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Bruselas cuestiona la eficacia del complemento salarial para jóvenes

La Comisión reclama a España pruebas de la efectividad de las medidas previstas

Fátima Báñez, junto a Toni Roldán, de Ciudadanos. Vídeo: Báñez presenta su propuesta, el pasado 15 de junio.Vídeo: Uly Martin | ATLAS

La Comisión Europea duda de que el complemento salarial o “ayuda directa” de 430 euros al mes para los menores de 30 años sin titulación que vayan a ser contratados sea eficaz. El Gobierno español y Bruselas han debatido “en varias ocasiones” en 2017 sobre la última medida presentada por Moncloa para luchar contra el paro juvenil. En esas conversaciones, el Ejecutivo europeo exige “pruebas de la efectividad potencial de las medidas”, según una respuesta al Europarlamento de la comisaria Marianne Thyssen. El Ministerio de Empleo admite que ya han respondido en dos ocasiones y aun así quedan “observaciones” pendientes de respuesta, pero subraya que la financiación comunitaria está concedida. Bruselas, sin embargo, no termina de dar luz verde.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, presentaron el 21 de junio —en una inusual comparecencia conjunta— la ayuda mensual de 430 euros durante 18 meses para menores de 30 años sin formación inscritos en la Garantía Juvenil europea que sean empleados con un contrato de formación. Pero el lenguaje usado por ambos era muy diferente. Roldán habló de “complemento salarial naranja”, en una versión reducida de una medida de su programa electoral. Báñez no mentó la palabra “complemento”. La ministra tiene buenas razones para evitar cualquier referencia a los citados complementos: Bruselas asegura que la Garantía Juvenil “no prevé la financiación de complementos salariales”, según la tajante respuesta de Thyssen al eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez.

En plata: Bruselas no asume pagas —tanto si se abonan directamente como si son descuentos en el IRPF— que abaraten sueldos y los compensen. Para lograr que la medida entrara en la Garantía Juvenil y tuviera la financiación que conlleva —más del 90% se pagaría con dinero europeo—, Empleo ha maniobrado en Bruselas y alude en todo momento a “subvenciones de acompañamiento”: ni rastros de los complementos. Así, Madrid trata de sortear los recelos de Bruselas: sería una ayuda de 430 euros, que se sumará al sueldo pero no podrá ser inferior al convenio o al salario mínimo.

Resuelto ese escollo, Thyssen exige “pruebas de la efectividad potencial de las medidas” y ha hecho una serie de “observaciones acerca de diferentes elementos que deberían ajustarse”. “Estamos esperando una respuesta”, aclara una portavoz de su departamento. No da más detalles: “Las conversaciones entre la Comisión y los estados no son públicas”, según las fuentes consultadas en Bruselas. La respuesta parlamentaria también advierte de que vigilará la implantación “de cualquier nueva medida [...][...] y del seguimiento de la aplicación de la Garantía Juvenil”. No dice una palabra sobre si ya se ha dado luz verde a la financiación.

"Un ejercicio teórico"

En Empleo admiten que tienen pendiente responder a las observaciones de Bruselas: las pruebas sobre la efectividad son “un ejercicio teórico”, según el ministerio. “No es más que eso”, quitan hierro las fuentes consultadas, que precisan que llevan “meses” de conversaciones y enfatizan que tienen el visto bueno a la financiación. “Lo pagará Europa con fondos europeos”, quiso zanjar Báñez en un debate parlamentario hace días.

Pero eso está por ver. El europarlamentario Sergio Gutiérrez recuerda que Europa ya ha cuestionado la gestión española de la Garantía Juvenil, que destina a España casi 1.000 millones.

Aunque la “ayuda complementaria” sea asumida por Bruselas, España tendrá que adelantar el dinero. Los presupuestos de este año contemplan una partida de 500 millones negociada con Ciudadanos. Pero como la medida no ha salido aún adelante, es probable que sobre dinero: eso ya sucedió con la ayuda para los parados de larga duración (en 2016 sobraron 60 millones de los 350 previstos), pese a que ambos tipos de paro (juvenil y larga duración) son señalados por los organismos internacionales como el gran problema del mercado laboral.

Para sortear las trabas europeas, España ha ligado la “ayuda complementaria” a los ninis a la firma de un contrato de formación, el de jóvenes menores de 30 años sin títulos. La paga mensual de 430 euros se recibiría durante año y medio: 7.740 euros en total. Tendrían que firmarse unos 65.000 contratos para consumir la partida; en todo 2016 solo se firmaron 46.400 contratos de formación. Hasta mayo, 19.000. Y eso que estos contratos cuentan con importantes bonificaciones: el 100% si la empresa tiene menos de 250 trabajadores y el 75% si tiene más.

La negociación con agentes sociales y comunidades

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, concretó la “ayuda complementaria” de 430 euros mensuales durante 18 meses el 15 de junio, al acudir a una reunión con la comisaria Marianne Thyssen y el resto de ministros del ramo de la Unión Europea. No dio más detalles, lo dejó para citas con sindicatos, patronales y comunidades autónomas. Ya ha habido una reunión en la que se detalló algo más. En el documento repartido deja claro que “los jóvenes no pueden tener el título de bachillerato, o títulos formativos oficialmente reconocidos”, “comprometerse a iniciar una actividad formativa” y firmar un contrato de formación. Añade, además, que “el joven deberá desarrollar la formación en un centro o entidad acreditada”.

“La segunda medida está dirigida a los empleadores para incentivar la conversión a indefinidos” de estos contratos. Serán 250 euros al mes en tres años. El documento habla de “bonificación mejorada”, pero no especifica si con esa mejora se refiere a la bonificación/descuento que ya tienen los contratos de formación: 100% de cotizaciones a la Seguridad Social si la empresa tiene menos de 250 empleados y 75% si son menos.

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