Parar el reloj para detener el tiempo
Innovar es una actividad arriesgada, pero que un Estado no lo haga es directamente temerario
Durante la primera década de siglo España experimentó una notable convergencia con Europa en inversión en I+D. El esfuerzo conjunto de administraciones y empresas logró recortar en pocos años 20 puntos porcentuales de desventaja histórica respecto al promedio europeo. Un progreso de esta naturaleza en cualquier variable económica o social es poco habitual. También lo es la caída dramática que hemos sufrido desde entonces. A la intensa crisis económica, que frenó el esfuerzo privado en I+D, se sumó desde 2010 una política de recortes en los presupuestos públicos que se ha ensañado con las partidas dedicadas a ciencia e innovación.
Una revisión rápida de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años evidencia la falta de compromiso con la I+D+I del Gobierno actual —tanto en la crisis, actuando al revés de Europa, que en ese periodo aumentó la inversión, como ahora que la recuperación económica es sólida—. Si la revisión es pausada, la conclusión es todavía más drástica. Primero se promete poco gasto público en I+D, luego ni siquiera se cumple lo que se promete.
Esta semana publicó EL PAÍS datos sobre el descenso progresivo de la ejecución del presupuesto de I+D. En 2015 —últimos datos disponibles— alcanzó su mínimo histórico. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad dejó de invertir en 2016 dos de cada tres euros comprometidos con la ciencia y la innovación. Detrás de ese ahorro asoman las múltiples argucias y trabas con las que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sabe aplazar o cancelar proyectos de otros ministerios. Es el habitual juego sucio de la burocracia, que solo un contrapeso político fuerte podría vencer.
Esa trayectoria a la baja de la ejecución presupuestaria en I+D obliga a valorar con mucha prudencia el anunciado aumento del 4,1% en los Presupuestos de 2017. En realidad solo aumentan los recursos destinados a los capítulos de gasto financiero —los créditos—, cuyo uso se restringe prácticamente a financiar empresas con proyectos tecnológicos de riesgo moderado. En paralelo se reducen los recursos destinados a capítulos de gasto no financiero —salarios, inversiones o aportaciones a organismos públicos de investigación como el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III, subvenciones a empresas de alta tecnología—. Es decir, sube lo que no se gasta mientras se recorta un año más el combustible fundamental del sistema público de investigación.
Sorprende, por ejemplo, que la Red Cervera, la medida estrella en materia de innovación, una de las claves del pacto entre los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, que se anunció como una inversión de 500 millones de euros para impulsar una red de centros de investigación en diferentes tecnologías y sectores, esté dotada solo con 20 millones de gasto real —el resto son créditos—. Todos los expertos a los que hemos consultado al respecto desde Cotec han coincidido en afirmar que el proyecto será inviable si se aprueba así esta partida.
Innovar es una actividad arriesgada, pero no hacerlo es directamente temerario. Sacrificar la innovación para ahorrar gastos es como parar el reloj para detener el tiempo. Es así para las empresas, las instituciones, los Estados. El Parlamento tiene ahora la oportunidad de rectificar este proyecto de Presupuestos. Ojalá esté a la altura del reto. Está en juego el futuro de España.
Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec
