El enredo de Garoña y el futuro nuclear

Un escueto comunicado despachaba el miércoles por la noche la larga reunión que había celebrado el consejo de administración de Nuclenor, la empresa que gestiona la central nuclear de Garoña y que se reparten al 50% Endesa e Iberdrola. “El Consejo de Administración de Nuclenor han mantenido hoy su reunión para tratar la propuesta de desistir de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la nuclear de Santa María de Garoña que supondría el cese definitivo de la instalación. Durante la reunión no se ha llegado a un acuerdo, por lo que lo ha trasladado a su Junta de Accionistas [que son los mismos] que tampoco ha alcanzado un acuerdo”, decía.

Conciso. Pero, en el fondo refleja la pelea interna que mantienen los dos accionistas de la empresa y que, como el presidente no tiene voto de calidad, era imposible deshacer el empate. Ahora se ha entrado en la prórroga hasta que el Ministerio de Energía se pronuncie, que se prevé en junio, tras recibir la patata caliente del Consejo de Seguridad Nuclear, que dio luz verde el pasado febrero a la reapertura de la central, cerrada desde 2012. La condicionó a una serie de inversiones. Si es que sí, serán las empresas las que tienen la última palabra.

El primero en pronunciarse fue el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la junta de accionistas de la empresa el pasado 31 de marzo, monstrándose contrario a la reapertura por no ser rentable (y porque cada mes que pasa en stand by supone una pérdida de cinco millones) y avanzando que le había pedido a su socio que se manifestara. Y el presidente de Endesa, Borja Prado, lo hizo el miércoles también en la junta de accionistas remitiendo su decisión a cuando se pronuncie el departamento que dirige Álvaro Nadal. Es curioso que los dos presidentes dejaran la mención a Garoña para el turno de ruegos y preguntas de la junta y no lo metieran en sus discursos, a sabiendas de que Greenpeace o cualquier otro interviniente lo iba a sacar a colación.

La controversia se refleja en una relación tirante. La postura de Endesa suena más a respeto al Gobierno que a sus verdaderos intereses. No obstante, en el caso de que Gobierno apruebe la continuidad y Endesa acepte seguir, siempre cabe la posibilidad de que Iberdrola le quiera vender su parte. Pero se antoja difícil, porque Garoña dista de ser rentable y exige muchas inversiones. En realidad, con todo lo que se avecina, Garoña no deja de ser una pequeñez. Con sus 466 megavatios supone un porcentaje muy bajo sobre el total de potencia instalada y es difícil que cuatro años largos después de su cierre temporal pueda recuperarse.

El verdadero enredo está en el futuro de la energía nuclear en España y el papel que debe jugar ante un mundo que viaja imparable hacia las energías renovables y que tiene fecha fija, 2050, para que todo el parque esté descarbonizado. Eso significa que se deben retirar las térmicas. Y ahí entran en juego el resto de nucleares (siete grupos en cinco emplazamientos), algunas de las cuales tienen una vida útil certificada para dentro de tres años y todas acaban antes de 2030. Eso exige que se tenga que pedir permiso para la renovación de la licencia para operar más allá de los 40 años para las centrales de Almaraz I y Vandellòs II el 8 de junio y el 26 de julio, respectivamente.

Se da la circunstancia de que Iberdrola y Endesa vuelven a compartir accionariado en ambas centrales, aunque en la extremeña la eléctrica vasca posee la mayoría con el 52,2% y la controlada por la italiana Enel, el 36% (el resto lo tiene Gas Natural, con el 11,3%) y en la catalana, al revés: Endesa posee el 72% e Iberdrola, el 28%.

Precisamente, Iberdrola ha propuesto a Endesa y al resto de eléctricas solicitar al Gobierno que el permiso se pueda pedir un año antes en lugar de tres. Y, de hecho, ya lo ha hecho de forma individual para la central de Cofrentes, en la que tiene el 100% y cuyo plazo para hacer la solicitud de renovación de la explotación es en marzo de 2018. La empresa sugiere que el ministerio aproveche las revisiones para su adaptación a la nueva Guía de Seguridad del CSN sobre las revisiones periódicas de seguridad que se producirán de forma escalonada.

A su juicio, sería un buen momento para modificar los plazos y para plantear un marco económico viable, ya que las cargas impositivas que sufren las centrales son muy elevadas y hacen que el negocio nuclear no sea rentable. Es algo en lo que coinciden todas las eléctricas. Así lo han confirmado tanto Prado como Isidro Fainé, presidente de Gas Natural, con motivo de sus recientes juntas generales de accionistas. Por eso, aboga por ponerse de acuerdo y juntar esfuerzos para presionar al Ejecutivo y lograr un cambio que consideran necesario.

Endesa es partidaria del alargamiento de la vida de las nucleares mientras se van cerrando las térmicas y descarbonizando el sector. “Anticipar innecesariamente el cierre exigiría construir nuevas centrales de gas para no sufrir problemas de abastecimiento”, dijo José Bogas, consejero delegado, a los accionistas. Aunque eso no signifique que se tenga que reabrir Garoña, evidentemente, entre otras cosas porque todos saben que no es rentable.