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Contratar con la Administración es fácil si sabes cómo

La contratación pública española genera cada año miles de puestos de trabajo

Dos operarios trabajan en en las obras de ampliación de una autovía
Dos operarios trabajan en en las obras de ampliación de una autovía

En pleno proceso de superación de la crisis económica que desde hace tiempo asola nuestro país, todas las opciones para trabajar y generar ingresos son bienvenidas, aunque algunas de ellas parezcan estar reservadas para grandes empresas o poderosas multinacionales. Es el caso de la contratación con el sector público, un ámbito de negocio accesible para todos y que en España mueve miles de millones de euros cada año. Además, los pequeños y medianos empresarios, que en España suponen el 99,88% del total de las empresas, están de enhorabuena, ya que actualmente se está tramitando una nueva Ley de Contratos del Sector Público que fomenta el acceso de las mismas a la contratación pública.

Las administraciones públicas, a la hora de satisfacer los fines de interés general, tienen que realizar una serie de actividades muy variadas para las que, en la mayoría de los casos, no tienen capacidad por carecer de medios humanos y técnicos. Así, cuando un organismo del sector público necesita construir una carretera, abastecer de material a un hospital, dar servicio de cafetería a un polideportivo, contratar servicios de cualquier tipo o, simplemente, dotar de wifi a un colegio, debe recurrir a los particulares para que, a cambio de un precio, realicen la obra, el servicio o el suministro de que se trate, tal y como se establece en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011.

Cualquier persona puede contratar con la Administración si tiene plena capacidad de obrar, acredita su solvencia económica y profesional y no está incurso en prohibición de contratar, que consiste en no encontrarse en una serie de supuestos tales como haber sido condenado por ciertos delitos, haber cometido infracciones profesionales graves o no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias. En caso de empresarios, deberán contar también con la habilitación empresarial o profesional que se exija para cumplir con la actividad o prestación que sea objeto del contrato.

¿Qué ventajas reporta suscribir un contrato con las administraciones públicas?

En primer lugar la amplia oferta de contratos que se licitan y que abarcan prácticamente todos los ámbitos profesionales en todo el territorio nacional; en segundo lugar, la fiabilidad del pagador, y por tanto, la certeza del cobro, puesto que se trata de organismos públicos que cuentan con un presupuesto destinado al efecto y que en caso de retraso en el pago abonará intereses de demora; y en tercer lugar, la percepción de una indemnización por daños y perjuicios si la Administración decidiera suspender el contrato.

El proceso comienza con la publicación de un anuncio en el que la Administración describe el tipo de contrato que desea adjudicar, el precio y los requisitos que se exigen al futuro contratista. Todas aquellas personas que estén interesadas en que el contrato les sea adjudicado deberán presentar sus proposiciones para que sean valoradas por el órgano de contratación, quién determinará, de acuerdo a unos criterios previamente establecidos, cuál de ellas es la más ventajosa y dará un plazo al licitador que la haya presentado para remitir el resto de la documentación y formalizar el contrato.

La mejor forma de estar al día sobre la actividad contractual de cualquier ente público es acceder a su web institucional y entrar en el «perfil del contratante», donde los órganos de contratación difunden la información relativa a su actividad contractual y en el que también constan las contrataciones que tienen programadas para los próximos meses, así como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

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