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Las escuchas a Sarkozy se vuelven contra el Gobierno socialista

La ministra de Justicia, que negó haber sido informada, rectifica después de que la fiscalía y el primer ministro aseguren lo contrario

La ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira.
La ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira. ALAIN JOCARD (AFP)

Las escuchas judiciales al expresidente francés Nicolas Sarkozy se han convertido en un bumerán para el Gobierno socialista. En una hábil maniobra política, el centro-derecha, protagonista de escándalos de todo pelaje, ha conseguido dar la vuelta al foco y ha puesto contra las cuerdas a la cúpula del Ejecutivo presidido por François Hollande. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, que negó haber sido informada sobre los pinchazos de los dos teléfonos móviles de Sarkozy –uno oficial y otro clandestino-, se vio obligada este jueves a admitir lo contrario después de que el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, admitiera –tras negarlo también en principio- que la Fiscalía había informado al Gobierno.

Taubira cometió un fatídico error el miércoles, al blandir ante la prensa los documentos que probaban que estaba al corriente, al menos desde el 26 de febrero, de que las comunicaciones de Sarkozy estaban siendo grabadas -desde septiembre de 2013- por orden de los jueces que investigan el caso Gadafi, que investiga la presunta financiación irregular por parte del dictador libio de la campaña electoral de la UMP en 2007.

La ministra enseñó algunos papeles a las cámaras, y su transcripción dejó claro que había mentido al afirmar que se había enterado del contenido de los pinchazos por la prensa. Los documentos que enseñó muestran que Taubira había recibido un resumen de las conversaciones entre Sarkozy y su abogado el 26 de febrero pasado, el día que los jueces decidieron abrir una nueva investigación al exjefe del Estado por tráfico de influencias y violación de secreto judicial.

Además, Taubira había enviado el 31 de enero una circular a los fiscales conminándoles a que le informaran “regularmente y de forma completa y rápida” sobre todos los casos sensibles.

Tras la asombrosa demostración de amateurismo, que ha dejado muy tocada su imagen de integridad, la neófita ministra aparece como la primera víctima política de un escándalo que, más allá de los nombres ilustres, aumenta el descrédito del bipartidismo formado por el centro derecha y el centro izquierda.

Cuando faltan solo diez días para las elecciones municipales y dos meses para las europeas, las bazas electorales de la extrema derecha encarnada por Marine Le Pen aparecen cada vez más reforzadas.

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La estrategia del centro derecha para defender a su líder temporalmente retirado copia en esencia la que Silvio Berlusconi y sus secuaces despliegan desde hace dos décadas en Italia. Trata de presentar los numerosos problemas judiciales de Sarkozy –implicado en seis escándalos distintos- como una persecución encarnizada de los jueces izquierdistas; las escuchas han añadido a la letanía las acusaciones de compló político -un Watergate a la francesa- urdido “con métodos soviéticos”.

Tirando de profesionalidad, la UMP ha reclutado a cientos de abogados y a sus medios afines para acusar a los socialistas y a los jueces de atacar a las libertades públicas e individuales al poner bajo vigilancia a su gran rival político con el fin de evitar su regreso.

Lo curioso es que, igual que sucede con la izquierda italiana, el centro izquierda francés da muestras de debilidad e incompetencia manifiestas. La primera reacción de Ayrault y Taubira ante la carga ha sido negar que superan nada, y ahora esas alegaciones comprometen a toda la cúpula del Estado, incluidos Manuel Valls, el ministro del Interior, y el propio presidente, François Hollande.

Valls ha asegurado que se enteró de los pinchazos a Sarkozy por los periódicos, lo que suena cuando menos exótico tratándose del primer policía de Francia, es decir del hombre al que los agentes que realizan las escuchas deben reportar toda información sensible.

El editorial de este jueves de Le Monde era despiadado con el ministro del Interior: “Valls ha elegido el ridículo de aparecer como el hombre peor informado de Francia”, afirmaba.

La duda alcanza de pleno al jefe del Estado: si Ayrault y Taubira habían sido informados de que Sarkozy hablaba con su abogado Thierry Herzog por un teléfono móvil de prepago, comprado por este a nombre de un tal Paul Asimuth –un excompañero de instituto de Herzog que vive en Israel y que ha anunciado que demandará a Sarkozy por suplantación de identidad-, ¿es creíble que Hollande no supiera nada?

Según el semanario satírico –siempre bien informado- Le Canard Enchaîné, el presidente hizo el lunes una encendida defensa de la separación de poderes y de la independencia de la justicia ante un grupo de visitantes, y afirmó que se había enterado por la prensa de las escuchas a Sarkozy. “Lo ignoraba todo sobre el lanzamiento de ese procedimiento y, forzosamente, sobre el contenido de las escuchas. Si hubiera recibido un resumen de esas escuchas, estaríamos ante un escándalo de Estado”, dijo Hollande.

Su entorno se limita a afirmar que el presidente “vela por el buen funcionamiento de la justicia”. Lo único que parece cierto es que el escándalo refuerza la desconfianza de los ciudadanos en la política, y que tanto la mayoría como la oposición pagarán ese peaje tarde o temprano.

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