Suiza pone coto a la inmigración de la Europa del Este

Suiza ha decidido poner freno a la inmigración del Este a partir del próximo 1 de mayo. Pese a que la economía helvética está capeando la crisis mucho mejor que la media, las autoridades confederales aprobaron ayer reducir las cuotas en los permisos de trabajo concedidos a los ciudadanos de ocho países comunitarios, la mayoría de los que protagonizaron la ampliación al Este en 2004 (Polonia, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia).

La medida supone un paso más en el discurso antiinmigración que comienza a arraigar con fuerza en el continente, incluso entre los propios ciudadanos europeos, como en este caso. La crisis económica ha exacerbado una actitud que al principio solo defendían formaciones ultraderechistas minoritarias y ha acabado colándose en la agenda de partidos mucho más mayoritarios.

En ese contexto, a partir de ahora Suiza solo concederá 2.000 permisos de trabajo al año para los ciudadanos de esos países, ocho de los 10 que se incorporaron al mapa comunitario en 2004. Esa cantidad representa un tercio de los que se han habilitado este año. Las restricciones no afectan, al menos de momento, a los dos Estados que se integraron en la UE en 2007, Rumanía y Bulgaria. Suiza forma parte del proyecto Schengen, que permite la libre circulación de personas en 22 países comunitarios y otros tres extracomunitarios.

El Gobierno helvético invoca una “cláusula de salvaguarda” dentro del acuerdo que adoptó con la Unión Europea en 1999 para la libre circulación de personas en ambos territorios y que fue refrendado por los ciudadanos helvéticos en 2002. Las cuotas a los países del Este, que se establecieron como una medida transitoria tras la ampliación comunitaria, se eliminaron hace ahora un año, según lo contemplado en el acuerdo. Con la decisión de ayer, Suiza las restaura, algo que Europa entiende va contra el espíritu de lo pactado.

La Comisión Europea lamenta una decisión que considera injustificada. “Esta medida constituye una violación del acuerdo de libre movimiento de trabajadores, que no permite ninguna diferenciación entre ciudadanos de la UE. La decisión no se justifica ni económicamente ni por la situación del mercado laboral ni por el número de ciudadanos europeos que buscan residencia en Suiza”, criticó la Alta Representante comunitaria de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton.

En la misma línea, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, lamentó la discriminación hacia esos ocho países. “Tanto en los tiempos buenos como en los difíciles, las obligaciones legales hay que cumplirlas”, advirtió a Suiza y recordó que es el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea y que los ciudadanos comunitarios “benefician a la economía suiza”.

El país muestra unos indicadores envidiables para la mayoría de los europeos. El producto interior bruto avanzó un 1,9% el año pasado, por encima de la media europea, según datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Y su nivel de paro es de un magro 3%, frente al 10,8% de media en los 27 Estados. Esas cifras hacen atractivo el país para otros ciudadanos de Estados con dificultades, incluso para España. Fuera de la UE, Suiza constituyó el año pasado uno de los principales destinos de españoles que han decidido emigrar. A sus fronteras llegaron 1.706 españoles en 2010, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.

El Gobierno de Suiza reconoce que la población comunitaria ha beneficiado a la economía del país (representan un 14% de los casi ocho millones de ciudadanos, apenas dos puntos porcentuales más que en España), pero se defiende alegando que esa tasa de inmigración aumenta la inquietud sobre la integración de este colectivo.

El rechazo a los extranjeros ha ido ganando cada vez más terreno en la Confederación Helvética. A finales de 2010, los suizos aprobaron en referéndum la expulsión de inmigrantes con delitos graves, una iniciativa impulsada por el ultraderechista Partido Popular y apoyada por el 54% de los votantes.