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Fomento renunció dos años a sacar adelante la reforma de la estiba

El Ejecutivo, cuando tenía mayoría absoluta, dejó pasar un año de reuniones estériles y otro por estar en funciones

Varios portavoces durante el debate del Congreso reprocharon al Gobierno este jueves que no hubiera actuado cuando tenía mayoría absoluta. Es decir, que la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor, no solucionara el problema desde diciembre de 2014, cuando se publicó la sentencia europea y la multa de 27.522 euros al día comenzó a acumularse.

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, junto a Ana Pastor, presidenta del Congreso.
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, junto a Ana Pastor, presidenta del Congreso.

El Ministerio de Fomento perdió dos años en la reforma de la estiba. Uno con reuniones estériles y otro al estar en funciones. El Gobierno, tras recibir la sentencia del tribunal europeo, podía haber aprobado un decreto y convalidarlo en solitario sin problemas o acelerar un proyecto de ley que hubiera salido con su holgada mayoría. Pero no lo hizo.

El secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez-Pomar, explicó este jueves a EL PAÍS que se intentó pero no se hizo primero por falta de acuerdo entre sindicatos y patronal; luego por el rechazo de Bruselas y, finalmente, porque el Gobierno estaba en funciones y carecía de capacidad para impulsar normas.

Según su relato, la sentencia de la justicia europea que condenaba a España por la norma aprobada en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es de diciembre de 2014. Pero fue notificada un mes después, es decir, en enero de 2015.

A partir de ese momento y siempre según su versión, Fomento inició multitud de reuniones con trabajadores y empresarios e intentó un acuerdo. Recibió varios documentos de las partes que, en algunos casos, no fueron considerados por el Gobierno. La primera reunión del Ejecutivo con empresarios y trabajadores fue el 22 de febrero de 2015.

En mayo el Gobierno envió a Bruselas una propuesta pactada para poder cumplir la sentencia de diciembre de 2015. Sin embargo, la Unión Europea la rechazó por entender que no cumplía los requisitos de liberalización del sector de los estibadores. Siguieron las reuniones del Gobierno con los afectados, pero sin llegar a ningún acuerdo hasta que en octubre de 2015 fueron disueltas las cámaras y se celebraron las elecciones en diciembre de ese año.

A partir de ese momento, el Gobierno tenía vedada por la ley la iniciativa legislativa, una situación que se prolongó durante el Gobierno en funciones: “Nos decían que mientras que estuviese en funciones no podía legislar”, explican fuentes sindicales. En junio de 2016, estando ya el Gobierno en funciones y siendo aún Ana Pastor la ministra de Fomento, se le comunicó al Gobierno la multa que se ha ido acumulando desde entonces.

Cuando el actual Gobierno ha tenido capacidad para aprobar normas puso en marcha el decreto que ahora ha sido derogado. La reforma había sido avalada por la comisaria europea, con un margen que terminaba el 24 de marzo para la convalidación. Es decir, el plazo máximo de un mes que existe para convalidar o derogar el decreto tras su aprobación en Consejo de Ministros.

El Gobierno teme que una vez cumplido ese plazo Bruselas exija la multa, con las cantidades acumuladas y las que se vayan generando por el incumplimiento diario de la sentencia de la justicia europea. Además, según fuentes de Fomento, creen que el plazo se verá reducido hasta este jueves y se computarán los 20 días en que no se acumulaba sanción. Por lo tanto, la sanción vuelve a activarse este viernes y a aumentar por cada día de incumplimiento de la sentencia.

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