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Los bancos centrales piden penalizar la deuda soberana en los balances

La medida perjudicaría a las economías del sur de Europa y beneficiaría a Alemania

El Banco Internacional de Pagos, organismo que aglutina a los bancos centrales, se ha alineado con las posiciones de Alemania frente a la periferia y aboga por penalizar las tenencias de deuda pública en las carteras de la banca. Durante la última reunión de ministros de finanzas de la zona euro, Berlín consiguió que la discusión sobre los bonos soberanos se emplazase al comité de supervisión bancaria de Basilea, uno de los órganos que componen el Banco de Pagos y en el que se sientan representantes de los principales bancos centrales de todo el mundo, incluido el de España.

Jaime Caruana, Presidente del Banco de Pagos Internacionales, en la Bolsa de Madrid.
Jaime Caruana, Presidente del Banco de Pagos Internacionales, en la Bolsa de Madrid. EL PAÍS

El Banco Internacional de Pagos, o BIS por sus siglas en inglés, ha tomado partido en el encendido debate que divide a los países de la zona euro: ¿qué hacer con el trato preferencial que obtienen las carteras de bonos soberanos que mantienen los bancos privados? Por lo general, en la regulación bancaria se considera que la deuda pública es segura porque la respalda un banco central que siempre podrá acuñar monedas para pagarla. Así que ésta se incluye en las cuentas de las entidades prácticamente sin límites y sin contabilizar el riesgo que pueda entrañar. Sin embargo, ésa no es la opinión ni del Gobierno teutón, ni del BIS. Ambos piensan que es esencial romper con esa legislación para poder debilitar el vínculo existente entre la banca y los Estados, ése que tantos problemas ocasionó en la pasada crisis soberana.

De ordinario, tal y como explica el BIS en su informe anual, las crisis financieras destrozan las cuentas públicas al disparar los gastos sociales, hundir los ingresos fiscales y, en última instancia, provocar un rescate bancario que pone en duda las finanzas del Estado. A su vez, una deuda pública elevada amplifica los costes de la crisis financiera durante años, manteniendo altos los impuestos y los costes de financiación. Por no hablar de que una posición fiscal insostenible siempre encarece la financiación a los bancos, daña sus valoraciones por estar cargados de deuda pública y puede acabar, en el peor de los escenarios, con un recorte abrupto de los flujos de capital. O, como sucede ahora, con unos tipos muy bajos que erosionan la rentabilidad de las entidades.

La evidencia que reúne el Banco de Pagos concluye que cuanta más deuda pública tengan los bancos, más se refuerza esta cadena de eventos al tiempo que se estrangula el crédito del sector privado. Por ejemplo, los estudios del BIS establecen que las entidades con más exposición a la deuda pública suelen recortar más el crédito ante un aumento del riesgo soberano.

Sin embargo, ésa no es la posición ni de España, ni de Japón, ni de ningún país de la periferia europea cuyos bancos mantienen elevadas posiciones de deuda pública. La discusión en el Comité de Supervisión de Basilea permanece abierta y será feroz. De hecho, los países del sur de Europa recuerdan cómo Merkel y Sarkozy empeoraron la crisis al anunciar en noviembre de 2010 que la deuda soberana incluida en los balances de los bancos encajaría quitas. Desde ese mismo momento, las primas de riesgo de los PIGS se descontrolaron sin remedio porque nadie se arriesgaba a comprar títulos de deuda pública. Y los rescates de naciones se sucedían, ahuyentando a los inversores que debían atraer. Sólo la intervención del BCE en julio de 2012 detuvo la sangría. La lección de no tocar la deuda pública se antoja evidente, argumentan los países más afectados.

Pero los técnicos del Banco de Pagos insisten en que penalizando la deuda pública se obtendrían diversos beneficios. Ex ante, desincentivaría la acumulación de grandes paquetes de deuda pública en los balances. Ex post, las entidades tendrían unos balances más diversificados, mejor capitalizados y menos expuestos al riesgo soberano. Es más, en opinión del BIS, se reduciría la tendencia a primar los préstamos al sector público sobre el privado.   

Con todo, el BIS admite que hay que tener en cuenta los costes de transición a la hora de poner en marcha estas medidas. Explica que los bancos suelen actuar como colchones contra el pánico inversor; que se puede acabar reduciendo la liquidez del mercado de bonos y encarecer los costes de intermediación; y que se puede complicar la financiación bancaria a corto plazo al desincentivar el uso del activo que más se suele emplear como garantía para poder captar fondos. Todos estos factores se tendrían que ponderar cuando se aplicase la nueva legislación, concluye el Banco de Pagos.