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Europa declara ilegales las ayudas a la TDT de Castilla-La Mancha

La justicia europea exige recuperar los 46 millones de euros que otorgó la comunidad para digitalizar los centros de emisión

Miguel Sebastián enciende la TDT en Soria en 2008.
Miguel Sebastián enciende la TDT en Soria en 2008.

El Tribunal General de la Unión Europea ha zanjado el conflicto sobre el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) a las zonas rurales menos pobladas y ha declarado ilegales las ayudas que otorgó la comunidad de Castilla-La Mancha. El tribunal desestima los recursos presentados por España, de un lado, y Abertis Telecom (hoy Cellnex) y Telecom Castilla-La Mancha, de otro, y considera que los 46 millones de fondos públicos adjudicados para llevar las señales de los canales a territorios remotos, menos urbanizados y sin cobertura deben ser recuperados. España ha alegado que esta medida implicaría el corte de las emisiones y que “los ancianos” y otros grupos sociales “desfavorecidos” dejarían de ver la televisión.

La sentencia sobre Castilla-La Mancha se une a otra dictada por el mismo tribunal a finales de 2015. En ella se declara igualmente que las ayudas concedidas durante el proceso de conversión de la televisión analógica a la digital eran ilegales y obligaba a España a recuperar 260 millones de euros. La justicia comunitaria afirmó que no respetó la neutralidad tecnológica, toda vez que para llevar las señales a lugares inhóspitos sin con escasa demografía se primó el sistema terrestre de difusión de señales frente a otras opciones como, por ejemplo, el satélite.

De los 46 millones otorgados por la comunidad castellanomanchega, 32,6 millones se concedieron directamente a las entidades locales, al menos 13,2 millones fueron para Telecom Castilla-La Mancha y Abertis Telecom recibió 250.000 euros, según recoge la sentencia.

Las denuncias contra este paquete de subvenciones fueron presentada ante la Comisión Europea en 2009 por Radiodifusión Digital SL y la empresa de satélites radicada en Luxemburgo SES Astra. Estas compañías sostenían que las ayudas dieron lugar a un falseamiento de la competencia entre los operadores de plataformas nacionales y locales, por una parte, entre radiodifusores terrestres y por satélite, por otra.

El conflicto tiene su origen en el plan de digitalización diseñado por el Gobierno y las comunidades autónomas, que dividía el territorio en tres zonas. La zona II comprendía aquellas regiones menos urbanizadas y remotas y representaban el 2,5% de la población. En estas áreas de escaso interés comercial, los radiodifusores eludieron invertir en la digitalización de las señales de televisión, de manera que las Administraciones pusieron en marcha un sistema de financiación pública.

Contrariamente a lo que sucedió en la mayoría de las comunidades, en Castilla-La Mancha no se organizaron licitaciones para la extensión de la cobertura, sino que se otorgaron subvenciones directas para ejecutar el plan de transición a la TDT. Este proyecto implicaba digitalizar unos 600 centros emisores.

En 2014, la Comisión declaró que las ayudas otorgadas eran ilegales e incompatibles con el mercado interior y dejó claro que las autoridades debían recuperar la ayuda recibida por los beneficiarios. Tanto los abogados del Estados como las compañías que recibieron estas subvenciones recurrieron ante el Tribunal General de la Unión Europea que, finalmente, no ha atendido sus reclamaciones.

Las ayudas tenían como objetivo mejorar los centros emisores y construir otros nuevos, así como atender el mantenimiento de estas instalaciones. En sus alegaciones, España considera que si cancelan los pagos pendientes, se producirá un corte de la señal y los habitantes de la zona II dejarán de ver la televisión. “Esta interrupción afectará, en particular, a grupos desfavorecidos, como los ancianos y la población con rentas bajas, lo cual atenta contra el principio de igualdad de trato”, sostienen las autoridades españolas. Añaden que el acceso a estos canales de televisión a través de otras redes será imposible para estas personas “debido al coste de la inversión necesaria”. La sentencia, sin embargo, no considera que recuperar las ayudas provoque un corte de las señales y califica esa visión catastrofista como “suposiciones no afianzadas”.

Con la implantación de la TDT, los operadores públicos están obligados a llegar al menos al 98% de la población mientras que la cobertura mínima de los privados es del 96%. El Gobierno estima que 1,2 millones de personas dejarían de ver la televisión si se cancelan los pagos de las ayudas para la extensión de la TDT a la zona II. El hecho de no poder acceder a los canales impediría a los afectados “ejercer su derecho a la información”, según dijo España a la Comisión, una afirmación que fue rechazada de plano por la institución comunitaria.