Los magistrados han convocado a Lagarde “con vistas a su imputación” por esos delitos, presuntamente cometidos cuando era ministra por su papel en el proceso de arbitraje que desembocó, en julio de 2008, en el pago de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie. Lagarde no recurrió aquella decisión y cerró así un largo litigio entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais por la venta de Adidas en 1993. 

Los jueces de la CJR (el tribunal competente para juzgar los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones) pedirán aclaraciones a Lagarde sobre su negativa a elevar recurso contra el laudo, pese a que los consultores del ministerio advirtieron a la entonces ministra de que lesionaba gravemente los intereses del Estado.

El pliego de acusaciones de la fiscal Cécile Petit, revelado este miércoles por el semanario Le Canard Enchaîné, contiene durísimas alegaciones contra Lagarde. El documento afirma que la decisión de que el Estado mediara en el conflicto está “privada de fundamento jurídico”. Además, el texto asegura que Lagarde no tuvo en cuenta que Tapie tenía muy pocas posibilidades de ganar el pleito judicial contra Crédit Lyonnais en los tribunales ordinarios, añade que la ministra desoyó la opinión de la Administración, que le advirtió del “enorme riesgo” que suponía el arbitraje, y concluye que la composición del órgano mediador era parcial porque “dos de los tres árbitros mantenían lazos con Tapie”. Lagarde, que tenía la potestad de recusar a los jueces, no lo hizo, recuerda la fiscalía.

Argumentos de Lagarde

El ministerio público considera además que las razones de ahorro esgrimidas por Lagarde para elegir el arbitraje frente al pleito son falsas, ya que “los honorarios pagados a los consejeros nombrados para defender el arbitraje equivalían a los que hubieran representado varios años de proceso judicial”.

El documento de la fiscalía concluye así: “Del conjunto de esas decisiones sistemáticamente desfavorables a los intereses (…) del Estado, resultan indicios graves y concordantes que hacen presumir que, bajo la apariencia de regularidad de un proceso de arbitraje, se disimuló en realidad una acción concertada para entregar a los esposos Tapie (…) las sumas que hasta ese momento no habían podido obtener” de la justicia.

Un problema añadido para Lagarde es que la ministra se encuentra sola ante los jueces. En 2008 aseguró, bajo juramento y ante la comisión parlamentaria que investigó el caso, que no recibió “instrucciones” de nadie y que la decisión obedeció a su “apreciación”; la frase trataba de exculpar al presidente Nicolas Sarkozy, que es un buen amigo de Bernard Tapie. El expresidente del Marsella, que fue ministro con el socialista François Mitterrand, apoyó públicamente la elección de Sarkozy en las presidenciales de 2007. El arbitraje fue decidido por Economía poco después.

Pero todo indica que Lagarde se inmolará antes de poner en tela de juicio a Sarkozy, a quien considera el artífice de su brillante carrera política. Le Monde informa de que, en la redada que la policía hizo en casa de Lagarde hace unos meses, se encontró el borrador de una carta a Sarkozy en la que la directora del FMI le declara su absoluta lealtad.

Continuidad en el FMI

La posible imputación de Lagarde, que hasta ahora ha recibido el apoyo sin fisuras del consejo del FMI y de sus colaboradores en Washington, abre un abanico de interrogantes sobre su futuro y pone en duda su continuidad al frente del fondo. Le Canard Enchaîné y Le Monde afirman que Françóis Hollande ha garantizado a Lagarde que París no pedirá que abandone la dirección del FMI porque considera que son asuntos distintos y para tratar de salvaguardar así el prestigio de Francia, ya bastante tocado por el anterior director del organismo, Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dejar el puesto tras ser acusado de violación.

Pero, al mismo tiempo, los ministerios de Economía y Hacienda, cuyos servicios jurídicos siempre fueron contrarios al arbitraje, planean constituirse como parte civil en el proceso contra Lagarde. “Si se demuestra que hubo un prejuicio a los intereses del Estado, Bercy se personará en la causa no ministerial del caso”, afirmó el ministro de Economía, Pierre Moscovici, en Le Monde.

Si se confirmara la imputación de Lagarde, Economía recurrirá además la sentencia del tribunal de arbitraje que condenó en su día al Estado a pagar los 403 millones de euros, y prescindirá de los servicios del despacho de abogados August & Debouzy, que puso en marcha la comisión de arbitraje y cobró 4,1 millones de euros por dos años de trabajo.

Moscovici ha confirmado también que Jean-François Rocchi, el presidente del CDR (banco malo) que gestionó los activos tóxicos de Crédit Lyonnais y que contrató al millonario bufé, ha sido relevado de su puesto a causa de su implicación en el escándalo.

Según los jueces, Rocchi ejerció de intermediario entre Tapie y Sarkozy, cuando este era todavía ministro del Interior, y consiguió así cortocircuitar la negativa de Bercy al arbitraje. El muñidor en la sombra de esa solución, según han declarado algunos testigos, fue Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy y exministro del Interior, que hoy es objeto a su vez de varias investigaciones judiciales.

Bernanke pasó por el Capitolio en febrero. Como entonces, ahora opta por un lenguaje neutro. El banco central sigue viendo puntos de incertidumbre y necesita que el mercado laboral cree cerca de 200.000 empleos netos durante varios meses para dar un mensaje más convincente. Y como entonces, reitera que todo dependerá de cómo la economía haga frente a lastre fiscal.

La comparecencia se produce además justo tres semanas después de celebrarse la última reunión de la Fed, tras la que indicó que considerará reducir o incrementar en función de la marcha de la economía. Aunque la actividad muestra puntos de vulnerabilidad, los analistas ven más probable que se empiece a levantar el pie del acelerador de los estímulos antes que pisarlo.

El acta de la última reunión de la Reserva Federal muestra la falta de consenso interna sobre el momento. Varios miembros son partidarios de empezar a moderar el estímulo ya en la próxima reunión del 19 junio. Bernanke dijo ante el Congreso que se necesitan varios encuentros para analizar los datos que llegan de la economía y poder decidir. En cualquier caso, los participantes comparten que el plan de salida debe ser flexible.

La intervención inicial de Bernanke mantuvo el tono lenguaje utilizado en el comunicado del 1 de mayo. En el análisis de la economía habla de un crecimiento moderado, que el consumo avanza con solidez y que el empleo mejora aunque el paro sigue muy alto. También se señala que el sector de la vivienda contribuye al crecimiento y que la inflación está contenida.

A Ben Bernanke no le gusta utilizar el Congreso para hacer anuncios de política monetaria, pero sí aprovechó la ocasión para poner las cosas en contexto y explicar hacia donde va la Fed en un momento en el que los datos van en los dos sentidos. Por eso advirtió que una retirada prematura de los estímulos puede acarrear el riesgo de “frenar” o “acabar” la recuperación económica.

Actualmente la Fed está comprando 85.000 millones de dólares en deuda pública e hipotecaria al mes, al tiempo que mantiene los tipos de interés entre el 0% y el 0,25%. La primera dificultad será decidir el momento en el que empezará a moderar el estímulo. Pero el reto mayor será reducir los 3,35 billones que acumula en balance y llevarlo a los 900.000 millones previos a la crisis.

Algunos riesgos

La comunicación en este proceso, como dijo el propio Bernanke, será clave para evitar sobresaltos. De hecho, Wall Street pide más claridad sobre el camino que va a seguir. William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York, advirtió en la víspera que existe el riesgo de que el mercado se lo tome mal y que deben tenerlo en cuenta para no crear un lastre adicional a la economía.

En respuesta a las preguntas de los congresistas, Bernanke reconoció que "en algún momento" habrá que poner fin a la compra de activos. Pero indicó que este no es un proceso automático y que en el seno del consejo se "están discutiendo varios pasos". "Tenemos diferentes instrumentos para hacerlo de acuerdo con nuestra mandato", remachó.

Pero no todos los miembros opinan que se necesita más tiempo y eso genera mucho ruido. John Williams, presidente de la Fed de San Francisco, es de los que defiende en público que el ajuste del programa de compra de bonos se produzca ya este verano. Es una división similar a la que se ve en el Banco de Inglaterra. Ben Bernanke evitó entrar en la discusión del calendario.

Empleo débil e inflación baja

El mensaje neutro de Bernanke se apoya en dos premisas. La primera, que la creación de empleo en EE UU sigue débil. La segunda, que la inflación baja después de que los precios cayeran cuatro décimas en abril. En el primer caso, la referencia es un desempleo por debajo del 6,5%, que no se ve hasta bien entrado 2014. En el segundo, la inflación no debe superar el 2,5%.

El presidente de la Fed se vio de nuevo forzado a defender la estrategia monetaria y, en concreto, los resultados de la compra de deuda. Por un lado, se cuestiona su efecto en la economía real. Por otro, se teme que esté creando burbujas. “Somos conscientes de que un periodo prolongado de bajos tipos de interés tienen costes y riesgos”, admitió.

Bernanke aseguró que la Fed está haciendo lo posible para hacer frente a estas preocupaciones y que está reforzando la vigilancia. La táctica de Bernanke fue pedir, otra vez, a los políticos que hagan su trabajo. “La política fiscal será determinante en la marcha de la economía”, recordó, por eso dijo que es “importante” rompan con el impasse actual en la negociación para reducir el déficit.

A pesar de que Sevilla ha negado que haya hostilidad con Aeromur, con la decisión el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel opta por dar batalla ante una imagen que quiere evitar a toda costa: que el aeropuerto de Corvera, a 30 kilómetros de la capital, sea un nuevo elefante blanco sin aviones, como los de Castellón o Ciudad Real. Pero al recurrir a la rescisión, como poco, alarga la fecha de la inauguración del aeropuerto hasta finales de año. Y, si el caso termina en los tribunales —como afirma Aeromur que hará si el Ejecutivo regional no cambia de idea— puede suponer más que eso, tanto en tiempo como en dinero.

El Gobierno regional tiene claros sus argumentos: Aeromur no ha inaugurado el aeropuerto a tiempo, lo que según el pliego de concesión es motivo suficiente para exigir la rescisión del contrato. Dentro de aproximadamente tres meses, la concesión terminará, el Ejecutivo la volverá a sacar a concurso y la nueva empresa se hará cargo de todo —incluida la deuda, de 200 millones y avalada por la Comunidad — con lo que no costará, afirman, ni un euro al contribuyente murciano. Siempre según la consejería, varias empresas han mostrado “informalmente” su interés por hacerse con la concesión.

Pero la concesionaria apunta que al hacerse cargo del aeropuerto, el Gobierno murciano deberá pagar, al menos, los gastos. Sacyr duda que haya alguien dispuesto, máxime cuando hay ya dos recursos interpuestos contra el Gobierno regional para renegociar las condiciones del acuerdo, alegando cambios en las condiciones. Para Sacyr, es el Ejecutivo murciano el que no ha cumplido su parte, al imponer a posteriori la obligación de hacerse cargo de gestionar el control aéreo, un gasto de dos millones de euros al año que no constaba en el pliego.

A Murcia le corre prisa: uno de los financiadores de la obra, el portugués Banco Espírito Santo, ha pedido su salida del consorcio y quiere su parte, 45 millones de euros. Bajo los términos del aval, esa cifra debe aportarla el Gobierno regional.

Y eso es mucho dinero para una comunidad que ya cerró 2012 con un déficit del 2,9% del PIB, casi el doble del objetivo exigido, y que en octubre del año pasado tuvo que ser rescatada por el Gobierno central con 529 millones de euros. Si la banca deudora pidiese esos 200 millones, el déficit regional crecería, como mínimo, un 0,7% del PIB.

El principal problema para la viabilidad del proyecto es que la región ya tiene un aeropuerto, en San Javier, a 35 kilómetros de Corvera. El Gobierno regional firmó en 2011 un protocolo con el ministerio de Fomento que preveía dejar San Javier para el uso exclusivo de la Academia General del Aire —con quien comparte pistas— y trasladar las operaciones civiles al nuevo aeropuerto. Eso sí, “respetando los intereses legítimos de AENA [...] y de sus trabajadores en San Javier”.

Para la concesionaria, cerrar San Javier es condición indispensable para que se pueda abrir el nuevo aeropuerto; Murcia afirma que no. AENA, por su parte, ha invertido 70 millones de euros en el viejo aeródromo. Y quiere sacarles partido, o, por lo menos, les devuelvan el dinero invertido. Y ni el Gobierno ni la concesionaria lo tienen.

La crisis económica ha provocado una caída espectacular del tráfico aéreo en la región. El proyecto preveía cinco millones de pasajeros en 2015; el año pasado San Javier llegó a duras penas a los 1.200.000.

Sacyr quiere negociar nuevas condiciones. La oposición está de acuerdo. “No porque nos pongamos de parte de la concesionaria”, afirma Begoña García Retegui, del PSOE murciano — muy crítico con la obra desde el principio — “sino porque es lo razonable. En los conflictos se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale”.

La reforma laboral supuso un cambio sustancial en la negociación colectiva en varios puntos. Uno de ellos fue el que puso fin a la prórroga indefinida con la que contaban los convenios en tanto no se firmaba uno nuevo, la redujo a 12 meses. El texto definitivo que se publicó el 7 de julio de 2012 daba un plazo de un año para renovar los convenios que ya habían caducado. Si transcurrido ese periodo, el 8 de julio de este año, no se ha firmado uno nuevo, el marco al que tendrán que sujetarse trabajadores y empresarios será el convenio de ámbito superior (el del sector; y si no lo hay, el Estatuto de los Trabajadores).

Para evitar el problema, que puede suponer un deterioro muy importante de las condiciones laborales, ambas partes comenzaron a buscar una salida el pasado abril. Los sindicatos reclamaron la extensión de la prórroga de forma automática durante otro año. Pero esta posibilidad fue rechazada por la patronal, que no quería oír hablar de plazos concretos. Al final el martes se alcanzó un acuerdo.

El pacto ponía fin a un mes y medio de negociaciones que se plasmaban en un texto de cuatro páginas y ocho puntos. En el sexto punto, llega la recomendación más significativa para los cuadros de las organizaciones sociales que están en las mesas de negociación: “Deberán comprometerse a seguir el proceso de negociación, garantizando durante la duración mutuamente acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio vencido”. La misma cláusula se completa dejando en manos de cada una de las partes la posibilidad de “decidir que la negociación está agotada” y solicitar una mediación o un arbitraje que resuelva el conflicto.

El siguiente punto del documento, al que ha tenido acceso este diario, apremia a los negociadores de los convenios que llevan dos años vencidos a “acudir de manera urgente a la mediación o el arbitraje” si el 8 de julio de 2013 no han llegado a un acuerdo.

En la introducción del texto, los agentes sociales dejan claro que en los convenios en los que se contempla la prórroga indefinida después de su finalización o plazos superiores al marcado legalmente, estas cláusulas no están anuladas por la reforma laboral.

El preacuerdo alcanzado el martes ha sido aprobado por los órganos de dirección de los agentes sociales y se firmará hoy por la tarde. En principio, lo rubricarán los negociadores de sindicatos —Ramón Górriz, CC OO, y Toni Ferrer, UGT— y patronal —José de la Cavada, CEOE, y Teresa Díaz de Terán, Cepyme—. El texto pasará a formar parte del pacto salarial que firmaron a comienzos de 2012 los agentes sociales.

Hay que tener en cuenta que el documento no aleja de forma definitiva la posibilidad de que haya convenios que dejen de aplicarse inmediatamente el 8 de julio. El contenido del pacto, en realidad, es un compromiso que las centrales y las patronales tratarán de aplicar en las diferentes conversaciones que hay en marcha. Pero esto no supone que se vaya a aplicar automáticamente, esa decisión corresponde a los quienes negocian en las empresas y los diferentes sectores, que tienen autonomía para seguir el consejo o no. Una prueba de esto es que para hoy en Cataluña hay convocada una huelga en bastantes sectores de actividad privada que este miércoles no fue desconvocada pese al acuerdo alcanzado en la víspera.

Conocer el número de trabajadores que podrían ver cómo sus condiciones laborales empeoran el próximo 8 de julio, no es fácil. Los sindicatos defienden que puede afectar a unos 2,5 millones; mientras que CEOE reduce el número a 1,5 millones. Para acabar con la discrepancia, ambas partes han reclamado conjuntamente —y vuelven a hacerlo en el texto— “información sobre los convenios y trabajadores afectados”. No obstante, no parece fácil que obtengan una respuesta rápida y precisa. Los datos sobre negociación colectiva en España adolecen de parcialidad y son manifiestamente mejorables, como han admitido reiteradamente los responsables del Ministerio de Empleo, tanto de este Gobierno como de los anteriores.

A pesar del acuerdo sobre contenidos, no parece que las dos partes den la misma relevancia al mismo. Mientras los sindicatos ayer eran partidarios de organizar un acto público con la firma del documento; la patronal prefería no dar más relevancia al hecho y habla de “compromiso operativo” para incorporar a los acuerdos de negociación colectiva ya existentes.

“No podemos seguir deprimiendo más la capacidad adquisitiva de la gente por la combinación de la subida de impuestos, de los precios regulados y depresión de los salarios nominales de la gente sin incurrir en más riesgos de destrucción de actividad económica y, por tanto, de empleo. Ya lo preveía el acuerdo de negociación colectiva”, prosiguió el líder sindical, en un acto de Nueva Economía, en el que estuvo acompañado por el líder de UGT, Cándido Méndez.

El acuerdo del que hablaba Toxo es el pacto de contención salarial que alcanzaron a comienzos de 2012 UGT, CC OO, CEOE y Cepyme. A cambio de esa moderación, la patronal se comprometió a recomendar contención en las ganancias. No obstante, el Banco de España ya ha advertido en más de una ocasión de que la devaluación interna adolece de cojera por la escasa moderación de las rentas empresariales. Había una tercera pata: los agentes sociales exigían al Gobierno control de los precios regulados (energía o transporte público).

Acerca del gran acuerdo por el empleo que los sindicatos proponen, Toxo afirmó que espera que el Gobierno se apee de su negativa a intentarlo. Y reclamó “soluciones de emergencia, porque el problema lo tienen las personas”.

Entre las soluciones que proponen los sindicatos está que se hable el grifo del crédito para pymes y autónomos. Y para solventarlo, no le piden cambios a las entidades financieras: “Los bancos están a lo suyo. Tienen una castaña importante. De los grandes bancos no espero nada, deberían cooperar más, pero yo no espero nada”. “La banca nacionalizada debe ser el instrumento del ICO, que solo tiene 200 funcionarios, a su servicio, para canalizar esas líneas de crédito tantas veces anunciadas que nunca llegan a la economía real”, propuso.

Los estatutos, que deberá aprobar la asamblea general de la organización el próximo 18 de junio, recogen 14 de los 18 puntos que incluyó el presidente, Juan Rosell, en la encuesta enviada a los directivos. Esos cuatro puntos no prosperaron en la reunion de este miércoles; pero quedan pendientes para su futura incorporación, probablemente en la siguiente legislatura. Tampoco va a suponer cambios en el número de componentes de la junta (entre 200 y 250) ni del comité ejecutivo (entre 40 y 50) pese al intento inicial de reducir ambos órganos para hacerlos más operativos.

Entre los puntos descartados figura la integración de las empresas individuales en la junta con voz pero sin voto y el establecimiento de criterios objetivos para gestionar la representación de las distintas organizaciones en los órganos de gobierno. Asimismo, Rosell tiene pendiente nombrar una comisión asesora permanente.

La patronal contará con órganos nuevos, como una comisión ejecutiva que funcionará como órgano de coordinación, y un Código Ético, que fue aprobado en junta extraordinaria el pasado jueves 16 de mayo. Este código persigue, como principal objetivo, acabar con la corrupción y los sobornos, para lo que ha impuesto una serie de obligaciones como el pago a partidos políticos, cargos públicos o entidades.

Hay tres vías para acabar con ellos. La más radical la formula el economista francés René Passet: cerrarlos. ¿Cómo? “Dejar de reconocer los actos jurídicos firmados en esos países”.

Esa bella pócima es tosca, por imposible. Y es que los búnkeres de hoy no son solo los “paraísos” isleños de ayer, jurisdicciones sin impuestos: abarcan también a los territorios casi sin impuestos o que permiten ingenierías financieras con impuestos casi cero, en las propias metrópolis. El Reino Unido jamás dejaría de reconocer los actos de la City (búnker, no paraíso), entre otras cosas porque la City manda más que la señora Windsor. Ahora bien, este mecanismo podría utilizarse como amenaza a los “paraísos” cercanos (Suiza, Liechtenstein), de forma que se aviniesen a adoptar las nuevas normas de la UE, que prometen ser más duras.

La segunda vía es el largo vía crucis de la armonización fiscal, por unanimidad, de los 27 Estados miembros de la Unión. Es la que ha acabado con el secreto bancario dentro de la Unión, salvo, de momento y por poco tiempo, en Luxemburgo y Austria. Tiene la ventaja de que muchos (27) pesan más que pocos, pero la desventaja de que hasta ahora se ha mostrado muy lenta.

En efecto, la directiva de 2003 sobre imposición al ahorro (capital) tardó 14 años y llegó con excepciones: los países mencionados, solo las personas físicas, y la especiosa condición de que se iría a remolque de los avances conseguidos en las negociaciones con los paraísos europeos externos a la UE: el más lento y generoso con la corrupción fiscal marcaba el ritmo de todos.

Esta es la vía que ha retomado el Consejo Europeo. No es obligatorio ser del todo escéptico, como el gato escaldado. Dará algunos frutos, aunque siempre algo más tarde y con menor intensidad de lo que las circunstancias requieren, pues hay que convencer / vencer a los jugadores ventajistas que van por libre. Y de lo que la opinión reclama: que tributen ya todos, evasores y multinacionales espabiladas entre ellos, y no solo los pringados de siempre. Un clamor que constituye uno de los pocos buenos frutos de la actual crisis.

La tercera vía ya se ha iniciado y se combinará con la anterior. Es la acción de una “vanguardia” de países. Cinco de ellos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España), a los que se han añadido otros cuatro (Polonia, Holanda, Bégica, Rumanía), están formalizando unos acuerdos tipo FATCA (Foreign Account Tax Compliance) con EE UU. Mediante ellos se intercambiarán todos los datos fiscales de clientes por encima de 50.000 dólares o bien retendrán el 30% a los intereses, dividendos y otros pagos por inversión.

Esta vía puede convertirse en la práctica en una conjura de los que quieran avanzar más, sorteando el odioso requisito de la unanimidad en las decisiones fiscales de la UE. Con solo mayoría cualificada, el artículo 116 del Tratado permite armonizar impuestos. Basta alegar que normativas bajistas como la irlandesa o la chipriota sobre el impuesto de sociedades, o el laxismo al comprobar el olor del dinero reciclado en las prácticas administrativas de otros, “distorsionan las condiciones de competencia en el mercado interior”, argumenta el profesor Agustín José Menéndez.

Es fácil demostrar que si un Estado miembro tolera impuestos cero o casi cero, su conducta equivale a la del que concede, por igual montante, ayudas públicas que falsean la competencia. Así, por la puerta de atrás, la Comisión puede impulsar la armonización fiscal tras consultar con los Estados, y en caso de desacuerdo, ir a la codecisión (con las otras instituciones). Solo se requiere voluntad política. Y parecería que, ahora, se esté desperezando.

Cuando los impuestos de los distintos países europeos estén —aunque con horquillas— armonizados, será el momento de “dotar a la Unión de un genuino poder fiscal” propio, como Menéndez, y otros, reclaman (“The Columbian journal of european law”, vol. 12, número 2, 2004). Así sea.

“El compromiso de España fraude fiscal es total, estamos pidiendo muchos sacrificios y hay una gran exigencia ética de actuar contra la evasión”, explicó el presidente. Estas rentas, el 9% del PIB, las han declarado entre solo 131.411 contribuyentes, de ellos 129.925 personas físicas, esto es el 0,002% de los españoles, que son los que declaran tener bienes en el extranjero, vivan o no expatriados. Esas personas declaran 67.100 millones de euros, los otros 20.600 millones corresponden a empresas españolas.

Rajoy, que ha vivido el escándalo de la evasión de su extesorero Luis Bárcenas, se mostró satisfecho por los pasos dados por el Consejo: “La UE va a hacer la vida mas difícil a los evasores y tendrá así el liderazgo mundial”.

España no ha promovido medidas tan espectaculares como la investigación del Senado de EEUU a Apple o la compra de información de defraudadores llevada a cabo por varios lander alemanes, pero Rajoy y Cristóbal Montoro sí están satisfechos de la amnistía fiscal por el dinero aflorado —unos 40.000 millones, aunque sólo se ha recaudado un 3% de esa cantidad— y por sus políticas también de subida de impuestos a grandes empresas al eliminar muchas desgravaciones de dejaban su tipo efectivo casi en el 0%, según explicó el presidente.

Rajoy también habló sobre otro asunto central: la posibilidad de que los bancos españoles necesiten más dinero de los 40.000 millones ya prestados por el MEDE, el mecanismo de rescate europeo. Alemania está convencida de que España debería reclamar más dinero de los 100.000 que tenía a su disposición, claro que eso implicaría nuevas condiciones. Rajoy lo descartó: “No creo que Alemania me pida eso, me pediría lo contrario”, esto es que pida menos, ironizó. “Eso sería como pedir otro rescate con otro plan macro. Creo que no vamos a necesitar más”. ¿Y si lo necesitara, acudiría al MEDE?, le preguntaron. “De hacer falta ese dinero, no tendría que salir del MEDE, se podría hacer acudiendo al mercado, pero son cantidades muy menores, no estoy preocupado por ese tema”, dijo Rajoy, abriendo así la puerta a buscar ese dinero extra para capitalizar más los bancos pero no en Europa con nuevas condiciones.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene mucho que ver en este sorpasso, ya que ya sido el gran financiador de las entidades españoles en 2012 y estas, para obtener esos créditos, dejan los bonos españoles en prenda. Además, las inyecciones de liquidez de finales de 2011 y primeros del año pasado también se destinaron en buena parte a deuda pública que paga una alta rentabilidad. Las facilidades monetarias, en cambio, no se traducen en crédito a empresas y familias.

Tampoco la demanda extranjera ha reforzado su apuesta por la deuda española en 2012 y ha reducido en 57.000 millones su cartera, hasta acabar el año en unos 224.000 millones, el 35% del total. Se trata aún del principal cliente, pero su peso se ha visto reducido en 10 puntos desde 2010.

Esta mayor liquidez ha permitido suavizar los tipos de interés que el Tesoro Público ha pagado en sus emisiones de deuda, en concreto, el tipo medio ha bajado en 50 puntos básicos (o 0,5 puntos porcentuales), que, traducido a euros contantes y sonantes, ha supuesto un ahorro de unos 1.000 millones de euros. La mejora ha continuado en los que va de 2013, que ha visto disminuir los tipos del 3,01% y 2,68% y ha permitido reducir el gasto en unos 300 millones.

Los datos proceden de la Memoria del Mercado de Deuda Pública que este miércoles ha presentado el Banco de España. El subdirector del Tesoro, Ignacio Fernández, ha explicado en la presentación que el organismo se plantea levar a cabo una nueva emisión sindicada aun plazo de 15 años, así como "seguir explorando alternativas como las emisiones en dólares", con una nueva operación antes de finales de año de entre 6.000 y 6.500 millones.

En global, la emisión neta del Estado (la diferencia entre la deuda que se emite y la que vence) subió un 13,7% el año pasado, hasta alcanzar los 60.945 millones, mientras que las colocaciones brutas aumentan un 6,6%, hasta los 212.854 millones. El mercado secundario, el de compraventa de títulos ya emitidos entre inversores, bajó un 23%.

Durante su declaración ante el magistrado Elpidio José Silva, Sánchez Barcoj ha señalado también que el consejo de administración de Caja Madrid debería haber esperado a la autorización de la Comunidad de Madrid -preceptiva dada la condición de consejero de la entidad de Díaz Ferrán- para aprobar el préstamo, han informado hoy fuentes jurídicas.

El crédito al expresidente de la CEOE se aprobó el 17 de noviembre de 2008, mientras que la autorización del Gobierno regional no llegó hasta el 10 de diciembre de 2008, cuando Díaz Ferrán ya había dispuesto de 16,7 millones de los 24 que le habían sido concedidos en primera instancia.

Algunas de las fuentes consultadas han añadido que el imputado ha puntualizado ante el magistrado que la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid siempre autorizaba los créditos a sus consejeros, pero que la notificación de esa aprobación algunas veces llegaba después de que se hubieran otorgado.

El instructor ha rechazado la petición de prisión sin fianza que para Sánchez Barcoj ha solicitado la acusación popular ejercida por Manos Limpias, que ha reclamado además que se le retire el pasaporte y se le impongan comparecencias semanales, medidas éstas aún pendientes de resolver por el juez.

Acciones pignoradas como garantía

Sánchez Barcoj ha achacado a Díaz Ferrán ser el primer consejero en la historia de Caja Madrid que ha engañado a la entidad al haber garantizado que las acciones de su grupo estaban libres de carga, cuando en realidad estaban pignoradas, para poder obtener el préstamo. Además, ha añadido que antes de que se le concediera éste, Díaz Ferrán había gozado de otros en los últimos diez años, por lo que en este caso se unía la confianza no sólo por su cargo sino por la relación crediticia.

También ha relatado como el exdueño de Marsans pidió personalmente al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa un excedido de 1,9 millones de euros, lo que éste comunicó al entonces director de negocio, Gonzalo Alcubilla. Este último lo puso en conocimiento del comité financiero, que lo aprobó al comprobar que las garantías estaban bien soportadas.

Previamente, el empresario Gabriel Subías, ex consejero delegado de Orizonia, ha declarado como testigo y ha ratificado ante el juez que hubo una oferta no vinculante por parte de esta empresa para comprar Marsans, han señalado las fuentes jurídicas consultadas.

Silva tenía hoy previsto interrogar a los seis miembros del comité financiero de Caja Madrid imputados, pero finalmente sólo tomará declaración a dos de ellos, Sánchez Barcoj y Juan Bartolomé, quien está declarando desde aproximadamente las 18:30 horas. Mañana ha citado a partir de las 10:00 de la mañana a Alcubilla, Fernando Sobrini, y Luis Crespo, mientras que a Matías Amat le comunicará próximamente la fecha en que deba comparecer.

La sociedad pública ha contratado los servicios de la consultora KPMG para cerrar la venta de un grupo de casas situadas en Andalucía y Valencia, así como una serie de edificios inacabados, según han comunicado a Bloomberg cuatro fuentes diferentes. El banco malo, conocido oficialmente por el nombre de Sareb, espera recibir ofertas por unos 200 millones de euros, según las mismas fuentes, que pidieron el anonimato ya que el proceso sigue abierto.

Según Bloomberg, fondos de inversión como Apollo Global Management de Leon Black o Colony Capital, gestora dirigida por Thomas Barrack estarían interesados en la compra con vistas a sacar beneficios del estallido de la burbuja inmobiliaria. El descenso de precios acumulado desde los máximos de 2007 en el mercado inmobiliario llega ya al 39%.

La Sareb recibió los activos con un fuerte descuento frente al valor en libros que constaba en las entidades nacionalizadas. En caso de los créditos el recorte fue del 46%. Pero el caso más acusado es el del suelo, donde la rebaja llegó al 80%.

"Que la Sareb tenga éxito en su primera venta sería una señal para otros inversores de que hay una oportunidad en España, pero sigue siendo un gran escollo", comentó a Bloomberg Lee Tyrrell-Hendry, analista de Royal Bank of Scotland. Según recuerda, los inversores están a la caza de altas rentabilidades, algo que pueden encontrar en España, "pero porque los riesgos siguen siendo altos y las previsiones económicas siguen siendo débiles", añadió. A este respecto, también hay quien advierte de que los precios seguirán a la baja, como Standard & Poor's, que augura que caerán otro 20% antes de tocar fondo.

El principal reclamo es la rebaja de un 15% del Samsung Galaxy S4, el smartphone estrella dee la marca coreana, que pasa de 755 a 639 euros, un 15% menos (aunque en las tiendas libre y sin financiación vale 699 euros). El Galaxy Mini 2 se rebaja de 167 euros a 116 euros (-30%); el Samsung Galaxy S III Mini pasará de 327 a 275 euros (-16%); el Nokia Lumia 520, baja un 16% hasta 169 euros; el Sony Xperia U pasa de 218 a 179 euros (-18%), que supone una reducción del 17,88%.

La compañía aclara que se trata simplemente de trasladar a los clientes el ahorro de costes que supone la compra de terminales en grandes volúmenes a los principales fabricantes y, en ningún caso, volver a la política de subvenciones de teléfonos que abandonó hace más de un año.

La nueva promoción se produce un día después de que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones publicara las cifras de portabilidad del mes de marzo en el que Telefónica perdió 87.103 a manos de los operadores sin red (OMV) fundamentalmente. De acuerdo con las cifras de la CMT, la principal operadora móvil en España ha perdido en los primeros tres meses del año más de 700.000 clientes celulares y su cuota de mercado ha descendido al 35,6 por ciento, tres puntos por debajo del nivel registrado hace un año.

Estos nuevos precios, en estos dispositivos, estarán disponibles para nuevas altas, portabilidades al contrato Movistar Cero, Total o a cualquiera de las modalidades de la oferta convergente Movistar Fusión, incluida la nueva de Movistar Fusión Cero.

De igual forma, Telefónica ha lanzado una nueva promoción para los clientes de Movistar, que estará disponible hasta el próximo 31 de mayo, dentro de sus planes Renueva y Recicla. Así, según señaló la compañía, los usuarios podrán renovar y reciclar sus terminales a unos “precios más ventajosos” bajo estos programas.

De esta forma, el usuario podrá pagar hasta 190 euros menos por su nuevo smartphone si lleva su terminal anterior de cualquier marca, y de cualquier operador, que será valorado “convenientemente” para adquirir el nuevo.

La citada renovación de la oferta de terminales móviles se une a los recientes movimientos comerciales de la compañía destinados a simplificar su oferta de tarifas. Telefónica lanzó hace pocas semanas los nuevos contratos Movistar Cero y Movistar Total, además de la nueva oferta convergente Movistar Fusión Cero.

La operadora defendió que, con estas rebajas en los precios de los terminales, busca adaptar las ofertas a las necesidades de los clientes dentro del actual entorno económico.

La subida del bono germano, la primera en tres días, se produce antes de que este jueves se conozcan datos sobre la producción manufacturera y el sector servicios en la eurozona. Los economistas esperan que las nuevas estadísticas muestren que el continente profundiza su recesión y esto podría haber sido uno de los motivos por los que la deuda alemana se pagaba este miércoles más cara.

Por su parte, el bono a 10 años de EE UU alcanzó el 2,013%, tras subir un 4,41% desde el 1,928% del martes. El mercado reaccionaba así a las declaraciones de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal estadounidense, que anunció que no retiraría los estímulos a la economía porque podría eliminar la mejora de su economía, pero sí reconoció que habrá que estudiar el momento oportuno para dejar de aplicar la compra de deuda.

En cuanto a la Bolsa, el IBEX 35 cerró prácticamente plano, tras perder 2,1 puntos y caer el 0,02%, hasta 8.462,40 puntos. En lo que va de año, el selectivo ha ganado un 3,61%. En Europa, con el euro a 1,285 dólares, Fráncfort marcó su duodécimo máximo histórico consecutivo con un alza del 0,69%, mientras que Milán avanzó el 0,68%; Londres, en niveles del comienzo del año 2000, el 0,53%, y París, el 0,37%.

El descenso está llevando a las acciones de Bankia cada vez más cerca del precio de 1,35 euros a los que se realizó la ampliación de capital dineraria del FROB y que también sirve de referencia para el canje de las preferentes y la deuda subordinada.

El próximo lunes, cuando los inversores en preferentes y subordinada que decidan acudir al canje, que es voluntario, reciban sus títulos y estos empiecen a cotizar, saldrán al mercado una gran cantidad de nuevas acciones. Por tanto, es factible que las ventas de esos nuevos inversores pueden terminar de ajustar el precio a una valoración razonable en relación con la situación de una entidad en plena reestructuración como Bankia.

Con la racha negativa de las últimas jornadas, el valor ha puesto fin de momento a los fuertes vaivenes registrados desde que se llevó a cabo el contrasplit y la segregación de los derechos para la ampliación del FROB, que fue de 10.700 millones. Teniendo en cuenta la agrupación de títulos desde los 375 euros (tomando en cuenta la agrupación de los títulos de 100 en 100) que equivalen a su precio de salida a Bolsa, la caída acumulada a lo largo de su desafortunada historia en el parqué es del 99,6%.

Según los datos que ha dado a conocer el INE, que se desprenden de la Encuesta de Población Activa de 2012, las personas desempleadas en 2012 procedían, en su mayoría, de situaciones previas de empleo. Así, de los 5.769.000 parados de media que había a cierre del pasado año —cifra que aumentó a 6,2 millones a lo largo del primer trimestre, el 27,16%—, 5,29 millones habían trabajado anteriormente. El principal motivo de haber dejado su empleo fue la finalización del contrato que afectó a 2.673.500 parados con empleo anterior (el 50,5% del total) frente a .390.700 de 2011 (el 52,1%).

Por el tamaño del establecimiento, en 2012 solo aumentó el número de ocupados en las empresas de 250 o más trabajadores, con cerca de 20.000 personas más que en 2011. De hecho, esta ha sido la categoría a la que más tarde afectó la caída del empleo iniciada en 2008 y la única que ha logrado elevar plantilla en 2012, aunque su peso en el conjunto del mercado de empleo es de apenas un 12%.

Por otra parte, el número de ocupados en empresas de 1 a 10 trabajadores retrocede un 4%, pese a la idea que publicita de forma persistente el Gobierno de que quienes crean puestos de trabajo en España son las pymes y autónomos. Este colectivo, que aporta el 13,5% de los empleos, no ha dejado de perder trabajadores desde el inicio de la crisis.

Además, la mayoría de los trabajadores españoles tenía jefe, pero no tenía ningún subordinado en el año 2012. Casi siete de cada 10 trabajadores se encontraban en esa situación, ya que ocupaban un puesto de trabajo de empleado (con jefe y sin subordinados). Del total de ocupados en 2012, un 10,6% era trabajador independiente (no tenía jefe ni subordinados); un 6,5% era encargado; un 7,1%, director de empresa pequeña departamento o sucursal; un 5,9% era mando intermedio y un 0,8% era director de empresa grande o media.

Más directivos hombres que mujeres

Por sexo, el porcentaje de hombres directores casi duplicó al de mujeres en las empresas de pequeño tamaño y lo triplicó en el caso de empresas grandes o medias. En el caso del puesto de empleado, el porcentaje de mujeres (76,5%) superó al de varones (62,5%) en 14 puntos.

Atendiendo a la forma de contratación, el porcentaje de asalariados que fue contratado a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) se mantuvo en el 2,7% del año anterior. Por su parte, un 1,6% obtuvo su empleo con la intermediación de una oficina de empleo pública (nueve décimas menos que en 2011).

Trabajar en domingo sigue siendo poco habitual, aunque el porcentaje de los que lo hicieron ha subido con respecto de 2011. Así, un 4,4% lo hizo un domingo al mes (una décima más que en el año anterior) y un 16,4% dos o más domingos (cinco décimas más).

Un total de 296.100 ocupados trabajaron a tiempo parcial con objeto de disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes en el año 2012, lo que supuso un 17,6% menos que en 2011. La práctica totalidad de quienes trabajaron a tiempo parcial para poder a la vez ejercer la labor de cuidadores fueron mujeres. El 59% de ellas consideran que no hay servicios adecuados para la atención a personas dependientes (niños, adultos, enfermos, discapacitados, etc.) o no pueden costearlos.

Las regiones españolas solo dejan espacio en el Top ten europeo a dos regiones griegas, Dykiti Macedonia, quinta con un 29,9%, y Sterea Ellada, décima con un 27,8% y a Reunión, el territorio francés de ultramar, que es séptima con un 28,6%.

El desempleo también sirve para comprobar la disparidad de la situación económica dentro de la Unión y la eurozona. Austria y Alemania, países del euro, concentran las regiones donde el pleno empleo es una realidad. Las austriacas Salzburgo (2,5%) y Tirol (2,5%) son las que menos paro registran en Europa. Las alemanas Baden-Wurtemberg (2,7%), Baviera (2,7%), Renania-Palatinado (2,7%) y Friburgo (2,9%), también disfrutan de tasas mínimas. La capital checa, Praga (3,1%), es la única región fuera de la moneda única que se cuela entre sus vecinos germanoparlantes en centroeuropa. La holandesa Zelanda, con un 3,1%, y la austrica Estiria, con un 3,2%, completan una lista en la que solo aparecen cuatro países.

"Los datos recientes sugieren cierta mejoría de las condiciones económicas y financieras (...) Reino Unido, sin embargo, aún dista de una recuperación sólida y sostenible", recogen las conclusiones del Artículo IV sobre la economía británica, elaborado por la institución internacional.

En este sentido, el FMI advierte de que los riesgos para las perspectivas de la economía británica siguen apuntando a la baja y cita entre sus principales preocupaciones la posibilidad de que no mejoren las condiciones de crédito, se produzca un contagio en caso de registrarse una nueva oleada de tensiones en la zona euro o que el crecimiento de la demanda externa sea insufuiciente.

De este modo, la institución dirigida por Christine Lagarde considera "vital" combinar el saneamiento de la economía con el crecimiento, para lo que defiende la necesidad de mantener la actual relajación de la política monetaria, así como adoptar medidas para fortalecer al sistema financiero y, en la medida de lo posible, adoptar iniciativas de apoyo al crecimiento.

Así, en el marco del programa de consolidación fiscal a medio plazo del Gobierno británico, el FMI recomienda adelantar en lo posible las inversiones de capital previstas, así como modificar la composición de este ajuste, incluyendo la reducción del tipo marginal efectivo del impuesto de sociedades.

En un comunicado, la entidad presidida por Haruhiko Kuroda destaca que la economía del país mantendrá la senda de la recuperación gracias a que "la demanda doméstica se mantiene resistente debido a los efectos de las medidas de flexibilización monetaria" y las políticas de estímulo aprobadas recientemente en el país, conocidas como Abenomics.

Tras su reunión de dos días, la junta de política monetaria de Japón acordó, además, mantener la compra de deuda pública y activos de mayor riesgo de cara a duplicar la base monetaria en dos años para terminar con la deflación que soporta el país desde hace casi 15 años.

Respecto a los precios, el Banco de Japón prevé que en términos interanuales registren pequeñas tasas negativa por el momento para, porteriormente, entrar gradualmente en terreno positivo. "Algunos indicadores sugieren un incremento de las expectativas de inflación", señaló la institución.

De este modo, el Comité del BoJ expresó su determinación de proseguir con su política de relajación "cuantitativa y cualitativa" por el tiempo que sea necesario con el objetivo de alcanzar y mantener de manera estable el objetivo de estabilidad de precios del 2%. "Se examinarán los riesgos tanto a la baja como al alza para la actividad económica para realizar los ajustes que sean apropiados", afirma la institución.

Desde 2004, Forbes ha ofrecido su relación de las 100 mujeres que se adhieren a la definición tradicional de poder político y económico, pero también ha recogido a aquellas que han llegado a lo más alto de la escala social o cultural. En el listado de 2013 hay ocho jefas de Estado (incluída una reina que ya ha celebrado el 60 aniversario de su acceso al trono); 25 directoras ejecutivas que controlan cerca de 100.000 millones de dólares y 11 multimillonarias en cuyas arcas personales hay un total de más de 80.000 millones. Como cada año, Forbes lista también a las filántropas, esas potentadas que hacen algo más en la vida que contar su dinero.

La razón por la que Merkel sigue en la cresta de la ola no es otra que el declive europeo y su crisis económica, que han hecho que la canciller alemana haya estado presente en todos los años menos en uno. “Es la columna vertebral de la Unión Europea y carga el destino del euro sobre sus espaldas", escribe Forbes. Como para no ser la número uno.

Rousseff, primera mujer en la presidencia de Brasil -sucedió al carismático Lula da Silva tras ganar las elecciones en octubre de 2010-, ocupaba el 95º lugar en el ránking de la prestigiosa revista tan solo tres años atrás. Además de Rousseff, otra brasileña aparece entre las 20 primeras de la revista estadounidense: la presidenta de la petrolera Petrobras, Maria das Gracas Silva Foster, en el 18º puesto (la 20ª el año pasado). En cambio, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, pierde diez lugares con respecto a la anterior lista, para situarse en la 26ª posición.

También baja enteros la única española que integra el listado del poder femenino. Rosalía Mera (69 años), fundadora de Zara junto a su exmarido Amancio Ortega, estaba el año pasado en el lugar 54 y este desciende al 66, aunque sigue estando entre las 100 por las mismas y filantrópicas razones: su buen corazón.

En la lista Forbes hay representadas 26 nacionalidades diferentes, aunque con un claro dominio de la estadounidense. En un claro síntoma de la importancia de las redes sociales, las 100 mujeres más poderosas del planeta tienen un total de 153 millones de seguidores en la red social Twitter. La más joven del ránking sigue siendo la cantante estadounidense Lady Gaga (de 27 años, en el lugar 45), y la mayor es la reina Isabel II de Inglaterra (de 87 años, en el 40).

La escritora británica J.K.Rowling se precipita hacia el final de la lista cada año que pasa: en 2012 estaba en el 78 y ahora se encuentra en el 93. Hay 14 nuevas entradas, incluida la primera mujer en acceder a la presidencia de Corea del Sur, Park Geun-hye; la física italiana Fabiola Gianotti y la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma –nada de herencias- y presidenta de Spanx –la moderna faja-, Sara Blakely.

Judlau se encargará de instalar y acabar la estación de la calle 72, un paso intermedio entre la construcción del túnel y la puesta en marcha de los equipos de señalización. El contrato exige la instalación de escaleras, ascensores, acabados, sistemas de ventilación, refrigeración e iluminación.

La constructora presidida por Juan Miguel Villar Mir muerde así otro bocado de la Gran Manzana, tras anunciar en diciembre un acuerdo para renovar los equipos de electricidad y gas en Manhattan por 86 millones de euros. OHL no es la única constructora española trabajando bajo el subsuelo de la principal isla de Nueva York: ACS anunció el pasado mes de octubre un contrato de 730 millones de euros para participar en la instalación del túnel que ligará el ferrocarril suburbano de Long Island con la estación Grand Central.

OHL logra así entrar en la construcción de la línea de la Segunda Avenida, un proyecto que lleva planeado más de 80 años y que, para alivio de los neoyorquinos, parece por fin ponerse en marcha. La nueva línea es la primera gran ampliación del metro de Nueva York en más de 50 años, y servirá para descongestionar la línea de la avenida Lexington, la única que hace un recorrido norte-sur al este de Central Park.

En concreto, el colectivo de extranjeros realizó 8.457 transacciones entre los pasados meses de enero y marzo, un 5% más, lo que también supone el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento interanual. Por nacionalidades, los más activos han sido británicos, rusos y noruegos, especialmente en las zonas costeras de la Comunidad Valenciana.

La estadística no se ha visto condicionada por la decisión del Gobierno de conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda habitual. La razón es que esta medida sigue en estudio y el Ejecutivo ultima su aprobación, aunque aún no ha confirmado si establecerá un importe mínimo para acogerse a ella.

En el conjunto de los doce últimos meses (abril de 2012-marzo de 2013) se compraron y vendieron un total de 348.715 pisos, lo que arroja un leve aumento del 1,3% respecto al mismo periodo precedente gracias a la inercia alcanzada en los últimos meses de 2012.

Más viviendas de segunda mano

Por tipo de vivienda, la compraventa de las de segunda mano copó el 82,7% de las transacciones, con 45.098 pisos comprados o vendidos, de forma que las operaciones sobre nuevas residencias supusieron un 17,3% (9.414 unidades). De su lado, las viviendas protegidas representaron el 5,5% del total de pisos que se transaccionaron en el primer trimestre del año, con 2.974 unidades.

Por comunidades, la compraventa de pisos cae en todas ellas, con la excepción de Murcia, que aumentó las ventas un 10,3%. Los mayores retrocesos de los tres primeros meses del año se localizaron en Navarra, con una caída en las transacciones del 49,5%, Castilla y León (-40,9%), País Vasco (-40,4%) y Asturias (-38,3%).

Por municipios, los que registran un mayor número de compraventas son Madrid, con 3.350 pisos transaccionados, Barcelona (1.635 viviendas), Sevilla (1.219 unidades), Valencia (827 pisos) y Zaragoza (819 viviendas).

Entre el tipo de problemas que la red cita como motivaciones que les han llevado a la creación de la alianza están la quiebra de Lehman Brothers, la estafa de Madoff, las consecuencias del escándalo del Libor, la fallida salida a Bolsa de Bankia o la comercialización dudosa de productos mixtos como las participaciones preferentes, que han afectado a miles de empresas y millones de personas de todo el mundo.

Javier Cremades ha sido elegido presidente, mientras que Glen de Valerio, del despacho Berman de Valerio; Iacopo Destri, del despacho italiano C-Lex Studio Legale; Jae W. Lee, del despacho Drohan Lee, y Paul Kennedy, del despacho irlandés Dillon Eustace, han sido elegidos vicepresidentes. Por su parte, James Duffy, de Berg & Duffy, ha sido nombrado secretario de esta Asociación Internacional.

Para enfrentarse a la sofisticación de los mercados

Cremades destacó este miércoles, a través de una nota de prensa, que en un sistema financiero cada vez más complejo la regulación "está abocada a caminar por detrás de la sofisticación de los mercados, que requieren una respuesta también global por parte del Derecho, no sólo en su parte dispositiva sino en el ejercicio concreto de la litigación".

El objetivo de esta red es compartir información sobre la práctica local y global financiera, los litigios y el desarrollo de la ley para facilitar y difundir la comunicación entre sus miembros y mejorar las capacidades de sus miembros para servir a las necesidades de sus respectivos clientes en litigios financieros.

Por otra parte, la asociación quiere impulsar la promoción de herramientas procesales adecuadas a este tipo de litigios globales. En concreto, la posibilidad de plantear demandas colectivas para salvaguardar los derechos de los consumidores y accionistas de entidades financieras.

La compañía ha achacado este resultado a la caída de ventas debida a la debilidad del consumo, el estancamiento del mercado inmobiliario, que no ha permitido la generación de recursos extraordinarios, el saneamiento de la de la red comercial, el ajuste de precios que ha transferido al consumidor un ahorro de 107 millones de euros y la reducción de la deuda en 44 millones de euros. Eroski completó el pasado octubre la adquisición del 100% de la cadena Caprabo.

Sin el efecto de los resultados no recurrentes, el resultado de Eroski arroja una pérdidas de 70 millones de euros, lo que mejora en un 15% los resultados comparables del año anterior.

Por su parte, Eroski Sociedad Cooperativa, la sociedad matriz del grupo, realizó el pasado año una provisión de 214 millones de euros. Según la firma, el empeoramiento de las expectativas de recuperación económica en general han reducido, por criterio de prudencia, la valoración de sus sociedades participadas.

Tras esta "fuerte" dotación, Eroski Sociedad Cooperativa contabiliza unas pérdidas de 60 millones de euros, frente a un beneficio de 42 millones de un año antes, a pesar de mantener un beneficio operativo (sin provisiones) positivo de 100,1 millones de euros, resultado acorde con años anteriores.

El grupo Eroski cerró el pasado año con una cifra global de ventas netas (sin IVA) de 6.222 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,3% a superficie comparable en relación al ejercicio anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente se situó en 265 millones de euros, un 4,2% de la cifra de ventas, lo que demuestra "la solidez de la actividad comercial pura, esto es, al margen de gastos financieros y amortizaciones".

BAJARA LOS PRECIOS DE 3.000 PRODUCTOS EN JUNIO.

Por otro lado, Eroski ha presentado su Plan Estratégico 2013-2016, con el que prevé incrementar su Ebitda recurrente de negocio hasta los 450 millones de euros al final del periodo, en el que seguirá apotsando por la apertura de supermercados franquiciados para extender su red comercial.

Así, Eroski prevé abrir este año 65 nuevos supermercados entre propios y franquiciados. Estos últimos sumarán un total de 156 inauguraciones con una inversión superior a 50 millones de euros en el trienio 2011-2013.

Según el grupo, se trata de un "ambicioso" plan que en su faceta de reducción de costes está ya aportando "importantes" mejoras, lo que permite anunciar la bajada de precios de los productos más importantes de la cesta de la compra a lo largo del mes de junio. Esta bajada de precios, según el tamaño de la tienda, puede afectar hasta a 3.000 productos.

Por otro lado, Eroski avanza en la extensión de su modelo cooperativo y durante 2012 un total de 3.695 trabajadores de sus sociedades participadas han decidido cambiar su 'status' laboral para pasar a ser socios cooperativistas.

Además, los socios en la cooperativa Eroski suman un total de 8.457 cooperativistas que, junto a los socios de la nueva cooperativa constituida Eroski Hipermercados suman un total de 12.620 socios cooperativistas, sobre un total de 38.420 trabajadores del grupo.

Por último, los inversores de Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) han recibido unos intereses de 30 millones de euros correspondientes a los intereses generados en el ejercicio 2012. En cuanto a la retribución de estas aportaciones en 2013 ya está comprometido su abono en metálico el próximo 31 de enero de 2014, con la retribución del 3,119% para la emisión del 2007 y del 3,619% para emisiones anteriores.

Los incrementos más relevantes correspondieron a los Países Nórdicos, que crecieron el 12,3%, hasta 1,8 millones de turistas, y Francia, con 2,3 millones, el 8% más. El incremento porcentual más elevado correspondió a Rusia (24,8%), aunque este mercado solo representa el 1,5% de los turistas que recibe España.

Las autonomías de destino en las que más creció la entrada de turistas fueron la Comunidad Valenciana (14,8%), Baleares (9,6%) y Cataluña (5%), mientras que Canarias descendió el 1,2% y Madrid el 1,3 %. A pesar de estas variaciones, Canarias fue la que más turistas ha recibido, con 3,6 millones, seguida de Cataluña, 3,5 millones, y Andalucía (1,8 millones).

En el mes de abril, las entradas de turistas crecieron el 3,1% respecto a igual mes del año pasado, hasta 4,6 millones, a pesar de que en 2012 la Semana Santa cayó en marzo.

La principal vía de acceso a España fue el aeropuerto, por el que entraron 11,4 millones turistas en lo que va de año, mientras que por carretera nos visitaron 2,3 millones. En cuanto a las modalidades de alojamiento, el hotelero fue utilizado por más de 9 millones de turistas, el 65% del total, y el resto optó por viviendas propias, de familiares o amigos u otro tipo de alojamiento. Los turistas que no contrataron paquete turístico cayeron el 3,9%, hasta 4 millones, y aumentaron el 5,4% quienes utilizaron paquetes turísticos.

Porque ese es uno de los grandes males de Europa, por encima de muchos otros. Hoy, por ejemplo, los Estados asisten impasibles al aprovechamiento abusivo que hacen las grandes empresas de la ley para reducir al mínimo su factura fiscal. La Comisión instará a los socios a que informen antes de final de año sobre qué medidas “concretas y visibles” han adoptado para evitar que esos beneficios empresariales escapen a la tributación. A su vez, Bruselas se compromete a revisar la normativa que regula las relaciones entre las empresas matrices y sus filiales, de forma que se restrinjan las operaciones destinadas a eludir al fisco. El último caso flagrante es el del gigante informático Apple de Estados Unidos, que entre 2009 y 2012 ha conseguido evitar el pago de impuestos por importe de 74.000 millones de dólares (57.500 millones de euros), según un informe del Senado norteamericano. “Apple buscó el cáliz sagrado de la evasión de impuestos”, concluye el Senado estadounidense.

La otra laguna que los Estados deberían cubrir este miércoles se refiere al intercambio de información fiscal entre países. Hasta ahora Austria y Luxemburgo han bloqueado la directiva que debería permitir que un Estado miembro reciba datos de las cuentas de sus contribuyentes en el extranjero. La ventaja competitiva que explotan estos países como captadores de capitales los ha hecho hasta ahora alérgicos a la transparencia. La presión que ha emergido en las últimas semanas del resto de Estados miembros podría vencer esas resistencias, según fuentes comunitarias. Los líderes europeos quieren tener atados los cabos a final de año, aunque está por ver con qué grado de compromiso.

Ese intercambio automático de información fiscal es clave para que Europa pueda negociar con legitimidad un canal de comunicación similar con terceros países. La Comisión Europea entiende que es muy difícil exigir a Suiza, Mónaco u otros territorios opacos ese flujo de datos, como le han pedido los Veintisiete, si la UE “no tiene la casa en orden”. Además, los países miembros deben aprobar que ese intercambio de información abarque, además de los intereses de las cuentas, otros rendimientos del capital como los dividendos.

Más sencillo, en teoría, será el acuerdo en otro de los principales focos de fraude fiscal: el IVA. Los Estados se comprometen a aprobar antes de julio mecanismos de reacción rápida para hacer frente a las tramas relacionadas con este impuesto. Se trata de impedir las devoluciones de IVA a las empresas que lo soliciten cuando haya evidencias de que son operaciones cuyo único objetivo es cobrar esas cantidades en un país sin que se ingresen en otro.

Lejos del dramatismo de otras cumbres, la reunión de líderes pasará de puntillas por varios de los puntos calientes de la crisis: el paro juvenil, la unión bancaria, el órdago de Reino Unido o las propuestas francesas de gobierno económico. Todo eso se deja para más adelante. El panorama está más despejado que otras veces, y además de los aspectos relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, los Veintisiete apenas tienen previsto abordar la estrategia de política energética europea, que brilla, de momento, por su ausencia a pesar de los desafíos que quedan por delante en ese ámbito. En medio aún de la Gran Recesión, la Unión solo tiene ojos para la crisis. Y como mucho, para el fraude, a la vista de las telarañas que presentan las arcas públicas.

Los títulos del grupo controlado por la familia Martínez Sampedro repuntaban un 5,63% a media sesión, hasta los 1,5 euros, en su segundo día consecutivo de subidas, después de que el pasado lunes sufrieran una caída del 22,16% tras la decisión de Moody's de degradar la deuda de Codere al apreciar un riesgo "muy alto" de impago y ante las informaciones sobre posibles demandas de sus bonistas contra la compañía por posible ocultación de información.