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España tiene abiertas otras 26 denuncias ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial

La factura del primer proceso finalizado contra España asciende a 128 millones de euros

Molinos aerogeneradores junto a un panel de energía fotovoltáica.

España tiene abiertas 26 denuncias en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Todas ellas por los recortes de las primas a las energías renovables aplicados desde 2010. Unas ayudas que estuvieron vigentes de 2006 a 2012 y que provocaron que muchos inversores dedicaran parte de su dinero especialmente en proyectos solares y termosolares, debido a la rentabilidad que se garantizaba con las primas del Gobierno.

Hay un procedimiento más, pero que ya ha concluido su curso con una resolución contraria a España, lo que supone un varapalo internacional para el Gobierno. De hecho, este es el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte. En el laudo se declara que ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía. Ya se le ha notificado a las partes y la corte da la razón a las pretensiones de la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg.

La decisión se ha tomado por unanimidad de los tres árbitros y es muy contundente acerca de la ilegalidad de las transformación radical del marco regulatorio, como límite del derecho de cada Estado a regular. La corte ha condenado por ello al Reino de España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban, aunque el Gobierno estudia recurrir la sentencia. Es decir, de seguir esta línea en el resto de procesos, la factura se podría elevar exponencialmente al tener abiertos otros 26 casos. Eso sí, en cada uno de ellos la cuantía variará en función de la inversión realizada y de las ayudas que dejó de recibir cada compañía.

Las últimas compañías en cursar su queja fueron las holandesas Cordoba Beheer B.V. y Sevilla Beheer B.V., así como la española Cross Retail S.L. En estos casos, las denuncias se registraron el 12 de agosto de 2016 y el tribunal se constituyó el 7 de febrero de 2017.

El Gobierno español pretendía que los litigios se resolvieran en el Tribunal Europeo de Justicia pero en junio de 2015 un comité internacional consideró que podía juzgar un caso. Asimismo, el laudo que se alcanza al término del proceso es ejecutivo desde la fecha en que se dicta y no admite recurso, sin perjuicio de las maniobras que se prevén por parte del Ejecutivo español para obstaculizar la operación.

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