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COLUMNA

Cabos sueltos en el rescate del Popular

Hay que despejar algunas dudas para garantizar la transparencia de la operación y la reputación de las instituciones que han intervenido en la labor de salvamento

El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho.
El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho. EFE

Seguramente la vía que se ha utilizado en la resolución del Banco Popular es la mejor que se podía adoptar de forma urgente ante una fuga de depósitos, ya que la alternativa de la liquidación hubiera tenido un impacto muy negativo, pudiendo afectar incluso a los depositantes, creando además un riesgo sistémico. Todo parece indicar que se han seguido a rajatabla las reglas vigentes de la unión bancaria, que establecen que son los acreedores del banco, y no el contribuyente, el que asume las pérdidas. Pero dicho esto, conforme pasan los días desde la decisión de resolver y adjudicar el Popular, hay dudas que es necesario despejar cuanto antes para garantizar la transparencia de la operación y la confianza y reputación de las instituciones que han intervenido en la labor de salvamento.

Hay al menos cinco cuestiones a dilucidar. La primera, la credibilidad de los test de estrés que se pone en entredicho teniendo en cuenta que el Popular aprobó el último realizado en 2016 por la Autoridad Bancaria Europea en un escenario macroeconómico adverso. De nada sirve estresar a un banco por muy adverso que sea ese escenario si antes no se ha revisado con lupa la calidad del activo (que por cierto hizo el BCE en 2014) y si no se tienen en cuenta otros aspectos distintos a la solvencia, como es la liquidez. No es el escenario macroeconómico lo que ha abocado al Popular al rescate.

El segundo elemento que ha suscitado polémica es el distinto tratamiento de los acreedores de un banco en dificultades y la utilización de fondos públicos. En el contexto de la unión bancaria, las reglas del juego son las mismas y deben aplicarse con el mismo rasero en todos los países de la unión. No parece que haya sido el caso en Italia y en España, donde en el caso del Popular los tenedores de deuda subordinada y los bonos contingente convertibles lo han perdido todo, a diferencia de lo que ha ocurrido con los bonistas de Banca Monte dei Paschi que han sido rescatados con cargo al erario público. Habría que aclarar los motivos que justifican el distinto criterio adoptado.

Papel del auditor

El tercer cabo que queda suelto es el papel y responsabilidad de la empresa que audita los estados contables de un banco rescatado. Este tema ya es objeto de investigación por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para aclarar por qué el Auditor cerró las cuentas sin salvedades para decir a los pocos días que faltaban provisiones.

El cuarto elemento que ha añadido más leña al fuego es la crítica de la asociación de inspectores del Banco de España al informe del experto independiente contratado para hacer una valoración económica del Banco Popular. La crítica se centra en presentar dos valoraciones en dos escenarios (base y adverso) con un rango de pérdidas muy grande, de 1 (2.000 millones) a 4 (8.000 millones). Ese informe debe hacerse público cuanto antes para que cualquier puede valorar su rigor, máxime teniendo en cuenta que de esa valoración depende el precio de venta de la entidad intervenida. Por cierto, en base a ese informe, es obvio que el Popular carecía de provisiones suficientes, lo que pone en cuestión el papel del supervisor.

Hundimiento de la cotización

Finalmente, una quinta cuestión que ha despertado preocupación es el papel del supervisor de los mercados financieros ante el hundimiento de la cotización del Popular. En este caso, consideró que el mercado tenía toda la información necesaria para tomar decisiones, lo que le abocó a no intervenir en la sangría. En cambio, no ha hecho lo mismo ante la caída en picado de la cotización de Liberbank, prohibiendo durante un mes las ventas en corto.

Uno de los riesgos más importantes de la banca es el reputacional. Y para mejorar su imagen, no solo son importantes las acciones que llevan a cabo las entidades bancarias, sino también las del resto de instituciones del sistema financiero (como los supervisores). El esfuerzo de las entidades por mejorar su imagen pierde eficacia si en paralelo el sector vuelve a ser de nuevo el centro de atención porque hay demasiados cabos sueltos cuando se interviene un banco.

Joaquín Maudos. Catedrático de la Universidad de Valencia-Ivie-CUNEF