustituirla por la citada. Señala que la paciente tiene “mucho dolor, refiere estar muriéndose por dentro” y que podría sufrir “fractura costal”.

Los sanitarios trasladaron a la herida al hospital de La Princesa, de donde tardó dos meses en salir. Eso contradice lo que afirma el Gobierno de que “no consta que se trasladara herido alguno con cuadro clínico grave al Hospital de La Princesa y, por tanto, que nadie haya permanecido dos meses en el citado hospital”.

Consolación Baudín de las Lastra ingresó el 11 de julio por Urgencias. Pasados ocho días, el 19 de julio, se emitió un parte que refleja la gravedad de la paciente: “Traumatismo torácico con fracturas costales en hemitórax derecho, fracturas de apófisis transversas de vértebras lumbares, neumotórax…”. “Desde las primeras 24 horas de ingreso ha precisado intubación orotraqueal y ventilación mecánica... Presenta inestabilidad hemodinámica… La situación clínica de la paciente a día de hoy sigue siendo grave”.

Sin embargo, nada de esto ha ocurrido, según la versión gubernamental. El diputado Muñoz presentará esta semana otro bloque de preguntas sobre el caso concreto pero, también, en torno a la “información que se ofrece sobre lo que ocurre en las manifestaciones, sus consecuencias y el estado de los heridos”.

“Si la respuesta de Interior no es verdadera, entonces no se puede producir el control parlamentario”, explica Muñoz que hace de este caso una categoría por si hubiera vulneración de la obligación del Gobierno de responder a la oposición y de suministrar los datos que le soliciten.

Entre tanto, Chelo Baudín intenta volver a recuperar la normalidad, ahora, que “casi” ya se encuentra repuesta. En este año de protestas ella no ha estado en condiciones de salir a la calle a apoyar las causas que cree justas. Después de esa manifestación a favor de los mineros, hoy volverá a respaldar la marea blanca del personal sanitario. “Apoyo su causa”, explica, “para que la sanidad pública siga siendo como es ahora. ¿Cómo no les voy a apoyar si me han salvado la vida?”.

El estudio se basa en una simulación sobre los sondeos publicados desde enero, con un total de 14.000 entrevistas, que refleja el clima social del momento y la proyección en escaños en unas futuras elecciones generales. El PP bajaría a solo 139 escaños y el PSOE a un mínimo histórico de 90 diputados, frente a las espectaculares subidas de IU y UPyD que se convertirían en llave para cualquier combinación parlamentaria.

El modelo que dibuja el estudio sería muy similar al del inicio de la democracia constitucional, cuando cuatro partidos se repartieron la mayoría del Congreso. Eran UCD, Alianza Popular, PSOE y PCE y, posteriormente, esa distribución pasó al bipartidismo casi perfecto de PP y PSOE. Entre los cuatro partidos —PP, PSOE, IU y UPyD— sumarían ahora los 310 escaños a los que antes llegaban entre populares y socialistas únicamente. En anteriores legislaturas, cuando alguno de los dos partidos no llegaba a la mayoría absoluta, la aritmética se completaba con los votos de los partidos nacionalistas pero, si se confirmara el nuevo modelo, ahora ese apoyo ya no sería suficiente. De hecho, el estudio contiene malas noticias para los nacionalistas, especialmente para CiU, porque dejarían de ser determinantes y porque una vez que han tomado el camino de la radicalidad soberanista los electores parecen preferir al original a la copia. Es decir, que puestos a ser independentistas, prefieren a ERC que a CiU, como ocurrió en noviembre en las elecciones catalanas.

La formación de Cayo Lara con 48 escaños y la de Rosa Díez con 30 serían determinantes en ese nuevo tiempo político, aprovechando la falta de liderazgo de populares y socialistas, a quienes los españoles siguen viendo como responsables de la crisis. Obviamente, hay factores futuros que pueden superar las conclusiones del estudio, como la movilización ante las urnas de los votantes del PP que ahora parecen desilusionados e irritados; la aparición de un nuevo líder que tire del PSOE, una vez que Alfredo Pérez Rubalcaba se muestra como amortizado o el atisbo de una recuperación económica.

También puede cambiar esa expectativa si fructifican, a la izquierda del PSOE, los intentos por articular una gran fuerza política que aglutine a IU, a movimientos sociales e incluso a una parte del 15-M que estaría dispuesta a participar en unas elecciones. Las europeas de junio de 2014 pueden ser una especie de ensayo general de esa posible alternativa, con aspiraciones de superar al PSOE, en unas elecciones que suelen ser propicias para castigar a los partidos mayoritarios.

En el caso de UPyD, los datos del estudio muestran opciones de notables cambios de modelo, al ser determinante para impulsar reformas constitucionales, que están en su ideario fundacional y para los que carece ahora de diputados suficientes. Su irrupción cubre el espectro que deja libre el PSOE de posición firme contra los nacionalistas y también supone que, por primera vez, el PP compita contra otra fuerza en las urnas.

Un 63% expresa ese respaldo, similar al de hace dos años y más alto que el de 2012, pocos meses después de la arrolladora victoria electoral del PP. Ese apoyo a las protestas es obviamente mayor ente los votantes de PSOE que entre los del PP y mayor entre los encuestados de menor edad.

El 87% de apoyo entre los votantes del PSOE da idea clara de la dicotomía entre la institucionalidad de los socialistas y la petición de sus bases, que se sienten más cómodas en la protesta por la crisis. El reto para el futuro candidato socialista será precisamente la recuperación de ese liderazgo social que ahora ha perdido en favor de movimientos sociales espontáneos. El fondo de la protesta pacífica del 15-M ha quedado difuminado por el paso del tiempo, pero ha dejado el poso en asuntos como la crítica al sistema financiero, la denuncia de los desahucios o el cuestionamiento de estructuras institucionales, entre otros. Y, por el momento, no se ha traducido en una opción política institucional clara. Un 78% de los ciudadanos asegura ahora que los indignados tienen razón en lo que dicen y solo un 4% dice tener dudas sobre los motivos de la protesta. El apoyo al fondo del mensaje del 15-M es abrumador en el caso de los más jóvenes, lo que da idea de la existencia de un caldo de cultivo notable para opciones distintas de las que han representado hasta ahora PP y PSOE. Esos nuevos votantes más jóvenes, los más castigados por la falta de expectativas, son los que se sienten más alejados del sistema y optarían por ese nuevo modelo de opción política.

El 60% entiende que el movimiento del 15-M pretende regenerar la actual democracia, en coherencia con todos los datos demoscópicos que muestran la creciente desafección ciudadana hacia la política tradicional.

La fuente precisó que el joven junto a otros salafistas se disponía a atacar la comisaría de la Guardia Nacional de la zona, con la intención de incendiarla.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los militantes de la corriente salafista yihadista "Ansar Al Sharía" se recrudecieron esta tarde cuando los extremistas pasaron de lanzar piedras a cócteles "Molotov" en la jornada de protestas por la prohibición de su congreso anual en Qairauán

El grupo salafista tunecino Ansar Al Sharía decidió aplazar hasta el próximo domingo, día 26, el congreso que tenía previsto celebrar este domingo y que se suspendió tras los disturbios generados en la ciudad de Qairauán y en un barrio periférico de la capital de Túnez.

Según afirmó el gobernador de Qairauán, a 160 kilómetros al sur de la capital, Abdelmayid Laguán, "Ansar Al Sharía pospuso su congreso al domingo 26", una vez que alcanzado un acuerdo con el máximo dirigente salafista, Mohamed Klif, informó la agencia oficial tunecina TAP.

El gobernador explicó que tras una conversación telefónica con el dirigente salafista se acordó que el congreso se celebre el domingo que viene, una vez que se hayan cursado los trámites legales correspondientes.

Al menos 11 policías y tres manifestantes simpatizantes de Ansar Al Sharía resultaron heridos en los enfrentamientos que libraron este domingo en la periferia de la capital de Túnez, informó el ministerio tunecino del Interior.

En principio los salafistas habían decidido celebrar su congreso (para el que no habían pedido autorización) en la ciudad de Qairauán, pero la fuerte presencia policial se lo impidió, por lo que la dirección del grupo comunicó en Facebook que el acto se celebraría en el barrio de Ettadhamen.

En Qairauán, las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos a decenas de salafistas que se habían congregado en las inmediaciones de la gran mezquita Okba Ben Nafáa, una de las más importantes del islam, informaron a Efe algunos testigos.

A su paso por el barrio de Ettadhamen los manifestantes amedrentaban a algunos vecinos con los que se encontraban, uno de los cuales resultó herido de arma blanca, según indicaron a Efe habitantes del lugar.

Asimismo, los salafistas agredieron a algunos periodistas e informadores gráficos, a los que les quitaron las cámaras fotográficas, dijeron a Efe fuentes periodísticas tunecinas.

La policía ha llevado a cabo un amplio despliegue en la capital de Túnez, en particular en la zona céntrica y en las calles y avenidas que conducen por la periferia de la ciudad al barrio de Ettadhamen.

Tras el lanzamiento ayer de tres misiles guiados de corto alcance, el régimen de Pyongyang efectuó hoy a medio día un nuevo lanzamiento, en esta ocasión en dirección norte.

"Después de ayer, Corea del Norte lanzó un misil de corto alcance al Mar del Este hoy a mediodía", aseguró una fuente de Defensa sin identificar.

Aunque los lanzamientos pueden ser simplemente ejercicios rutinarios, se considera un gesto beligerante por parte del régimen de Pyongyang después de un periodo de varias semanas en las que rebajó notablemente el tono de su última campaña de amenazas bélicas.

Los ensayos realizados ayer y hoy no deberían incumplir, en principio, disposición internacional alguna al tratarse de misiles de corto alcance.

Varias resoluciones de la ONU, aprobadas después de que Pyongyang realizara pruebas nucleares subterráneas y de misiles balísticos, prohíben al régimen lanzar proyectiles con mayor alcance y carga útil, al considerar que están dentro de un programa para el desarrollo de armas nucleares intercontinentales.

Un portavoz del Ministerio surcoreano de Unificación tachó hoy como "deplorables" las "medidas provocadoras" de Pyongyang e hizo un llamamiento a sus autoridades para que "actúen de manera responsable como parte de la comunidad internacional".

El Gobierno de Pyongyang no se ha pronunciado todavía sobre los lanzamientos y Seúl sigue sin confirmar qué tipo de misiles de corto alcance han sido utilizados.

Sin embargo, fuentes del Ejército surcoreano creen que se pueden tratar de misiles KN-02 tierra-tierra con un alcance de hasta 160 kilómetros.

Tumblr es una plataforma de blogs que aglutina ya más de 100 millones de bitácoras en Internet y que registra unos 170 millones de visitas únicas al mes. Con sede en Nueva York, el portal está dirigido por David Karp, su fundador. Tan solo tiene seis años de vida y ya es uno de los que más tráfico genera en la red en EE UU, superando incluso a Blogger de Google.

El aprobado por parte del directorio fue adelantado por The Wall Street Journal en su edición digital. Es la mayor compra hasta la fecha de Mayer, que recientemente adquirió Summly, Astrid o Jybe buscando hacer crecer el tráfico que se dirige hacia su portal y así elevar los ingresos. Además, acaba de presentar un nuevo diseño de su web, del servicio de mensajería y de Flickr.

Con Tumblr no busca solo un incremento de las visitas, también una mayor implicación de los usuarios con los servicios que ofrece Yahoo! en su portal para atraer así a los anunciantes. La plataforma de blogs tiene prevista una rueda de prensa para la tarde del lunes en Nueva York. “para compartir algo especial”. Las dos compañías llevaban varias semanas negociando.

Yahoo! es una de las tecnológicas que mejor rindió durante los últimos 12 meses en Wall Street. Sus acciones pasaron de pagarse a 14,5 dólares en agosto a más de 27 dólares a comienzos de este mes. Eso representa un incremento superior al 70%, superando incluso al 50% de Google. Esta evolución que contrasta con la de Facebook, que cumple su primer aniversario perdiendo un 30%.

Es un voto de confianza hacia la gestión de Mayer, que desde que llegó a la presidencia ejecutiva de Yahoo! en julio del pasado año trata de dar un vuelco a las fortunas de Silicon Valley. La dirección de la sociedad sufrió varios cambios de calado mientras la ejecutiva trató de hacerse con el control de nuevas empresas emergentes para atraer así talento.

Yahoo! necesitaba volver a ser relevante otra vez, para así recuperar el terreno perdido frente a Google y Facebook entre los más jóvenes. La compra de Tumblr encaja en esta doble estrategia de hacerse con talento y más tráfico, además de reforzarle como una compañía de medios en una transformación similar a la de AOL, que adquirió The Huffington Post. Se habló incluso de su interés por Hulu, el portal creado por la NBC, la Fox y la ABC para dar salida a su contenido audiovisual.

Tumblr es una plataforma muy popular actualmente entre los adolescentes, lo que podría volver a hacer de Yahoo! un nombre relevante en el negocio de la información, donde su portal es ya muy fuerte en EE UU. Pero Mayer va a tener que hacer más que compras para que estos cambios se trasladen a los resultados, que siguen mostrando puntos de vulnerabilidad.

Como sucede con Google y Facebook, el gran reto de estas empresas está en mantener el mismo volumen de ingresos en la transición desde el ordenador personal a los dispositivos móviles. Los anunciantes pagan menos por el espacio que ocupa su publicidad en pantallas más pequeñas que las del PC. En los últimos resultados trimestrales no llegó a colmar las expectativas.

—En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando. Por eso los convocamos a inventar el futuro. (…) No habrá cambio confiable si permitimos la subsistencia de ámbitos de impunidad. Una garantía de que la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable, fortalecerá las instituciones sobre la base de eliminar toda posible sospecha sobre ellas. (…) Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. Pero, además, quiero un país más justo.

En Argentina, “el relato” viene a significar la versión kirchnerista de la historia reciente. A los defensores de ese relato no les faltan argumentos para enumerar los logros de lo que la presidenta Cristina Fernández ha bautizado como la “década ganada”: Néstor Kirchner fue el hombre que el 24 de marzo de 2004, a los 28 años del golpe de Estado, se presentó en el Colegio Militar con todo su Gabinete y ordenó retirar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla. Retomaba con ese gesto los juicios contra los militares de la dictadura que ya había iniciado el presidente Raúl Alfonsín. Fue también el que impulsó la ley que permite el casamiento entre personas del mismo sexo, y el que le torció el brazo al Fondo Monetario Internacional y consiguió acuerdos para pagar el 93% de la deuda externa con una quita récord del 75%. Fue el mandatario que renovó la Corte Suprema, el máximo órgano jurídico del país, con siete jueces de un prestigio y una independencia reconocida por todo el arco político hasta que Cristina Fernández empezó a cuestionarla hace medio año.

Y Cristina Fernández fue la presidenta que puso en marcha en 2009 la Asignación Universal por Hijo, ayudas sociales que sacaron de la indigencia a millones de desempleados. Fue la que nacionalizó en 2008 la empresa española Aerolíneas Argentinas y en 2012 expropió a Repsol el 51% de sus acciones en YPF, medida que contó con el respaldo mayoritario de la oposición. Entre ambos Gobiernos consiguieron hasta el año pasado un crecimiento medio del 7% sobre el PIB.

¿Pero qué hay de aquella Argentina unida y justa con la que Kirchner decía soñar? “Nada. Porque nunca creyeron en la lucha contra la corrupción ni en fortalecer las instituciones”, responde el abogado Dino Zaffani, de 59 años. Zaffani lleva la mitad de su vida en Río Gallegos, la capital de la provincia patagónica de Santa Cruz, donde nació Kirchner, donde fue alcalde (1987-1991) y gobernador durante tres mandatos (1991-2003). “Cristina y él reprodujeron en Buenos Aires el mismo modelo que les había dado éxito en Santa Cruz. La manipulación de los jueces y el control férreo de la sociedad”, indica Zaffani.

Bajo esa óptica, la crónica del kirchnerismo también podría comenzar con las palabras que publicó aquel mayo de hace 10 años un antiguo miembro de la guerrilla de los montoneros:

— [Kirchner] silenció la prensa y la oposición, aniquiló los sindicatos, se apoderó de empresas constructoras y con el respaldo de los centenares de millones de dólares que sacó al exterior, un día decidió ser presidente de la nación.

El autor de ese párrafo, fallecido el año pasado, vivía en la provincia de Santa Cruz, se llamaba Daniel Osvaldo Gatti. El libro fue publicado por la editorial alternativa Mate Amargo y se tituló Kirchner, el amo del feudo. Solo se vendieron dos mil ejemplares. En aquella época, Argentina vivía una especie de idilio con los Kirchner. Casi nadie criticó el hecho de que Kirchner hubiera cambiado la Constitución provincial en 1994 para salir reelegido y la volviese a cambiar después de 1998 para conseguir la reelección indefinida como gobernador.

“Kirchner llegó a Buenos Aires representando el orden y la autoridad, después de una época de convulsiones en el país que arrastraba la crisis de 2001. Sabía manejar el poder. ¿A quién le importaba si nunca recibió acá a las Madres de Mayo?”, se pregunta el periodista de Rígeneral o Gallegos Héctor Barabino. “Para conocer a un candidato a presidente tenés que preguntarte qué hizo antes, cuando era intendente [alcalde] y gobernador, con la prensa, la economía o la justicia; y cómo prosperó su patrimonio. La prensa nunca se hizo esas preguntas. Y si se las hizo, no creyó en las respuestas”.

En 2008 se produjo el gran conflicto del Gobierno con el sector agrario del país. A partir de entonces, el Grupo Clarín pasó a convertirse en el gran enemigo del Gobierno. El Gobierno impulsó una Ley de Medios que, entre otros contenidos, obligaba a Clarín a deshacerse de parte de sus negocios audiovisuales. La compañía se negó, el Gobierno recurrió a la justicia y la justicia respaldó a Clarín. A partir de ahí Cristina Fernández empezó a cargar las tintas contra los jueces e impulsó una reforma judicial con casi toda la oposición en contra. Aquella invitación de Kirchner a los opositores para “inventar el futuro” quedó en el olvido.

En el camino, Fernández rompió también con el que había sido el gran aliado sindical de Néstor Kirchner, el líder de los camioneros Hugo Moyano. Y en diciembre de 2011, Daniel Peralta, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, el peronista al que había apoyado Kirchner para el cargo, se negó a implantar en la provincia el sistema de pensiones que se le proponía desde la Casa Rosada. Y también pasó a convertirse en un rival de Fernández.

Ahora, Daniel Peralta lamenta la cerrazón del Gobierno nacional. “Cuando vivía Kirchner, él y Cristina decidían y los demás ejecutaban. Ella siempre opinó y lo hizo con un peso importante; nunca fue una mujer florero. Pero ahora está ella sola y es ella la que decide, sin nadie que se atreva a cuestionarla. Es cierto que Kirchner no admitía un no por respuesta, pero, si sabías sugerirle otras soluciones, a veces terminaba llamándote y las aceptaba. Ella, no. La presidenta no ha tenido en cuenta la estabilidad política institucional. Ahora, todo lo que es oposición es considerado una mala palabra”.

Así como la oposición habla de la oportunidad que se perdió en estos 10 años con los miles de millones de dólares ingresados gracias a los precios récord de la soja, Daniel Peralta también lamenta que durante tres mandatos presidenciales, uno de Kirchner y dos de Fernández, no se haya apoyado a Santa Cruz lo suficiente para que deje de ser una provincia dependiente del Estado, con 60.000 empleados públicos.

La otra gran palabra del sueño de Kirchner, su lucha contra la impunidad y la corrupción, también tiene su contracara en Río Gallegos. “La primera denuncia contra él la investigué en 1991. Se habían comprado árboles por valor de 100.000 dólares [78.000 euros] para un vivero inexistente”, señala el exfiscal Andrés Vivanco, de 61 años. “Me llamó Carlos Zaninni, el actual secretario legal y técnico de Cristina Fernández, para decirme que Néstor Kirchner estaba dispuesto a colaborar en la investigación. Pero era mentira, lo que hacían era dilatar los procesos, presionar a los jueces o nombrar directamente como jueces a sus amigos. Y así, Carlos Zaninni fue nombrado juez del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Y la justicia nunca pudo llegar al hueso de ninguna investigación”.

“Kirchner consiguió el dinero para su campaña gracias al dinero público”, sostiene Vivanco. “El Gobierno de la provincia asfixiaba a las empresas, no les pagaba por sus servicios. Y cuando estaban al borde de la quiebra las ayudaban, pero quedándose con la mayor parte de sus acciones a través de terceras personas”, concluye.

Dos meses invirtió Bersani, el líder del PD, en cortejar al Movimiento 5 Estrellas, en pos de una alianza imposible: encerrado en su “diversidad”, convencido de que todos los viejos partidos ya están “muertos”, Grillo no tiene intención de aliarse con ninguno, sino de vivir de las rentas atacándolos a todos. En determinado momento, llegó a correrse el riesgo de que al vacío de gobierno se sumara el vacío del Quirinale, el palacio que alberga al Jefe del Estado. Ninguno de los nombres propuestos por el PD, en efecto, lograba alcanzar el quórum necesario para ser elegido Presidente; es más, cada uno de los candidatos recibía, en el secreto de la cabina, las perdigonadas de los francotiradores del propio Partido Democrático, en un instinto caníbal y a la postre suicida. Así, después de haberse jugado la insolvencia financiera, Italia se jugaba la insolvencia institucional, porque la política no lograba conformar sus más altas instituciones, la suprema de la Presidencia de la República, y la fundamental del Gobierno. Ante semejante coyuntura, los partidos pidieron a Giorgio Napolitano que aceptara la reelección, tras sus siete años de mandato. Una solución legitima y plenamente constitucional, pero nunca antes practicada en la historia de la República: en definitiva, una “excepción” en toda regla. Napolitano acabó por aceptar, no sin requerir una prueba de responsabilidad a los partidos, invitándolos a formar un Gobierno de amplía mayoría, con la derecha y la izquierda unidas después de años de enfrentamientos furibundos y de políticas alternativas. El PD, el PDL y el pequeño partido de Mario Monti aceptaron, y así nació el Gobierno guiado por Enrico Letta, vicesecretario del Partido Democrático.

Esta solución supone una victoria para Berlusconi y su partido. Antes de la campaña electoral se hallaban hundidos en el pozo, con un porcentaje de entre el 15 y el 18 por ciento en los sondeos, aplastados por los años de mal gobierno de la derecha. Pero Berlusconi, que no sabe gobernar, es un formidable candidato que supo recuperar puntos y, pese a perder seis millones y medio de votos, resucitar y devolver a sus hombres a las mesas del poder, dentro de los ministerios. Para el PD, este Gobierno de amplia mayoría representa en cambio una derrota: después de una pugna electoral disputada por entero sobre la alternativa a Berlusconi y a sus dos décadas en el poder, debe gobernar con él, en una alianza de necesidad, percibida pese a todo como contranatural por la opinión pública de izquierdas.

Añadamos el hecho de que el PD es un partido, más que sin cabeza, degollado, porque en la derrota ha perdido liderazgo y extraviado su línea de actuación. Bersani ha dimitido y en su lugar ha sido nombrado como regente el ex secretario del sindicato CGIL, Guglielmo Epifani, pensando ya en que cuando se vuelva a votar quien desafíe a Berlusconi como guía del país sea el joven alcalde de Florencia, Matteo Renzi, que ha abierto brecha en la opinión pública con ideas a la Blair, y con el eslogan del “desguace”, para mandar a casa a los eternos elefantes del partido cual viejos automóviles.

El resultado es un PD inseguro y de voz débil, que cae en los sondeos y vive a remolque de un Gobierno que, pese a estar dirigido por un hombre del PD, no acaba de ser bien digerido por las bases del partido. De modo que es Berlusconi quien marca la agenda política mientras Enrico Letta —un sólido dirigente político de calado europeo— no se encuentra en condiciones de mediar, entre una derecha robusta y una izquierda demasiado frágil e insegura.

Berlusconi lo cifra todo en la reducción de impuestos; el PD, en la situación laboral, para atajar un desempleo preocupante. Otras medidas urgentes, como la lucha contra la corrupción que devora cada año 60.000 millones, han acabado en un rincón, junto al conflicto entre los intereses económicos-televisivos de Berlusconi, sus intereses políticos y el interés general.

El actual Gobierno es el único posible, y Letta es el único que puede negociar hoy con credibilidad ante Europa la mitigación de una austeridad sofocante. Pero la izquierda está desgarrada entre su sentido de la responsabilidad y su propio principio de identidad, que exige que sea alternativa a una derecha con la cual debe gobernar. Un jeroglífico metapolitico, casi existencial. De momento, el país aguarda, en el marco de una crisis sin resolver, mientras crecen el descontento, la percepción de las desigualdades, la crisis de representación, el sentimiento de exclusión social. Ingredientes todos que favorecen el populismo, facilitan la demagogia de la derecha y amenazan con agigantar el verdadero fenómeno de este arranque de siglo: la antipolítica.

(Traducción de Carlos Gumpert)

Zahra Shahid Hussain, vicepresidenta del partido para la región central, ha muerto esta tarde tras ser emboscada por dos hombres en motocicleta que la aguardaban a la salida de su domicilio.

"Abrieron fuego sobre ella tan pronto como llegó a la puerta de su domicilio", declaró una fuente policial. Poco después, el superintendente Nasir Aftab indicó que se trató de un robo fallido. "Ella murió cuando se resistía a un atraco a mano armada", dijo el oficial.

Un testigo indicó que los ladrones abrieron fuego sobre ella después de llevarse sus pertenencias. Recibió dos disparos en la cabeza a quemarropa, de acuerdo con fuentes médicas de un hospital privado donde fue ingresada. "Una bala entró por su barbilla, subió hasta la cabeza y salió por la nuca", indicaron estas fuentes a la cadena GEO TV.

Imran Khan, excapitán del combinado nacional de cricket, condenó el asesinato y exigió justicia inmediata a través de su cuenta de Twitter, e hizo responsable del ataque al líder del Movmiento Muttahida Qaumi, Altaf Husain, quien hace unos días amenazó a los responsables del PTI por organizar sentadas contra el fraude electoral en Karachi. Husain, no obstante, también ha condenado el atentado.

“No estoy satisfecho de ninguna de las maneras de los resultados obtenidos a lo largo de estos meses”, admitió el presidente del Gobierno en su intervención en el cónclave interparlamentario de los populares celebrado en Salamanca. “Creo que hemos marcado un rumbo... Claro, destruir es muy fácil y construir es muy complicado, pero quiero que sepáis que esta situación la vamos a superar”, auguró.

Sin detallar a qué impuestos se refería, el jefe del Ejecutivo abundó, en definitiva, en la defensa de las medidas adoptadas. Muchas han sido cuestionadas duramente en las últimas semanas, después de que el desánimo se apoderara del partido. Por eso, ayer desarrolló el discurso del Comité Ejecutivo Nacional del pasado 6 de mayo, cuando fijó en 2015 el tope para bajar el IRPF y justificó que incumplió el programa electoral para evitar la intervención de España. “Ahora ya no se habla de la prima de riesgo... Y nadie me pregunta por el rescate”, manifestó antes de recordar que sin la subida de impuestos criticada en repetidas ocasiones por un sector encabezado por Esperanza Aguirre España no hubiera alcanzado una reducción del déficit público de 22.000 millones. También gracias a esa cifra el Gobierno pudo negociar con Bruselas un objetivo para este año del 6,3% frente al 4,5% previsto inicialmente. “Hombre, por lo menos reconozca que hemos ahorrado 18.000 millones de euros de recortes este año”, apuntó.

Ante la batalla interna por el reparto del déficit —que inquieta a la mayoría de los barones del PP porque temen que el Ejecutivo acabe beneficiando a Cataluña por razones políticas—, Rajoy trató una vez más de ofrecer su justificación. “El objetivo del Gobierno”, señaló, “no es reducir el déficit público, ni que la deuda pública sea de un modo u otro, ni que el déficit exterior sea de una manera u otra”. “Eso es instrumental: el objetivo del Gobierno es crecer, crear empleo y mejorar los niveles de bienestar de la gente”, agregó frente al anfitrión del acto, el presidente de Castilla y León y veterano dirigente popular Juan Vicente Herrera. Minutos antes, este le había pedido desde la misma tribuna un reparto “proporcional al gasto público de cada Administración, algo más del 35% del total en el caso de las comunidades” y, tras culpar al Ejecutivo de Artur Mas de haber generado un “debate crispado” en torno a esta cuestión, hizo una admisión que resume el clima interno del PP en las últimas semanas. “Tal vez todos hemos precipitado un debate público, lleno de gestos de declaraciones individuales y poco favorecedor de acuerdos”, reconoció Herrera.

Rajoy, que empezó su intervención titubeando, como si quisiera ganar tiempo para reflexionar, se limitó a prometer que su Gobierno perseguirá “una distribución ordenada [del déficit] entre todas las Administraciones, las autonómicas, la central y la Administración de la Seguridad Social”. “El gasto mayor que tiene España son las pensiones. En pensiones nos gastamos la cuarta parte del gasto público total español”, agregó sin aclarar más, en un momento en que precisamente el debate sobre la reforma de las pensiones acentúa el pulso y las diferencias dentro del partido y del Gobierno. No obstante, se mostró una vez más convencido de que se llegará al consenso sobre el déficit aunque los intereses de todos no coincidan: “Somos seres humanos civilizados y sensatos, y vamos a llegar a un acuerdo”.

Más tarde, en una conversación informal con periodistas, el presidente aseguró, como adelantó ayer, Cristóbal Montoro, que las decisiones sobre el reparto del déficit no están todavía cerradas y también destacó que esta disputa no le preocupa.

Cualquiera que asista a un juicio de estas características se preguntará qué hacen los procuradores, a qué se dedican, por qué el cliente se ve obligado a pagarles por sus servicios, además de pagar al abogado. Pero lo cierto es que ahí están, desempeñando una función fundamentalmente administrativa entre bambalinas, y en el centro de un debate que desde hace años cuestiona si realmente son necesarios.

Pues bien, el debate sobre su supervivencia ha sido cortado de cuajo. El Gobierno ha acudido al rescate de este colectivo nacido en 1881, al que muchos consideraban al borde de la extinción. La salvación de este conjunto de más de 10.000 profesionales viene por la vía de ampliar sus funciones y de otorgarles el rango de agentes de la autoridad. Todo ello, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también encierra la apertura de una vía para fórmulas de pago para el que busque una justicia más ágil, algo que ha puesto en pie a profesionales del sector.

Los procuradores son los encargados de engrasar una máquina judicial aún dependiente de entregas de notificaciones y citaciones en papel. El correo electrónico, o más precisamente, las comunicaciones telemáticas, se utilizan solo en un 35% de los 50 millones de notificaciones que pasaron por manos de los procuradores en 2012. Se sigue notificando sobre todo en papel y el procurador debe estar de arriba para abajo trasladando documentos, circunstancia que a algunos, como al procurador José Luis Pinto, les llevó a cambiar de vehículo para ser más rápido y diligente: “Me he tenido que comprar una moto, me quita mucha ansiedad”, confiesa en las inmediaciones del juzgado número 39.

A partir de ahora, además de engrasar la máquina, los procuradores van a poder cobrar por ser ellos los que notifiquen a las partes en sus domicilios (función que podían hacer pero que, de hecho, no hacían por la obligatoriedad de acudir con dos testigos para dar fe de sus notificaciones, restricción que el anteproyecto ahora levanta). Y cobrarán una cantidad que oscilará entre los 40 y los 60 euros por notificación, según confirma el Ministerio de Justicia (el número de notificaciones oscila mucho en función de cada proceso, pueden ser cuatro, pueden ser 20).

Así el ciudadano litigante tendrá la opción de elegir entre los trámites lentos de unos sobrecargados servicios de notificación del juzgado, o el trámite rápido de un procurador. “Esta parte de la reforma es una forma de privatización de la Justicia”, reconoce en su despacho la procuradora Rocío Sampere Meneses, “pero ahorra mucho tiempo al cliente”. Sampere dice que la Administración podría llegar a tardar meses en realizar una notificación frente a los tres días que pueden demorarse los procuradores. “Todo esto va a agilizar la justicia”.

Ese es el objetivo del Gobierno, como explica Juan Bravo, subsecretario del Ministerio de Justicia. “Introducimos un sistema de competencia entre procuradores y servicios de notificaciones de los funcionarios de la Administración de modo que el demandante podrá elegir”. Y añade: “No estamos privatizando nada. Siguen funcionando los servicios comunes, que quedarán descargados de trabajo. ¿Qué aporta esta fórmula? Agilidad y rapidez”.

Rafael Fluiters, titular del juzgado número tres de Primera Instancia de Madrid, tiene una visión distinta. Dice que el anteproyecto, en la práctica, va a suponer agilizar los trámites solo para aquellos que puedan pagarlos: “Por ejemplo, los bancos y las inmobiliarias”, ilustra. “El que pueda pagará para que todo vaya más rápido. Eso se llama Justicia de dos velocidades”.

Verónica del Carpio, abogada con 27 años de profesión a sus espaldas, profesora de Derecho Civil y bloguera deja bien claro su punto de vista: “Si las funciones que antes hacían unos funcionarios, de forma gratuita, ahora las podrán hacer profesionales autónomos, cobrando, eso se llama privatización de la justicia. No es una opinión. Es un hecho”.

De confirmarse el texto del anteproyecto, entre las nuevas funciones de los procuradores estará la localización de bienes de un demandado y su embargo. Es decir, el litigante que quiera que un embargo se agilice, pagará. Los lanzamientos hipotecarios —desahucios— han quedado excluidos de las nuevas funciones de los procuradores.

En España, a diferencia de otros países europeos, el representante del cliente en un juicio no es el abogado, sino el procurador. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya proponía el pasado 27 de febrero la eliminación de la figura del procurador y el fin de esta exclusividad en la representación del cliente (en la estela de la directiva 2006/123/CE sobre prestación de servicios).

De hecho, el subsecretario Juan Bravo declara que los borradores de la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía (que tal vez podría estar lista antes del final de año, dice) contempla poner fin a la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Es decir, los abogados podrán representar al litigante (con lo cual se pone fin a la exclusividad en la representación); y los procuradores podrán realizar funciones de defensa.

“El avance de las tecnologías hace que sean totalmente prescindibles”, señala el director de iabogado.com, Javier Muñoz Pereira, que dice que el hecho de que sea obligatorio contratarlos hace que se encarezca la Justicia. “Pero han hecho una función de lobby y han marcado un gol”. La abogada Verónica del Carpio sugiere que han contado con la protección del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha encontrado en ellos unos aliados después de toparse con el rechazo en otros ámbitos judiciales. “Esa protección de la que se habla es la misma que ha habido con los ministros que le han precedido”, asegura en su despacho Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. “Nos consideran útiles y necesarios, y saben del riesgo de colapso de la justicia si no estamos ahí”, señala.

El anteproyecto está ahora pendiente de los dictámenes que haga el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo General de Procuradores, y el Consejo General de la Abogacía antes de ser remitido al Parlamento.

Blesa aspiraba a un tercer mandato. No lo consiguió. La pelea entre la entonces presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, y el que era alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dio al traste con sus objetivos. Gallardón le apoyaba, mientras Aguirre, que hacía tiempo que ansiaba meter el diente en la caja y se había topado con un Blesa irreductible, quería colocar a uno de los suyos. Propuso a Manuel Pizarro.

Tras una reyerta sin precedentes, en la que se filtraron papeles y créditos polémicos (como el concedido a Gerardo Díaz Ferrán, miembro del Consejo de Administración de la entidad) y retirado del conflicto Pizarro, Aguirre quiso colocar a su (entonces) fiel Ignacio González. Gallardón puso la proa y Mariano Rajoy, todavía aspirante a presidir el Gobierno, se vio obligado a intervenir colocando a Rodrigo Rato, aunque antes barajó el nombre de Luis de Guindos.

Así acabó la batalla de Caja Madrid y, en 2011, Blesa se quedó compuesto y en la calle, aunque con una indemnización de 2,5 millones de euros. La misma cantidad que le ha exigido el juez Elpidio José Silva como fianza para evitar la prisión a la que le había enviado por una “gestión aberrante” en la adquisición del City National Bank of Florida en 2008.

El calificativo ronda en la cabeza de Blesa desde que conoció el auto del juez, que ha investigado sus ordenadores personales y según quien la caja concedió un préstamo de 421.000 euros sin la “autorización” de la Comunidad de Madrid, como era preceptivo para los consejeros. Es el mismo juez que entiende del crédito de 25 millones concedido a Díaz Ferrán, inquilino de la misma prisión en la que Blesa pasó la noche del jueves. Blesa está convencido de su inocencia y de que, alentado por los comentarios de fiscales, el juez se ha extralimitado.

Al final el PP se lo dio y el PP se lo quitó. Miguel Blesa de la Parra (Linares, Jaén, 1947) había llegado a Caja Madrid por decisión política y se fue por el mismo imperativo. Aterrizó en la presidencia de la entidad el 11 de septiembre de 1996, solo unos meses después de que el PP ganara las elecciones. Era un desconocido, aunque llevaba tres años sentado en el consejo de la entidad en representación del PP. Su principal bagaje era la estrecha amistad con el nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar, del que era compañero de profesión y con quien había compartido destino como inspector fiscal en Logroño.

Por ese motivo, Blesa había aparecido como candidato a presidir varias empresas públicas en el reparto de poderes que, por criterios puramente políticos, aplicó el Ejecutivo de Aznar. Pero su destino era la caja, donde su nombre ya había sido barajado cuando, un año antes, el PP había ganado las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, los hombres del PP en la entidad, encabezados por Rodolfo Martín Villa, mantuvieron su apoyo a Jaime Terceiro. Pero se había abierto la brecha y aquella tregua solo duró un año. Hasta entonces, Blesa se había mantenido en la retaguardia, acostumbrado a pasar desapercibido en el Consejo, con un perfil de hombre comedido, sensato y de trato agradable. Aunque parecía poco dado a meterse en líos, la oferta de Aznar acabó tentándole y solo necesitó paciencia.

Para su nombramiento, en cualquier caso, el PP tuvo que alcanzar un pacto contra natura con Comisiones Obreras de Banca (Comfia), dirigida entonces por la volcánica María Jesús Paredes, e Izquierda Unida. La toma de poder justifica cualquier movimiento y, a juzgar por esos pactos, da igual la ideología. El viernes, Comfia criticó la decisión del juez Silva, pero ayer la dirección de CC OO se desmarcó y reclamó que se depuren cuanto antes las “posibles responsabilidades penales”. Con el acuerdo en 1996, IU y el sindicato ganaron fuerza en el consejo y el PP, la presidencia, pese a que alguno de sus representantes tuvo que taparse la nariz para votar a favor.

Son incidencias de la política, que se repetían en todas las cajas y que han llevado al sector a una de las reconversiones más sonadas de la historia mercantil española. Las cajas, acostumbradas a gestionar los ahorros de los ciudadanos y la obra social, se dejaron llevar por el boom del momento entrando en todas las burbujas que iban apareciendo y dejándose arrastrar por todas las modas, sin prestar mucha atención a los riesgos que tomaban.

A todo eso sucumbió la Caja Madrid de Miguel Blesa, que pasó en poco tiempo de ser un lego en la materia a familiarizarse con la operativa bancaria. Cuando llegó a la presidencia, la entidad era una de las mejor gestionadas del panorama hispano. Blesa cogió esa inercia y pilotó con prudencia. Los resultados seguían creciendo y la bonanza le condujo a ampliar su horizonte de miras. Su objetivo inicial fue ganar tamaño y salir fuera del ámbito de la comunidad madrileña e, incluso, abogó por la privatización, tomando en ambos casos las predicciones manejadas por su antecesor.

En esa obsesión por crecer, apostó por entrar en el accionariado de grandes grupos, algunos de ellos privatizados, como Telefónica y Endesa, donde pegó un verdadero pelotazo con la venta de su paquete tras la pelea desatada por la OPA de Gas Natural. Con los réditos entró en Iberia, donde se hizo principal accionista.

Las plusvalías elevaban el beneficio atípico mientras continuaba una agresiva política comercial. Pero, además, y eso fue su perdición, la caja se pasó de frenada en la concesión de créditos para la promoción inmobiliaria, llevado sin duda por la fiebre del ladrillo, y cayó en algunos agujeros históricos como el de Martinsa, a la que había prestado 1.000 millones, o el de la arrocera SOS, en la que se había convertido en accionista de referencia. Otra decisión fue la expansión exterior, quizá cegado por seguir la estela de los grandes bancos y La Caixa, con la compra, entre otros, de la firma hipotecaria Su Casita, en México, y la del citado banco de Florida, por 750 millones.

La caja entró en una situación vertiginosa, el control se desbocó y solo el exceso de confianza explica la compra por 815 millones a Repsol en 2007 de una de las torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, del que es hincha, o la construcción del obelisco por 15 en la plaza de Castilla para conmemorar los 300 años de la entidad, fundada, como monte de piedad, por el padre Piquer.

Pero la caja ofrecía beneficios y en eso se escudaba Blesa cuando tuvo que entregar el mando, por imperativo político, a Rodrigo Rato, quien trazó una huida hacia adelante con una fusión incomprensible de siete cajas tan tocadas como Caja Madrid y todas controladas por gobiernos autonómicos del PP, y con el único objetivo de convertirse en primer banquero de España. Al final, Bankia, resultado de esa integración, ha tenido que ser rescatada con dinero público.

Antes de hacer carrera financiera, Miguel Blesa alcanzó un reconocido prestigio como asesor fiscal en un despacho en Madrid. Estudió Derecho en Granada y se trasladó a Madrid para opositar a inspector de Finanzas del Estado. Se preparó en la academia CEU y suspendió la primera vez que lo intentó. Esa circunstancia le supuso conocer, en el siguiente intento, a un hombre cinco años más joven llamado José María Aznar.

Ocurrió en 1974. Blesa ya estaba casado con María José Portela, de la que se divorció años más tarde y con la que tiene una hija (ahora tiene previsto casarse el próximo 8 de junio con su actual compañera, que conoció en la caja). Los dos compañeros acudían con frecuencia a la casa de Blesa a estudiar. En ocasiones, Ana Botella iba a buscar a Aznar, lo que condujo a la estrecha amistad de ambas parejas que pasaban vacaciones en común en el Pirineo catalán y en Oropesa del Mar (Castellón).

Aznar y Blesa aprobaron la oposición. En ese momento había plazas libres en Soria y en Logroño y los matrimonios decidieron trasladarse a la capital riojana. Vivieron, incluso, en el mismo edificio de la calle de San Antón, los Aznar en el séptimo piso y los Blesa, en el octavo. Es en esa época cuando Aznar, que escribe artículos en la prensa local, le confesó a Blesa su vocación política. No tardaría en acercarse a la Alianza Popular de Manuel Fraga. Blesa era entonces más cercano al PSOE. Era el progre de la pareja y Aznar, el conservador. Mientras Aznar iniciaba su carrera política, Blesa pasaba al gabinete del ministro de Hacienda Jaime García Añoveros, de UCD, en 1979. Permaneció en el ministerio hasta 1986. En los noventa, pasadas sus veleidades socialistas, entró en la fundación FAES, el laboratorio de ideas del PP.

Según Fars, ambos fueron ahorcados esta madrugada, el primero de ellos, Mohamad Heidary, condenado por haber reunido información sobre cuestiones secretas y de seguridad del país que supuestamente vendió a agentes del Mosad en viajes al extranjero.

El otro hombre, Kurosh Ahmadi, mantuvo relaciones con miembros la CIA y les dio información sobre Irán, según la agencia local.

La fuente no da más detalles sobre esas personas, que fueron condenadas a muerte al considerarlas el sistema judicial iraní "mohareb" (enemigos de Dios) ni sobre dónde fueron ejecutadas.

En Irán, un estado teocrático musulmán chií, rige una versión de la ley islámica o sharía por la que pueden ser condenados a muerte, entre otros, los asesinos, violadores, narcotraficantes y "aquellos que atenten contra la ley de Dios y la República Islámica".

Antes de que los demás percibieran el ritmo de los acontecimientos en la Rusia postsoviética, Kasparov, inspirado en el ejemplo de antiguos y célebres disidentes del comunismo, alertó de que su país se precipitaba hacia la dictadura. Eso lo convirtió en un personaje detestado en el Kremlin, pero al mismo tiempo incómodo en Washington y en otras capitales en las que se busca un acomodo con el Gobierno de un país del tamaño y la historia de Rusia.

Su principal ámbito de actuación es el de los derechos humanos, sobre el que esta semana ha hecho una nueva y enérgica denuncia en el Oslo Freedom Forum, del que es uno de los fundadores. En una conversación con EL PAÍS, Kasparov insiste en el peligro que Putin representa para Rusia y el resto del mundo.

Pregunta. ¿Qué ha cambiado en esta segunda presidencia de Putin? ¿Cómo van las cosas?

Respuesta. Las cosas van de forma desastrosa. Rusia está concluyendo el proceso de transformación de una dictadura de partido único a una dictadura de un solo hombre. Eso es una mala noticia, pero al mismo tiempo buena. Porque es una agonía, el régimen es menos flexible, tiene menos capacidad de maniobra, está entrando en su fase final, que creo que no durará mucho. Creo que en los próximos dos o tres años veremos una explosión masiva, pero a un costo muy alto para el país, porque Putin no se va a ir porque sea impopular o porque pierda elecciones. Putin conservará el poder hasta el amargo final, y Rusia ha pasado la fase en la que puede haber una transición pacífica del poder.

P. ¿Cuál es el plan de Putin?

R. Estar en el poder todo el tiempo que se le permita estar.

P. Pero en Rusia existe una Constitución, unas leyes.

R. Sí, pero todo está condicionado y puede ser cambiado de acuerdo a su voluntad de permanecer en el poder. Su Gobierno ya es ilegítimo, porque ya está en su cuarto mandato de hecho [cuenta los cuatro años de presidencia de Dmitri Medvédev], aunque técnicamente sea el tercero, y ha demostrado que la Constitución para él es un pedazo de papel que puede utilizar a su antojo.

P. ¿Cuál es entonces la manera de frenar a Putin?

R. Rusia, el pueblo ruso, perdió una gran oportunidad en los noventa de cambiar de verdad las cosas. En cuanto al régimen de Putin, es muy difícil porque Putin ha tenido mucha suerte y la gente mayor en Rusia lo ve como una mejora respecto a los tumultuosos y peligrosos años noventa.

P. ¿Qué quedó de lo que se llamó la primavera rusa, las protestas de hace dos años?

R. Tuvo algunos resultados, entre otras cosas porque demostró que al régimen no le importa nada la opinión de los ciudadanos y demostró la naturaleza ilegítima del Gobierno de Putin. No se puede decir que la gente que protestó ha desaparecido. Esa gente sigue ahí. Hasta diciembre de 2011 no encontrabas más de 4.000 personas en las protestas, hoy se reúne un mínimo de 25.000. Y, en los momentos álgidos, hemos visto más de 150.000 personas en la calle. No es suficiente, pero la protesta está ahí, y el objetivo es conseguir manifestaciones realmente masivas en las calles.

P. ¿Esa es su estrategia contra Putin, protestas callejeras?

R.  Solo las protestas conseguirán derribar el régimen. Putin no va a entregar el poder mediante un pacífico proceso constitucional.

P. Y, personalmente, ¿qué papel juega usted en el proceso de derrocamiento de Putin y después?

R. Yo no creo que este sea el momento de que nadie haga planes personales. Yo hago lo que puedo para derribar el régimen. Una vez que mi país sea libre, yo puedo considerar diferentes opciones. Pero yo ya he tenido suficiente gloria en mi vida, así es que no tengo grandes expectativas personalmente. Lo importante para Rusia y, por cierto, para el mundo, es derribar a Putin, porque mientras esté ahí influye en otros países, incluido el suyo.

P. ¿Qué pretende Putin en Venezuela y en América Latina?

R. Todos los dictadores sobre la faz de la Tierra tienen lazos estrechos, sean Putin, el Gobierno chavista, Irán, Corea del Norte, Siria… Tienen contactos. Hacen negocios juntos, pero, más importante que eso, se apoyan los unos a los otros porque no quieren cambios y tienen miedo del efecto dominó. Temen que si uno cae, caigan todos los demás.

P. ¿Cree que Putin trata de reconstruir el imperio soviético?

R. No, no es eso. No es ideológico, es una cuestión de mafia. Todo está basado en el dinero y en el poder, no en la ideología.

P. ¿Su relación con el Gobierno de Venezuela es una cuestión de dinero?

R. Venezuela tiene dinero. Yo creo que más bien se están protegiendo el uno al otro. Porque si Putin cae, el Gobierno chavista perdería un aliado fundamental en el exterior. Y, si el Gobierno chavista cae, muy probablemente todos los demás Gobiernos de América Latina que le siguen harían frente, seguramente, a grandes problemas.

P. ¿Qué posición va a mantener Putin en la crisis de Siria?

R. Va a apoyar a (Bachar el) Asad hasta el final, porque teme que, si cae El Asad, muchos rusos van a interpretar que también Putin puede caer. Esta es la gran hermandad de dictadores, que se protegen hasta el final.

P. Las negociaciones actuales con Estados Unidos sobre Siria, ¿son entonces una mera mascarada?

R. Bueno, Estados Unidos es un superpoder y Putin tiene que calmar la ansiedad de la burocracia rusa que puede preocuparse de que sus intereses no estén bien defendidos en Estados Unidos y Europa. Putin trata de negociar con Estados Unidos para contener los efectos del caso Magnistky [el abogado ruso cuya muerte en prisión provocó, como represalia, una ley de sanciones de Estados Unidos contra funcionarios rusos]. Ese es su único objetivo. No comparten los mismos intereses. A la hora de la verdad, Putin no va a ofrecer ninguna solución viable en Oriente Próximo, porque sus intereses son completamente distintos. Nosotros queremos que los precios del petróleo bajen para aliviar la economía mundial; él quiere que suban, para que él, y los chavistas y los mulás se mantengan en el poder.

P. ¿Le parece equivocada entonces la política de diálogo de la Administración de Barack Obama?

R. No sé. Creo que se trata de un viejo problema. Hace 75 años, el mundo trataba de apaciguar a Hitler, y hoy se intenta la misma política de apaciguamiento con Putin. No podemos negociar con dictadores; no funcionó hace 75 años y no va a funcionar ahora.

La hija pequeña, de seis años, nació en España, es la única de la familia con doble nacionalidad, a la espera de que sus padres y hermana obtengan la española en 2015. El sentimiento de pertenencia a uno u otro país, sin embargo, no es un tema de conversación en la familia. “No es importante”, considera Bastos. “Somos una familia normal, trabajamos mucho, tenemos coche, una casa de alquiler y las niñas nunca nos han dicho que se sientan discriminadas, ni han tenido problemas por ser hijas de extranjeros”, afirma la madre.

El proceso de integración como descendientes de inmigrantes que han vivido las hijas de Bastos es la tendencia positiva de integración que describe el estudio sobre inmigrantes de segunda generación realizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad de Princeton. Un 50% de los encuestados, en total fueron 6.900 adolescentes de centros escolares concertados y públicos, declararon sentirse españoles. La mayoría, además, continúa con sus estudios y aspira, como los autóctonos (hijos de españoles) a llegar la universidad, aunque todavía muy pocos lo consiguen.

“La integración es lenta pero favorable. La sociedad española ha acogido bien a la población inmigrante. Aunque no estamos exentos de actitudes racistas, no se han producido grandes estallidos de violencia o conflictos como sí ha sucedido en Francia, por ejemplo”, explica Rosa Aparicio, socióloga coautora del estudio. El 11% de la población en España es extranjera.

Iñaki García, también sociólogo experto en inmigración, no es tan optimista. En su opinión, las posibilidades “reales” de conseguir sus anhelos son todavía remotas en comparación con las oportunidades de los autóctonos. “Precisamente, las notas escolares que están sacando [medio punto más bajas, según el estudio] y el nivel de ingresos de las familias [muy por debajo de las autóctonas] son los dos indicadores más importantes para hacernos una idea de qué probabilidades reales tienen de obtener un título universitario”, detalla.

Pese a las diferencias económicas, Aparicio señala que “existe bastante igualdad de oportunidades”, aunque reconoce que la crisis puede revertir los avances en este sentido. Ante los recortes y la escasez de ayudas públicas como becas de estudios, ayudas a la vivienda o para libros, puede cobrar fuerza el pensamiento de que “los nacionales primero”, dice la experta. “Pero esta actitud no es muy fuerte en España”.

Los dos hijos de Pauly Osorio, ecuatoriana de 31 años que vive en un pueblo de Cáceres, dicen no saber lo que es discriminación en España. “El mayor vino cuando tenía 20 meses y ahora tiene 13. Sabe que es ecuatoriano. No le da importancia”, dice la madre, que trabaja en el mantenimiento edificios. “Tampoco sus amigos, que siempre han sido españoles porque es el único extranjero en la clase”, añade.

Los expertos puntualizan, sin embargo, que no sentirse discriminados no quiere decir que no lo sean. “A veces es muy sutil”, dice Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui. “Aunque sean españoles se les sigue percibiendo como inmigrantes y no tienen las mismas oportunidades. ¿Qué piensa un empresario si le llega un currículum de un joven que se llama Mohamed?”, pregunta. “Seguramente le descarte aunque esté igual de preparado que un nativo”, responde.

Un indicador menos subjetivo es la amistad. Los amigos de los inmigrantes de segunda generación son mayoritariamente autóctonos. Una “mezcla que fomenta la integración”, dice Aparicio. En este sentido, también la dispersión de las familias inmigrantes en el territorio español es crucial. “No se han formado grandes guetos”, subraya Héctor Cebolla, profesor de Sociología en la UNED. “Tampoco en las grandes ciudades”, señala Aparicio. “Hay algunos barrios con más población inmigrante en Madrid o Barcelona, pero no es comparable con la gran concentración, sobre todo en suburbios, que se observa en otros países europeos”.

Las costumbres comunes también tienen mucho peso en el proceso de integración. Así, la población latinoamericana en el país presenta los índices más altos de integración. Dominar el idioma facilita el éxito académico de los pequeños y la empleabilidad de los padres, según Aparicio. Pese a la ventaja lingüística, los hijos de argentinos, mexicanos o colombianos no son los que más se identifican como españoles, sino los filipinos. “Conservan valores y costumbres comunes a las españolas”, señala María Dolores Elizalde, investigadora científica sobre ese país del CSIC. “Celebran la Semana Santa y Navidad como en España; toman polvorones y turrón como nosotros. Y la cocina filipina es muy española. Sus platos típicos son el lechón y el adobo. También los bailes y música tradicionales son muy hispánicos. Tienen rondallas, jotas y fandangos”, detalla Javier Ruescas, director de la Asociación Cultural Galeón de Manila.

En el otro extremo, los hijos de marroquíes, la segunda comunidad de inmigrantes más importante en España tras los rumanos, son los que menos se identifican con el país, los que peores notas sacan de media y los que menos continúan en el sistema escolar. Aparicio no cree que la cuestión religiosa tenga que ver con una peor integración de estos adolescentes en la sociedad, sino por el estereotipo que los propios españoles tienen de ellos. “Les atribuimos que no respetan los derechos humanos, que minusvaloran a la mujer y otra serie de características negativas”, explica. Ese rechazo dificulta, según la experta, la asimilación cultural en ambos sentidos.

Aunque la inmigración se ha frenado y se ha avanzado en términos de integración, todavía queda mucho camino por recorrer. Los expertos alertan de que los recortes en programas y políticas públicas pueden dar al traste con lo conseguido hasta ahora con el esfuerzo de los que llegan y la hospitalidad española.

Para esos hombres, Ras estaba profanando el lugar más sagrado para el judaísmo, un muro que contenía un recinto en el cual, según la tradición, se hallaba en tiempos inmemoriales un templo que guardaba el Arca de la Alianza. Lo que hacía allí esta madre de dos hijas, nacida en Nueva York hace 54 años, de apariencia y voz afable, era, simplemente, rezar.

El muro es un lugar de culto férreamente controlado por rabinos ultraortodoxos, que no solo dividen su acceso entre hombres y mujeres, sino que imponen una serie de tradiciones que mujeres como Ras están decididas a cambiar. Cuando comenzó, en 1988, la lucha del grupo Mujeres del Muro parecía quijotesca. Rezan en ese lugar sagrado, dentro de la sección estrictamente reservada a las mujeres, con un atuendo tradicionalmente reservado a hombres. Durante la oración, Ras se cubrió la cabeza con el taled, un manto de oraciones con flecos. Leyó de la Torá y enunció el kadish, un rezo religioso que, según la tradición, solo puede articularse en presencia de al menos 10 varones mayores de 13 años. Otras mujeres se aplicaron las filacterias, unas cajas con pergaminos de las escrituras, unidas a unas cintas de cuero, sobre un brazo y la frente. Un sacrilegio para los ultraortodoxos.

Pero este mes, por primera vez, la policía estaba para protegerlas. Hasta ahora, por lo mismo, eran detenidas. A Ras, de hecho, la arrestaron en tres ocasiones. Tras la última, el 11 de abril, la policía presentó cargos porque un fallo de 2003 de la Corte Suprema de Israel prohíbe a las mujeres rezar del modo en el que lo hacen los hombres ante el muro. Finalmente, el mes pasado, la justicia ordinaria falló a su favor. El caso, El Estado de Israel contra Ras, abrió el camino a toda una revolución en los usos y costumbres del muro.

“Cuando oí el veredicto sentí alivio, pensé que todo había acabado, después de tantos años de lucha”. Comenzó a acudir al muro en 2009. Un año después se mudó de Estados Unidos a Israel. “Los rabinos ultraortodoxos nos ven como una amenaza a su modo de vida. Y buscan que las mujeres no sean vistas en público, que no se unan en grupos. Eso ya no cabe en el nuevo Israel”, añade.

Puede, sí, que la justicia esté de su lado, pero esos mismos rabinos no se van a resignar. Y durante el último rezo se esmeraron en mostrar músculo. Enviaron al muro a miles de estudiantes de sus yeshivas para ahogar a las mujeres en un ensordecedor océano de rabia. “Son unas reformistas”, gritaba, a modo de insulto, Nachman Manweiss, un estudiante de 21 años que se dejaba los pulmones. “Esto es una ofensa a lo más sagrado de todo lo sagrado. A mí no me importa que recen como quieran, pero que no lo hagan aquí”, dijo.

Hace solo unos meses parecía que la determinación de las mujeres iba a abrir fisuras irreconciliables en el muro y en Israel. Muchas de esas fieles son norteamericanas. “Vengo de una familia muy comprometida con la lucha por los derechos civiles en mi país”, asegura Ras. Los arrestos, que comenzaron en 2009, crearon indignación en Estados Unidos, el aliado más fiel de Israel en la escena internacional, y fuente inagotable de donaciones económicas. Por ello, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió buscar una solución de compromiso. Y le encargó buscarla a Natan Sharansky, director de la Agencia Judía, un organismo que sirve de enlace entre Israel y las comunidades de fieles judíos del mundo.

Sharansky, varias veces ministro, es una figura muy respetada en Israel. Antes de emigrar, fue un disidente en su Unión Soviética natal, donde estuvo encarcelado por luchar para que el Gobierno permitiera emigrar a ciudadanos judíos. En abril propuso un plan: ampliar la plaza dejando la parte que ya está en uso en manos de los rabinos ultraortodoxos y creando un nuevo oratorio bajo el control conjunto del Gobierno de Israel y la Agencia Judía.

Su idea es erigir una plataforma elevada sobre unos restos arqueológicos. Es una zona de unos 80 metros de largo, donde Sharansky propone que se permita lo que él llama “rezo igualitario”, donde cada creyente podrá orar como desee, mezclados hombres y mujeres. El Gobierno aún debe aprobar formalmente esa propuesta, aunque Netanyahu se ha mostrado a favor.

“Por primera vez en la historia tendremos en el muro representación igualitaria, cualquiera podrá decidir dónde reza, sin por ello tener que violar las costumbres tradicionales del lugar”, explica Sharansky en su oficina de Jerusalén, ante una enorme fotografía del muro, que cuelga en la pared. “El que quiera rezar según el rito de los rabinos ortodoxos podrá hacerlo. La única diferencia es que habrá otra zona para rezo igualitario. Todos obtienen algo con esa solución”, añade.

“La propuesta de la Agencia Judía es positiva”, asegura Ras. “Pero nosotras no buscamos simplemente rezar en una zona igualitaria. La justicia nos dio la razón y nos permite leer la Torá, con el taled, en la zona reservada a las mujeres en el muro. Nunca pedimos otra cosa”, añade.

Ya en 1928, en los años del mandato británico, cuando los judíos colocaron por primera vez en el muro una pantalla para aislar a las mujeres de los hombres, los árabes que controlaban el recinto protestaron, y las quitaron, dando pie a unas revueltas en las que murieron 243 personas. La separación de las mujeres, a las que eventualmente se les daría solo el 20% de la plaza para rezar, nacía con violencia. Ahora han conseguido, con el respaldo de la ley, que su voz se oyera claramente en ese lugar sagrado para su religión.

Tradicionalmente los ataques contra las firmas bancarias o los emisores de tarjetas de crédito buscan robar información personal de los clientes para penetrar en sus cuentas. Pero este caso, crearon dinero de la nada accediendo a las bases de datos de una docena de cuentas de tarjetas de débito prepagadas para viajeros que emiten el National Bank of Ras Al-Khaimah (Emiratos Árabes) y el Bank of Muscat (Omán). A la célula neoyorquina le bastó así con utilizar como arma de asalto en los cajeros cualquier tipo de tarjeta magnética, que ellos mismos trucaban con la información que le facilitaban los piratas para retirar el dinero en el momento indicado. Ese alguien, aún sin identificar, logró entrar en la base de datos de dos compañías de procesamiento de pagos en India, EnStage y ElectraCard, elevó los montantes disponibles y eliminó los límites para retirar dinero.

Los ocho implicados en Nueva York retiraron 2,8 millones en dos operaciones relámpago en este flashmob criminal. Se ejecutó en dos tandas: una en diciembre pasado, que sirvió de tanteo, y una más amplia en febrero. El primer ataque se realizó en tres horas; el segundo en unas diez horas. La célula neoyorquina ejecutó 3.750 transacciones. Solo hay un robo que supera esta cuantía en la historia de Nueva York, cuando una banda asaltó en 1978 la terminal de Lufthansa en el aeropuerto de John F. Kennedy y se hizo con un motín de cinco millones. Las mulas de la célula neoyorquina cometieron errores básicos que facilitaron su caza, aunque a las autoridades les llevó seis semanas completar la operación.

Por ejemplo, uno de los acusados llegó a ingresar en su cuenta bancaria cerca de 150.000 dólares en billetes de 20. Con el dinero se compraron relojes Rolex y otros artículos de lujo, un Mercedes todoterreno y estaban a punto de adquirir un Porsche. El supuesto líder del grupo, Alberto Yusi Lajud-Peña, conocido como Albertico o Prime, fue asesinado el 27 de abril en la República Dominicana, dos semanas antes de que se conocieran los arrestos. No se sabe si su muerte está relacionada con el fraude.

El otro país en el que se realizaron arrestos fue Alemania: dos en Düsseldorf. Los acusados en Nueva York se declararon el martes inocentes, pese a aparecer en las imágenes de la vigilancia en los cajeros y de los mensajes de correo enviados a un grupo especializado en Rusia en el blanqueo de dinero. Otros correos hacen mención a un viaje a Bucarest (Rumanía) en enero para llevar efectivo a los organizadores.

A los expertos en seguridad no les extraña que las mentes que están detrás del robo utilizaran bancos de Oriente Próximo e India para dar el golpe. Pero señalan que hay muchas entidades por otras partes del mundo que crean puntos débiles en el sistema, por eso este tipo de ataques tienen éxito. Basta con una simple red wifi mal protegida en una sucursal, un servicio cada vez más extendido en Estados Unidos, para tener una vía de acceso.

No es la primera vez que por las tarjetas se esfuman millones. Hace dos años, por ejemplo, Citigroup sufrió un sonado asalto en el que se robaron 2,7 millones de dólares de un total de 3.400 tarjetas de crédito. Los hackers accedieron a 360.083 cuentas. La propia Reserva Federal registró otro ciberataque el pasado febrero. Los piratas lograron acceder a su portal en Internet y desde ahí tuvieron a mano una cantidad muy limitada de datos. Fue un serio toque de atención para el banco central más poderoso del mundo, que cuestionó la seguridad. En los casos de Citi y la Fed, los hackers actuaron desde fuera de EE UU.

El cliente de los bancos suele estar protegido al ciento por ciento por las pérdidas generadas por operaciones fraudulentas. Es el banco el que debe responder. En este caso, además, las 12 cuentas de débito pirateadas no están asociadas a ninguna cuenta particular, por lo que las pérdidas fueron para los dos bancos. El pasado febrero, el Muscat anunció cargas de 39 millones por un fraude internacional, equivalente a la mitad de su beneficio trimestral.

El Gobierno indio investiga los aspectos técnicos de la intrusión para determinar el fallo en el sistema de procesamiento de pagos. MasterCard, que controla el 12,5% del capital de ElectraCard, insiste en que su red de tarjetas nunca se vio comprometida. EnStage, por su parte, tiene su sede en Cupertino, pero el grueso de sus operaciones está en India, país que domina en el negocio de los servicios tecnológicos a empresas del sector financiero.

Como la mayoría de los nacidos en Aguiño (A Coruña), la familia Suárez siempre ha vivido del mar. Consciente de que sus costas ya daban para poco, Alberto, ahora con 34 años, dio el salto. Estudió el mercado y llegó a la conclusión de que el dinero vivía en el cangrejo, y el mejor caladero se encontraba en África occidental. En 2007 embarcó en su nave, el Eros, y navegó hasta allí. Primero fue a Gabón, y las cosas funcionaron. En seis meses podía pescar por valor de 150.000 euros. Hasta que la UE y Gabón cerraron un acuerdo sobre cuotas de atuneros y grandes pesqueros que dejaba fuera su arte, el de la nasa. Así que en 2010 se desvió a Liberia, donde se podía operar con acuerdos privados con el Estado. Liberia obligaba a gestionar los permisos con una agencia intermediaria. Suárez lo hizo con la surcoreana Inter Burgo: 40.000 dólares por seis meses de licencia. Renovó el contrato varias veces, hasta el 14 de febrero de 2012.

Ese día, el Eros estaba descargando en Freetown (Sierra Leona) cuando Suárez y sus 18 tripulantes de Senegal, Guinea Bissau, Sierra Leona y Liberia fueron interceptados y escoltados a Monrovia. Su Gobierno les acusaba de sabotaje económico por entender que su licencia estaba caducada y la habían adulterado. Suárez sostiene que la agencia la había ampliado hasta el 19 de febrero, una información que no se ha podido aclarar con Inter Burgo, que no ha respondido a las llamadas al respecto.

Un simple problema administrativo iba a transformarse en una pesadilla. Tras un año largo retenido en Liberia, Suárez logró escapar de su infierno en África hace solo tres semanas. Ahora se refugia en la bruma de la costa gallega. La entrevista con él arranca en un bar frente a la lonja de Aguiño. Es el único abierto esa mañana gris y tristona. El puerto está vacío. Solo una gaviota cruza el paso de cebra. Los marineros se protegen de la lluvia en la terraza del bar viendo las maniobras de las embarcaciones en el mar; en el interior, un grupo juega a la escoba bajo un cuadro de nudos; en la barra, un señor con bigotillo bebe vino y canta una copla cada vez que alguien le da pie.

Sentado frente a la diminuta taza de café, el cuerpo y la mirada de Suárez son los de un gran animal abatido. Los paisanos le saludan cariñosamente. “Tirando”, contesta siempre que le preguntan cómo va. Luego aclara que el futuro de su tripulación, que sigue en Liberia, es el peso que le hace encorvar las espaldas: “Mi prioridad es arreglar eso y que vuelvan a sus casas”.

Después de su detención, Suárez pagó un aval de 100.000 euros mediante su aseguradora, pero Liberia le retiró el pasaporte. Los funcionarios le citaban una y otra vez a reuniones que luego se anulaban, y ni España ni Portugal —país donde estaba matriculado el Eros— conseguían impulsar una solución. Siendo ciudadano de un país y armador de un barco con bandera de otro, en un primer momento no quedaba claro quién debía presionar para acelerar su libertad. El Ministerio de Exteriores español asegura que el embajador de Costa de Marfil se volcó con el caso y que visitó dos veces a Suárez. Este reconoce que la ayuda española ha terminado siendo fundamental, especialmente a partir de que en junio se estableciera en el país representación diplomática.

Difícil convivencia

Monrovia obligó el primer mes al armador a vivir en un hotel, hasta que consiguió un permiso para trasladarse junto con sus marineros al barco, con cocina y aire acondicionado. Pero fondeados en las aguas estancas del puerto de Monrovia, a 38 grados de temperatura y golpeados por el abrasador viento del Harmattan, el drama echó a rodar. En mayo, uno de los tripulantes liberianos del Eros murió de un problema cardiaco mientras estaba en su casa. “No tuvo nada que ver con el barco, pero yo era su capitán”, cuenta Suárez. “Lo metí en un hospital y no salió adelante”.

Los hombres veían cómo se iban disolviendo en un pesado limbo. Acostumbrados a largas travesías, pensaron que en el barco podrían resistir unas semanas, pero cuando estas se convirtieron en meses, el Eros se transformó en una cárcel.

Cada mañana Suárez desembarcaba para comprar víveres. Mientras, los marineros pasaban los días tumbados al sol. Entre comidas, salarios y gasóleo, el patrón invertía 400 euros diarios, que iba pagando gracias a la ayuda de amigos y familiares. Las extorsiones para introducir los víveres subían su precio.

La tripulación cada vez se sentía más frustrada. Los silencios se cargaban de reproches, y las pupilas rodaban aburridas por cubierta sin más señuelos que la ropa colgada, los restos de comida y el metal crecientemente herrumbroso. Era la mirada del náufrago ante la última galletita salada. En sus países el tiempo continuaba corriendo, y les llegaban noticias de nacimientos, enfermedades y muertes en los que no podían estar presentes. Se lo echaban en cara a su capitán. “Era una presión horrible”, recuerda Suárez. “Ver cómo 15 personas se vuelven contra ti”, dice. “No llegamos a las manos, pero las discusiones eran muy violentas”.

Así que, tras tres meses, Suárez dejó el barco y se trasladó a vivir a casa de uno de los 25 españoles de Monrovia. Desesperado, su único horizonte en la ciudad eran las reuniones con el Gobierno. Los expats, la comunidad de diplomáticos y miembros de ONG, organizaban fiestas a las que cada vez le apetecía menos ir. Se desvaneció hasta el apetito por hablar con su familia por Skype, incluido su niño de tres años, al que no había visto en los dos últimos. “Tratas de tranquilizarles y no puedes, así que es mejor no verlos. Todo el día ocultando calamidades. Y ellos ocultándomelas a mí”, cuenta.

Cadena de muertes

Las negociaciones siguieron avanzando lentamente gracias a la presión de la UE y España. Hasta que Suárez firmó un acuerdo para pagarle a Liberia 90.000 euros de compensación por pesca ilegal. Cuando parecía que estaba todo arreglado, el 9 de abril llegó la llamada. “Estaba en una reunión. Eran los marineros diciendo que ocurría algo horrible. Avisé a una ambulancia”, recuerda Suárez. Cuando llegó al barco se encontró con que Sega Sow, uno de los senegaleses, había bajado a ver la carga de cangrejo de la bodega. “Al abrir una caja, se quedó inconsciente por los gases que habían salido. Cayó y la cara le quedó sobre uno de los charcos formados por el hielo. Se ahogó”.

El consulado de Liberia en España explica que no tiene la potestad para confirmar la veracidad de esta historia. El Ministerio de Exteriores tampoco se compromete. Por aquella época, Suárez no se hablaba con sus marineros. Asegura que no le habían advertido de que se había podrido la carga de cangrejo, con un valor de más de 100.000 euros. “Yo seguía hasta comprando el gasóleo para el frigorífico. Luego vimos que durante dos días hubo un corte de electricidad en la refrigeración: ahí se echó a perder”.

Ahora el cadáver del senegalés espera la autopsia y la repatriación en la morgue de un hospital privado. Monrovia interpreta que el responsable civil de la muerte es Suárez. El empresario sostiene que es de Liberia porque el barco en ese momento estaba confiscado por su Gobierno.

Y mientras, en España el tiempo también había corrido. Una de las desgracias que su familia le había ocultado a Suárez era la enfermedad de su hermana. Solo le avisaron el día en que murió, pocos días después de Sega Sow. “Ya estaba acelerando el salvoconducto para venir a España a negociar los préstamos con los bancos, pero me permitieron adelantarlo”, cuenta.

Ahora el antiguo capitán pasa sus días en casa intentando conseguir el crédito con el que pagar, además del acuerdo, los salarios de la tripulación y su vuelta a casa —una cantidad que oscilará entre 50.000 y 100.000 euros, dependiendo de cómo terminen las negociaciones—. Recuperar el barco es secundario. Está valorado por su seguro en 1.600.000 euros, pero las fotos retratan un buque deteriorado como resultado de los dos años de fondeo. Suárez bebe café y espera una cita con la secretaría de pesca portuguesa para tramitar un pasavante que le permita regresar la nave, arreglarla y replantear su futuro.

Alberto Suárez es consciente de que su historia puede suscitar sospechas como consecuencia de haber optado por una bandera portuguesa, además de haber asumido ante Liberia que pescaba ilegalmente en sus aguas. Asegura que lo primero se debe a que le era mucho más barato matricular su barco en el país vecino; y aunque admite que el acuerdo le da aspecto de culpable, insiste en que no veía otra solución: “Si no, el proceso se podía alargar cinco años”.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente explica que situaciones como la del Eros se han repetido con muchos barcos a los que Liberia ha acusado de pescar con licencias falsas a pesar de tener permisos de intermediarios. Los conflictos por pesca irregular en África se suelen resolver con sanciones o una amonestación. El problema con este caso es que se enquistó. El precario equilibrio de Liberia, un país salido de dos guerras civiles y con el 85% de habitantes pobres, ha lastrado las soluciones.

Mientras cruza los dedos para no recibir más malas noticias de África, la vida de Suárez sigue girando alrededor de una melancólica espera, aunque ahora en su pueblo. Si recupera el barco, lo más lógico sería regresar a Liberia con seis marineros y traerlo de vuelta “Ya veremos. A mi mujer no le hace mucha gracia. A mí tampoco”.

Todos sus elementos parecen diseminados desde las alturas sin ton ni son; de hecho, algunos han cambiado tanto de sitio que cuesta localizarlos. Prácticamente nada de lo que hay allí goza del cariño de los madrileños. Y los turistas, que acuden a fotografiar los símbolos del casticismo local, deben sentarse luego en el suelo, junto a las fuentes, porque el Ayuntamiento, bien porque considera que la plaza no es estancial sino de paso, bien porque quiere evitar que hagan noche allí los vagabundos que llenan de todas formas los soportales de la plaza Mayor, evita por todos los medios dejar un resquicio para el reposo.

La Puerta del Sol, que representa a Madrid en manifestaciones televisadas y en fin de año, está cerca de poblarse además de terrazas, en parte de los establecimientos hosteleros allí presentes, en parte por una concesión municipal para instalar un nuevo quiosco en mitad de la plaza. Pero antes, el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad (que tiene precisamente allí su sede) han dado vía libre al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para convocar un concurso internacional de ideas en octubre que permita ordenar lo que ya hay, eliminar lo prescindible, racionalizar el tráfico de vehículos y el tránsito de peatones, y desenterrar el alma de la plaza, si acaso la tuviera. “Tenemos que pensar la plaza entre todos, no puede seguir siendo una herida que la gente evite para no encontrarse con muñecos de Bob Esponja o compradores de oro”, cree+ el decano del Colegio de Arquitectos, José Antonio Granero. “Madrileños y turistas sienten desapego por Sol, y de la falta de cariño viene su banalización. No es una plaza estancial, es un cruce de caminos. No está bien diseñado, tiene demasiados elementos. Hay que ponerle racionalidad”.

El Colegio de Arquitectos está cerrando acuerdos ya con tres empresas muy ligadas a la Puerta del Sol “para que lideren el proyecto desde el punto de vista económico”. Han mostrado su interés la constructora OHL, embarcada en la reforma del complejo de Canalejas, a escasos metros de distancia; y El Corte Inglés, que posee varios centros comerciales en la zona. Falta por hablarlo con Apple, que abrirá en unos meses su tienda insignia en la plaza, y a la que Granero ve posible convencer para que se sume al proyecto.

El siguiente paso será una serie de exposiciones y coloquios en la sede del Colegio de Arquitectos, en las Escuelas Pías, para explicar la historia de la plaza, compararla con otros espacios similares en otras ciudades, y “permitir que los ciudadanos la conozcan y amen”. El colofón será el concurso internacional de ideas que se lanzará en octubre.

La iniciativa busca una intervención total en ese espacio, que afecte tanto a la plaza como a su entorno, a los elementos diseminados por ella y a las vías de acceso. Para ello, Granero se ha puesto en contacto con el hasta hace pocos días edil de Centro y ahora delegado municipal de Las Artes, Pedro Corral (entre sus atribuciones está el paisaje urbano), y con el delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito. “Hay que aprovechar lo que hay, no se trata de tirar por tirar. Hay que ser prudentes, hacer una intervención potente e interesante, pero desde la racionalidad”, añade Granero.

La Puerta del Sol sufrió su última reforma de importancia entre 2005 y 2009, coincidiendo con la construcción de una estación de tren en sus entrañas. La obra sufrió retrasos al hallarse restos de la iglesia del Buen Suceso, que se pueden ver en la propia estación.

La reforma se inauguró en junio de hace cuatro años. Aumentó la superficie peatonal, limitando el tráfico a un par de carriles entre la calle Mayor y la carrera de San Jerónimo. El Ayuntamiento arañó este año además un carril-bici al vial. Sólo queda otra calle con tráfico, Carretas, que está en el ánimo municipal peatonalizarla (falta dinero). La expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) y el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) se enzarzaron hasta por los quioscos de tabaco y lotería, que una quería quitar y el otro mantener. Llegaron a los tribunales. La reforma actual contará, en cambio, con el consenso de sus sucesores, Ignacio González y Ana Botella.

La apuesta por las primarias para elegir a cargos orgánicos, anunciada por sorpresa por el propio López el 25 de abril en respuesta al desafío de la federación socialista gallega —que hará unas primarias similares en septiembre—, ha generado una intensa discusión en el partido, según varios dirigentes consultados. Muchos asumen que responde a un cambio social imposible de eludir, otros no lo ven claro; pero incluso entre los que la apoyan hay miedo a un salto al vacío tan apresurado y a los riesgos que comporte.

“Elegir al secretario general en primarias supone darle un poder y una legitimidad muy superior al de los órganos de dirección. Si lo hacemos, debemos precisar muy bien cómo, establecer fórmulas de equilibrio para evitar el bonapartismo. Por eso, antes de que la dirección se pronuncie sin matices a favor, debe saber en qué términos lo hará. Todo eso se verá en la Conferencia Política. Pero el debate está ahí y lo vamos a abrir”, dice un miembro de la ejecutiva.

El de las primarias orgánicas fue solo uno de los temas sobre la mesa del auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde el PSOE organizó una jornada sobre la “calidad de la democracia”. Allí, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba lanzó otro anuncio: si el Gobierno aprueba la Ley de Educación o ley Wert tal y como está (haciendo que la asignatura de Religión compute para notas y becas), los socialistas pedirán la revisión del concordato de 1979 con la Santa Sede. Un compromiso que Rubalcaba ya ha asumido varias veces en el último año, pero al que ayer añadió algo más: “Que no se lo tomen a broma.

Si el PSOE hace eso, será una posición irreversible del partido. Si cuestionamos el acuerdo [el concordato] en el Parlamento, lo haremos para siempre y lo cambiaremos cuando gobernemos”, aseguró.

Tanto Rubalcaba como su número dos, Elena Valenciano, defendieron la necesidad de hacer cambios profundos institucionales para frenar la creciente desconfianza ciudadana. Pero con límites: “Hay que reformar la democracia representativa, no destruirla. Eso lleva al totalitarismo. Hay algo peor que los partidos: la ausencia de partidos”, dijo Valenciano. El borrador de propuestas aprobado ayer —no será definitivo hasta octubre— es muy similar al adelantado hace días, aunque se han eliminado algunas (por ejemplo, la prohibición de indultar determinados delitos) y añadido otras: el PSOE propone rebajar el umbral del delito fiscal a la mitad: de 120.000 a 60.000 euros.

La Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como ley Wert, obliga a la Generalitat a pagar un colegio privado a los alumnos que quieran estudiar en castellano y no tengan esa posibilidad en los públicos y concertados.

Mas aseguró este sábado que se enfrentará a “esta gente que nos hace este tipo de OPAS hostiles”. “Esta gente será combatida por vías democráticas hasta las últimas consecuencias”, recalcó. De hecho, el Gobierno catalán llevará al Tribunal Constitucional la Lomce si no hay modificaciones sustanciales en su paso por el Congreso. PSC, ICV y ERC también acudirán a la reunión en defensa de la escuela pública.

El diputado de ERC en el Parlament, Oriol Amorós, cree que los tribunales, el Gobierno de Artur Mas y el rechazo social paralizarán la ley Wert. Además, Amorós arengó a los partidos políticos, Gobierno y comunidad educativa a desobedecer la nueva ley al considerar que es “injusta”, “solo sirve para empeorar la educación” y atenta contra “la cohesión social del país”. El diputado de Esquerra calificó de “muy oportuna” la convocatoria de la próxima semana pero reclamó que no se quede solo en una foto.

Por su parte, el líder del PSC, Pere Navarro, afirmó que trabajarán junto al Gobierno para “defender el modelo de escuela de Cataluña, en cuanto a lengua y competencias, pero también en defensa de un modelo de escuela pública de calidad”. El líder socialista criticó el papel que la nueva ley le otorga a la Iglesia y lamentó que los socialistas conocieran la convocatoria de Artur Mas a través de los medios de comunicación, y no del Gobierno.

Tanto PSC como ICV hicieron especial énfasis en que en la cumbre se tratasen los recortes en educación. En especial, Navarro sugirió que se abordasen “las becas comedor y la aportación de la Generalitat a las guarderías, por la que están luchando tantos ayuntamientos”.

Lo temores de Rosa Cobo venían de lejos. Semanas antes de caer abatida a golpes con una porra policial, alguien le pinchó las ruedas y le destrozó el coche, aparcado de noche en su plaza del garaje comunitario del bloque en el que vivía con sus dos hijas, de 20 y 15 años. Colocó la cámara y ocultó el objetivo en un trastero que poseía enfrente del estacionamiento. Y esperó. Aunque nunca pensó que en la noche del 20 de septiembre la cámara grabaría, no un nuevo destrozo de su vehículo, sino a su cliente convertido en asesino. Esperándola oculto tras una columna en la penumbra del garaje.

Las circunstancias que rodearon el crimen de Rosa Cobo conmocionaron el despertar de la ciudad de la Alhambra. Su cadáver estaba ennegrecido por el humo, lleno monóxido de carbono, y con quemaduras en sus pies. Estaba dentro del capó trasero de su propio coche, que luego fue incendiado con ella dentro en un descampado a las afueras de Granada. El cuerpo presentaba 40 golpes en la cabeza y el tórax propinados con una porra policial extensible. Aunque algunos abogados de la causa sostienen que cometió el crimen con una tonfa, barra en forma de ele retirada del uso policial en 1996 por su peligrosidad. En el coche, Miguel llevaba una, manchada con la sangre de su víctima.

Pero la cámara, cuya grabación EL PAÍS ha eludido reproducir en su página web debido a la extrema dureza de las imágenes, lo captó casi todo. E inmortalizó los salvajes y reiterados golpes en la cabeza que dejaron inconsciente a la letrada en medio de un charco de sangre en la oscuridad del garaje. Y también desmiente la versión de Miguel Folgoso, que, aunque ha confesado haber matado a “doña Rosa” (así se refiere a ella en su interrogatorio judicial), ahora trata de evitar que le condenen por asesinato, que es la tesis del fiscal y de los abogados de las acusaciones.

El agente local, de 32 años, declaró ante la juez, tras recuperarse del intento de suicidio, que aquella noche su intención no era matar a “doña Rosa”, su abogada en el tortuoso proceso judicial que mantenía con su exmujer (tenían una hija de cinco meses). Se obcecó con la idea de que su letrada se había vendido y era la culpable de que no pudiera ver a su hija.

Pero en la mente de Miguel muchas cosas eran obsesiones irreales. Las de un marido denunciado en 13 ocasiones por su exmujer y los hermanos y padres de esta. Su matrimonio fue un calvario. Su exmujer necesitó tratamiento psiquiátrico tras huir de casa con su bebé en brazos. Estaba atemorizada por sus continuos cambios de humor. Y puso tierra por medio. Y se refugió en casa de sus padres, en Motril. A partir de entonces, Miguel colocó como su diana a toda su familia política: seguimientos silenciosos por la calle, ruedas pinchadas, coches rayados o abollados, peleas en la calle con sus cuñados… y hasta un incendio en casa de sus exsuegros. Otra cámara de seguridad le situó cerca del lugar del incendio antes de que empezase a arder el salón de la vivienda donde vivían su hija, su exmujer y los suegros. Los bomberos evitaron la tragedia.

Fuentes jurídicas aseguran que el abandono del hogar por parte de su expareja —tras algunas reconciliaciones animadas por los padres de ambos, que Miguel rompía en cuestión horas— le desequilibró más de lo que ya estaba. Fue cuando centró su ira en la abogada.

Y pensó que ella tenía la culpa de que su exmujer ganase los pleitos por violencia de género que le interpuso y, en cambio, fracasasen sus variopintas denuncias contra ella. Lo atribuyó a que, sin él saberlo, “doña Rosa” trabajaba para el despacho del conocido abogado granadino Pablo Luna, el mismo para el que también trabaja el abogado de su expareja. Miguel denunció a la abogada, pero sin éxito. Y eso que hacía muchos meses que Rosa Cobo le había dicho que se buscase otro abogado para culminarle el divorcio (ella solo le representó en la aplicación judicial de las medidas cautelares: régimen de visitas y pensión). Estaba teniendo demasiados problemas con él. Y su mirada, cada vez que se veían en los juzgados, le causaba pavor. Como se aprecia en el vídeo, Rosa Cobo es mucho más baja y frágil físicamente que él, experto en artes marciales (los abogados han pedido al Ayuntamiento que certifique si entrenó a algunos colegas policías).

La gota que colmó su vaso mental fue que su letrada se negase a tramitarle una denuncia falsa contra su exmujer para contrarrestar, según le argumentó, otra de violencia de género de ella contra él. Meses antes de perpetrar el crimen, se sinceró con un colega de la Policía Local. Le dijo, así consta en el sumario judicial, que Rosa Cobo le había “engañado”. “Esa me rendirá cuentas algún día. Me ha puteado, y por su culpa no puedo ver a mi hija”.

Ante el juez, Miguel Folgoso basaba toda su desesperación en la imposibilidad de ver a su hija, lo que se contradecía con su renuncia a recogerla en el punto de encuentro fijado por el juez en las medidas cautelares. Indiferencia que avalan las múltiples denuncias de su exesposa por maltrato, y que detallan sobrecogedoras escenas domésticas de un padre capaz de echar de casa a su esposa, con el bebé en brazos y a deshoras, sabiendo que no tienen adónde ir. Una de las veces que su esposa tuvo que huir a casa de sus padres, él solo, por su cuenta, se encaminó al área de psiquiatría del hospital Clínico. Y allí estuvo cuatro días internado.

Pero Miguel Folgoso no está loco. Al menos eso concluye el fiscal de este caso, quien, con vistas al juicio, le pide 22 años de cárcel; y por asesinato. “No tiene ningún tipo de trastorno”, es decir, distingue perfectamente el bien del mal, alega. Su abogado, en cambio, sostiene que sí, que actuó por un agobio interior tras la separación (pidió excedencia en la policía) que acabó perturbando su mente. La versión de los hechos que dio el agente ante el juzgado instructor, el número 3 de Granada, no parece improvisada. O de verdad el crimen ocurrió como lo cuenta o es una ideación más, hilvanada con cierta coherencia. Aunque hay cosas que descuadran: hasta la juez se lo hizo saber en el interrogatorio antes de enviarle a prisión incondicional.

El asesino insiste ante la juez en que no quería matarla, que entró al garaje andando detrás del coche para secuestrar a “doña Rosa” y llevársela dentro del capó, sin que nadie la viera. Quería que le ayudase a ver a su hija. “¿Y adónde quería usted llevarla?”, le preguntó la juez. “No quiero responder a esa pregunta, señoría”, dijo, lacónico. Miguel Folgoso afirma que discutió en el garaje al ver que ella se resistía a entrar en el capó. Y que empezó a golpearla cuando Rosa Cobo le dijo: “Jódete tú y tu hija”.

Confesó, además, que “doña Rosa” se puso muy nerviosa al verle en el garaje. Y que se acercó a ella inicialmente apuntándole con una pistola que en realidad era de juguete. Cuando comenzó a golpearla, “ella gritaba y pedía auxilio”. En el vídeo se observa la sevicia y contundencia con que golpea a su víctima. “Pero no fue con una tonfa, le habría quebrado la cabeza”, le dijo a la juez. Lo cierto es que la policía no encuentra la defensa extensible y sí halló en su coche, manchada de sangre, la antigua defensa policial tonfa, así como gasolina y guantes de látex.

Miguel Folgoso logró meter a su víctima en el capó, semiinconsciente. Le partió la falange de un dedo al cerrar la puerta, y, con ella dentro, condujo el coche hasta un descampado próximo. Y lo incendió. No se quemó todo, aunque las llamas quemaron parte de las extremidades de la víctima, aún con vida. El acusado ofrece extrañas explicaciones al hecho de que aparecieran varios focos (ruedas delanteras prendidas, con acelerante de las llamas) en la quema del coche. Confesó que incendió el coche para alertar a los bomberos y que estos la socorrieran, si es que seguía viva.

Miguel Folgoso será juzgado en Granada por un jurado popular. Aún no hay fecha. Pero sí abundantísimas pruebas: su propia confesión y, por si se retractase en el juicio, el sobrecogedor vídeo de la cámara que la propia víctima instaló ante el pavor que sentía hacia su excliente Miguel Folgoso. Él tampoco pudo imaginar nunca que una cámara estaba grabando la tortura y muerte de Rosa Cobo.

Desde 1979, Orihuela ha tenido siete alcaldes, cuatro de los cuales han estado imputados y dos de ellos condenados en firme. Luis Fernando Cartagena llegó a ingresar en prisión por un breve periodo de tiempo por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. José Manuel Medina fue condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación al no cumplir un decreto de alcaldía.

La lista de políticos imputados en Orihuela no es corta. Actualmente, 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados. La exalcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada. Otro concejal, Roberto López, ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros por una falta de lesiones leves y amenazas a una mujer. Tres ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia.

¿Qué es Brugal? La investigación apunta a una trama político-empresarial para controlar el negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja dirigida por el empresario Ángel Fenoll, condenado en varias ocasiones, una de ellas por compra de votos a favor del PP. La prueba de la envergadura de la investigación son los 50.000 folios del sumario, los más de 40 imputados y los jueces de refuerzo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha enviado para agilizar los procedimientos penales. La trama es de tal magnitud que ha tenido ser desgajada en 17 piezas separadas. La más importante investiga la adjudicación, en octubre de 2008, de la contrata de la basura de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. La investigación le ha costado la imputación a la exalcaldesa Mónica Lorente y a otras siete personas vinculadas al Consistorio.

Brugal ha contaminado a todos los políticos que han tenido algo que ver con la adjudicación de la contrata de basuras, desde otro exalcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, hasta el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. La policía está convencida de que Liasur y Gobancast son en realidad la tapadera de la que se valió Ángel Fenoll para conseguir la contrata.

Pese a las evidencias, los políticos implicados en todo el macroproceso relativizan su situación. García Ortuño no cree que en Orihuela existan más casos de corrupción que en otras localidades. El exalcalde achaca la mala imagen de la ciudad a que fue la primera ciudad donde el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, “puso el foco” y a la imputación del expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll, que dio al caso “una dimensión nacional y política de primer orden”. La portavoz del PP en el Consistorio, Pepa Ferrando, lamenta la atención que genera Orihuela “cuando también hay corrupción en Andalucía o Cataluña”.

El actual alcalde, Monserrate Guillén, de Los Verdes (gobierna aliado con el PSOE), opina que los 25 años de Gobiernos con mayoría absoluta del PP propiciaron “un caldo de cultivo para que florecieran empresarios sin escrúpulos y políticos que buscaban el beneficio propio”. Antonia Moreno, concejal socialista, señala a Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.

Pero quien mejor se explica es Antonio López, de 77 años, alcalde socialista en los años ochenta. “Cuando estaba a punto de dejar la vara de mando”, cuenta, “unos promotores urbanísticos me ofrecieron una parcela de 10.000 metros cuadrados para mi familia a cambio de que agilizara la tramitación municipal para la construcción de una urbanización. Intentaron corromperme, pero no me dejé”.

En la calle, los vecinos de Orihuela no se muestran sorprendidos cuando se les pregunta por la corrupción. “Somos así, qué vamos hacer”, afirma una de las camareras del bar que está junto al ayuntamiento. “Si las paredes hablaran...”, ironiza. Frente a la casa consistorial se levanta la iglesia de Santa Justa y Rufina. Su párroco, José Luis Satorre, admite que la corrupción existe. Y ofrece su teoría: “El problema es la crisis de valores, la persona ya no es el centro de la vida, lo que importa es el ladrillo, la empresa o el dinero”.

José Andrés Berná, un vecino que colabora en varias plataformas ciudadanas, se lamenta de que la corrupción sea “endogámica” y critica que la sociedad la “asuma como normal”. Félix Cordero, presidente de la Cámara de Comercio en Orihuela, admite que la corrupción daña la imagen del municipio. “Nos gustaría que todo esto se resolviera cuanto antes, y si algunos han metido la mano en la lata, que lo paguen, pero que nos dejen trabajar al resto”, demanda el empresario con cierta sensación de hartazgo.

¿Por qué hay tanta corrupción en Orihuela? La respuesta es muy compleja, y primero hay que entender cuál es su realidad geográfica. Su término municipal es muy extenso y con grandes áreas urbanizables. José Sanmartín, profesor de Derecho en la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta, resume que en Orihuela hay una “colusión de intereses entre política y economía” donde algunos empresarios “presumen” de tener comprados con prebendas a políticos y funcionarios. Nada que ver con Miguel Hernández.

Ahora, la justicia les ha dado la razón al constatarse que las lesiones se debían a una patología dermatológica que sufría la niña, y que no advirtieron ni los profesores ni los médicos que la atendieron. Los padres, que en su día fueron detenidos e imputados por un delito de malos tratos y recibieron una orden de alejamiento de su hija, vuelven a respirar.

La familia ubetense cree que la retirada de la custodia se debió a un cúmulo de “graves errores”, por los que iniciarán acciones legales y reclamarán daños y perjuicios. Todo empezó cuando un profesor del colegio donde la niña cursa estudios de primaria advirtió que tenía marcas superficiales en el cuerpo. Instaron a la familia a que la niña se sometiera a un reconocimiento facultativo, pero, ante su negativa, se saltaron su autorización y contactaron con un médico para que la viera. Según el abogado de la familia, Luis Fernando Salido, la exploración de aquella doctora se hizo desde la distancia, observando a la pequeña mientras jugaba en el patio del colegio, y “de una manera poco rigurosa”.

Y así fue como, tras relacionar las heridas con quemaduras de cigarrillos, se dio parte a los servicios sociales y al juzgado de guardia. Activado el protocolo, la Junta de Andalucía declaró el desamparo de la menor y otorgó la tutela a un tío suyo, residente en la vecina localidad de Sabiote, aunque en un primer momento llegó a plantearse internarla en un centro de menores más alejado.

“Ha sido un cúmulo tras otro de errores por el empeño de varios profesionales en jugar a médicos y policías”, declaró el letrado de la familia, que ha podido probar cómo las lesiones de la menor se debían a picaduras de mosquito, que le hacían rascarse de forma compulsiva y le provocaron una dermatitis escoriasis nerviosa.

Para Salido, se trata de una afección que “se evidencia como si se tratara de quemaduras, pero una cosa es que los síntomas sean similares y otra que los padres la quemaran”.

El abogado cree que faltó mayor diligencia y rigurosidad entre los profesionales educativos y sanitarios, como ha quedado demostrado en declaraciones posteriores ante el juez de dermatólogos y del pediatra, que ya seguían esta afeccion dermatológica de la niña. “No repararon en que la niña solo tenía lesiones adonde le llegaban las manos, no en la espalda”, apuntó Salido. Además, lamenta que la menor fuera incluso sometida con posterioridad a exámenes ginecológicos ante la sospecha de que podría haber sufrido abusos sexuales de sus progenitores.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda ha archivado ahora el proceso judicial abierto en su día, según informó diario Jaén, por el que se acusaba a los padres de haber causado hasta 200 quemaduras a su única hija. La niña volvió el miércoles a reencontrarse con su familia, que teme las secuelas de este alejamiento forzoso durante tres meses. “Era una niña muy brillante en los estudios pero ahora vemos que se ha venido abajo”, indicó el abogado , que alude a un informe psicológico que revela el “trauma” que sufre la menor.

También los padres han pasado lo suyo: separados de su hija tres meses, tuvieron que cerrar su tienda de alimentación ante el impacto que causó entre el vecindario la detención de la pareja por supuestas agresiones a su hija. Agresiones que ahora la Justicia ha dictaminado que no existieron.

Desde el colegio Sebastián de Córdoba, donde la niña asiste a clase, se defiende, sin embargo, la actuación seguida. “Respetamos lo que diga el juez, pero hicimos lo que teníamos que hacer”, indicó su director, Ángel Fernández, que niegan que el rendimiento académico de la alumna se haya resentido tras ser separada de sus padres. Estos tramitan el cambio de colegio para su hija por el trato recibido en el actual.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía no ha querido valorar el comportamiento seguido desde los servicios sociales y sanitarios. “Se actuó según lo que marca el protocolo en estos casos y a instancia del juez”, indicó un portavoz de la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén.

El caso de esta pequeña de Úbeda guarda similitud con otro denunciado en Segura de la Sierra en 2002 (Jaén), cuando la Junta andaluza también retiró la custodia por presuntos malos tratos a la hija de nueve años de un matrimonio. Luego se demostraría que las lesiones fueron a consecuencia de una caída. Aunque la familia reclamó a la Junta 1,8 millones en compensación por los daños sufridos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó en 2011 que no cabía indemnización porque la actuación de la Administración fue correcta.

Ziani no ostentaba hace tres años ningún cargo como responsable de asuntos religiosos ni llegó nunca a encabezar el Consejo Islámico. Solo fue vocal. Cuando trascendió en Barcelona cómo había sido introducido ante el monarca se le criticó tanto en la comunidad marroquí que se vio obligado a dar una explicación: “Fue un error de protocolo, pero se ha utilizado en mi contra”, se justificó. Aun hoy en día es difícil encontrar alguien que hable bien de Ziani entre los cabecillas musulmanes en Cataluña.

Los errores de protocolo no suceden por casualidad. El marroquí de 45 años al que el Ministerio del Interior expulsó el viernes de España, vía la frontera de Melilla, a instancias del servicio secreto español (Centro Nacional de Inteligencia), intentó durante años hacerse con el control de las comunidades islámicas en Cataluña. En el empeño contó con el apoyo del consulado y de otras instituciones de Marruecos.

Ziani, natural de Oujda, llegó a Barcelona en 1999 procedente de Bélgica –expulsado, según el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz- donde estudió la carrera. Al margen de algunos negocios inmobiliarios, dedicó sus 14 años de estancia a medrar conjugando religión –fue imán durante algunos años-, autoridades marroquíes y partidos políticos catalanes. Está casado con la filóloga Atiqa Bouhouria Moulay Meliani. El matrimonio no tiene hijos.

En la orden de expulsión que el instructor policial le entregó, el 3 de mayo, en la comisaría de la Rambla Guipúzcoa de Barcelona, el director del CNI, general Félix Sanz Roldán, le acusa nada menos que de ser “un colaborador muy relevante de un servicio de inteligencia extranjero desde el año 2000” y de poner “en riesgo la seguridad del Estado” español. Por la información que brindó a sus jefes “ha percibido las correspondientes contraprestaciones económicas”.

El CNI alude a la Dirección General de Estudios y Documentación, el servicio secreto marroquí con más presencia en el extranjero, que dirige Yassin Mansouri, un compañero de colegio del rey. La DGED tiene dos objetivos principales en España. El primero es controlar a los 800.000 inmigrantes marroquíes echando mano, sobre todo, de la religión para evitar que prendan entre los fieles ideologías extremistas o simplemente antimonárquicas como la que propaga el movimiento Justicia y Espiritualidad. Desbaratar, en segundo lugar, las actuaciones del Frente Polisario y de Argelia, su principal valedor.

“No trabajo para la DGED”, aseguraba Ziani a una publicación marroquí. Se declaraba además “indignado” por las acusaciones y sostenía que solo se consagraba a “fomentar la integración de la inmigración”.

Ziani siguió, sin embargo, esa doble pauta marcada por la DGED. Intentó adueñarse del Consejo Islámico a principios de 2010, según relata la brigada provincial de información de la policía en Barcelona. Con tal propósito organizó un congreso islámico que contó con la ayuda de Mohamed Ahmed Ali, un influyente ceutí que reivindica la “descolonización” de su ciudad por España, y de Mohamed Chaib, un diputado del PSC de origen marroquí. Ziani coqueteaba entonces con los socialistas catalanes que dirigían la Generalitat.

Fracasó en su asalto al Consejo Islámico que acabó expulsándole. Entonces, en junio de 2010, Ziani fundó una organización rival, la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña (UCCIC). Pese a ser una recién nacida se convirtió en la niña predilecta de Rabat. Fue la elegida por el Ministerio de Asuntos Islámicos para enviar a sus imanes a Cataluña durante el Ramadán; recibió la segunda mayor subvención en España (158.700 euros desde 2010) de las que otorga el ministerio marroquí dedicado a la emigración. A Ziani no le debió de parecer suficiente. Pidió abiertamente a la Generalitat que “congele las ayudas” al Consejo Islámico, del que se estaba marchando, para dárselas a la nueva entidad. Lo consiguió.

Sí frecuentó a los responsables de mezquitas radicales, como la de Al Hilal en Salt (Girona), “fue más que nada para recabar información sobre lo que allí se hacía y trasladarla a sus jefes”, afirman dos destacados miembros de la comunidad musulmana de Barcelona que prefieren permanecer en el anonimato. Parece imposible que un “espía” marroquí contribuya “a la expansión de las tesis radicales” como le reprocha el CNI.

Ziani también cumplió su papel en la lucha contra el independentismo saharaui. Ayudó, por ejemplo, a un buen puñado de marroquíes a viajar, en marzo de 2010, de Barcelona a Granada –él mismo se desplazó- para manifestarse allí a favor del rey y por la “marroquinidad” del Sáhara durante la primera cumbre entre la Unión Europea y Marruecos. Se trataba de contrarrestar el cortejo a favor de la autodeterminación del Sáhara que recorrió la ciudad al empezar la reunión. “Allí donde iba se presentaba como la encarnación de Marruecos, como su representante discreto pero poderoso”, recuerda un compatriota suyo.

El PSC perdió las elecciones autonómicas en noviembre de 2010, el tripartito dejó la Generalitat, y Ziani empezó una nueva andadura en busca de otras alianzas. En marzo de 2012 cerró un acuerdo con Àngel Colom, que dirige la Fundació Nous Catalans, que le nombró director del espacio catalano-marroquí. Trasladó además la sede de su UCCIC, una entidad islámica, a la fundación creada por Convergència.

Tanto los responsables de Convergència como los de su socio democristiano, Unió Democràtica, han reiterado que las mezquitas eran un lugar de culto y no para hacer política. Temían que los radicales las utilizasen para propagar sus ideas. Aun así Colom y Ziani recorrieron, en noviembre pasado, un puñado de templos, durante la campaña electoral catalana, ensalzando las virtudes del Estado propio. “Proporcionará un mayor bienestar al inmigrante”, sostenían.

Rabat teme una hipotética independencia de Cataluña porque puede servir de ejemplo para el Sáhara. La inclinación soberanista de Ziani disgustaba en el Consulado marroquí de Barcelona donde la DGED tiene su antena. La ruptura de Ziani quedó escenificada el 19 de diciembre durante una reunión presidida en Barcelona por Abdellatif Mazouz, el ministro adjunto marroquí encargado de la emigración. El “espía” y el cónsul se enfrentaron públicamente.

Rabat dejó caer a Ziani. Prueba de ello es que la prensa oficialista marroquí, que en múltiples ocasiones ha arremetido contra el CNI culpándole de todo tipo de fechorías, guarda silencio o cuenta los hechos con exquisita neutralidad.

El caso es que hoy, los chicos —en especial las chicas— de entre los 8 y los 12 años transitan una preadolescencia temprana que los ingleses, tan amigos de inventar categorías, llaman tweenies o tweenagers (de la unión de teenagers, adolescentes, con wee, pequeñitos). Las niñas juegan con muñecas góticas, se maquillan (sin salir de casa), posan en las fotos como si fuesen actrices de Club Disney, exigen un móvil o se desmayan por Justin Bieber cuando a su edad sus padres escuchaban a Enrique y Ana.

“Si la infancia nace con Rousseau, podríamos advertir que hoy en día y con el afán de arrastrar a los niños al espíritu consumista, materialista y egoísta, podríamos estar siendo responsables de la muerte misma de este fenómeno cultural y evolutivo”, asegura Tomas de Andrés Tripero. Este profesor de la facultad de Educación de la Universidad Complutense considera que los adultos están permitiendo que los niños “se coloquen a la misma altura”, ambicionando económicamente lo mismo que los mayores y adquiriendo de manera directa conocimientos y actitudes de adulto pese a no tener la madurez imprescindible.

Un ejemplo son las charlas para la elección de centro al pasar de primaria a secundaria. La decisión de que un niño acuda a un instituto u otro, cuentan sorprendido un jefe de estudios, ya no recae en los padres —que estudiaron donde quisieron los suyos— sino en los hijos, y es a ellos a quienes se dirige la charla explicativa. “Les hemos dado el derecho a elegir pero no les hemos enseñado a reflexionar sobre por qué esto y no aquello”, lamenta el psicólogo Ángel Peralbo. La psicoterapeuta Mónica Manrique acude al libro Adolescentes, una historia natural (Duomo), de David Bainbridge, profesor de Anatomía y Clínica veterinaria en la Universidad de Cambridge, para hablar desde un punto de vista biológico del acortamiento de la infancia. “La adolescencia empieza con la pubertad, que implica una secuencia de cambios biológicos que comienzan antes en las niñas que en los niños. En ambos casos se ha adelantado en los últimos decenios en los países occidentales”. Según Bainbridge, durante el pasado siglo XX la pubertad se inició 12 días antes por año transcurrido, pero en los últimos años este adelanto anual es de tres días.

Manrique, autora del blog Padres en apuros, distingue varias causas que explican este adelanto de la adolescencia. No lo atribuye a los genes, “porque estos no pueden haber sufrido cambios tan grandes en tan pocas generaciones”. Observa el sobrepeso como anticipador de la pubertad, aunque “todavía queda mucho por saber”, precisa. “Podría existir un vínculo entre el inicio de la pubertad y la leche de fórmula, que hace que los bebés crezcan más rápido. Y un bajo peso al nacer lleva a que la pubertad se anticipe hasta 10 meses”.

Manrique cree que puede condicionar la precocidad un mayor cuidado de la salud —menos parásitos e infecciones y mejor dieta—; un estatus más alto —“eso puede relacionarse con la mejor nutrición”—, la latitud —“los finlandeses entran en la pubertad un año más tarde que los griegos”— y el estrés, “que es algo que no es aceptado por todos los investigadores”.

“Es verdad que hay un adelanto biológico, no hay más que verlo. Pero no va acompañado de una mayor madurez. Estos niños no son más responsables que los de antes. Casi diría que las anteriores generaciones no estaban tan perdidas y eso que no tenían acceso a tanta información”, opina Peralbo. El profesional culpa de esta desorientación a sus familias. “A los niños se les apunta a clase de todo, están muy preparados, pero no se les forma en inteligencia emocional. En valores, en el esfuerzo. No saben valerse por sí mismos y los padres están desbordados. La sobreprotección es un tema manido pero es evidente”, añade.

A partir de los 13 años, las chicas europeas doblan a los chicos en casos de depresión y ansiedad y a la hora de puntuar su autoestima, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Todo parece indicar que, en buena medida, las adolescentes están sometidas a más situaciones de estrés, violencia, normas culturales y carga de trabajo que los varones”, sostiene Peralbo en su libro de autoayuda De niñas a malotas (La esfera de los libros).

“Los niños son cada vez antes adolescentes, pero también sus padres no quieren dejar de ser jóvenes. A los 50 siguen considerándose, visten y se comportan como tales. De modo que la adolescencia se alarga por arriba y por abajo”, señala el educador y psicólogo Alfredo Hernando. Basta con darse una vuelta por algunas tiendas de ropa interior para comprobar el furor que provoca entre las mujeres de 40 la gatita animada Hello Kitty, que ya superó los 35. “El problema no es cómo vistan, sino que no sean capaces de asumir el papel de padre y actúen como amigos. Hemos pasado del padre autoritario que siempre tenía razón, al extremo contrario”.

“Yo no creo que los niños hayan cambiado tanto. Somos nosotros, los adultos, y la sociedad los que lo han hecho. Platón decía que siempre nos quejábamos de la generación siguiente”, sostiene el psicólogo clínico Mark Beyebach. “Los padres están menos presentes y han delegado la educación en las pantallas, en los móviles. Los hijos están superprotegidos: se les matricula en la universidad, se les busca colegio mayor, traen la ropa a lavar… Viven una infancia con derechos pero sin las obligaciones de los adultos”, opina el coautor de Cómo crear hijos tiranos (Herder). “Pasan de que les preparen la mochila al descontrol total”.

Beyebach considera que caemos en una trampa: “Tenemos un recuerdo idealizado de nuestra niñez”. El eje del cambio está, en su opinión, en el consumismo. “Hay muchas empresas con grandes intereses en el mundo infantil que presionan para que el niño consuma. Les crea frustración no tener móvil o iPad, saldo en el teléfono… La comunión es el paradigma del consumismo. Las familias se endeudan y eso no es aprendizaje”. En pleno derrumbe económico el derroche en la comunión se está frenando. El gasto se ha reducido un 45% en cuatro años y ronda los 1.700 euros en 2013, según el informe que cada año presenta la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI). “Aunque con la crisis se haya reducido el gasto, no parece haber una consecuencia positiva porque queda la idea de consumir. Hay que aprender a tolerar la frustración”, dice Beyebach.

Los padres de estos niños nacieron en los años sesenta y en los setenta y se criaron en un ambiente de creciente comodidad, acostumbrándose a una abundancia no pasajera. Por ese motivo mantienen una inclinación más consumista que la de sus padres y abuelos: tienen menos conciencia de los precios, son menos hostiles a la publicidad y les tientan más las rebajas y promociones. “El éxito es tanto más sorprendente en cuanto la sobriedad, la austeridad, el ascetismo, la renuncia y el desprendimiento han sido durante siglos guía y norte de los famélicos españoles, y que basta solo con remontarse unos pocos lustros para encontrar tales virtudes todavía instaladas entre nosotros”, se lamentaba en 1975 el sociólogo Rafael López Pintor en su libro Los españoles de los 70.

Desde entonces, el consumismo solo avanza. “Por eso somos el país de Europa con más smartphones, cuando tenemos seis millones de parados. Yo no hablaría de que tenemos una crisis de consumo sino de un consumo de crisis. Nos hemos ajustado para seguir gastando”, razona Luis Alonso, catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en estas circunstancias los niños son marquistas porque los padres lo son. “Piden a sus familias cosas de marca para ser aceptados en el grupo. Hay una presión social que te empuja a llevarlas. Si no tienes miedo de ser excluido y es lo peor que le puede pasar. Tiene que haber un contrapeso ecologista o elitista muy grande para que a los niños no les importe”, añade Alonso.

“Los niños finlandeses son menos marquistas que los españoles a pesar de ser un país más rico. Han recibido, en la escuela y en casa, educación del consumo responsable. Hay otros valores, se da más importancia a lo público. En España llegamos tarde al consumo, partiendo de capital social y cultural muy bajo y por eso no es razonado”, prosigue Alonso. A menos formación intelectual, mayor es la obsesión por el consumo. “No tienen otras perspectivas de disfrute cultural”.

“La adolescencia es un invento del siglo XX. Antes eras un niño y, cuando a los 11 o 12 empezabas a trabajar, te convertías en un adulto. Con 12 años las niñas ya eran madres”, recuerda el escritor juvenil César Mallorquí. “Por eso los comienzos de la literatura juvenil son difusos, hacia los años setenta, mientras que los de la infantil están claros”.

“El 25% de los niños de entre 8 y 12 años en España tienen móvil. En el mundo nacen al día tres veces más smartphones que bebés. En el mercado hay disponibles ocho tabletas para el mercado infantil”, nos cuentan en el pequeño documental La generación Play-móvil, de la revista Einnova de la Universidad Complutense.

“No es que la adolescencia empiece pronto, es que los niños con dos años están ya habituados a las nuevas tecnologías. El cerebro no está adaptado para esos estímulos perceptivos y va a tener que cambiar. ¿Cómo van a conducir de mayores solo a 120 si su sistema nervioso se ha adaptado a la rapidez?”, anuncia De Andrés Tripero, que incide en la experiencia de Silicon Valley, el paraíso de la informática. “Allí, los ejecutivos no dan un ordenador y un móvil a sus hijos hasta tarde. Porque lo que quieren es que desarrollen la estabilidad emocional y se sociabilicen, y las tecnologías aíslan”.

“Las empresas contratan a expertos que analizan las redes sociales y crean productos pensados para adolescentes. A un cantante de voz meliflua que canta lo que ellas quieren oír”, se mofa el educador de Justin Bieber. “El gasto mayor no está en la moda, que es para mayores, es en tecnologías”. El 78% de los chicos entre 14 y 19 años corren el riesgo de tener comportamientos obsesivos en el futuro por su “obesidad digital”, según un estudio de la Fundación Eroski presentado el pasado noviembre. Existen ya casos diagnosticados de adolescentes internados en un centro de salud mental para curarse su obsesión.

Sobre el poder de Internet incide también Laia Esqué, editora del sello juvenil Molino. “A través de Internet tienen acceso al mundo entero y han cambiado la forma de relacionarse con otros niños. A su edad nos apuraba llamar a un amigo a su casa y tener que hablar con su padre. Ahora tienen muchas formas diferentes: el chat, el móvil… Eso les hace más autónomos, adultos”. Una madurez que, sin embargo, en opinión de Esqué, no tiene su reflejo en el nivel intelectual de sus lecturas. “Hay libros extranjeros infantiles o juveniles que en España se catalogan para adultos porque se consideran demasiado complejos. Ha pasado con El niño con el pijama a rayas o La ladrona de libros”.

“No existe una edad ideal para entrar en la adolescencia. Lo que podemos hacer como padres es cuidar nuestra relación con ellos, aceptarles como personas que están cambiando, llevar de la mejor manera posible que se vayan distanciando de nosotros y encajar con generosidad e inteligencia la influencia cada vez mayor del grupo de iguales”, piensa la psicóloga Manrique, que ha trabajado con niños problemáticos y en una escuela de padres. “También tendremos que proporcionarles una buena formación y educación sexual e intentar no perder los nervios ante la inestabilidad emocional en la que viven”. ¿Qué diría Rousseau?