¿Dónde estaba Alfonso Guerra?

Sí, están ustedes en la sección de Internacional. Y, no, no es nada personal contra este diputado, representante electo desde hace 34 años, sino una llamada de atención sobre hasta qué punto las decisiones que estamos adoptando con motivo de la crisis del euro transforman nuestra democracia.

¿Y qué tiene que ver Alfonso Guerra con ello? Aunque pocos lo sepan, el diputado Guerra ostenta una de las responsabilidades más importantes que a un ciudadano puede conferirse en una democracia: la de presidente de la Comisión de Presupuestos. Los impuestos y los parlamentos están tan íntimamente unidos que nos podemos remontar todo lo que queramos en el tiempo para comprobar la fortaleza de esa conexión. Ya las Cortes de León, reunidas en Benavente en 1202, aprobaron un impuesto y autorizaron la emisión de moneda. Y unos años después, en 1215, la Magna Carta, recuperada luego como inspiración de la revolución americana contra la corona británica, estableció un principio (“no taxation without representation") muy similar a aquel que formulara Justiniano: “Lo que es de todos debe ser aprobado por todos”.

De ahí que resulte legítimo preguntarse si al presidente de la Comisión de Presupuestos se le habrá pasado por alto la entrada en vigor el 30 de mayo de la última y más novedosa pieza del engranaje supervisor y corrector sobre los miembros de la eurozona, un paquete formado por dos nuevas regulaciones europeas que dictan el calendario, el procedimiento y los límites bajo los cuales las Cortes Generales elaborarán a partir de ahora esos Presupuestos Generales del Estado donde se fijan los impuestos que pagaremos y los servicios que recibiremos a cambio.

Las nuevas normas, llamadas “Two Pack” (paquete de dos), se añaden a las ya aprobadas en estos dos últimos años para completar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el que se basó el euro. Junto con el Semestre Europeo, el Six Pack y el Tratado Fiscal firmado en diciembre de 2011, proporcionan a la Comisión Europea un impresionante arsenal de medidas de vigilancia e intervención sobre los presupuestos y las finanzas de los Estados miembros.

La Comisión Europea tiene un impresionante arsenal de medidas de vigilancia e intervención sobre los presupuestos y las finanzas de los Estados miembros

De acuerdo con esas normas, los Estados están obligados a presentar todos los meses de abril sus planes de ajuste del déficit público. Si se prevé que se van a desviar de los objetivos del 0,5%, Bruselas mandará un primer aviso y obligará a depositar una fianza del 0,1% del PIB. Si el Gobierno persevera en la desviación, se le abrirá un procedimiento de déficit excesivo y se le obligará a firmar un eufemístico “acuerdo de partenariado económico” donde se detallarán las reformas estructurales que el país tiene que acometer. Si persiste en la desviación, la multa será del 0,2% del PIB, pero si hay falsedades en las estadísticas la sanción puede llegar al 0,5% e implicar la retirada de los fondos de cohesión. Y si finalmente el país tiene que ser rescatado, total o parcialmente, entonces pasa a formar parte de un programa de vigilancia intensiva que incluye unas visitas regulares de los hombres de negro de las que no se librará hasta que haya devuelto el 75% de la ayuda financiera recibida. Y si tus socios europeos deciden que eres un problema sistémico que amenaza a los demás, entonces te espera un “programa de ajuste macroeconómico completo”, que es como el súmmum de esta reeducación maoísta en la austeridad en la que se ha convertido la eurozona.

Para evitar llegar estos extremos, en lo sucesivo, los parlamentos nacionales elaborarán y aprobarán los presupuestos sobre la base de unas perspectivas de crecimiento elaboradas por la Comisión, no por el Gobierno, y sobre unos planes de estabilidad y programas nacionales de reformas que también deberán haber sido pactados de antemano con Bruselas para evitar que caigan en el voluntarismo contable o en el electoralismo presupuestario. A partir de ahora, el borrador de presupuestos anual deberá ser presentado a la Comisión antes del 15 de octubre, que tendrá hasta el 30 de noviembre para examinarlo y, si no le satisface, pedirle al Gobierno que lo modifique antes de someterlo a votación en el Congreso. Resumiendo, las Cortes Generales no podrán aprobar gastos ni emitir deuda sin el respaldo de unos ingresos verificables por Bruselas de forma independiente.

Todo esto es una traducción al castellano democrático de la jerigonza bruseliana sobre “gobernanza económica”, que ha llevado el uso del acrónimo a unos niveles obscenos desde el punto de vista de la comunicación con la ciudadanía. Señores diputados, entérense bien de lo que es un AGS, AMR, CSR, EDP, EIP, GSP, MIP, MBO, MSCAP, NRP, TSCG, RQMV o WEF, porque sin saberlo no podrán ejercer su tarea representativa. Y luego cuéntennos a qué se van a dedicar. En la unión penitenciaria, no tienen un papel muy claro.

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