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TRIBUNA

La integración de la tercera edad en la ciudad

El envejecimiento lleva al deterioro del patrimonio urbano y a la expulsión del dependiente

Somos cada vez más longevos. Es un logro, una victoria social, pero ¿estamos preparados para una sociedad de ancianos? Hace tiempo que los estudios demográficos alertan del progresivo envejecimiento en las grandes ciudades y la población envejecida se distribuye en zonas muy específicas. Se puede decir que el hogar y la vivienda envejecen conjuntamente.

En buena lógica, una misma vivienda va a alojar varios hogares a lo largo del tiempo y es necesario estudiar si hay reemplazo en esas viviendas que quedarán vacías. Nos enfrentamos a un problema de despoblamiento de zonas envejecidas, con el consiguiente deterioro de la ciudad y la reducción del valor y precio de la vivienda de la zona.

Por otra parte, esa población envejecida en un parque en deterioro va a demandar servicios específicos de apoyo a su paulatina dependencia, y la ciudad debería dar respuesta en su planificación urbana. La clasificación del suelo urbano cuenta con suelos dotacionales para la gestión de las necesidades de los ancianos en centros de día y residencias de ancianos Pero la mayor parte de la infraestructura geriátrica está en manos privadas, con las que la administración concierta servicios y ayudas.

Los grandes grupos que controlan este sector, aplican en su gestión los modelos de rentabilidad habituales para los activos en alquiler. Una residencia geriátrica no deja de ser un negocio cuya cuenta de resultados tiene una enorme similitud con la de un complejo hotelero. Así, nos encontramos con que la elección de tales dotaciones -que debería ser la localización- está determinada por el precio. Esto hace que, al igual que pasa con otros productos inmobiliarios, los dependientes –dada la pensión media- tengan que desplazarse a la periferia.

El paulatino envejecimiento de zonas concretas de la ciudad, donde sus habitantes y parque inmobiliario ganan años y, con ello, deterioro, deben alertar a los gestores de la ciudad de las necesidades de infraestructuras adecuadas y solventes para resolver las futuras demandas. Y, con un modelo de equidad económico que no haga que nuevamente la solución sea desubicar a una persona de su entorno en un momento vital en el que cualquier cambio es dramático.

Parecería lógico que la Administración diera el servicio que demandan sus ciudadanos y que estos pudieran ver resuelta su vejez en el mismo espacio en que han habitado. De la misma forma que los servicios públicos, como sanidad, enseñanza y transportes, o privados, como comercio y ocio, se adecuan a las necesidades de la población, debería hacerlo el servicio de geriatría, ya fuera público o privado.

En un estudio sobre la Comunidad de Madrid se han localizado los espacios donde reside la población mayor; donde se ubican las infraestructuras de geriatría, principalmente residencias de ancianos; cual es su precio y, por último, el valor de las viviendas en las que residen los futuros usuarios de estas infraestructuras. Los resultados no pueden ser más alarmantes. Los precios de las residencias privadas (que concentran la máxima oferta) superan con mucho las posibilidades de los ingresos por pensión que reciben los usuarios, lo que requiere, o bien apoyo económico familiar o hacer uso del patrimonio inmobiliario del dependiente, mediante figuras como las hipotecas inversas o, muy a menudo, a que se mantenga aún en situaciones de grave deterioro en el hogar, a costa del sacrificio, generalmente, de alguna de las mujeres de la familia. Una situación que nos diferencia de los países europeos más desarrollados.

Y, por otra parte, al no haber reemplazo de compra de estas viviendas -por falta de demanda y por ser las más de las veces activos envejecidos y en zonas deterioradas en comparación con nuevos entornos-, los precios a la baja no permiten obtener los ingresos necesarios para el correcto mantenimiento del dependiente.

El Gobernador de Banco de España, Linde, en declaraciones en el Congreso de los Diputados sobre las pensiones, aprovechó la ocasión para relacionar la vivienda con una “pensión en especie”: quien no tenga patrimonio inmobiliario, al final de su vida, tendrá mayores dificultades en atender su dependencia. No disponer de recursos suficientes, obligará al dependiente a retirarse a lugares totalmente ajenos a su entorno habitual y al de su familia, con resultados personales catastróficos.

Este problema no hará más que agudizarse en el tiempo, a medida que la población sea cada vez más anciana y longeva. Es necesaria una toma de conciencia de la sociedad y de las administraciones públicas sobre lo que va a suponer el envejecimiento para la convivencia en nuestras ciudades.

Ignacio Suarez-Llanos Aguirre es el fundador de AguirreArce Consultores.