“No nos sentimos fracasados en Coca-Cola, hicimos lo que tocaba”

Coca-Cola Iberian Partners cerrará cuatro de sus 11 fábricas en España. Aplicará el expediente de regulación de empleo que afecta a cerca de 1.100 empleados entre despidos y traslados. Pero los sindicatos, que se negaron a pactar el plan de ajuste, aseguran que la batalla no ha terminado. “Esto va más allá del expediente, va de futuro. Víctor Brufau, director general de Coca-Cola, ya manifestó que la embotelladora podría funcionar solo con tres plantas. Nos está señalando el futuro. Y más pronto que tarde habrá otra reestructuración”, dice con amargura Antonio Deusa, secretario general de UGT-Fitag, la federación de industria del sindicato.

Una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades y 10.000 euros por aceptar el despido. Esa es la oferta básica con la que Coca-Cola quería convencer a los sindicatos de llevar a cabo la reestructuración pactada. No hubo manera de llegar a un acuerdo. Y la empresa ha seguido adelante sin el respaldo sindical. “Las medidas se visten de dinero, pero son crueles, porque se destruye empleo, pese a que la compañía gana más de 220 millones”, razona Jesús Villar, secretario general en la federación agroalimentaria de CC OO.

UGT y CC OO presentarán un recurso conjunto contra el ERE

Villar y Deusa, reunidos en el despacho del primero, en Madrid, aseguran que sus organizaciones van de la mano en todo esto. Pese a que los cierres parecen no tener ya vuelta atrás, aseguran que van a impugnar el ERE en la Audiencia Nacional y sostienen que tiene defectos de fondo y forma. Se muestran confiados en que tienen posibilidades de tumbar el ajuste en los tribunales. “Nuestros gabinetes jurídicos están trabajando unidos”, dicen. Presentarán dos escritos, uno cada sindicato, pero con el mismo contenido exacto, consensuado.

La oferta económica de los despido, en comparación con otros procesos de ajuste del sector industrial, es abultada. Y la empresa insistió en que quienes no se presentaran voluntarios al plan recibirían una indemnización muy inferior. Quizá esos dos elementos son los que han decantado la balanza hacia el ERE. Se han apuntado 1.600 personas, que aceptan una prejubilación, una baja incentivada o un traslado, pese a las manifestaciones, protestas, y huelgas indefinidas en las fábricas. “No nos sentimos fracasados. Estamos haciendo lo que nos toca como sindicatos: oponernos a medidas salvajes. Se podía hablar de revisar sueldos, de cambiar turnos, prejubilaciones... Pero no vamos a pactar una destrucción de puestos de trabajo ni un cierre con esos beneficios. Porque los que perderíamos la credibilidad seríamos nosotros”, razona Deusa.

El conflicto en Coca-Cola parece haberse convertido para las federaciones en algo más que ERE. Es para ellos el paradigma de la bestia negra de la crisis. “La empresa que puede mantener el trabajo, porque tiene un margen de beneficio enorme, debe hacerlo, y más con seis millones de parados. Es nuestro trabajo asegurarnos de que lo hagan. Tenemos una responsabilidad con la sociedad: defender un modelo productivo justo”, señala Villar.

Los dos sindicalistas critican, además, que el plan “no es tan voluntario como la empresa asegura”, ya que se ha “presionado y asustado” a los empleados para que lo acepten. También se quejan de que la dirección ha tratado de desprestigiarles, por ejemplo, asegurando que un carretillero cobra 64.000 euros al año. “Para llegar a dar esa cifra como un sueldo habitual, hay que manipular mucho. La realidad para esos puestos es de salarios de unos 40.000 euros”, defiende el responsable de CC OO.

“El meollo ahora está en el plan de futuro”, insiste Villar. Explica Deusa que su miedo tiene nombre propio: Plan 2020. Así se llama la estrategia de Coca-Cola para los próximos seis años, y pasa por lograr que en Europa se gane un 50% más. Temen que esos objetivos incluyan más cierres en España, o cambios drásticos en las condiciones laborales. “El modelo de la planta de Portugal, con sueldos de 500 euros, no puede ser el de modelo de futuro de España”, lamenta Villar. De ahí que insistan en abrir una mesa de negociación con la empresa, para hablar de lo que les espera.