Energía prevé más de 400 millones de superávit eléctrico en 2015

El sistema eléctrico cerró 2015 con un superávit superior a los 400 millones de euros, según las estimaciones de la Secretaría de Estado de Energía que tendrá que confirmar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta cifra corrige la que este organismo ofreció el pasado abril, 251,5 millones en la liquidación provisional. El aumento se debe a que se añade la totalidad de los impuestos energéticos, que arrastran un desfase y no se cuantifican hasta estas fechas de finales de año.

Alberto Nadal puede salir de la Secretaría de Estado de Energía con la cabeza bien alta. Aunque la reforma eléctrica queda por completar, sobre todo en el área de las energías renovables, la principal misión con la que se enfrentó al asumir el cargo, acabar con el déficit de tarifa, la ha cumplido con creces. Ahora deja a su hermano, Álvaro, nuevo ministro de Energía, un asunto resuelto que ya en 2014 arrojó un excedente de 550,3 millones y que para 2016 se espera de entre 200 y 300 millones. De esta forma, en los últimos tres años habrá obtenido un superávit cercano a los 1.200 millones.

La revisión de final de 2014 ya dio una alegría al secretario de Estado saliente, ya que el superávit registrado superaba en 1.014,8 millones la cantidad que se había adelantado en la liquidación provisional. La diferencia se debió a que se habían contabilizado 440 millones procedentes de la aplicación del canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y reliquidaciones por valor de 527 millones.

Antes de llegar al primer superávit de 2014, el sistema atravesó 15 años consecutivos con números rojos, llegando a acumular cerca de 27.000 millones, deuda que se ha reducido estos últimos años a unos 22.000 millones. La desaparición del déficit supondrá un alivio para el sistema, aunque no afectará al recibo eléctrico, ya que el Gobierno no puede bajar los peajes hasta que el sistema absorba la deuda total.

No obstante, la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en 2013 estimando los recursos interpuestos por E.ON España y Endesa, puede hacer cambiar el destino si se reconoce la posibilidad de echar mano de ese superávit. La sentencia reconoce el derecho de los demandantes, y a todos los que pagan el bono social, a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas más los intereses, lo que asciende a 500 millones.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura a aquellos colectivos considerados vulnerables y alcanza a 2,5 millones de clientes con un coste de 200 millones anuales que pagan las compañías. El bono se aplica siempre y cuando se tenga un contrato de menos de 3.000 vatios, sea familia numerosa, tener una pensión mínima o que todos los miembros de la familia estén en paro. Desde el principio se convirtió en polémico y de hecho se introdujo en la pasada campaña electoral porque, a juicio de las eléctricas, lo utilizan consumidores que no pertenecen precisamente a colectivos vulnerables. Sostienen que entre los beneficiarios hay muchos garajes, trasteros o segundas viviendas y que hay familias numerosas que no son precisamente pobres.

Según el informe de liquidación publicado en abril, la demanda en consumo fue un 1,5% superior a la prevista para el ejercicio con una evolución favorable en todas las conexiones excepto las de baja tensión con discriminación horaria. Los ingresos regulados registrados resultaron 62,1 millones más de los previstos.