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Competencia expedienta a 25 empresas por repartirse contratos del AVE

La CNMC abrió la investigación de este supuesto cartel en 2016

Personal de mantenimiento de un tren AVE.
Personal de mantenimiento de un tren AVE. EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas por supuestamente conformar un cartel que se repartía contratos públicos de instalación de sistemas de electrificación en líneas AVE y también convencionales. En concreto, la CNMC asegura haber detectado indicios de que las empresas se repartían las licitaciones de contratos de construcción y mantenimiento de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en líneas convencionales, tanto de Alta Velocidad como convencionales.

El expediente es consecuencia de la investigación iniciada en 2016, en el marco de la cual realizó inspecciones en las sedes de Alstom y Elecnor el pasado año, y en las de Cobra (ACS), Electren y Siemens en enero de este ejercicio. El expediente se ha abierto a multinacionales implantadas en España como Alstom y Siemens, a grandes constructoras como ACS, Comsa, OHL, Isolux Corsán, y Sacyr, y a sus respectivas filiales de electrificación, Cobra, Cymi y Semi, en el caso del grupo que preside Florentino Pérez, Comsa Instalaciones y Sistemas, Eym (OHL) y Neopul (Sacyr).

Asimismo, incluye a la compañía tecnológica Indra (que ha afirmado que no ha llevado a cabo ninguna conducta restrictiva de la competencia, ni directa ni indirectamente) y a las firmas de instalaciones industriales Electren, Citracc (y su matriz Delejor 13), Cosemel, Elecnor, Inabensa y su matriz Abengoa, y Telice y su matriz Fuenteblandor.

El órgano que preside José María Marín Quemada recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación, sino que inicia un periodo de 18 meses para instruirlo y enviar su resolución al consejo de la Comisión. El expediente abierto se enmarca en la "batalla" que la CNMC libra contra los cárteles, una de las "prioridades" su actuación, dada la "gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados".

En el caso de los contratos públicos, la concurrencia de un cartel puede supone un encarecimiento de las obras, con el consiguiente impacto en las arcas públicas.

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