El Consejo Europeo expresa dudas legales sobre el año extra para el déficit español

Golpe de efecto jurídico en Bruselas a apenas tres semanas para las elecciones. Los servicios legales del Consejo Europeo han dejado en el aire el año adicional otorgado a España para rebajar el déficit al 3% del PIB y considera que debe primero aclararse si habrá multa por la desviación de 2015.

Bruselas concedió hace unos días un doble regalo al Gobierno de Mariano Rajoy: retrasó la decisión sobre el procedimiento de infracción hasta después de las elecciones del 26-J y, al tiempo, concedió un año adicional para cumplir los objetivos de déficit (a cambio de un recorte de 8.000 millones hasta 2017). Alemania montó en cólera, al menos ante su opinión pública, por las consecuencias sobre la credibilidad de las reglas fiscales europeas. A instancias de Berlín, el Ecofin (los ministros de Finanzas de la UE) solicitó una opinión jurídica al Consejo Europeo, la institución que preside Dondald Tusk, por las dudas sobre la legalidad de esa decisión. Y ese informe se ha emitido esta semana, según ha podido saber EL PAÍS. Berlín se sale con la suya: el Ecofin (los ministros de Finanzas) no aprobará el año extra a España hasta que la Comisión se pronuncie sobre la posible multa por 2015.

El documento recoge, en parte, las dudas germanas: no tumba la prórroga, pero cuestiona la base legal usada por la Comisión Europea, según explican fuentes oficiales de la UE. Y de esa manera pone en duda el año adicional para que España cumpla con las reglas fiscales, al menos hasta que Bruselas se pronuncie primero sobre las sanciones, a principios de julio: después de las elecciones.

Pese a dejarla ahora en el aire, la prórroga llegará de todos modos. El Consejo, según las mismas fuentes, no ha emitido un dictamen legal vinculante, sino tan solo una "contribución". Pero aun así sus servicios jurídicos consideran que el enjuague legal diseñado por la Comisión Europea para retrasar el procedimiento de infracción a la vez que concede un año más para el déficit ofrece dudas legales.

Después o a la vez que la multa

Bruselas se agarró el pasado 18 de mayo a la revisión del plan nacional de reformas y al programa de estabilidad para fijar una nueva senda fiscal. Utilizó las recomendaciones específicas —uno de los instrumentos del Semestre Europeo— para incluir el nuevo objetivo: por la vía del artículo 121, ofrecía un año más, que supone a la vez un recorte de 8.000 millones de euros entre 2016 y 2017; el Consejo considera que la prórroga debería haberse concedido por la vía del artículo 126. Pero no se hizo así porque Bruselas aplazó hasta "primeros de julio" las sanciones: el inicio de un procedimiento de infracción casi automático, que llegará después de las elecciones.

El Ecofin no aprobará el año extra a España hasta que la Comisión se pronuncie sobre la posible multa por 2015

El servicio jurídico de la Comisión Europea dio luz verde a esa ambigua jugada, que se extendió también a Portugal tras una bronca en el colegio de comisarios. Los servicios legales del Consejo, en cambio, propinan un buen revés tanto a la estrategia de la Comisión como a la estrategia electoral de Rajoy: lo dejan todo en el aire hasta que la Comisión acompase las recomendaciones específicas y el procedimiento de infracción. Con ello, se hace más difícil para Rajoy su estrategia de presumir de un año extra antes del 26-J.

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, criticó hace unos días con inusitada dureza a la Comisión Europea por aplazar esa decisión. Lo mismo hace hoy en este diario el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem. "No estamos contentos con la decisión", dijo hace una semana Schäuble, que al igual que Dijsselbloem cree que pone en cuestión la credibilidad de la Comisión Europea. El brazo ejecutivo de la UE ha reaccionado explicando que en su día actuó "siguiendo las reglas legales de gobernanza económica", según fuentes comunitarias. La opinión, según fuentes europeas, "parece confirmar que todo está en orden".

Un toque de atención a la Comisión

Bruselas, en fin, considera que la opinión del Consejo no cambia nada, porque en el fondo el año adicional no estaba otorgado oficialmente: tan solo aparecía en las recomendaciones específicas. El Consejo no destruye esa hábil arquitectura jurídica diseñada por el equipo de Juncker, pero da un toque de atención a la Comisión —según admiten fuentes españolas— y, respecto al año extra para el déficit, viene a decir que no se puede dar por hecho oficialmente hasta que se tome una decisión sobre el procedimiento de sanción, cuya apertura es más que probable una vez pasen las elecciones. "Es un documento que no conocemos, una opinión del servicio jurídico del Consejo" han señalado este viernes fuentes de la Comisión restando importancia al escrito.

Esa "contribución jurídica" expresa dudas legales sobre el año extra para España, que Rajoy lleva días utilizando a su favor mientras el resto de partidos apuntan que tratarán de negociar una nueva senda. Al menos por unos días. Es más que probable que Bruselas acabe dando finalmente ese año adicional, pero eso tendrá que ser el mismo día que la Comisión se pronuncie sobre el procedimiento de infracción por el incumplimiento del déficit.

"La adopción de las recomendaciones específicas [que incluyen el año adicional] presuponen adoptar primero o al mismo tiempo la decisión sobre el procedimiento por déficit excesivo", aseguran fuentes oficiales de la Unión. "Hay montones de dudas legales relativos a esa decisión y los servicios legales tienen que aclararlas", afirmaban ayer fuentes diplomáticas de uno de los grandes países europeos. La respuesta de los servicios legales del Consejo viene a aclararlas. Con el habitual lenguaje imposible de Bruselas, eso sí.