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Bruselas cree que España incumplirá el déficit en 2017 y reclama más ajustes

La Comisión considera que los presupuestos de este año cumplen los requisitos generales pero que España "debe estar lista para aprobar medidas adicionales" de ajuste

Buenas y malas noticias. El presupuesto español de 2017 "cumple en líneas generales" con los requisitos que exige la Comisión Europea, según la evaluación que presenta hoy Bruselas y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Tras las subidas de impuestos aprobadas, España ha hecho el esfuerzo fiscal que se le pedía. Y aun así, no es suficiente: Bruselas cree que el déficit público cerrará 2017 en el 3,3%, dos décimas (2.100 millones de euros) por encima del objetivo. España "debe estar lista para aprobar medidas adicionales", sentencia la Comisión.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (izquierda), besa en la frente al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (izquierda), besa en la frente al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici EFE

"Cumple en líneas generales". La opinión de Bruselas sobre el presupuesto español de 2017 es favorable, tal y como sugirió en diciembre la Comisión. Pero el brazo ejecutivo de la UE asegura que hay riesgo de que España incumpla por dos décimas de PIB —esto es, algo más de 2.100 millones— el objetivo de déficit. Eso supondría el sexto incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy en seis años. La Comisión cree, además, que España incumplirá también en 2018, por séptimo año consecutivo. El déficit se irá al 2,8% del PIB el año próximo, lejos del 2,2% pactado.

Bruselas es algo menos optimista que el Ejecutivo con la evolución del PIB. Y cree que el riesgo de incumplimiento fiscal se debe a diferencias tanto en las estimaciones de ingresos como en el recorte presupuestado "para el Gobierno central y para los autonómicos". Si Bruselas tiene razón y España peca de optimista, el déficit de este año se iría al 3,3% del PIB, frente al objetivo del 3,1%. En ese caso, la Comisión "invita" al Gobierno "a estar listo para tomar medidas adicionales" si las desviaciones "implican un mayor riesgo de incumplir". Traducción libre: si la Comisión acierta, el Gobierno de Rajoy se verá obligado a aprobar más recortes o más subidas de impuestos para cuadrar las cuentas.

Bruselas mejora levemente el crecimiento de 2016, hasta el 3,3%, por el empuje del último trimestre. Y deja el alza del PIB de 2017 en el 2,3%, un augurio que coincide con el del FMI. El Gobierno es más optimista, y espera un crecimiento del 2,5% en 2017, que permitiría cubrir los objetivos fiscales. Se trata de apenas dos décimas de diferencia: en ese escaso margen, España se juega su credibilidad después de incumplir una y otra vez las metas de déficit en los últimos años y de quedarse a un paso de una sanción y de una congelación de fondos que Madrid esquivó por los pelos.

Pese a que Rajoy prometió bajar impuestos en campaña electoral —en el Financial Times, nada menos—, los primeros presupuestos de su segundo mandato van en la dirección contraria, tal y como ya sucedió tras su llegada a La Moncloa. España necesitaba hacer un esfuerzo fiscal "estructural" —es decir, sin tener en cuenta el ciclo económico— del 0,5% del PIB este año: unos 5.500 millones. Finalmente, Bruselas estima que ha sido incluso mayor: del 0,7%. Para ello, Madrid ha puesto sobre la mesa un endurecimiento del impuesto de Sociedades, además de subidas fiscales sobre el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas y los impuestos ambientales. El presupuesto apunta por dónde pueden ir los tiros en caso de que sean necesarias más medidas: una subida del impuesto de carburantes.

El escenario macroeconómico de la Comisión es "menos optimista" que el del Gobierno. Las diferencias estriban tanto en el recorte de gastos —del Gobierno central y los autonómicos— como en la previsión de ingresos. Madrid debe estar vigilante si el "riesgo de incumplimiento" de las metas fiscales se sustancia, apunta Bruselas. Eso sucedió, una y otra vez, la pasada legislatura. Y durante cinco años el Gobierno fue incapaz, una y otra vez, de corregirse.

Necesidad de pactos

En esta ocasión, con todo, el proyecto presupuestario "cumple en líneas generales". Más allá de esa opinión, la preocupación política en Bruselas se centra en las dificultades que pueda tener Rajoy para aprobar los presupuestos en el Congreso, con un Gobierno en minoría y la necesidad de pactar medidas que podrían descarrilar el cumplimiento de los objetivos fiscales (extremo que no aparece en el documento).

La Comisión teme también que España desande el camino de las reformas estructurales si varios grupos políticos acaban pactando derogar la reforma laboral, según las fuentes consultadas. "Esa será una pésima noticia y volvería a poner en alerta a la Comisión, aunque España ha dejado de ser un problema para Bruselas en un año de elecciones y con Donald Trump alentando una guerra comercial con EE UU", explica una alta fuente europea.

Subidas fiscales: 18.000 millones en dos años

El documento de la Comisión deja algunas novedades con enjundia. La principal, el importe de la subida de impuestos, que el Gobierno había camuflado en el proyecto de presupuestos presentado en noviembre. A pesar de las promesas electorales, Bruselas asegura que las subidas fiscales proporcionarán, según los datos remitidos por el propio Gobierno, un punto de PIB en 2017 en ingresos adicionales: 10.700 millones. Sumados a los algo más de 7.500 millones del ejercicio anterior (0,7 puntos de PIB), las alzas de impuestos de 2016 y 2017 ascienden a 1,7 puntos de PIB: superan los 18.000 millones de euros.

Bruselas explicita varias quejas a lo largo de la opinión sobre el presupuesto. “El Gobierno debe evaluar el funcionamiento de la ley de estabilidad presupuestaria”, asegura, para después quejarse de que esa regla no se aplica con automaticidad: la Comisión quiere más dureza con los incumplimientos fiscales de las autonomías, con multas si fuera necesario. Y apunta que Madrid “ha hecho progresos limitados para mejorar su marco fiscal y su política de contratación pública”. Bruselas invita a España a “acelerar los progresos” en ese ámbito.

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