Tiempo de pactos

El acuerdo presupuestario alcanzado esta semana entre populares y socialistas debe ser valorado muy positivamente. Frente a los que auguraban una legislatura corta y turbulenta y aconsejaban, como medio de conjurar ese escenario, lanzarse a unas terceras elecciones, lo visto en estas primeras semanas de andadura parlamentaria dibuja un entorno caracterizado tanto por la corrección de las peores iniciativas del PP en la legislatura pasada (LOMCE y Ley de Seguridad Ciudadana) como por la apertura de un horizonte de acuerdos en cuestiones clave como el techo de gasto y el salario mínimo.

En todos los casos, lejos de la sumisión al PP que dibujaban algunos, el PSOE está mostrando ser clave, logrando obtener un muy buen rendimiento de sus escaños a la hora de lograr políticas que beneficien a la ciudadanía. Logros que destacan particularmente y dejan al descubierto la estrategia de Podemos, que, empeñado en conquistar todos los días la calle y las cámaras de televisión, ha quedado totalmente marginado de la dinámica parlamentaria.

Como era previsible, frente a la pesada losa que la mayoría absoluta del PP impuso en la pasada legislatura, en esta, un Gobierno en minoría ha convertido al Parlamento en una cámara viva donde aquellos, como es el caso del PSOE, cuyos escaños son esenciales para completar las mayorías, se convierten en centrales.

Respecto a lo acordado esta semana, se trata de un acuerdo esencial, pues combina la fijación de un techo de gasto que permite, por fin, restaurar la credibilidad presupuestaria de España en Bruselas, con decisiones como el aumento del salario mínimo que beneficiarán directamente a los más vulnerables y castigados por la crisis.

La decisión de reducir el techo de gasto (en contra de la opinión de Ciudadanos) es coherente con la necesidad de llevar el déficit al 3,1% del PIB en 2017 y atajar el crecimiento desorbitado de la deuda pública. Con Bruselas pendiente de España, la manera más rápida de cerrar la brecha fiscal es recaudar más. Y hacerlo centrándose en el impuesto de sociedades es lo más adecuado y más equitativo desde cualquier punto de vista, pues no es de recibo que, frente a los esfuerzos exigidos a la ciudadanía estos años vía recortes sociales y devaluaciones salariales, las grandes empresas apenas paguen el 7% por este impuesto, 23 puntos por debajo del nominal. Por las mismas razones, las subidas de los impuestos especiales (alcohol, tabaco) son de carril; extraña que Hacienda no hubiera pensado en aumentarlos en 2015, para compensar la desdichada rebaja del IRPF, aunque sorprenda que se haya salvado a los carburantes del alza impositiva.

Este acuerdo presupuestario es solo un principio: en modo alguno elimina la necesidad de una reforma fiscal de calado que armonice la estructura del conjunto tributario en España, gravemente desequilibrada en contra de las rentas del trabajo, es decir, de los asalariados. Pero compra el tiempo y el espacio, en las instituciones europeas y en las Cortes, para abrir el camino a acuerdos más amplios entre el PP y el PSOE sobre las reformas que necesita España.