Bruselas reduce las exigencias para el cobro de las ayudas de la PAC

El Ministerio de Agricultura ultima un Real Decreto por el que se flexibilizarán aún más las condiciones para poder acceder al cobro de los 5.000 millones de ayudas directas que suponen actualmente los fondos comunitarios de la Política Agrícola Común (PAC). Bruselas obliga ahora a España a rebajar aún más las exigencias para el cobro de esos fondos. Las explotaciones podrán no estar inscritas en el registro de cada comunidad autónoma ni el de explotaciones ganaderas. Para ser considerado como agricultor activo, bastará con demostrar que asume el riesgo empresarial.

Por todo ello, se puede decir que solamente quedarían excluidos de esos cobros los terrenos ligados a los aeropuertos, los servicios ferroviarios, superficies de inmobiliarias, abastecimiento de aguas o instalaciones deportivas, como los campos de golf, entidades jurídicas que Bruselas incluía en la llamada lista negra.

Definición de agricultor

Para el cobro de las ayudas de la PAC, uno de los puntos clave consistía en la definición de la figura del agricultor activo como el principal destinatario de las mismas. Bruselas dejaba libertad a cada país para fijar esa definición. En el caso de España, de acuerdo con las comunidades autónomas y, en contra de las posiciones de las organizaciones agrarias, Agricultura optó por definir esa figura como la persona que, de sus ingresos agrarios, al menos un 20% fueran por la venta de sus productos en el mercado y el 80% de ayudas.

Las organizaciones agrarias reclamaban un mayor protagonismo en los cobros para los profesionales, algo más de 300.000, frente a los 840.000 que reciben actualmente ese tipo de cobros. Ante las exigencias de la Comisión, también podían percibir esas ayudas quienes, aunque no cumplan con esos porcentajes, demostraran que mantienen las superficies en buen estado, sin necesidad de que cultivasen la tierra

En demanda de unos pagos más dirigidos, la organización agraria Unión de Uniones, una escisión de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, no reconocida oficialmente por Agricultura, lo que le impide estar en las mesas de negociaciones, planteó una denuncia a la Comisión Europea. Pero le ha salido tiro por la culata. Bruselas, ante esa denuncia, analizó a fondo la aplicación de la reforma en España en el pago de las ayudas para concluir que se deberían flexibilizar aún más las actuales exigencias.