El banco andorrano BPA demanda a la polícia financiera de EE UU por ocultar datos
La familia propietaria considera que la negativa a dar información constituyó una violación de la ley
En marzo de 2015 se intervino y se cerró la Banca Privada d'Andorra (BPA) y su filial española,el Banco Madrid. Las autoridades se apoyaron en un informe de la FinCEN, una agencia dedicada a la lucha contra el crimen financiero de EE UU, que les acusó de ser un instrumento para el blanqueo de dinero. Un año después del cierre de los bancos, el 19 de febrero de 2016, la FinCEN retiró la denuncia sin dar explicaciones. La familia Cierco, propietaria del grupo bancario, ha pedido los documentos acusatorios y, ante la negativa a enseñarlos, el viernes pasado denunciaron al FinCEN ante el Tribunal Federal del distrito de Columbia (Washington).
La acusación en Andorra y España tampoco ha avanzado mucho. Joan Paul Miquel, consejero delegado de BPA, ha estado en prisión provisional en Andorra 20 meses, pero hasta otoño no comenzará el juicio oral. En España no se han presentado cargos contra los gestores de Banco Madrid, que tuvieron que dimitir hace dos años. La familia Cierco ha pedido en numerosas ocasiones a los norteamericanos la información que tenían para realizar tan graves acusaciones, apoyándose en la Ley de Libertad de Información (Foia), de Estados Unidos.
Ante los requerimientos judiciales, la FinCEN —la Financial Crimes Enforcement Network que analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros, como el lavado de dinero y financiación del terrorismo— tardó más de nueve meses en localizar 383 páginas de documentos sobre este caso. Una vez reunido el expediente, se negaron a proporcionar datos o justificaciones específicas que sostuvieran sus graves acusaciones y tampoco ha justificado la razón por la que no enseñan los datos. Manuel Varela, abogado de los Cierco, considera esta actitud “una violación de la ley”, ya que el FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, “está obligado a facilitar estos datos que tuvieron gravísimas consecuencias”.
El FinCEN denunció al BPA, a través de la denominada Sección 311 de la Patriot Act, para acusar a BPA de lavado de dinero. Se le cortaron todos los accesos a la financiación interbancaria en dólares, lo que supuso el colapso del banco y de su filial española. El Gobierno de Andorra participó, así como el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, para tomar las medidas más drásticas contra los bancos, que fueron intervenidos. El Banco Madrid tenía un ratio del 32% en solvencia financiera, lo que le colocaba a la cabeza de todo el sector bancario. Los dueños de BPA quieren ahora que un juez obligue a la policía financiera de EE UU a mostrar los documentos así como los registros de las conversaciones con las autoridades de Andorra y España.
“Banco Madrid podría haber sobrevivido”
Manuel Valera, abogado de la familia Cierco, propietaria de BPA, y de Nervis Villalobos, cliente de Banco Madrid, no encuentra motivos para haber cerrado la entidad española, aunque hubiera caído su matriz andorrana. “En mi opinión Banco Madrid podría haber sobrevivido. No sé si es que no querían salvarlo o si simplemente fueron negligentes, pero el banco podría estar vivo. Si las autoridades se hubieran tomado una pausa para investigar las alegaciones presentadas y evaluar la sanidad del banco, no hubiera muerto. El Banco de España escuchó el mismo ruido inicial que todo el mundo e inmediatamente concluyó que el banco estaba contaminado y la forzaron al concurso. Los reguladores españoles actuaron sobre las conclusiones erróneas de FinCEN en vez de hacer su propio trabajo”.
El hecho es que aún no terminado la liquidación de Banco Madrid, proceso que ha dejado en el paro a todos sus trabajadores y que provocó grandes perjuicios a sus clientes.
Abuso de autoridad
“Creemos que esta aclaración es importante no solo para entender lo que pasó con el BPA y Banco Madrid, sino para confirmar lo que sospechamos, que las autoridades españolas abusaron de su poder y se excedieron en sus atribuciones por motivos políticos”, afirma Varela.
Este letrado cree que la policía española buscaba la fortuna de la familia Pujol en BPA. Se dirigió a los dueños del banco que, según esta versión, facilitó los datos reales, pero a los investigadores les parecieron incompletos. “La policía creía que había mucho más dinero del que constaba en los informes de BPA y amenazó a los Cierco con echarles encima a las autoridades norteamericanas que podían cerrar el banco, como sucedió”.
Sobre la posibilidad de que clientes blanquearan dinero en BPA, Varela afirma que “no se puede ser tajante al 100%”. “En todos los bancos del mundo se lava dinero y la prueba es que son frecuentes las multas por esta causa a grandes bancos. Lo relevante legalmente es que BPA y Banco Madrid no eran instrumentos dedicados a este delito, que es lo que justifica su cierre. PwC hizo una auditoría a BPA en la que dijo encontrar cuentas sospechosas, pero no se sabe nada de ellas. En Banco Madrid, el Sepblac afirmó que había una quincena de clientes, de un total de 16.000, que supuestamente blanquearon dinero. Tampoco sabemos nada”, concluye.
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