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El fiscal denuncia a CatalunyaCaixa por un agujero de más de 700 millones

La mala gestión de Narcís Serra y sus directivos supuso pérdidas por el negocio inmobiliario, según Anticorrupción

El expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, en el Parlament.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia contra el expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y otros directivos de la entidad por haber provocado un agujero millonario con operaciones inmobiliarias. La Fiscalía considera que una quincena de esas operaciones está plagada de irregularidades y provocaron pérdidas que superan los 700 millones de euros. Serra declaró por esos hechos ante la Guardia Civil hace más de un año y, ahora, el fiscal Fernando Maldonado le ha denunciado ante la Audiencia Nacional.

La denuncia alude a operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2007 y que resultaron ruinosas. La Fiscalía también señala al que fue director general de la entidad, Adolf Todó. Serra y Todó están a un paso de juicio, además, por aprobar aumentos de sueldos para directivos cuando la entidad se encontraba ya en una situación económica muy deteriorada.

La caja, que fue nacionalizada y posteriormente vendida a BBVA, "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" a través de su filial Procam, según el contenido de la denuncia, que ha avanzado este miércoles El Periódico de Catalunya. Procam realizó inversiones en España, pero también en otros países europeos como Polonia y Portugal. La investigación se centra en operaciones para la compra de inmueble y de participaciones en sociedades.

Las irregularidades fueron detectadas en primera instancia por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hizo cargo de CatalunyaCaixa en 2011 tras varias inyecciones millonarias de capital (más de 12.000 millones). El problema de las operaciones inmobiliarias bajo sospecha es que no reunían suficientes garantías sobre su viabilidad. Los directivos de CatalunyaCaixa -la denuncia se dirige contra 15 personas- dieron "aval" a las operaciones basándose en la simple confianza de los socios copartícipes. No existían, sin embargo, informes independientes ni se estudió de forma exhaustiva "la solvencia y capacidad" de esos socios para sacar adelante los proyectos.

Los proyectos inmobiliarios estaban condicionados a trámites urbanísticos que en muchos casos resultaban "inciertos". Se da el caso de que parte de los terrenos no eran ni siquiera urbanizables o bien estaban pendientes de recalificaciones urbanísticas, lo que suponía, recoge el fiscal Maldonado, un "riesgo en la inversión". Las operaciones se cerraron, además, sin incluir cláusulas que garantizaran los intereses de la caja.