Las urnas recrudecen el conflicto por el comercio
Cataluña, Andalucía y País Vasco esperan sentencias del Tribunal Constitucional para aclarar sus competencias
La Generalitat catalana quiere dejar claro que no va a ceder terreno en su política de horarios comerciales. Mantiene por ella una guerra abierta con el Gobierno de Mariano Rajoy, que en cuestión de dos años y dos meses le ha llevado al Tribunal Constitucional en cuatro ocasiones para abrirle vías de agua en un marco legislativo proteccionista con el pequeño comercio. El Ejecutivo autonómico ha contraatacado casi siempre con un cambio de norma —y ya espera la siguiente— para invalidar los recursos. Pero esa estrategia ha acabado por desorientar a muchos establecimientos independientes. No saben qué ley acatar. ¿La estatal? ¿La autonómica?
Algunos han aprovechado el desbarajuste general para ir por el camino de en medio. Como Desigual, que decidió saltarse la ley autonómica e incluso estatal y abrió el pasado domingo sin permiso tres de sus tiendas del centro de Barcelona. El grupo de moda pagará caro el desafío. La Generalitat alerta que podría sancionarle con el doble de la recaudación de ese día.
La guerra de los horarios comerciales se ha recrudecido en Cataluña en las últimas semanas. Y no es el único frente abierto en España. La Junta andaluza y el Gobierno vasco interpondrán recursos de inconstitucionalidad contra la última modificación de la norma estatal. El año electoral añade tensión a unas políticas comerciales que, más allá de estrategia económica, son santo y seña político. El Gobierno del PP ha abrazado la liberalización comercial y desde su llegada al Ejecutivo central ha remodelado la ley para allanar las aperturas de todos los operadores en festivo. Sin embargo, solo puede marcar líneas generales, ya que la competencia es autonómica. Y las comunidades, a su vez, deben aceptar peticiones de los ayuntamientos.
Normas polémicas
- Todas las comunidades autónomas deben permitir abrir al menos 10 festivos al año a todo el comercio, según la normativa que aprobó el Gobierno en 2012.
- El pequeño comercio, con locales de menos de 300 metros, tiene derecho a abrir todo el año en todas las ciudades, según la ley estatal.
- Entre 2012 y 2014 la Secretaría de Comercio ha obligado a 24 grandes ciudades a delimitar zonas de gran afluencia turística. En estas áreas todo el comercio puede abrir.
- Los ayuntamientos proponen zonas de afluencia turística. La comunidad autónoma debe aprobarlas, y si no lo hace en seis meses, la liberalización afecta a todo el municipio, según una modificación de 2014.
Hay casi tantos modelos como municipios. Al margen de los 10 domingos obligatorios de apertura en toda España, en Madrid el comercio puede abrir siempre. Barcelona, además de esos días comunes, solo deja abrir los domingos de verano en sus barrios más turísticos. En A Coruña hay manga ancha en las semanas más festivas (Semana Santa, Navidad, Carnaval...). Y en Valencia hay libertad en cuatro zonas turísticas.
El Gobierno quiere poner puertas a la proliferación de modelos. El último límite lo fijó en julio. Por una parte, amplió hasta 24 el número de ciudades que deben tener zonas turísticas delimitadas donde todas las tiendas y grandes cadenas puedan abrir cuando quieran.
Pero, además, remodeló la normativa para zanjar los conflictos entre ayuntamientos y comunidades, que en ocasiones bloquean la declaración de esas áreas. Decidió que, en caso de no haber acuerdo porque el gobierno autonómico no dé su aprobación, en seis meses (el plazo expira el 6 de enero) “se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año”. Es decir: si el conflicto se enquista, el Ejecutivo impone la liberalización total.
Los gobiernos autonómicos han ido acotando sus zonas. Pero algunos no dan la batalla por cerrada. El Gobierno andaluz, que ha tenido que aprobar áreas liberadas en Sevilla, Córdoba, Almería, Granada, Málaga, Marbella y Jerez, ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional. El del País Vasco, con zonas de afluencia turística en Bilbao (solo para el verano) y San Sebastián (a punto de ser aprobada), hará lo mismo. Ambas creen que el Ejecutivo central está invadiendo competencias autonómicas. Josu Erkoreka, portavoz del ejecutivo vasco, criticó el pasado martes que el Gobierno central tiene “afán recentralizador”. La Junta andaluza dice que los artículos aprobados en julio son una “extralimitación” y “dejan sin contenido competencias autonómicas”.
Veinticuatro ciudades están obligadas a marcar zonas con total libertad de apertura
En Cataluña, es el Estado el que recurrió a finales de noviembre la norma catalana, que quedó suspendida de forma cautelar. El Gobierno catalán admite que no puede hacer nada hasta que apruebe la nueva ley, tramitada por la vía urgente. Pero esos enfrentamientos, que no son nuevos, han provocado que en un distrito turístico como el de Ciutat Vella muchas tiendas que no podrían abrir suban la persiana en domingo dando la espalda a la norma autonómica.
Con la cita electoral a la vuelta de la esquina, los partidos hacen malabares. No siempre es fácil. En Burgos, el gobierno municipal, del PP, no ha solicitado la declaración de zona turística pese a que puede hacerlo. El alcalde, Javier Lacalle, declaró en octubre que la liberalización es “la tendencia” hacia la que camina España, pero señaló que solo acudirá a la comunidad con una propuesta pactada. La decisión, probablemente, llegará tras las elecciones.
Más tiempo abiertas pero menos empleo
Los principales argumentos de los defensores de la liberalización de los horarios comerciales son la creación de empleo y el posible aumento de ventas si los horarios son más amplios. Las estadísticas, sin embargo, no juegan a su favor este año. El empleo en el comercio al por menor entre enero y noviembre de 2014 creció en España el 0,1% respecto al mismo periodo de 2013, según el Instituto Nacional de Estadística.
Y fue la Comunidad de Madrid, la más permisiva en materia de aperturas (deja levantar la persiana a gusto de los empresarios todo el año), la que registró la mayor caída, un 1,4% anual. Murcia, que deja abrir todo el año al comercio en zonas delimitadas tuvo una bajada de ocupación del 1,2%. En el País Vasco, la más restrictiva en cuanto a aperturas en festivo, la ocupación en comercio ha crecido el 0,1%. La mayor generación de puestos se registró en Baleares, con un crecimiento del 1,9%. Esta comunidad se sitúa en un término medio: no hay liberalización total, pero sí se marcaron zonas especiales de apertura. En la Comunidad Valenciana, donde el Gobierno se planteó liberalizar todo el territorio pero finalmente lo acotó a cuatro áreas de afluencia turística, el empleo ha subido el 0,4%.
En cuanto a las ventas, tampoco la comunidad más liberalizadora sale bien parada. Descontando el efecto de la inflación, el negocio del comercio en toda España creció el 0,5% entre enero y noviembre, y mientras en Madrid ha caído el 1,6%. En el País Vasco ha crecido el 1,6%. En Cataluña, también inmersa en conflicto con la ley estatal para reducir el número de aperturas, ha aumentado la venta el 1,6%.
Un informe del observatorio económico Eixos refuta que la liberalización aplicada en Madrid genere más actividad comercial que en la más restrictiva Barcelona. En la primera, el 19,6% de los locales están vacíos, mientras que en la segunda ese porcentaje se reduce al 17,1%. Y esto pese a que en la capital catalana hay 3,19 locales con uso comercial por cada cien habitantes, y en Madrid, 2,38.
