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Atún de lata con pasaporte para arrinconar la pesca ilegal

España presenta en Naciones Unidas un certificado Aenor como "modelo" de sostenibilidad

Dia Mundial de los Oceanos
Un ejemplar de atún de aleta amarilla.

“Yo desde hace unos años, lo primero que hago al llegar a un restaurante es preguntar de dónde viene el pescado que sirven. No quiero ser cómplice de la pesca ilegal consumiendo sus frutos”, repite estos días el fiyiano Peter Thomson, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Conferencia de los Océanos de Nueva York. Incluso, asegura el diplomático, ha dejado de comer atún en lata. La intención es loable pero, por ahora, tanto Thomson como el chef al que pregunte encuentran muchos problemas para conocer los antecedentes del pescado.

Si todo sale bien y es mucho esperar— en 2020 será posible, tecnología mediante, escanear un código en la lata para conocer el mar de procedencia del atún, el buque que lo pescó y cómo. A eso dicen aspirar al menos los importantes pescadores, conserveros y distribuidores con gran presencia española— que han firmado una declaración impulsada por el Foro Económico Mundial y la FAO (agencia de la ONU para la alimentación) que se ha presentado en Nueva York. Pero por ahora, es eso: una declaración de buena voluntad.

Mientras tanto, las garantías sobre la calidad y procedencia de los túnidos vienen de los sellos y certificados. Y Opagac, la agrupación española de productores de atún que reúne a 47 barcos congeladores, ha aprovechado la reunión de países y expertos en la sede neoyorquina de Naciones Unidas para presentar el certificado Aenor Atún de Pesca Responsable al que someterán a toda su flota. "Se trata de poner en valor y mostrar los principios de sostenibilidad con los que ya estamos cumpliendo", explica Julio Morón, director gerente de Opagac, asociación que suma en torno al 6% de las capturas mundiales de túnidos. Los estándares han sido presentados a la Conferencia por la delegación española como un modelo a seguir y aplicar por otros países.

Patronales y empresas españolas comprometidas

Trazabilidad completa del camino que ha recorrido el atún desde la pesca hasta la lata o el plato. A eso dicen aspirar los firmantes de la declaración presentada esta semana por el Foro Económico Mundial y la FAO (agencia de la ONU para la alimentación) y respaldada por algunos de los principales pescadores, conserveros y distribuidores con una importante presencia española.

La confederación española de pesca (Opagac, Anabac...), conserveras como Frinsa del Noroeste o distribuidores como Eroski o Mercadona se suman a gigantes internacionales como American Tuna, Coop o Metro. Pero todavía quedan actores por subirse a bordo en una industria, la de los túnidos, que mueve unos 8.900 millones de euros anuales en capturas y más de 35.000 en productos derivados.

"Esta iniciativa es parte de un despertar generalizado sobre los problemas de la pesca. Ya no solo preocupa la contaminación, sino también la pesca ilegal o las condiciones laborales", señala el islandés Arnie Mathiesen, director general adjunto de la FAO. "Y conocer toda la vida del atún facilitaría el control de todas estas cosas".

Veronika Pountscheva, de la alemana Metro Group, principal distribuidor de pescado en Europa, dice que crece la demanda de transparencia por parte de los clientes. "Reconocemos nuestra responsabilidad, y creemos que garantizar una pesca sostenible es garantizar también el futuro de nuestro negocio".

El secretario general de Pesca, Alberto López Asenjo, ha destacado la fortaleza de los sistemas españoles de monitoreo y control, en su opinión "vitales" para mantener los recursos marinos, luchar contra la pesca ilegal y asegurar un empleo decente a los trabajadores del sector. Para cumplir con la norma, los atuneros tendrán que asegurar cinco condiciones: su sometimiento a los controles de las autoridades (licencias, diarios de pesca, controles por satélite...), la seguridad en la navegación (según los estándares de la organización marítima internacional, IMO), las condiciones sanitarias del producto, el menor impacto posible en el ecosistema (lo que es auditado por observadores independientes) y las condiciones laborales de los trabajadores.

En este último punto, se obliga a adoptar el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores de la pesca, una norma internacional en vigor pero con poca fuerza pues solo ha sido ratificada por 10 países, entre los que no está España. La inspectora del sindicato marítimo internacional ITF, Luz Baz, espera que más Estados se sumen al convenio pero admite que vías como estas certificaciones pueden combatir lo que considera competencia desleal. "No es justo que los armadores que respetan las normas de sostenibilidad y de protección social compitan con otros que no lo hacen", opina Baz.

Porque, mientras no haya regulaciones obligatorias sobre condiciones laborales, sostenibilidad u otros, respetarlas es algo voluntario para las empresas. Así que la última palabra, coinciden Morón y Baz, la tienen los consumidores. Son ellos quienes deciden si siguen el ejemplo de Peter Thomson que agradeció este miércoles los esfuerzos de España contra la pesca ilegal y los abusos de derechos humanos en el sector y se preocupan por cómo se ha obtenido el atún, o no.

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