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La multa a España de 22,8 millones por el monopolio de la estiba seguirá creciendo

La posible sanción europea de 27.522 euros al día vuelve a activarse tras el fracaso del decreto y si hay una nueva sentencia contraria subirá a 134.107 euros diarios

Bruselas / Madrid

La multa a España por no reformar la estiba se hace cada vez más real. Con Bruselas presionando para que la liberalización del sector se lleve a cabo cuanto antes, el varapalo que sufrió este jueves el Gobierno en el Congreso acerca el momento de tener que desembolsar una sanción millonaria, aunque todavía no es firme. Y el importe final está aún por dilucidar. España fue condenada el 11 de diciembre de 2014 al pago de 27.522 euros diarios y la cantidad total desde ese día hasta este viernes asciende a 22,8 millones de euros por no modificar la regulación de la estiba.

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc.
La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc. EFE

España no estará obligada a desembolsar el dinero hasta que haya una nueva sentencia contraria del Tribunal de Justicia de la UE, que le condene por doble incumplimiento (por la irregularidad inicial y además, por no corregirla). Puede tardar meses. “Está al caer”, decía sin embargo este jueves en el Congreso el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Cuando llegue el nuevo fallo de la UE, el importe aumentará hasta 134.107,2 euros al día, mientras la estiba siga sin reformar. Es decir, la sanción crecerá casi cinco veces más rápido. La fecha del nuevo dictamen de los jueces europeos es todavía desconocida, y fuentes del tribunal señalan que no se pueden hacer cábalas sobre cuándo se resolverá el caso.

El Gobierno, cuando aprobó el decreto en Consejo de Ministros del 24 de febrero, tenía una multa acumulada de 22,2 millones de euros. Pero según aseguró en Madrid la semana pasada Violeta Bulc, comisaria de Transportes, la Comisión Europea detendría el proceso de multa a España si sale adelante la nueva normativa.

Existen precedentes de castigos similares. España ha sido condenada en otras tres ocasiones antes por casos de doble incumplimiento al no ejecutar una sentencia de los tribunales europeos. En dos casos, que se alargaron durante más de una década, acabó pagando.

Ayudas ilegales

Entre las que tuvo que pagar España está en 2012 una multa de 20 millones de euros y el abono de 50.000 euros por cada día de retraso en ejecutar el dictamen, que le obligaba a recuperar unas ayudas concedidas al grupo español Magefesa declaradas ilegales en 1989. Además, en 2014, España fue sancionada con 30 millones por tardar en recuperar las cantidades de las que se beneficiaron las empresas vascas que disfrutaron de ventajas tributarias consideradas ilegales por Bruselas, las llamadas vacaciones fiscales vascas. El Ejecutivo autonómico y las diputaciones, responsables de las ayudas tributarias, abonaron dicha cantidad a Hacienda para que hiciera frente al pago.

Entre los miembros de la UE, ha habido 32 casos de doble incumplimiento de dictámenes del TJUE por parte de 11 Estados. Aunque no en todas ellas ha habido sanción final, han supuesto en ocasiones multas elevadas. Como los 40 millones que pagó Italia hace tres años por violar las reglas de gestión de basuras o los 20 millones de sanción y 57 millones semestrales con que fue sancionada Francia hasta que no regulara la pesca de especies demasiado pequeñas.

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