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¿Y si el Parlamento deroga el decreto ley de estibadores? El último precedente, en 1979

La nueva norma para los puertos debe ser votada en el Congreso antes de 30 días para que la oposición la valide o la rechace

Estibadores en el puerto de Sevilla
Estibadores en el puerto de Sevilla

Los decretos ley como el de los estibadores, que el Gobierno aporbó ayer para romper el monopolio en el sector de la estiba, requieren ser convalidados por el pleno del Congreso antes de 30 días, es decir, necesitan que la mayoría simple de la Cámara vote a favor, aunque entrará en vigor en cuanto se haya publicado en el BOE tras el Consejo de Ministros. Sería muy excepcional que el Congreso rechazara un decreto ley de un Gobierno.

Constituiría una derrota política notable e inusual, una muestra de debilidad del Gobierno y la tercera vez (contando una que fue provocada por un error) que ocurriría en casi 40 años de democracia. Hay un precedente en la legislatura de 2004 a 2008 de un decreto ley rechazado cuando José Luís Rodríguez Zapatero gobernaba en minoría, pero fue por un error del grupo socialista en la votación. Se subsanó votando de nuevo el decreto tras aprobarlo por segunda vez el Consejo de Ministros. Fue el Real Decreto-Ley 1/2006, de 20 de enero, "por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco". La convalidación fue rechazada en el Pleno del 9 de febrero de 2006.

El precedente real, que no fue un error, es de 1979, con el Gobierno de Adolfo Suárez. El real decreto ley 1/1979 "por el que se prorroga por el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento" fue rechazado por la Diputación Permanente (estaban disueltas las Cámaras) el 6 de febrero de 1979. Este decreto trataba de alargar la vida de este organismo, cuya existencia, que databa de 1959, caducaba entonces. Como curiosidad, tras la votación el presidente planteó la cuestión de cómo solucionar el problema que planteaba la derogación de un decreto ley.

Hubo un turno de intervenciones de, entre otros, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Jordi Solé Tura y el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril Martorell. Es decir: supuso un problema político e institucional, no por el asunto —era meramente administrativo— sino por la forma de proceder, ya que no estaba prevista la posibilidad de que no se convalidara. "Esta no es una ley, no lo ha sido nunca; es una disposición con rango de ley, que, en caso de convalidarse, llega a serlo y, en caso de no convalidarse, no tiene efecto de ninguna clase. Basta con que se informe al Gobierno de que no ha sido convalidado y tendrá que publicar la disposición correspondiente en el BOE. No hace falta que redactemos ningún texto", dijo Fraga en el debate. Se decidió publicar el acuerdo en el BOE y darlo por derogado.

Un pacto difícil

Para convalidar el decreto ley de la estiba, el PP necesita en principio la ayuda del PSOE con su voto a favor o su abstención. Solo los socialistas garantizan la aprobación. Los populares pueden buscar mayorías alternativas con Ciudadanos, PNV y otro partido como el PdeCat (antigua Convèrgencia). No basta el empate a 175, porque eso supondría rechazar el decreto si persiste ese resultado en tres votaciones que habría que repetir en el mismo pleno.

Los decretos convalidados hasta ahora en esta legislatura han tenido el apoyo o la abstención del PSOE. Mariano Rajoy dio orden de pactar todas las iniciativas antes de enviarlas al Congreso y eso se ha aplicado a asuntos como la resolución de las cláusulas suelo o las medidas contra la pobreza energética. Es la primera vez que aprueba un decreto sin pacto previo, aunque lo demoró varias semanas para intentarlo. Ahora, forzado por Bruselas ha aprobado el decreto y se arriesga a una dura derrota política sin muchos precedentes y en medio de un conflicto laboral con los estibadores.

Si se convalida esta norma, en ese mismo pleno cualquier grupo puede pedir una segunda votación para que se tramite como proyecto de ley. Si hubiera mayoría a favor, supondría que habría fase de enmiendas parciales y paso por el Senado, que tardaría varios meses. Si así se hiciera, al acabar todo el trámite entraría en vigor la norma resultante de ese procedimiento, y sustituiría al decreto ley, que quedaría derogado.

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