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Europa podrá seguir comerciando

El Tribunal reduce a dos las causas para dar poder a los 28 Gobiernos, menos que la abogada

Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo.
Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. EFE

Algunos intérpretes lo consideran un varapalo a Europa. No se precipiten.

El dictamen (que no sentencia) del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo comercial Comisión Europea/Singapur de 2014 se ha vendido como el fin de la capacidad de la Unión para trabar tratados comerciales complejos, mixtos, de “nueva generación”.

Son, de hecho, los únicos que se negociarán en el futuro, porque la renuncia a los aranceles o derechos aduaneros no basta. Debe completarse con capítulos sobre inversiones, preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible, derechos sociales.

Si no, la ciudadanía los impugnará. El comercio es básico, pero incompleto si no respeta otras relaciones de intercambio y los modelos sociales respetables, como el europeo.

Los de “nueva generación” son pues aquellos pactos que incluyen, “además de las disposiciones tradicionales relativas a la reducción de los derechos de aduana y de los obstáculos no arancelarios que afectan al comercio de mercancías y de servicios”, otras normas. ¿De qué tipo? Sobre “diversas materias vinculadas al comercio, como la protección de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones, la contratación pública, la competencia y el desarrollo sostenible”, resume con precisión este dictamen, el 2/15.

Pues bien, no es cierto que el TJUE haya hecho escabechina de las competencias comunes de la Unión. Ni que las haya renacionalizado en favor de los Gobiernos y parlamentos nacionales (otorgándoles el poder de corratificar cualquier acuerdo), cuando suelen ser más ensimismados, proteccionistas, egoístas y paletos —como gusta al soberanismo— , que las instituciones federales.

La abogada general Eleanor Sharpston pedía que se considerasen competencias compartidas por estos hasta seis: transporte, inversiones de cartera, mercados públicos, propiedad intelectual, política social y medioambiental, mecanismos de arreglo de disputas.

El Tribunal los reduce a dos, en que los Estados deben corratificar: las inversiones de cartera y el arreglo de litigios. Aquellas son cuantiosas, pero menos estratégicas que las directas: ahora la opción es triple, segregarlas de los pactos comerciales; o no negociarlas; o someterlas al doble imperio Bruselas/28.

Y la resolución de litigios es clave. Es la clave de bóveda de un acuerdo: todo pende de ella. Pero si se generaliza el modelo más avanzado, el del CETA (Canadá/UE), ¿podrá alguien argumentar contra él, si ya fue aceptado? Podrá vetar, la política permite tomar rehenes (para arrancar ventajas en otros ámbitos), pero será difícil argumentarlo. Así que Europa podrá seguir comerciando y negociando acuerdos comerciales.

El dictamen parece que perjudicará a los señores feudales del Brexit: dificulta su sueño de bilateralizar las negociaciones, cualquiera podrá enarbolar tarjeta roja. Ya el negociador europeo Michel Barnier les advirtió con antelación que el futuro acuerdo comercial posdivorcio será mixto: sujeto a 27 posibles vetos.

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