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El impuesto a los refrescos y los tributos verdes solo se aprobarán si se desvía el déficit

El Gobierno esperaba recaudar unos 800 millones de euros por ambos tributos

El Gobierno envió este sábado a Bruselas el Programa de Estabilidad 2017-2020, que contiene las previsiones económicas y los compromisos para reducir el déficit público. El Ejecutivo del PP admite que solo aprobará los nuevos impuestos medioambientales y creará el nuevo tributo sobre bebidas azucaradas si detecta una desviación presupuestaria que ponga en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit para este año, en el 3,1% del PIB. La recaudación de ambos impuestos ascendería a 800 millones, según calcula Hacienda.

Luis de Guindos, ministro de Economía, tras el Consejo de Ministros.
Luis de Guindos, ministro de Economía, tras el Consejo de Ministros. EL PAÍS

El Gobierno del PP tiene practicamente descartados estos dos impuestos que anunció el otoño pasado cuando envió otro informe a Bruselas para justificar que el Presupuesto de 2016 abordaría el recorte del déficit que exigen las autoridades comunitarias.

Pero el nuevo impulso de la actividad económica —el Ejecutivo ha revisado al alza el pronóstico del PIB, hasta el 2,7% para este año— y el regreso de la inflación aportarán los ingresos suficientes para no tener que establecer estas dos nuevas figuras tributarias, según explica el Ejecutivo en el documento de 103 páginas remitido este sábado a la Comisión Europea. En la decisión también influye el pacto político alcanzado con Ciudadanos para sacar adelante los Presupuestos de 2017.

En cualquier caso, la recaudación esperada por ambos impuestos tampoco era definitiva para embridar el déficit. El Gobierno calculaba que podría ingresar unos 200 millones de euros con el impuesto sobre bebidas azucaradas y más de 500 millones por el impuesto medioambiental. El impacto de ambas medidas sería equivalente a menos de una décima del PIB cuando el ajuste pendiente es de 1,4 puntos del PIB. El Gobierno, además, aún no había decidido si el nuevo impuesto verde consistiría en una subida de los impuestos sobre los hidrocarburos o, por el contrario, sería un nuevo tributos sobre los coches más contaminantes.

Sin más ajustes

El Programa de Estabilidad 20176-2020 remitido este sábado a las autoridades comunitarias contiene menos ajustes que en años anteriores. De hecho, el Ejecutivo se limita a describir las medidas adoptadas el año pasado con efectos en este ejercicio para atajar la brecha entre gastos e ingresos públicos. Los responsables económicos del Gobierno del PP concluyen que solo con la fuerza del ciclo económico será suficiente para reducir el déficit según la senda de consolidación fiscal dibujada por Bruselas.

En este contexto, el Gobierno espera que en 2018 el déficit quede en el 2,2%, por debajo de la línea roja del 3% del PIB por encima del cual la Comisión Europea abre el Procedimiento de Déficit Excesivo.

Por eso, el Ejecutivo popular destaca en el informe que en 2019 saldrá de la tutela de Bruselas. Y a partir de ese año, se podrán dar más alegrías presupuestarias. De hecho, refleja en las proyecciones presupuestarias un aumento de la inversión pública a partir de ese año. El gasto en infraestructuras es la única partida presupuestaria que gana peso al final del ciclo, en 2020.

El informe describe el camino para ajustar las cuentas públicas. Los gastos públicos tienen que crecer menos que el PIB nominal (la suma del PIB más la inflación). De esta forma, el peso del gasto público se va reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 39,2% del PIB, ocho puntos menos que la media Europea y una de las menores tasas de gasto público del Continente.

Rajoy reserva 3.500 millones por si quiebran las radiales

El Gobierno del PP recoge en el plan presupuestario remitido este sábado a Bruselas las consencuencias del impacto por la quiebra definitiva de las ocho autopistas de peaje. En el Programa de Estabilidad señala que "las inversiones para el periodo 2017-2018 están afectadas por la cobertura por importe de 3.500 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores y que se estima pueda hacerse efectiva en dicho periodo". Esa cantidad coincide con la deuda que acumulan estas infraestructuras, que están pendientes de que los tribunales decidan si finalmente revierten al Estado.

Esta misma semana el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, avanzó que agrupará las autopistas en quiebra que finalmente regresen al Estado para licitarlas por paquetes. Así. podrá para captar fondos con los que garantizar su conservación, un coste que sube a 65 millones de euros anuales.