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COLUMNA

Distinguid: la culpa no es de Europa

Los ministros -no la Comisión ni el BCE- patrocinan la austeridad y el estancamiento

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. REUTERS

Ya es hora de distinguir y discriminar. La responsabilidad del populismo político ¡y económico! extremista no es de Europa. O no solo. Aunque nos latigamos, pocos Gobiernos de la UE pueden tildarse de populistas: el húngaro, quizá el británico. Eurodepresivos sensibles: recordad que EE UU nos lleva la delantera.

Además, los primeros responsables de la expolítica económica de austeridad insensata no son las instituciones europeas, sino los Gobiernos. No enmiendan. Bruselas propuso un giro desde la actual política fiscal neutral (la que se limita a no detraer fondos de la economía real para reequilibrar la macro y tiende a equilibrar gastos e ingresos) a otra algo expansiva. Para añadir medio punto del PIB a la economía real (estancada) desde los presupuestos públicos de los socios con posibles.

Era la tercera pata rectificativa, que se juntaba a una relectura flexible del Pacto de Estabilidad y al impulso (moderado) de la inversión pública mediante el estímulo comunitario (del Presupuesto común y del Banco Europeo de Inversiones), mediante el Plan Juncker, ahora duplicado. Y que conectaba con las propuestas expansivas del FMI, la OCDE, el G20 y con el informe 2015/2344 en proceso de debate por el Parlamento Europeo.

Ha topado contra la ceguera de los ministros de Economía. La misma ceguera que en 1993 cercenó el Libro Blanco del Empleo de Jacques Delors: lamentamos hoy el retraso de sus grandes redes de transportes y telecos; o la escasa inversión digital, que nos ha convertido en perrito faldero de las grandes tecnológicas de EE UU. Así que los ecofines adscritos a la ortodoxia del búnquer alemán y sus vecinos ricos -partidarios de una "posición fiscal neutra, no positiva"- serán los culpables de cualquier rebrote del populismo.

Para más inri, deciden eso en el Eurogrupo, un ente de escasa densidad legal, sin apenas estructura legítima, sin deberes impuestos por el Tratado, impermeable al control del Parlamento Europeo, y dirigido por un mediocre e ignorante (de las directivas europeas) exconcejal holandés -dicen que socialista-, Jeroen Dijsselbloem.

Y sin vergüenza alegan que "no es el papel de la Comisión decir a los Gobiernos que gasten más". Esos iletrados deberían leer el Tratado, que consagra el rol admonitorio de la Comisión sobre su política económica (TFUE, art. 121, 3 y 4); las Grandes Orientaciones de Política Económica (GOPES) que Bruselas les dedica cada año desde el siglo pasado; las conclusiones del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos. Que machacan, pero no multan a quienes, tanto como los deficitarios, subvierten el equilibrio desde sus superávits excesivos, ociosos y perversos.

Peor aún: la parálisis fiscal que esos Gobiernos imponen a la eurozona obliga al Banco Central Europeo a sobreactuar en su (solitaria) política monetaria expansiva. Hoy volveremos a ver cómo el BCE, otra vez la Europa-institución, salva a los ciudadanos europeos de sus patéticos Gobiernos nacionales. Pero solo puede hacerlo a medias.

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