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Hacienda estudia reformar la Ley de Estabilidad en pleno bloqueo político

El presidente de la Airef advierte del endurecimiento de las sanciones europeas si España no cumple con sus compromisos presupuestarios

J. SÉRVULO GONZÁLEZ
El presidente canario, Fernando Clavijo, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El presidente canario, Fernando Clavijo, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Zipi (EFE)

El Ministerio de Hacienda estudia una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera (LOEPSF), la norma que consagra el equilibrio de las cuentas públicas, para que las comunidades puedan aprobar un techo de gasto y los nuevos objetivos de déficit comprometidos con Bruselas, según fuentes gubernamentales.

El objetivo presupuestario en vigor, el último aprobado oficialmente, prevé que las comunidades cierren sus cuentas este año con un déficit del 0,3% del PIB y del 0,1% el próximo. Pero tras la flexibilización de la senda de consolidación fiscal por parte de Bruselas, los nuevos límites presupuestarios serán del 0,7% este año y del 0,5% en 2017, unas metas más asequibles pero que no se llegaron a aprobar ni a convalidar por la situación de bloqueo político en el que se encuentra España desde hace un año. Y porque un Gobierno en funciones no puede aprobar estos objetivos, que deben ser aprobados en Consejo de Ministros y refrendados en el Congreso.

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El plan de Hacienda coincide con la propuesta que el presidente canario, Fernando Clavijo, explicó el pasado miércoles al ministro Cristóbal Montoro. Esta consistía en reformar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad para introducir una salvedad para que en una situación excepcional como la de un gobierno en funciones, las Cortes Generales puedan sin embargo aprobar estos objetivos, según avanza Europa Press. La propuesta canaria iría en línea con la que también habrían planteado a Hacienda otras comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha... que mantienen negociaciones discretas con el Ministerio para desencallar la situación, según fuentes las mismas fuentes. La idea básicamente consiste en desligar la tramitación del déficit estatal del autonómico a través de la citada ley orgánica.

Pero el problema es precisamente que no resulta fácil modificar de urgencia una ley orgánica con la actual situación política. El Gobierno en funciones requeriría el acuerdo de la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados. Hacienda, no obstante, está intensificando los contactos con las comunidades autónomas con independencia del color político y estudiando las alternativas jurídicas para desbloquear la situación y que las comunidades puedan elaborar sus presupuestos con el objetivo de déficit del 0,7% del PIB este año y el 0,5% el próximo y con unos techos de gasto calculados de forma más precisa.

Las comunidades autónomas están a la expectativa de que el Gobierno les ofrezca una fórmula para elaborar sus presupuestos. Como el Gobierno está en funciones no puede aprobar el techo de gasto, ni los nuevos objetivos de déficit públicos, ni siquiera ofrecer datos oficiales de las entregas a cuenta del sistema de financiación y de la liquidación del sistema de 2015, lo que impide a los Gobiernos regionales elaborar sus presupuestos con un mínimo de rigor.

La Airef advierte del riesgo de sanción

José Luis Escrivá, presidente de la Airef
José Luis Escrivá, presidente de la Airef

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, ha reclamado también una modificación de la Ley de Estabilidad tras cuatro años de vigencia. Escrivá, que ha pronunciado una conferencia en el Colegio de Economistas de Madrid ha advertido este jueves que "es esencial que la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas sea una de las anclas de la política económica" y ha insistido en la necesidad de que España cuente con "un plan presupuestario a medio plazo realista y creíble para afianzar la sostenibilidad de las cuentas públicas".

José Luis Escrivá destacó que desde 2014 "se advierte una fatiga" en el proceso de consolidación fiscal porque la política fiscal ha pasado a tener "una orientación expansiva en un contexto de elevada deuda pública".

Las palabras de Escrivá, en el Colegio de Economistas de Madrid, coinciden con la publicación de los datos de la deuda pública española, que asciende 1,1 billón de euros, el mayor volumen de su historia y equivale ya al 100,5% del PIB. En los últimos años, la deuda pública se ha disparado y casi ha triplicado su volumen, convirtiéndose en uno de los grandes problemas estructurales del país.

El presidente de la Airef ha advertido: "Existe riesgo de seguir escalando en el procedimiento de déficit excesivo en los próximos meses con sanciones financieras incluidas", en relación al procedimiento sancionador de la Comisión Europea sobre España por incumplir reiteradamente los objetivos presupuestarios. Escrivá aseguró que a pesar de la recuperación económica y de la reducción de los tipos de interés, persiste un déficit estructural por encima del 2,5% del PIB que hay que afrontar".

En ese punto, el presidente de la Autoridad Fiscal ha enumerado las incertidumbres que sobrevuelan en el futuro a corto plazo, como el no haber aprobado oficialmente los objetivos de déficit este año, la ausencia de presupuestos generales del Estado para 2017 por el bloqueo político, la distorsión de los procesos presupuestarios de las comunidades autónomas y la suspensión de la aplicación de la Ley de Estabilidad para exigir a las autonomías más rigor en el cumplimiento del déficit.

Para afrontar estos desafíos, propuso una reforma de la Ley de Estabilidad para remarcar la obligación de cumplir con el techo de gasto, incrementar la transparencia, e incrementar la corresponsabilidad fiscal.

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Sobre la firma

J. SÉRVULO GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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