Portugal pagará al Santander por los ‘swaps’ al transporte público
El banco recibirá ya 500 millones, más 1.100 si Portugal cancela los créditos vigentes
No habrá más litigios entre el Estado de Portugal y el Banco de Santander por el caso de los swaps al transporte público de Lisboa y Oporto. Finalmente, ha habido un acuerdo extrajudicial (tras continuas derrotas del Estado portugués) por el que el Estado se compromete a pagarle al banco español todo lo que había dejado de pagar desde 2013 (unos 500 millones de euros); además le será concedido un préstamo de 2.300 millones de euros (1,2 puntos del PIB) en condiciones preferentes.
El acuerdo final es el mismo que propuso el banco al anterior gobierno conservador de Passos Coelho y que no aceptó y que, además se negó a seguir pagando los intereses de los swaps, lo que inició una cadena de demandas judiciales, todas con sentencias a favor del banco. El Estado portugués paga ya todos los atrasos desde que dejó de pagar en 2013, una cantidad que se eleva a los 500 millones de euros. El resto, algo más de 1.100 millones de euros, corresponden al valor de mercado de los swaps al día de hoy, es decir, la cantidad que pagaría el Estado si decidiera romper los contratos. En principio, según fuentes del banco, estos contratos que se alargan en algunos casos hasta más allá de 2020, se van a mantener, por lo que Portugal solo pagará las cuotas mensuales correspondientes.
Según la nota oficial del Ministerio de Finanzas, ambas partes desistirán de los recursos ante los tribunales ingleses, los del Estado para revisar la sentencia y el banco para exigir indemnizaciones por daños y perjuicios.
El caso arranca en el año 2007, cuando las empresas del transporte público de Lisboa y Oporto firmaron con el banco español unos créditos de interés variable. En el año 2013 la entonces ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, decidió dejar de pagar al banco y denunciarle por los intereses que creía abusivos.
El Santander llevó a los tribunales internacionales el litigio, tal y como figuraba en los contratos, pero la defensa del Gobierno se ha basado en que los tribunales internacionales no son competentes para dirimir la cuestión, argumento que fue rechazado en seis ocasiones. El Santander reclamaba más de 1.700 millones de euros, correspondientes a la ruptura de los contrartos, más las costas judiciales y daños y perjuicios.
El Santander firmó en aquellos años nueve contratos de riesgo financiero (swaps), y la mayoría se modificaron; sin embargo con los del Transporte público de Lisboa y Oporto, no se llegó a ningún acuerdo y, desde 2013, Albuquerque decidió unilateralmente dejar de pagar.
Los contratos swap son utilizados habitualmente para proteger al solicitante de un crédito a interés variable de una posible subida del euríbor, pero en este caso, el euríbor no ha dejado de bajar en los últimos años, por lo que la cobertura resultaba ruinosa para las empresas de transporte.
