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La CEOE recrudece su batalla con Báñez por la formación

La patronal exige una nueva reforma del sistema que de más protagonismo a empresarios y sindicatos

Manuel V. Gómez

El Ministerio de Empleo y la patronal libran una batalla a cara de perro por la formación. Se baten en varios frentes: ante los tribunales y ante la Defensora del Pueblo. Y ahora la CEOE reclama un cambio profundo en la reforma aprobada en 2015, que vetó impartir cursos a los agentes sociales, con lo que perdieron muchos recursos. En el libro blanco presentado este miércoles, los empresarios exigen, entre otros puntos, que la formación de parados se financie con impuestos y no con cotizaciones, y que patronales y sindicatos gobiernen el sistema.

A la derecha, el presidente de CEOE, Juan Rosell, junto al vicepresidente de la organización José Antonio Sarría
A la derecha, el presidente de CEOE, Juan Rosell, junto al vicepresidente de la organización José Antonio Sarría EFE

La reforma de formación apenas llega a dos años de vida. Nació sin acuerdo y con críticas de los agentes sociales, las más duras partieron y parten de la CEOE, que recurrió ante los tribunales recientes convocatorias. Todavía no se ha desarrollado plenamente, ni siquiera se ha aprobado el reglamento de la norma (cuyo ha sido enviado a los agentes sociales), y la patronal ya ha presentado una propuesta que, de adoptarse, daría la vuelta al sistema como un calcetín.

“Desgraciadamente el sistema se nos ha burocratizado. Ha perdido frescura, tiene muchos controles absurdos”, criticó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, al presentar las propuestas de su organización, en un acto al que no acudieron representantes del Ministerio de Empleo pese a estar invitados. “Han aducido problemas de agenda”, apuntan en la patronal, y confirman en el Ministerio.

Sí que estaban presentes en el acto representantes de los sindicatos, que también defienden cambios en la reforma aprobada en 2015, aunque sus propuestas son diferentes a las que presentó la patronal en su libro blanco. Una diferencia está en el destino de lo que se recauda.

La CEOE defiende que la cuota que se recauda para formación, un 0,7% sobre la base de cotización, se destine a instruir a quienes están ocupados. La de los parados tendría que “financiarse fundamentalmente con cargo [...] a los presupuestos públicos”. Los empresarios, no obstante, aceptarían que “con carácter transitorio en función de la tasa de desempleo” se destinara parte de esa cuota a parados.

“Resulta incoherente que la formación de los desempleados se venga financiando con la cuota obligatoria de formación”, apunta el libro blanco. La recaudación por formación asciende a unos 2.000 millones al año (1.906 millones en 2016). De ellos, la mitad se destinan a ocupados (974 millones el año pasado) y la otra mitad a parados (932 millones).

Otra de las patas centrales de los cambios que pide la patronal está en la “gobernanza” del sistema. En la reforma de 2015 —con escándalos de fraude en formación abiertos— Empleo redujo el papel que jugaban los sindicatos y los empresarios. Por ejemplo, transformó la antigua Fundación Tripartita para el Empleo, en la que el Gobierno, los empresarios y los sindicatos estaban representados a partes iguales en la Fundación Estatal para la Formación, en la que el Ejecutivo central tiene la mayoría y en la que, además de agentes sociales, también están presentes las comunidades autónomas.

La CEOE pide una vuelta a una fundación tripartita. Esta organización recibiría, no el Servicio Público de Empleo como ahora, los fondos que seguiría recaudando la Tesorería de la Seguridad Social. Se busca que “las empresas sean las principales protagonistas del sistema, porque son ellas las que financian”, ha profundizado José Antonio Sarria, vicepresidente de la patronal responsable de formación.

Se trata de “recuperar el tiempo perdido en el tema de la formación, volver al acuerdo. Hay que despolitizar el modelo. No todo debe estar regulado”, ha resumido Rosell.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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