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Estados Unidos admite haber matado entre 64 y 116 civiles en bombardeos desde 2009

El Gobierno difunde el impacto de sus operaciones fuera de Afganistán, Irak y Siria

El secretario de Defensa, Ashton Carter.
El secretario de Defensa, Ashton Carter. Allison Shelley (AFP)

Estados Unidos levantó parcialmente este viernes el secretismo alrededor de sus ataques aéreos en operaciones antiterroristas en el extranjero. El Gobierno difundió sus estimaciones del impacto de sus bombardeos, desde la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca en 2009 hasta 2015, fuera de las llamadas áreas de hostilidades activas, por lo que excluye a Afganistán, Irak y Siria. Washington calcula haber matado entre 64 y 116 civiles en ese período fuera de zonas de guerra. Las estimaciones de organizaciones independientes son mucho más elevadas: entre 200 y 1.000 civiles muertos.

EE UU dice haber llevado a cabo en ese período 473 ataques aéreos que han causado la muerte de entre 2.372 y 2.581 combatientes, según un informe de la Dirección de Inteligencia Nacional, el ente que engloba a todas las agencias de inteligencia y seguridad del Gobierno. El informe no detalla ni cómo ni dónde se llevaron a cabo las operaciones. Pero, según informaciones públicas, se considera que la mayoría de ataques fueron con drones de la CIA o el Ejército en Pakistán, Somalia, Yemen y Libia. Las operaciones cuentan teóricamente con el aval de los gobiernos de esos países y, según una directiva de 2013, solo se llevan a cabo contra individuos que se consideren una amenaza inminente a EE UU.

La difusión de las cifras llega tras un intenso debate interno en el Gobierno sobre la conveniencia de divulgarlas. A seis meses del fin de su mandato, Obama busca revertir las críticas a la falta de transparencia en las operaciones antiterroristas. Obama es el presidente que más ha optado por la estrategia de ataques quirúrgicos contra sospechosos de terrorismo, envueltas en un manto de opacidad y ejecutadas desde una sala de control a miles de kilómetros de distancia.

La estrategia minimiza posibles víctimas estadounidenses -un riesgo existente en un bombardeo desde un caza- y el posible impacto de las operaciones en la opinión pública. Pero la ONU y otras organizaciones han cuestionado si los ataques de drones fuera de zonas de guerra respetan las salvaguardas internacionales de protección de civiles.

En paralelo al informe, publicado a las puertas de un puente festivo en el país, Obama aprobó este viernes un decreto que establece que el Gobierno difundirá cada año su estimación de civiles muertos en operaciones y detalla los procedimientos de EE UU para evitar muertes civiles. El mandatario busca establecer un precedente, pero el decreto puede ser cancelado por su sucesor elegido en las elecciones de noviembre.

El Gobierno dispone de un sistema de compensaciones económicas a familiares de civiles muertos en bombardeos, pero se desconoce públicamente cómo se deciden y cuántas personas han sido indemnizadas. El reconocimiento de que un civil ha fallecido es inusual y llega tras una larga investigación interna.

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En el informe, Inteligencia Nacional esgrime que basa sus estimaciones en todas las fuentes de información, incluidos artículos periodísticos y de organizaciones independientes. Una persona, explica, es considerada un civil cuando no hay una “base insuficiente para determinar que el fallecido es un combatiente”.

El documento atribuye las divergencias en los cálculos de muertos respecto a organizaciones independientes al hecho de que el Gobierno cuenta con información sofisticada y contactos sobre el terreno que son inaccesibles para esas organizaciones. Eso, por ejemplo, puede llevar al Gobierno a determinar con seguridad que una persona es un combatiente. Pero, al mismo tiempo, Inteligencia Nacional admite que cuenta con limitaciones para determinar con precisión el número de muertos.

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