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El Consejo de Europa suspende al Servicio Público de Empleo español

El Comité de Derechos Sociales califica al SEPE de opaco y poco eficiente

Una Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Una Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).PACO PUENTES

Los servicios públicos de empleo no funcionan como deberían. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa tras el análisis de los datos ofrecidos por el Gobierno español desde 2011 hasta 2014. El Comité, que vigila que los Gobiernos actúen en conformidad a los derechos incluidos en la carta firmada en 1961 por 34 países, ha calificado por segunda vez consecutiva de ineficiente a los servicios públicos españoles. El Comité reprocha no tener suficientes “indicadores de rendimiento” de la gestión compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ya que España no ha incluido en su informe estadísticas acerca del número de empleos creados, al número de las ofertas recibidas y del promedio del tiempo de espera para un desempleado de encontrar una ocupación.

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En las conclusiones, hecha públicas esta semana y que recogen una evaluación en 14 puntos relativos a asuntos laborales y sociales, el Comité pone en evidencia al menos dos factores que no garantizan que el servicio permita el acceso al empleo como debería, en conformidad con el artículo 1,3 de la carta. Por una parte cita la inversión por parte del Gobierno de 30 millones de euros en 2014 en la financiación de agencias de empleo privadas y cita al respecto un análisis de la Comisión Europea que alerta “frente a los riesgos que la ineficacia del sistema administrativo pueda impedir la colaboración entre sector público y privado” y destaca “que no ha sido elaborado ningún sistema de evaluación de eficiencia de las empresas privadas”.

El plan, puesto en marcha hace dos años por la ministra de Empleo Fátima Bañez, ha encontrado obstáculos y ha chocado con la oposición de algunas comunidades autónomas. Un ejemplo de esto es la sentencia adelantada por este diario, en la que el juzgado central de lo contencioso administrativo, ha dado la razón al País Vasco frente al Gobierno en un contencioso de competencias sobre la contratación por parte de la Administración central de agencias privadas de colocación y anulado parte de un concurso para la colaboración público-privada en la búsqueda de empleo a parados.

El Comité alerta por otra parte frente a las consecuencias de los recortes de los empleados en los servicios públicos registrado en los últimos cinco años. “La reducción de los empleados en los servicio públicos llevada a cabo entre 2011 y 2014 puede tener un impacto negativo para el funcionamiento de las políticas de empleo”, se lee. No aparece explicitado en el informe, pero esta ha sido una de las consecuencias de los recortes de 2012, cuando en el decreto de verano se rescindió el programa por el que el Gobierno central financiaba la contratación de 1.200 orientadores laborales por parte de las comunidades autónomas.

En el informe del Consejo de Europa se da la cifra de lo gastado durante los tres años analizados en políticas de empleo, un 3,6% del PIB, y señala que este dato duplica la media europea. No obstante, hay que tener en cuenta que esa cifra recoge también lo gastado en prestaciones y subsidios contra el paro (las llamadas políticas pasivas), pese a que sus comentarios solo versan sobre políticas activas. Y esta es la principal partida de gasto de esa cifra, por ejemplo, en 2013, uno de los años analizados, la OCDE sitúa el gasto en protección en el 2,9% del PIB. En cambio, el dato de políticas de activación se queda en el 0,5%, lejos del 0,9% de Francia, el 0,7% largo de Bélgica o Austria, y por debajo del 0,6% de Alemania, países donde la tasa de desempleo estaba muy por debajo de la española.

El Comité, en línea con otros organismos europeos que llevan tiempo reclamando una reforma de las políticas de empleo, considera finalmente que “España ha registrado tan solo pequeños avances en la modernización del sistema y en la resolución de las disparidades regionales” así como no ha avanzado con respecto a la lucha contra “la segmentación del mercado laboral”. Los últimos datos sobre población activa de Eurostat, correspondientes al verano pasado, sitúan a España solo detrás de Polonia, por tres décimas, en tasa de temporalidad: son un 27% de todos los ocupados, 12 puntos porcentales más que el resto de Europa. No obstante, la última encuesta de población activa del publicada esta misma semana por el INE, ya sobre todo 2016, sitúa esta cifra en el 26,5%.

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