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OPINIÓN

La incierta factura total de la crisis

La factura final de la crisis bancaria para el bolsillo de los ciudadanos es obviamente incierta

Oficina de Bankia en Madrid.
Oficina de Bankia en Madrid.

Desgraciadamente, una parte importante de la factura de la crisis bancaria en España la ha soportado el contribuyente. Eso es lo que se desprende de la información que acaba de actualizar el Banco de España y que demuestra que de los 51.303 millones de euros de ayudas en forma de capital aportados por el Estado (a través del FROB), solo se ha recuperado hasta el momento el 5,2% (2.686 millones de euros).

En comparación con otros países europeos, las ayudas concedidas desde 2008 en forma de capital a la banca española (incluyendo en este caso las aportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de Crédito –FGDEC-, tal y como lo hace la Comisión Europea) representan el 5,2% del PIB, claramente por encima del promedio de la UE (3,2%), aunque muy alejadas del 32% de Irlanda, 23% de Grecia o 18% de Chipre.

Pero donde peor parada sale España en la comparativa europea es en el porcentaje de las ayudas a los bancos en forma de capital que han pasado a engrosar el déficit público y que por tanto Bruselas da por perdidas. En este caso, los datos de la Comisión Europea acumulados de 2007 a 2015 arrojan unas pérdidas en España equivalentes al 4,2% del PIB, lo que supone triplicar la media de la UE (1,4%). Los contribuyentes europeos que han soportado las mayores pérdidas por los rescates bancarios son Irlanda (18,2% del PIB), Grecia (16,8%), Eslovenia (13,6%), Chipre (9,5%) y Portugal (7%), siendo España el siguiente país en la lista. Hay países en los que incluso el Estado ha ganado dinero con las ayudas concedidas a los bancos, como es el caso de Hungría, Italia, Francia, Suecia, Luxemburgo y Dinamarca. Sorprende obviamente encontrar entre estos últimos países a Italia, lo que implica que hasta ahora no había reconocido la grave crisis bancaria por la que atraviesa, como demuestra el hecho de que las ayudas públicas a la solvencia de sus bancos acumuladas de 2007 a 2014 asciendan a solo 8.000 millones de euros.

A la vista de esta comparativa internacional, mi impresión es que haber dilatado demasiado en el tiempo el reconocimiento de que la banca española tenía un serio problema de solvencia como consecuencia sobre todo de las pérdidas asociadas al ladrillo hizo que inicialmente las ayudas en forma de capital fueran reducidas. No fue hasta 2012 cuando se cogió el toro por los cuernos, exigiendo con dos Reales Decretos un cuantioso saneamiento que obligó finalmente a pedir un rescate con cargo a los fondos europeos. Así, del total de ayudas en forma de capital dadas en España, las concedidas hasta finales de 2011 solo suponen el 31% del total, mientras que en la UE el porcentaje fue del 74%. Incluso la todopoderosa Alemania dedicó tan pronto como en 2008 y 2009 hasta 53.000 millones de euros en ayudas a la recapitalización, compartiendo esta pronta reacción contra la crisis con Francia, Reino Unido y Países Bajos.

Poniendo la vista en el futuro, la factura final de la crisis bancaria para el bolsillo del contribuyente es obviamente incierta y las esperanzas hay que ponerlas sobre todo en la venta de la participación del 65% que el FROB tiene en Bankia. Afortunadamente, la gestión de la entidad está en buenas manos, pero va a ser muy difícil recuperar los 22.424 millones de euros de ayudas comprometidas, dada la magnitud de la cifra. Otro objetivo debe ser recuperar la aportación de 2.192 millones de euros del FROB en el capital de la Sareb. Desgraciadamente, los primeros años del banco malo se han saldado con pérdidas y hay que confiar, por el bien del contribuyente, que con la recuperación del precio de los activos inmobiliarios su cuenta de resultados abandone los números rojos. Finalmente, será el contribuyente el que pague la factura del esquema de protección de activos (EPA) que tuvo que dar el FROB para vender algunas de las entidades intervenidas, así como algunas garantías adicionales (como reclamaciones por la incorrecta comercialización de productos bancarios), cuya cifra no se sabrá hasta el final del periodo de vigencia de la protección.

Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.

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