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Abertis gana una batalla judicial a Fomento por los 1.494 millones que reclama por la AP-7

El Ministerio de Fomento interpondrá recurso de casación contra el fallo del TSJM

El vicepresidente y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés.
El vicepresidente y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés. EFE

Abertis ha ganado una importante batalla en su reivindicación por cobrar del Estado al menos 1.495 millones de euros en compensación por la caída del tráfico en la AP-7. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), contra la que todavía cabe recurso, da la razón a la compañía catalana, que exige a Fomento que le abone esa cantidad millonaria en 2021, ya que el Ministerio se comprometió a compensarle si después de realizar inversiones en la autopistas no se alcanzaba determinado nivel de tráfico. La crisis redujo el tránsito en la vía de pago. Y Abertis registró los ingresos generados por la compensación en su balance como activos financieros, es decir, con derecho a cobro en el futuro. Fomento ponía en duda que fuera a cobrarlo (y por tanto la forma de incluirlo en su contabilidad) pero ahora el TSJ apoya que la compañía se apunte el derecho de cobro.

La guerra, sin embargo, está lejos de ganarse. Fomento aseguró ayer que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), donde también se instruye otro recurso presentado por Abertis. El grupo de infraestructuras, por su parte, acogió el fallo con satisfacción y explicó que mantendrá sus criterios contables sobre los ingresos provenientes de las compensaciones por la caída del tráfico hasta que haya una sentencia en firme.

En 2006, la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez (PSOE) y Abertis firmaron un acuerdo según el cual su filial Acesa se comprometía a realizar mejoras en la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera (Girona) y a aplicar descuentos en los peajes. Abertis introdujo una salvaguarda: el Estado le compensaría si no se cumplían las expectativas de tráfico, una cláusula que después cuestionó el Consejo de Estado. Con la crisis, el peor escenario de Abertis se cumplió. El paso de vehículos cayó un 30% y el grupo de infraestructuras ejecutó su garantía. Según sus cálculos a 31 de diciembre de 2016, el Estado le adeuda 1.495 millones de euros. La cuenta sigue viva y se tendrá que saldar en 2021, cuando expire la concesión.

Desde un principio el grupo registró los ingresos generados por la compensación en su balance como activos financieros, es decir, con derecho a cobro en el futuro. Un criterio que el Partido Popular puso en duda al llegar al Gobierno central, en 2011. Fomento objetó los términos del acuerdo, que había sido refrendado por un real decreto, y censuró las cuentas de Abertis de 2011 mediante una resolución del secretario de Estado de Infraestructuras.

Desde el despacho de la entonces ministra Ana Pastor se planteó, por ejemplo, que la compensación por tráfico no podía tenerse en cuenta como parte del saldo del convenio. Además, se aseguró que había un error en la manera como la compañía contabilizaba esos ingresos futuros en su balance. Fomento defendió que se deberían valorar como activos intangibles, algo que no garantiza su pago. La diferencia de criterios derivó en varias demandas judiciales, una de ellas, restringida específicamente al campo contable, que ahora ha resuelto el TSJM.

Fomento pidió al Consejo de Estado un dictamen, de carácter no vinculante, que cuestiona todo el sistema de compensaciones, aludiendo a una directiva europea que obliga al concesionario a asumir los riesgos derivados del incumplimiento de las previsiones de uso formalizadas en los contratos.

El tribunal, sin embargo, ratifica que Abertis estaba contabilizando correctamente un derecho de cobro de peaje. “Deberán ser registrados como activo financiero en lugar de como activo intangible, debiendo ser registrados los ingresos financieros derivados del Real Decreto como ingresos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias”, dice el fallo.

Los jueces no tenían que pronunciarse específicamente sobre si el mecanismo de compensación es legal o no, pero su fallo deja entrever un respaldo a la tesis de Abertis sobre los términos de su acuerdo con los socialistas.

En 2015, Abertis elevó el contencioso al Tribunal Supremo después de que pidiera al Consejo de Ministros que “ejerciera su potestad de interpretación de contrato de la AP-7 en relación con la compensación de los tráficos”, y este lo desestimara por “silencio administrativo”.

La decisión del TSJM provocó una subida del 4,2% de los títulos de Abertis en la apertura de la Bolsa ayer. Las acciones de la compañía tocaron el máximo a las 9.15 horas cuando superaron los 15 euros. El título cerró finalmente a 14,9 euros, un alza del 3,08% respecto al valor del lunes.

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