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Pasar frío en casa por miedo a la factura

Sin llegar al impago ni a los cortes, muchas familias viven al borde del abismo energético controlando sus gastos a costa de cocinar poco y renunciar a la calefacción

L.M.M. se abriga en el salón de su casa de Madrid en la que apenas enciende la calefacción. EL PAÍS

“No estáis solos, no hay nada de lo que avergonzarse”. Eso les dice Yolanda Yeste a quienes llegan a una asamblea de Alianza contra la Pobreza Energética cuando le explican las dificultades que tienen para pagar los suministros básicos de su vivienda. “Lo primero es cubrir las necesidades básicas y luego ya veremos qué hacemos con las facturas, les digo a los recién llegados, pero yo hago justo lo contrario: prefiero pagar la luz que comer bien”, cuenta esta parada de Barcelona de 54 años, haciendo suyo el dilema anglosajón de la pobreza energética: “heat or eat” (calentar o comer). La miseria o los problemas para llegar a fin de mes muchas veces no se traducen en España en impagos. “Yo voy al día con todo porque no quiero más amenazas”, dice Yolanda, que vive de alquiler y que sufrió la batalla bancaria de un largo proceso hipotecario que la dejó sin casa y sin fuerzas.

El Consejo Económico y Social Europeo define pobreza energética como “la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio razonable”. En Reino Unido, la definición clásica es más específica: pobreza energética supone dedicar más del 10% de los ingresos para alcanzar 21 grados en la habitación principal y 18 grados en las demás habitaciones de un hogar.

El 11% de los hogares españoles (5,1 millones de personas) se declaran “incapaces” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), autora de los informes más exhaustivos sobre esta problemática en España —el último de abril 2016—, ofrece datos concretos: el 15% de los hogares (6,2 millones de personas) destinan más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda. Y el 11% de los hogares (5,1 millones de personas) se declaran “incapaces” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos (lo que supone un incremento del 22% respecto al estudio anterior). El estudio usa datos de Eurostat, para concluir que 2014 fue el primer año en el que el indicador español superó el promedio de la UE (11,1 % frente a 10,2%). En los extremos de la tabla, Luxemburgo con un 1% de pobres energéticos y Bulgaria, con un 41%. España estaría en niveles parecidos a los de Hungría, Irlanda, Croacia y Reino Unido. Francia y Alemania rondan el 5%. La Comisión Europea, —que achaca el problema al impacto de la recesión en las rentas de las familias, a la escalada de los precios de la energía y a la escasa eficiencia energética de las viviendas—, admite la dificultad de una comparativa ya que la definición de los hogares vulnerables varía de un Estado miembro a otro, y solo un tercio de los países de la UE reconocen explícitamente el término "pobreza energética".

El estudio de la ACA subraya que actualmente el concepto en auge es la “vulnerabilidad energética”, “más extenso y difuso” que el de pobreza, que sirve para señalar esa zona gris en la que se encuentran millones de hogares que por factores externos o internos (aumento de precios, cambios legislativos, pérdida de empleo, nacimiento de un hijo) pueden temporalmente entrar y salir de situaciones de pobreza energética. Son los invisibles. “Casos que no llegan a las asociaciones ni a servicios sociales, que no están pidiendo ayuda, que van pagando como pueden sus facturas, pero que han convertido este gasto que consideraban fijo en algo variable, a costa de no cocinar, de vivir apagando luces, de ducharse menos y dormir con frío”, explica José Luis López, portavoz de la ACA. “Son situaciones que se viven con vergüenza y que ni siquiera se comentan con los círculos más íntimos; es gente que no se ha visto en otra igual”.

Dar con testimonios de estas familias al borde del abismo energético es complicado. Casi nadie quiere contarlo. Un portavoz de Cáritas explica así la negativa: “Se trata de familias con una situación normalizada que no viven en exclusión. Si tú vives en una chabola y tu vecino y tus amigos también, no te da vergüenza contar tus penurias. Pero hay mucha gente en pobreza energética que son el vecino del quinto, el compañero del cole de tu hijo… Están pasando frío en casa, pero nadie lo sabe. Viven esta circunstancia, que consideran excepcional, con vergüenza. Es una miseria de puertas para adentro”.

“Soy incapaz de meterme en otra guerra burocrática, soy peleona, pero estoy agotada”, explica Yolanda para justificar su empecinamiento en estar al día con cada factura pase lo que pase. Era vigilante de seguridad y llegó a tener un sueldo de más de 2.000 euros, pero ahora cobra la renta mínima, 426 euros: 50 se van en un alquiler subvencionado, y a pesar de los descuentos del bono social (que rebaja la factura de la luz en los hogares vulnerables), gasta unos 100 euros en suministros. Con dos hijas adolescentes, cada euro cuenta. La última factura le vinieron dos euros más que en la anterior. “Les pegué una bronca tremenda a las pobres niñas”, cuenta con un nudo en la garganta. “Me paso el día gritando que apaguen la luz, que no pongan el calentador, que no se laven el pelo tanto ni usen el secador, que pongan pocas lavadoras, y laven los plato solo dos veces por semana. Si tengo tres euros en el bolsillo bajo al chino a por un arroz tres delicias para no encender el gas… Estamos hablando de salud, de higiene”. Otra vez se quiebra. Durante las semanas de la ola de frío una de las gemelas se le metió en la cama para poder dormir. “Estoy tan cabreada… Lo que hay que entender es que no hace falta que llegues al impago. Cualquiera que no ponga la calefacción porque le de miedo la factura está en pobreza energética”.

Las ONG centradas en esta problemática y nacidas al calor de la crisis destacan que uno de los problemas del sector es la opacidad. A nivel micro empieza con una factura indescifrable. “La mayoría de la gente no entiende sus contratos”, explican desde la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), promotora del proyecto Ni un Hogar Sin Energía en la que destacan que España es el cuarto país europeo con el precio de la electricidad más alto. “De las 350 familias del proyecto, el 70% era elegible para el bono social pero no lo había solicitado, muchos tenían una potencia contratada superior a la necesaria o estaba pagando innecesarios gastos de mantenimiento”, explica su portavoz. El embrollo se traslada a nivel macro con la pregunta del millón: ¿Cómo se fijan los precios de la luz o el gas? En la ACA responden con una anécdota: en uno de los talleres de sensibilización que organizan para comercializadoras energéticas, administraciones públicas y colegios profesionales, es decir, para aquellos que tratan el tema con la gente de a pie, tardaron cuatro horas en explicar el complicado sistema de fijación de precios en España.

Cáritas explica que muchas de estas familias son invisibles porque se sienten avergonzadas y ocultan su situación

Desde el Observatorio Crítico de la Energía (formado por ingenieros, físicos y arquitectos), Marta Victoria, hace un esfuerzo de síntesis: “El nuestro es un un mercado marginalista donde el precio resulta del cruce entre la oferta y la demanda; las ofertas más altas empujan al alza el precio de las tecnologías más baratas, por lo que acabamos pagando por encima de lo que cuesta generarlas”. “No se trata de que las empresas no obtengan beneficios, sino de que existan mecanismos que regulen estas desviaciones”, dice la ingeniera. En la ACA añaden que además “somos presa del parque de viviendas que hay”. “Tenemos casas que nos hacen daño” por su escasa eficiencia energética.

Cambiar el funcionamiento del mercado y mejorar las viviendas son soluciones a largo plazo, entre tanto, las asociaciones defienden diversas medidas: ampliación del plazo para los cortes, más convenios entre suministradoras y servicios sociales, creación de un marco legislativo a nivel estatal que proteja a los hogares más vulnerables, el ajuste de los bonos sociales para que se rijan más por criterios de renta y creación de una tarifa social.

Algunas de estas medidas están ya contempladas en el Real Decreto sobre el bono social eléctrico aprobado el pasado mes de diciembre que introduce el criterio de la renta como factor decisivo y establece varias categorías de consumidores vulnerables, que obtendrán desde una rebaja a la cofinanciación de la factura por parte de la Administración y el sistema eléctrico. Actualmente el bono social, según las asociaciones, tiene grandes debilidades ya que solo cubre el 25% de la factura y el 78% de sus beneficiarios lo son solo por tener una potencia inferior a 3kW (otros son estar en paro, ser pensionista o familia numerosa). Es decir por un  criterio que no tiene relación alguna con la vulnerabilidad.

Algunas familias viven con angustia su caída en el abismo energético. L.M.M. —a quien llamaremos Luisa porque no quiere que su nombre aparezca publicado— casi siempre lleva gorro cuando recoge al niño en el colegio, haga más o menos frío, porque hace tiempo que se lava el pelo solo cada cuatro días para no gastar agua caliente. Su madre no lo sabe. “Me da mucha pena y mucha vergüenza, un día me la voy a cargar a disgustos”, dice esta parada de 34 años. “Mi madre se quedó viuda y sin pensión al cargo de tres hijos… Pero nunca le cortaron la luz”.

Luisa, parada, ha dejado de pagar la luz. Pasa el día envuelta en una manta, sintiendo cómo se cuela el frío por unas ventanas mal aisladas

Luisa tiene la vida en stand by. Está a la espera de encontrar trabajo, de que le den la renta de mínima de inserción, de que le adjudiquen por fin el piso público cuya solicitud admitió la Comunidad de Madrid en junio... Nadie le da fechas concretas, “unos meses”, “cuándo salga”, “pronto”, “con urgencia”, le dicen. Mientras tanto, ha dejado de pagar las facturas de suministros, debe más de 500 euros. “Me da pena el casero, que es quien va a acabar pagando”, dice. Luisa lleva todo el invierno abriendo y cerrando radiadores. Enciende el del salón solo cuando vuelve su hijo de 10 años del cole. Luego lo apaga y enciende el del cuarto del niño un rato antes de mandarlo a la cama. El día se lo pasa en casa “subiéndose por las paredes”, enchufada al programa de televisión Hombres Mujeres y Viceversa “para desconectar” de su drama, envuelta en una manta, sintiendo cómo se cuela el frío por unas ventanas mal aisladas.

Según Luisa, a pesar de ser un caso extremo de vulnerabilidad, ni en servicios sociales ni en su suministradora le han hablado del bono social. Su esperanza es que el trabajador social que la atienda esta vez (“cada vez te ponen uno y otra vez a contarle a alguien nuevo tus miserias”) le firme una carta para llevar a la eléctrica y que no llegue el corte. También está buscando una casa en un pueblo donde el alquiler le salga por la mitad que en Madrid (paga 550) y tenga chimenea: “Al menos los palos los encontraré gratis en el campo”, dice. Yolanda sí tiene bono, pero ni con él le salen las cuentas: “El bono es al consumo, y en donde más pagas es en las tasas, lo que no es normal es que gastes 10 euros a costa de pasar frío, y acabes pagando 50". En su discurso indignado contra el modelo repite una significativa coletilla con la que resume su hartazgo: “Apaga y vámonos”.

"Hay que proteger al vulnerable, no a quien deja de pagar", dicen las empresas

"En el 99% de los casos de vulnerabilidad energética, Iberdrola aplaza el corte de suministro por impago y no se cobran los intereses de la deuda", explica Javier Cervera desde la eléctrica, que cuenta ya con 47 convenios firmados con municipios. En el momento que se detecta un impago, se pone en conocimiento del cliente que tiene dos meses para contactar con los servicios sociales de su área que contrastarán su situación y se harán cargo de la factura. "La clave es que hay que proteger al vulnerable, pero no a quien no siéndolo deja de pagar", explica el portavoz "En nuestro caso, solo el 1% del fraude detectado corresponde a clientes vulnerables".

Gas Natural Fenosa "siempre ha sido sensible al tema de la pobreza energética", explican en la empresa que tiene acuerdos firmados con ocho comunidades autónomas y grandes ayuntamientos "que permiten que actualmente el 93% de los clientes estén protegidos". Los servicios sociales han informado a la empresa, según sus datos, de 18.178 clientes vulnerables en 1.276 poblaciones de todo el país, casos en los que se paralizó el corte de suministro. En enero la compañía lanzó un plan de vulnerabilidad energética para reforzar la atención a estos clientes al que destinará 4,5 millones de euros y que entre otras medidas reforzó el equipo de asesores (para clientes e instituciones) y activó una línea de atención gratuita (900 724 900) para usuarios en situación de vulnerabilidad.

En Endesa cuentan con una lista de 40.000 contratos a los que no se les puede cortar el suministro por ser considerados vulnerables por los servicios sociales (sin contar Cataluña, donde la ley obliga a la suministradora a preguntar antes del corte). "El problema es que la Administración no tiene una infraestructura adecuada para que servicios sociales se haga cargo de esas facturas o responda puntualmente si las familias son o no vulnerables", explica Guillermo Errea que afirma que de los 150.000 cortes llevados a cabo por la empresa en 2016 ninguno fue por pobreza energética. "La mayoría de la gente que no paga es porque no quiere, para los vulnerables hay herramientas que evitan ese corte", dice. Para desvincular la pobreza energética de los cortes de suministro ofrece un dato: "En 2015, de los 500.000 cortes producidos en España, el 60% restableció el servicio en menos de 48 horas, y en una semana el porcentaje se elevó al 80%, es decir, podían pagarlo". "La compañía tiene toda la disposición para ayudar, pero nuestro margen de maniobra es reducido", explica el portavoz, "son los servicios sociales quienes pueden identificar los hogares vulnerables".