Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Las empresas públicas tendrán menos controles para contratar

El Gobierno permite en el proyecto de ley de contratación pública que los entes tengan más libertad para hacer modificados

El Gobierno permitirá que las empresas públicas tengan mayor libertad para contratar y modificar sus contratos, según consta en el proyecto de ley de contratación pública. La norma les dará así más flexibilidad. Pero, según los expertos, supone una vía de escape para la Administración, que puede acabar creando más entes con tal de librarse del corsé regulatorio. El problema de fondo estriba en que con estas prácticas se establecen barreras a la competencia y, en última instancia, se deja una puerta abierta a la corrupción. El proyecto está todavía abierto a enmiendas en el Congreso.

Un empleado de Adif en una avería en un paso por Montroig del Camp. EL PAÍS

El Ejecutivo ya tenía lista en 2015 la transposición de la directiva europea que acaba con los procedimientos negociados sin publicidad, una vía de contratación de la que se abusa en las Administraciones por pura comodidad pero que tramas corruptas como la Gürtel aprovechaban para trocear contratos y burlar controles. La UE había censurado a España por la falta de publicidad de sus contratos. Y el Gobierno reaccionó suprimiendo en el proyecto de ley este procedimiento, muchas veces generalizado con el único propósito de sortear la burocracia.

Sin embargo, en la última versión de esta ley, el Gobierno ha abierto una vía de escape a los controles, esta vez relajando el régimen de contratación de las empresas públicas. Por una parte, ha blindado la capacidad de estos entes para establecer condiciones según les convenga. En el proyecto inicial se obligaba a que las empresas públicas se sometiesen a las mismas reglas que la Administración y se eliminaba la posibilidad de que pudiesen redactar instrucciones internas, es decir, elaborar sus propias normas a la hora de contratar. Sin embargo, la nueva redacción establece un régimen distinto para las Administraciones y otro para los entes considerados no administración.

Es decir, se preserva un régimen diferente y más flexible para las empresas públicas, fundaciones y demás entes. A fuerza de instrucciones internas, estos entes mantendrán su capacidad para crear en el fondo miles de regímenes jurídicos a medida y según sus necesidades de licitación.
“Esta deslegalización constituye un claro retroceso y permite la proliferación de procedimientos que suponen una barrera de entrada para los operadores económicos, introduciendo inseguridad jurídica y favoreciendo el clientelismo. La diversidad de regímenes es el caballo de Troya que facilita el mantenimiento de prácticas irregulares y el falseamiento de la competencia”, explica José María Gimeno Feliú, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza y autoridad en la materia.

Bajo esta arquitectura jurídica, las empresas públicas pueden saltarse los formalismos, acelerar trámites y hacer política industrial, favoreciendo verbigracia a una empresa nacional sobre una extranjera. Solo que esto también hace posible que, como fue el caso, se fije como requisito para la construcción de un hospital que el arquitecto ya haya construido otros dos centros antes en esa comunidad. En definitiva, se fijan condiciones para seguir contratando al mismo. “El Gobierno ha dejado que las empresas públicas, sobre todo las de Fomento, reescriban la ley. Y ese es el resultado. Se brinda más flexibilidad pero se abre la puerta a otros problemas”, subraya un alto funcionario.

Relajar los modificados

Por otra parte, la nueva redacción del texto posibilita que estos entes dispongan de mayor libertad para hacer modificados. Desde que se aprobó la ley de economía sostenible, se obliga por exigencias europeas a que las empresas públicas se sometan a las mismas reglas en los modificados que el conjunto de las Administraciones. Pero ahora el texto legal también cambia eso. Lo que crea otro incentivo para que la Administración recurra a las empresas públicas a la hora de adjudicar y entraña un serio riesgo de sobrecostes, la práctica por la que las empresas tiran a la baja en la puja para después inflar los costes. O peor aún: tramas como Acuamed se basaban precisamente en la obtención de más ingresos por sobrecostes en los modificados.

Transparencia Internacional y el Observatorio de la Contratación Pública se han hecho eco de estos fallos y han elaborado propuestas para corregirlos. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha detectado muchos problemas de carteles y corrupción vinculados a la contratación pública. Aunque aún tendrá que valorar esta ley, la CNMC está difundiendo en su web recomendaciones de buenas prácticas para que se recojan en la legislación.

Al margen de estas críticas, los funcionarios y expertos consultados coinciden en que habría que aprovechar esta ley para modernizar la contratación, algo que la nueva legislación dista de hacer. “Todavía se tiene que sellar todo como en el siglo XIX. Y ese excesivo garantismo anima a las administraciones a tener sus propias empresas para facilitar la contratación”, comenta un alto cargo.

Un problema de falta de competencia

“No es tanto un problema de probidad como de competencia. Regulamos como si todos fuésemos corruptos hasta el punto de crear una gran burocracia que desincentiva la competencia y genera costosas ineficiencias. Solo los ya instalados pueden soportar tanta regulación. Y al final lo único que puede engrasar la burocracia son las mordidas”, explica el catedrático de derecho administrativo de la Pompeu Fabra, Andrés Betancor.

Por eso, Betancor aboga por una contratación electrónica al estilo portugués, en la que haya más transparencia, pueda pujar cualquiera y los trámites resulten menos engorrosos. Gimeno sostiene que, además, habría que generalizar los mecanismos para recurrir adjudicaciones y crear una agencia de la contratación que haga uso del big data para examinar pliegos y mejorar la eficiencia. “Ver dónde es más barato y por qué”, señala.

"Hay un control exhaustivo de los contribuyentes, pero no existe un control igual de los gastos. Habría que aprovechar las nuevas tecnologías para imponer una mayor supervisión”, indica un funcionario experto en contración pública.

Más información