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Expertos alertan sobre los problemas de financiación del Estado de bienestar

Economistas reunidos por Funcas debaten sobre el riesgo del envejecimiento de la población para las pensiones y el sistema de salud

Jesús Sérvulo González
Dos jubilados de Manzanares el Real (Madrid)
Dos jubilados de Manzanares el Real (Madrid)Santi Burgos

El envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la economía española en las próximas décadas. Cómo podrá el sistema de la Seguridad Social, que actualmente es deficitario, pagar las pensiones dentro de 50 años cuando haya el doble de pensionistas y la mitad de trabajadores. O cómo mantener el sistema de sanidad, que actualmente está entre los mejores del mundo, cuando aumente el número de personas mayores y además suba la esperanza de vida. Son algunos de los puntos que se han debatido este miércoles en el seminario "Desafíos de la economía española", organizado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

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"¿Es viable nuestro sistema de pensiones?", se ha preguntado Rafael Domenech, catedrático de la Universidad de Valencia y responsable de estudios económicos del BBVA Research. "Claro que es sostenible, pero hay que ver qué se entiende por viabilidad", ha concluido. Este experto ha analizado las deficiencias del actual sistema de pensiones, reformado en 2013 mediante la introducción de una fórmula para ligar las prestaciones al aumento de la esperanza de vida de la población (factor de sostenibilidad) y estableciendo un índice de revalorización de las pensiones (IRP), que desliga en cierto modo el incremento de las pensiones de la inflación y lo vincula más al crecimiento económico.

Doménech, que formó parte del grupo de expertos que diseñó esa reforma, la ha justificado porque "aproximadamente por cada persona que entre en el mercado de trabajo durante la próxima década se van a retirar dos". De tal forma que, debido tanto al aumento de la esperanza de vida como a la jubilación de la generación del baby boom, en 2050 los ciudadanos con derecho a una pensión pasarán de los nueve millones actuales a cerca de 15 millones. Esto supone que más de un tercio de la población actual será pensionista en un país en el que la natalidad es bajísima y en el que el año pasado hubo más fallecimientos que nacimientos.

El sistema, sin embargo, sigue registrando un gran déficit presupuestario. Las cotizaciones no llegan para pagar las pensiones actuales. "Dos tercios del déficit son de carácter estructural. El dilema que tenemos como sociedad es corregir esto. Esto lo tenemos que decidir con pensiones menores o con más ingresos", ha manifestado Doménech.

Con la reforma y la introducción del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización se paliará este efecto durante algunos años, pero los expertos advierten de que hay que acometer reformas para atajar con más determinación el problema que se viene encima y podría provocar un conflicto intergeneracional.

Varios partidos han esgrimido que la aplicación tanto del índice de revalorización como del factor de sostenibilidad provocará irremediablemente una gran pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Doménech justifica que esto no es así necesariamente. Y los explica: "Las pensiones ganarán poder adquisitivo si el crecimiento real de  los ingresos es superior al del número de pensionistas y al efecto sustitución". Es decir, que la pensión media seguirá ganando poder de compra si España logra crecer más allá del 2,5%, la tasa a la que crecería el gasto por el aumento del número de jubilados que cobran prestaciones más altas que los que causan baja por fallecimiento, con pensiones más bajas.

Doménech ha defendido que el sistema español de la Seguridad Social es muy generoso y ha comparado la tasa de beneficio (el cociente entre la pensión media y el salario medio) de España con la de otros países. El resultado es que España tiene una tasa de beneficio superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno. "Para mantener la tasa de beneficio, es decir, la actual relación entre los salarios y las pensiones sería necesario que el número de cotizantes de la Seguridad Social pasará de los 16 millones actuales a 27 millones en 2050, puesto que el número de pensionistas va a crecer desde los nueve millones actuales a los 15 millones", ha manifestado Domenéch.

La solución para atajar este problema son varias, explica el jefe de estudios de BBVA Research. O se acepta esta reducción de la pensión media sobre el salario medio y se compensa con planes de pensiones privados. O, ha deslizado, se destinan más recursos al sistema de pensiones mediante aumento de impuestos o reduces el gasto público en otras partidas para destinarlo a las pensiones. O, apunta Doménech, realizas reformas estructurales para reducir al mínimo el paro y aumentar la población ocupada y sus salarios.

En este punto ha defendido la devaluación fiscal (una reducción de las cotizaciones sociales a cambio de un aumento de los impuestos indirectos) porque tiene efectos directos sobre el aumento del PIB y el empleo.

Otros expertos han coincidido en señalar que las pensiones más altas del sistema son muy generosas y han planteado la necesidad de ajustarlas para reforzar la sostenibilidad del sistema. Y han recordado que los autónomos tienen un incentivo para reducir su cotización al mínimo, lo que afecta a los ingresos, durante la mayor parte de su vida laboral, una practica que, a su juicio, habría que limitar.

El envejecimiento encarece la sanidad

Por su parte, Álvaro Hidalgo, director del instituto Max Weber y especialista en políticas sanitarias, ha explicado que el envejecimiento de la población provocará que el gasto sanitario aumente hasta el 13% del PIB en 2050, casi el doble que en la actualidad. Este porcentaje de gasto sería casi inasumible para mantener con la actual estructura de ingresos. Hidalgo ha explicado que el aumento del gasto procede de tres motivos: Por un lado, por el aumento de la esperanza de vida. En segundo lugar porque se producirá un aumento de las enfermedades crónicas que requieren más tratamiento durante más tiempo. Y en tercer lugar, por el avance tecnológico. Es decir, cada vez hay más tratamientos avanzados que curan enfermedades que ahora no se pueden tratar pero estos tratamientos son más costosos.

Para combatir este aumento del gasto, propone introducir copagos e invertir en políticas de salud para  mejorar la prevención de enfermedades crónicas. Pero sobre todo, su gran apuesta pasa por vincular el gasto sanitario a la eficiencia. Es decir, vincular por ejemplo el gasto farmacéutico al éxito que tenga con los pacientes. "Ya se está haciendo y es el futuro", ha insistido.

"Si queremos conservar el sistema nacional de salud algo tenemos que hacer", ha indicado Hidalgo. "No podemos abundar con los recortes para hacer lo mismo con menos". Hidalgo ha apostado por la transparencia y el cambio en la gobernanza como otros dos factores que hay que mejorar.

Educación más creativa

Respecto a la educación, Ismael Sánz Labrador, director general de becas de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que la financiación para la educación se ha recortado en los últimos años. Pero ha asegurado que a pesar de ello el gasto medio por alumno no está muy lejos de la media de la OCDE, el club de los países más industrializados del mundo.

Sanz apuesta por incentivas las habilidades más creativas y fomentar la capacidad crítica de los alumnos para reforzar su capacidad adaptativa. Ha puesto énfasis en que una parte importante de los puestos de trabajo del futuro próximo aún no existen debido a la revolución tecnológica. Por eso, ha insistido muchos de los empleos actuales dejarán de existir y requerirá cambios.  Este experto ha defendido la necesidad de avanzar en las pruebas estandarizadas de evaluación. Y de mejorar los métodos de selección del profesorado así como diseñar mejor la carrera docente. Aunque ha reclamado más fondos reconoce que no son decisivos para la calidad de la educación.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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