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Acuerdo histórico contra la temporalidad del empleo público

El Gobierno y los sindicatos firman un pacto para convocar oposiciones para 250.000 plazas en tres años y convertir interinos en fijos. Habrá otras 67.000 vacantes para sustituir las jubilaciones de 2017

Gobierno y sindicatos han firmado este miércoles el acuerdo para la mejora del empleo público, por el que se aprobará una convocatoria de oposiciones para 250.000 plazas en los próximos tres años, al objeto de convertir interinos en fijos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CC OO) han pactado rebajar al 8% la tasa de temporalidad del sector público, que ronda el 23%. El documento también incluye un aumento de la tasa de reposición —el número de sustituciones por cada jubilación— hasta el 100% en servicios esenciales y personal que esté en atención a la ciudadanía. Para ello se convocarán oposiciones para ofertar otras 67.000 plazas este mismo año. Ninguna de las dos medidas aumentará la plantilla total ni supondrá más gasto.

De izquierda a derecha, Miguel Borra (CSIF), Cristóbal Montoro (ministro de Hacienda), Julio Lacuerda (UGT) y Javier Jiménez (CC OO).

En España hay médicos que tienen que firmar un contrato laboral cada mes para trabajar en un hospital público. Enfermeras que renuevan por semanas y profesores a los que solo contratan por trimestres lectivos. Incluso hay policías locales que tienen contratos temporales. La temporalidad del sector público en España ronda el 23% y ha aumentado durante los años de crisis.

Para combatir esta situación de precariedad, los principales sindicatos respresentativos de los empleados públicos (CSIF, UGT, CC OO) y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han suscrito este miércoles un acuerdo para mejorar la calidad del empleo público. El meollo del pacto consiste en la convocatoria de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas para convertir trabajos interinos en fijos. Para conseguir cerrar el acuerdo se ha contado con la complicidad de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, que tienen a su cargo el grueso de los empleados públicos del país.

Las oposiciones estará abiertas a todos los ciudadanos pero se tendrá en cuenta y se computará el tiempo que se lleve trabajando para una administración pública. De esta forma se facilitará que los interinos se hagan con las plazas fijas. La medida no tendrá ningún coste para las arcas públicas porque no se aumenta la plantilla global de las administraciones públicas. Unicamente se sustituirán puestos de trabajo temporales por fijos.

El documento suscrito este miércoles por el ministro y los sindicatos subraya que persigue reducir la interinidad un 90% en los servicios públicos esenciales como la sanidad, educación, justicia, servicios sociales y cuerpos policiales entre otros. De las 250.000 plazas que se convocarán en oposiciones públicas hasta 2020, un total de 129.700 corresponden al sector de la sanidad, otras 98.807 al sector de la educación y 8.564 plazas para la justicia.

Otras 67.000 plazas en 2017 para sustituir a las bajas

El segundo punto del acuerdo consiste en un aumento de la tasa de reposición —el número de sustituciones por cada jubilación— al 100% para la sanidad, educación, servicios sociales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (policía y Agencia Tributaria, entre otros). Además, se amplía esta medida para el personal destinado en servicios de atención al público, como los de la Seguridad Social, servicios de empleo o los de renovación de DNI o Pasaportes.

Para cubrir estas plazas se espera una oferta pública de empleo adicional de 67.000 plazas este año. De las cuales, 19.000 serán para la Administración central, 28.144 para las comunidades y el resto, unas 20.000, para los Ayuntamientos.

"Se trata del primer acuerdo de la legislatura sobre función pública", aseguró el ministro ante los dirigentes sindicales tras la firma del documento. "Este acuerdo es una apuesta por la dignificación de la función pública", añadió el titular de Hacienda, que recordó que este acuerdo desarrolla los alcanzados en la conferencia de presidentes de mejorar la calidad del empleo.

El responsable de CSIF, Miguel Borra, manifestó que el acuerdo significará "un antes y un después en el empleo público". Borra recordó que el pacto "permitirá acceder a un trabajo estable a decenas de miles de personas en toda España y permite reforzar las plantillas después de años de recortes". Para CSIF es necesario que "las ofertas de empleo se lleven a cabo con celeridad y transparencia en todos los sectores".

Julio Lacuerda, de UGT, valoró el pacto, porque "es el primero tras el largo periodo de vacaciones en el que el Gobierno ha estado ausente". Además, ha destacado que el pacto devuelve la tasa de reposición al ámbito de la negociación colectiva.

Por su parte, Javier Jiménez, de CC OO, destacó que el acuerdo contempla devolver a cada una de las administraciones su responsabilidad a la hora de negociar. "Cesa una etapa muy triste y muy negra", zanjó, en referencia a la ausencia de negociación en los últimos años.

En busca de un pacto salarial de legislatura

Aunque los sindicatos y Montoro han celebrado este miércoles el acuerdo para mejorar la calidad del empleo público, también escenificaron las diferencias que les separan por la subida salarial. Hacienda impone un aumento del 1% a los empleados públicos en 2017. El ministro ha comunicado la decisión en la Mesa de negociación de la función pública que se ha celebrado esta tarde del miércoles.

El alza del 1% es insuficiente para los sindicatos que rechazan la decisión. Reclaman un plan plurianual para recuperar los recortes sufridos durante la crisis. Pero también, que las subidas cubran el aumento de los precios para no perder poder adquisitivo.

Montoro abrió la puerta a un acuerdo a tres años: "La voluntad del Gobierno es extender el acuerdo al ámbito salarial para incluirlo en los presupuestos de 2018, 2019 y 2020, completando la legislatura". Los sindicatos quedaron a la expectativa. Desde la secretaria de Estado de Función Pública les han transmitido a los sindicatos que el próximo año, fuera de la tutela de Bruselas (por haber reducido el déficit por debajo del 3%), el Ejecutivo contará con más recursos para abordar nuevas subidas salariales y recuperar parte del poder adquisitivo perdido estos años.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha rechazado esta subida.  Reclama que se recuperen los recortes del 5% que sufrieron los empleados públicos en 2010 y otros derechos perdidos durante los años de crisis.

Julio Lacuerda, de UGT, ha lamentado la escueta subida Y considera indispensable recuperar el poder adquisitivo, algo "alejado de las intenciones del Gobierno", aunque es una materia que "seguirá viva en la negociación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado y en los del próximo ejercicio". "Queremos un pacto de Legislatura que aborde este problema de manera definitiva y, hasta entonces, en materia salarial, nos enfrentamos al Gobierno", ha indicado Lacuerda, según recoge EFE.

El representante de CC OO, por su parte, Javier Jiménez, ha recordado que con la subida del 1% los trabajadores públicos van a volver a perder poder adquisitivo este año y reclama mejoras que permita recuperar la estructura salarial previa a la crisis.

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