La lucha contra el fraude fiscal se está perdiendo
En 2016 se recaudó en la lucha contra el fraude 14.883 millones, un 4,98% menos que un año atrás
Apenas hace unas semanas calificaba como continuista el Plan de control Tributario y su escasa ambición en la determinación de las directrices a seguir para este año. Y es que hacer siempre lo mismo implica que los malos acaban conociendo lo que hacemos y les permite innovar sus trucos para no pagar a Hacienda; reinventarse para seguir impunes ocultando sus riquezas fruto de la delincuencia y la defraudación.
Los resultados de recaudación que esta semana se han conocido son poco satisfactorios, insuficientes y reflejan que estamos perdiendo la lucha contra el fraude. Las cifras hechas públicas sobre el 2016 no han podido igualar los ingresos récord de lucha contra el fraude de 2015 (de 15.664 millones) recaudándose solo 14.883 millones con una caída del 4,98%. Sin embargo, este descenso respecto a 2015 se ha justificado por unos supuestos ingresos extra obtenidos en 2015 que, lógicamente, no se ha repetido en 2016.
No se trata de poner en cuestión si hubo o no ingresos extra, pero cuando el año pasado se explicaron aquellas grandilocuentes cifras, en nada se habló de esas aportaciones extraordinarias. Entonces, la Agencia Tributaria, preocupada de lanzar un mensaje político de gran eficacia, solo habló de sus grandes ingresos, sin advertir en ese momento de su carácter extraordinario y excepcional. Entonces y ahora, prima más el conseguir mayores ingresos que luchar contra el fraude.
La comparecencia del director de la AEAT dando cuenta de lo recaudado en la lucha contra el fraude en 2016 no ha sido una autentica rendición de cuentas, se ha limitado a explicar unos pocos dígitos y ha omitido otras explicaciones, todo ello en un contexto de escasa transparencia ya que ni siquiera en la página de la AEAT se han publicado a fecha de hoy, mediados de marzo, los números detallados del año 2016.
Pero lo peor de esta caída de resultados es que era previsible. Los inspectores de Hacienda llevamos años reclamando un giro en la lucha contra el fraude fiscal y los deficientes resultados nos empiezan a dar la razón porque evidencian la urgencia de que hay que cambiar el foco y hacer mucho más en la lucha contra la economía sumergida, contra los paraísos fiscales.
Los inspectores hemos puesto encima de la mesa un paquete de propuestas, de general aceptación. Salvo el sindicato de técnicos, que considera de una manera poco enfocada y corporativista, que la gran solución para reducir el fraude es que los conviertan en inspectores por decreto (lo cual implica su desconsideración por el trabajo que actualmente realizan en la agencia, valioso, meritorio y esencial), existe casi unanimidad en lo que hay que hacer, o al menos evitar.
La economía sumergida en España supone un enorme problema al que no es ajeno que la inmensa mayoría de las transacciones se realice en efectivo. En nuestro país solo el 18% de las compras se hace mediante tarjeta, mientras que los países nórdicos, Francia o Reino Unido las usan el triple que nosotros. Incluso China refleja un uso del 22%. Y es que además de un cierto atraso de la sociedad electrónica la razón principal de su bajo nivel de aceptación cultural es la ocultación de la economía sumergida, que quedaría al descubierto si dejara rastro bancario. Por ello, es fácil concluir que una buena medida contra la economía sumergida sería potenciar el uso de tarjetas y la obligación a los empresarios del uso del TPV. Si se quiere, se pueden hacer cosas sin gastar dinero mediante normas mejores y más rigurosas contra el fraude.
Otro ejemplo de lo que se debería hacer y no se hace es la imposible explicación a estas alturas de la esquizofrénica posición de la Unión Europea sobre paraísos fiscales que ya empieza a rayar el cinismo. Por un lado, manifiesta de forma grandilocuente el fin del secreto bancario y los paraísos fiscales, pero la realidad es muy distinta y no solo no se aprueban medidas eficaces contra los paraísos, sino que hasta se permiten la existencia de estos territorios dentro de la propia UE. También a nivel nacional se podrían diseñar normas contra estos paraísos que hasta ahora no se han tomado.
Y qué decir de la elusión de las multinacionales. Los países de la OCDE llevan desde el 2013 trabajando en un proyecto antifraude, bautizado como el “paquete BEPs”. Pero la realidad es que en el 2017 las multinacionales siguen eludiendo pagar impuestos mediante las llamadas operaciones vinculadas, los cánones por intangibles y otros artificios que santifican la no tributación de sus ingentes beneficios que de tributar convertiría lo que recauda la AEAT cada año en una calderilla.
¿Por qué no se aplican medidas en este sentido? En lugar de tomar estas medidas normativas, la AEAT ha explicado que se han incrementado los controles sobre alquileres, control de operaciones de efectivo de 1.500 euros y las unidades Informáticas que analizan ordenadores y dobles cajas han hecho más entradas y registros. No digo que esto esté mal, pero estamos incidiendo en el pequeño fraude y dejando la parte del león sin atacar.
La mayor eficiencia pretendida por este Ejecutivo ha sido la de hacer un plan especial cuestionado por los sindicatos año tras año, en la que se le pide a los funcionarios que trabajen a brazo partido a cambio de un estipendio graciablemente repartido a final de año por la dirección de la AEAT con unos criterios desconocidos a priori: más horas a cambio de una gratificación extraordinaria. Esta es la causa de que haya subido la recaudación estos años y que hay que agradecerlo a nuestros funcionarios, pero no parece que este sea el esquema óptimo de lucha contra el fraude.
En conclusión, queda mucho por hacer y afortunadamente existen medidas para luchar contra el fraude. Muchas no costarían un euro al erario público y contribuirían a las buenas cifras; y otras, aunque costaran, serían tremendamente rentables como el fomento de la educación fiscal, la divulgación de los efectos del fraude y la introducción en los planes de estudio de contenidos sobre fiscalidad, para que quede claro que Hacienda debemos ser todos.
Ransés Pérez Boga es inspector de Hacienda del Estado
