Quejas por el trato de favor a la industria vasca

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos del Estado ha sacado a la luz, y nunca mejor dicho, el trato de favor que recibe la industria vasca frente al resto de España en materia energética. Fuera del País Vasco, la industria no vasca se queja desde hace tiempo de ese trato preferente; pero ahora se ha acrecentado tras trascender que se hayan modificado los peajes (la parte del precio de la electricidad que fija la Administración) que debe pagar la industria de manera que si el consumo supera los 36 kilovoltios se haga un pejae diferente, lo que, a su juicio, supone un coste adicional de 50 millones para el sistema. Una cantidad que es adicional a los 100 millones que ya tenía desde 2013, cuando se dividieron en dos baremos en función de la energía consumida.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuando el Gobierno del PP decidió mantener congelados en años sucesivos los peajes, cuestionó que exceptuara a los del baremo denominado 6.1B, correspondientes a los usuarios que tienen más de 450 kilovatios de potencia contratada, y que están conectados a la red por líneas de entre 30 y 36 kilovoltios. Se trata de un tipo de redes que casi exclusiva se utilizan en el País Vasco y Navarra para suministrar a la pymes industriales, de modo que son las únicas del país en beneficiarse.

Ello encendió las alarmas del resto de industrias. Ahora, han vuelto a encenderse por mor a un pacto parlamentario que beneficia a la comunidad. Entonces respondió a un trato entre Gobierno y PNV para que este apoyara la ley eléctrica. Ahora es para los Presupuestos. Siempre tiene su justificación.

Fuentes de la industria vasca, sin embargo, sostienen que no supone ninguna ventaja ya que lo único que hace es poner fin a una discriminación histórica, ya que en Euskadi se instalaron las primeras conexiones de 30 kilovoltios y se siguió así, mientras en el resto de españa era de 44 e incluso 66, que permitía tarifas más bajas.

La CNMC ha reclamado la fijación de los peajes, mientras Bruselas ha expedientado a España

Expediente europeo

El asunto trae a colación el expediente sancionador que la Comisión Europea abrió a España el 29 de noviembre pasado por, precisamente, no haber permitido a la CNMC fijar los peajes, siendo el único país de la UE en el que lo hace el Ejecutivo. Según la Comisión Europea, es imprescindible que la fijación de las tarifas, así como el establecimiento de los términos y condiciones y la supervisión, la haga un organismo independiente para poder cumplir el Tercer Paquete Energético.

La CNMC, precisamente, lo ha reclamado reiteradamente. Recientemente, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una carta remitida al Consejo de Ministros de la UE (titulada “Comentarios al diseño del mercado de la electricidad”) que responde en parte al expediente sancionador de Bruselas, critica la autoridad de la CNMC a la hora de fijar los peajes, al tiempo que tacha de “institución no democrática”. “España está muy preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas”, dice la misiva, según adelantó Cinco Días el 21 de abril.

La empresa vasca sostiene que las ventajas ponen fin a una discriminación histórica  

El pacto entre PNV y Gobierno permite aventurar también que haya un representante vasco en la futura composición de las Autoridades Independientes Administrativas en que se desgajara la CNMC. Aunque el anteproyecto ya está en marcha y lleva su propio camino, faltan negociar los nombres de las personas que integrarán los consejos de esos dos nuevos organismos de Competencia y Regulación, tal como acordaron el ministro de Economía, Luis de Guindos, y los negociadores del PSOE, Valeriano Gómez y Pedro Saura, con el placet de Ciudadanos, que incluyó el cambio en las 150 medidas del pacto de legislatura. Todo indica que hasta que no se resuelvan las primarias del PSOE, no se producirán e, incluso, dependiendo del resultado, pueden tomar una deriva u otra.

Teóricamente, el actual presidente, José María Marín, pasaría a ser presidente de la nueva autoridad de Competencia y la actual vicepresidenta de la CNMC y presidenta de la Sala de Regulación, María Fernández, de la de Regulación. Sin embargo, de los ocho consejeros restantes, tres de ellos (María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez) terminaron el mandato para el que fueron elegidos (dos años, renovables cuatro más) en septiembre de 2015, por lo que llevan más de año y medio de propina. Y en septiembre de este año vence el plazo de otros tres (Fernando Torremocha, Idoia Zenarruzabeitia y Josep Maria Guinart, estos dos elegidos a propuesta del PNV y CiU) sin posibilidad de renovación tras haber cumplido cuatro años. Los dos restantes (Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés) tienen un mandato de seis años hasta 2019 improrrogable.

La creación de la CNMC supuso la disolución de las antiguas comisiones de Competencia, Telecomunicaciones y Energía y, consecuentemente, que sus responsables vieran acabado su mandato antes de tiempo. Pero dos de ellos (el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, y el vocal Xabier Ormaetxea) interpusieron una demanda. El Tribunal Supremo, tras considerar el Tribunal Europeo de Justicia que los despidos eran contrarios a derecho, los anuló el pasado enero y obligó readmitirlos. Precisamente, el PSOE ha propuesto la inclusión de Lorenzo en las futuras instituciones.