_
_
_
_
_
Oficinas de empleo

Un tercio de parados espera un año antes de recibir atención del servicio público

Un estudio de Fedea advierte de que el tiempo medio para recibir un primer servicio de política activa es de 9,5 meses

Manuel V. Gómez

Las oficinas de empleo son de poca ayuda para encontrar trabajo. Apenas un 1,7% de quienes en 2015 salieron del paro, lo hicieron gracias a su intermediación. Además de esto, que es su objetivo último, hay otros indicadores que apuntan en la misma línea. Los inscritos en los servicios públicos de empleo tenían que esperar una media de 9,5 meses para recibir una primera atención de política activa (entrevista personalizada, orientación o formación) que les ayude a volver al mercado laboral, según un estudio de Fedea. Un tercio del colectivo incluso tiene que esperar al menos un año para recibir esta atención.

Una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid
Una oficina de empleo de la Comunidad de MadridCarlos Rosillo

Uno de los grandes riesgos que corren los trabajadores que pierden su empleo es acabar convirtiéndose en parados de larga duración: más de un año sin encontrar otra ocupación, con lo que las posibilidades de que un empresario les contrate crecen. Y, además, en España la situación se agrava porque en ese tiempo, puede ocurrir que no reciban ninguna atención —salvo prestaciones y subsidios— de los servicios públicos para volver a encontrar un trabajo, las llamadas políticas activas de empleo.

La mejora de las políticas activas de empleo resulta clave para evitar que muchos parados sobrepasen un año sin trabajo

Ni una entrevista personalizada, ni un curso de formación, ni orientación sobre cómo elaborar un currículum. Esto es lo que le sucedía en enero de 2015 a un tercio de los demandantes de empleo registrados, según un estudio de Fedea divulgado ayer. El promedio reducía este periodo de espera hasta los 9,5 meses.

Durante la crisis, la atención de los servicios públicos de empleo se ha ido deteriorando. Esto se aprecia en el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en el que ha colaborado JPMorgan, y cuyo investigador principal ha sido Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se aprecia como en lo peor de la crisis lo que se ha gastado por desempleado en políticas activas ha caído un 66%: en 2008, eran 1.762 euros por parado y en 2013, de solo 602 euros.

Más información
El Supremo permite a los autónomos capitalizar el paro para crear una empresa
Empleo prepara una herramienta para clasificar parados según su perfil
La colocación público-privada de parados, más eficiente que las oficinas de empleo

Este desplome de lo invertido en que un parado vuelva a encontrar un trabajo tiene que ver con dos factores. Por un lado, el fuerte aumento del desempleo; y, por otro, la reducción del gasto en políticas activas por las estrecheces presupuestarias. En este último apartado, merecen un capítulo destacado los recortes de 2012 que supusieron el despido de 1.800 orientadores laborales en las comunidades autónomas.

En los últimos ejercicios, el margen presupuestario ha crecido. Un ejemplo de esto son los 515 millones que aprobó el Gobierno hace una semana para un plan bianual (2016-2018) destinado a un millón de parados de larga duración. En opinión de Jansen, esta cantidad de recursos solo sirve para un primer diagnóstico. Lo que él llama “perfilado”, una expresión técnica en la que engloba el conocimiento de la trayectoria laboral, la formación y las necesidades de los desempleados. Este es el paso inicial —Fedea está trabajando con el Ministerio de Empleo y las comunidades en la elaboración de una herramienta de perfilado— para determinar las posibilidades que tiene un parado de volver a trabajar y qué necesitaría hacer para aumentarlas.

Dicho de otra forma, este dinero es insuficiente: 515 euros por parado. Jansen calcula que hacen falta entre 3.000 y 6.000 euros por cada uno. Con estos fondos su propuesta, pasa por atención individualizada, colaboración entre el sector público y el privado —“ahora no funciona por el miedo a las autoridades a que les digan que están privatizando”— y evaluación constante de las políticas activas.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_