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OPINIÓN

El coste de la pobreza energética en España

Solo con eficiencia energética en las viviendas con pobreza energética, el país se ahorraría 560 millones de euros anuales en costes sanitarios y laborales

El 5 de marzo se ha conmemorado el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha en la que hay que detenerse para hacer una reflexión del uso que se hace de los recursos y del papel fundamental que tiene la eficiencia energética dentro de la lucha contra el cambio climático. Un mensaje que se viene repitiendo de forma obligada cada vez que tiene lugar esta celebración, y ya son 19 años.

La Fundación La Casa que Ahorra es consciente de que organismos públicos, empresas y ciudadanos tienen mucho camino por recorrer, pero quiere ir más allá, y sumar a las adversas consecuencias medioambientales que provoca el derroche de la energía, aquellas que afectan a la salud de las personas. En este sentido, presentó el estudio, “Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud de las personas. Visión económica”, que evalúa el impacto que tendría en la salud y en la economía española una mejora de las condiciones de vida en aquellos hogares considerados en “pobreza energética” a través de una rehabilitación energética. Los resultados hablan por sí solos, explica Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, “y si se rehabilitaran esas 1,5 millones de viviendas, construidas mayoritariamente entre los 60-80 y que normalmente habita aquella parte de la sociedad en riesgo de exclusión, el Gobierno se podría ahorrar 560 millones de euros anuales en costes sanitarios y laborales”.

Estas cifras suponen, desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos, que sería posible evitar que unas 100.000 personas considerasen que tienen una salud mala o muy mala, y que unas 120.000 personas no estarían diagnosticadas con problemas cardiovasculares. Desde el punto de vista económico, si el Gobierno subvencionara en un 50% las obras de rehabilitación de los casos comentados anteriormente, ese dinero retornaría a las arcas estatales en 16 años. Según Albert Grau, “este payback es realmente bajo si se considera que las inversiones gubernamentales no acostumbran a regirse por criterios de rentabilidad dentro de nuestro conocido como estado del bienestar, especialmente aquellas con un marcado carácter social y/o en salud”.

Para llegar a estos resultados se han analizado diferentes variables, explica Albert Grau, como que el 55% de las viviendas en España están construidas antes de 1980, y el 36% en el periodo comprendido entre la década de los 60 y 80, y se han identificado aquellos hogares que gastan más del 10% de sus ingresos en energía, son los que sufren pobreza energética. Representan el 8% de las viviendas, unos 1,5 millones. A esto hay que sumar diferentes variables de salud como pirámides de edad, estado de salud auto-percibida y los ingresos anuales netos del hogar.

El análisis de todas estas variables da lugar a los resultados comentados anteriormente. Si bien es verdad, señala el gerente de la Fundación, que la relación salud-vivienda está bien establecida y existen numerosos estudios que evidencian que unas malas condiciones en la vivienda ocasionan problemas de salud, la relación salud-eficiencia energética necesita ser profundizada, y hacen falta más estudios para determinar su efecto de forma clara y para cada una de las problemáticas que se pueden dar en las viviendas, como serían problemas de ruido, calidad del aire…

La Fundación La Casa que Ahorra ha querido poner de manifiesto que a los ya conocidos efectos medioambientales y económicos que supone el incremento de la demanda energética, hay que tener presentes también los que inciden de forma desfavorable en la salud de los ciudadanos.

Albert Grau es gerente de la Fundación La Casa que Ahorra.