Los Carceller negocian una multa para eludir la cárcel por delito fiscal
Los dueños de la cervecera Damm ocultaron cuotas tributarias por 72,3 millones de euros entre 2003 y 2009
Demetrio Carceller Arce, presidente del grupo cervecero Damm, y su padre Demetrio Carceller Coll, eludirán previsiblemente la prisión por delito fiscal y blanqueo de capitales tras negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que contempla un pago de en torno a 90 millones de euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. La fiscalía acusaba a ambos empresarios de evadir 73,32 millones de euros en impuestos entre los ejercicios 2003 y 2009 y pedía para ellos penas de hasta 48 años y medio de prisión. El acuerdo, todavía sin cerrar, se concretará en los próximos días.
La Audiencia Nacional tenía previsto ayer celebrar el juicio contra los Carceller, que iban a estar acompañados en el banquillo por el abogado Gabriel Ignacio Petrus Labayen —creador del entramado societario que permitió la evasión fiscal— y José Luis Serrano, apoderado y hombre de confianza del patriarca del grupo Damm. Sin embargo, la vista oral no llegó a comenzar. A las 10 de la mañana, la Fiscalía y los abogados iniciaban una negociación en el último minuto para evitar un juicio y una probable pena de cárcel para los cuatro acusados.
Dos horas y media después, fuentes de la Audiencia Nacional anunciaban de forma extraoficial que el próximo jueves a las 9.30 los acusados firmarán un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Esta figura supone aceptar como cierto el relato de hechos del ministerio público a cambio de una rebaja en la petición inicial de condena. Sin embargo, ni las defensas de los acusados ni la fiscalía ofrecieron detalles del acuerdo con el pretexto de que “el posible proceso de conformidad no se puede dar por concluido”.
Unos 90 millones
Fuentes próximas al caso cifraron en torno a 90 millones de euros el montante del pago que deberán realizar los Carceller por la evasión fiscal. Esta cantidad, todavía pendiente de concretar, incluye la multa y la responsabilidad civil, es decir, el resarcimiento del daño a las arcas públicas. Hasta el mes de julio de 2013, cuando la fiscalía redactó su escrito de conclusiones provisionales, los 73,32 millones ocultados a la Agencia Tributaria habían generado unos intereses de 29,65 millones.
En diciembre de 2014, el juez Pablo Ruz, entonces en la Audiencia Nacional, fijó para los dueños de Damm una fianza de 713 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades.
La fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Demetrio Carceller Coll simuló al menos desde 1990 residir fuera de España —en concreto en Portugal y Reino Unido— para que Hacienda lo considerara no residente y eludir así sus obligaciones tributarias.
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