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PP y PSOE coinciden en limitar la solidaridad regional

Los cuatro grandes partidos creen que el sistema de financiación es opaco, confuso y arbitrario

J. S. G.
Cristóbal Montoro saluda a Oriol Junqueras
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Los responsables económicos del PSOE, Manuel de la Rocha, y del PP, Álvaro Nadal, coincidieron este martes en la necesidad de limitar, con diferente intensidad, la solidaridad regional en el sistema de financiación autonómica.

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De la Rocha apostó por fortalecer la equidad entre las comunidades pero respetando el principio de "ordinalidad", por el cual una comunidad mantiene la posición que ostentaba antes de aportar al sistema y después del reparto. Por su parte, Nadal, también apostó por reducir la solidaridad para mejorar técnicamente el actual sistema de financiación. Pero se mostró más pesimista a la hora de valorar su reforma. "Esto va para largo", aseguró durante su intervención en unas jornadas sobre financiación autonómica organizada por Fedea, la fundación de estudios de economía aplicada, uno de los laboratorios de ideas más activos en este ámbito.

En el acto participó también Francisco de la Torre, responsable económico de Ciudadanos y Jaime Loscos, asesor académico de Podemos. Los cuatro coincidieron en que el actual sistema de financiación es opaco, confuso y arbitrario. Y admitieron que es necesario una revisión urgente del mecanismo por el que se reparten los fondos a las autonomías para que puedan prestar los servicios de sanidad, educación y prestaciones sociales. Las diferencias fundamentales surgen al determinar el "cómo", según insistió Nadal.

De la Torre apuntó la necesidad de hacer más ágil las entregas a cuenta del sistema, el instrumento por el cual se anticipan los recursos a las administraciones regionales y dos años después cuando se cierra contablemente el ejercicio se realiza una liquidación que habitualmente descuadra para bien o para mal las cuentas regionales y estatales. Este punto concitó muchas opiniones a favor. En el encuentro participaron una veintena de prestigiosos expertos en la financiación regional.

Nadal apuntó la necesidad de alcanzar un "pacto de hierro" entre los partidos políticos, antes que con las comunidades, si se quiere hacer "algo serio". Porque dijo: "¿Quién controla a los barones autonómicos?".

De la Rocha, por su parte, defendió la necesidad de crear un mecanismo para que los servicios sociales (sanidad, educación) estén protegidos en las épocas de crisis. "Se podría garantizar la financiación de esos servicios a través de un fondo de estabilización", dijo. Las comunidades aportarían recursos a este fondo en las épocas de crecimiento para evitar recortes en las recesiones.

El encuentro organizado por Fedea ha tratado de poner el foco sobre algunas de las conclusiones que los expertos alcanzaron en un seminario previo organizado el pasado febrero en S´Agaró (Cataluña) donde surgió el germen de las líneas generales que debería sustentar el próximo sistema de financiación. Los puntos en los que coinciden la mayoría es en el diagnóstico: "es un sistema desigual en el que la diferencia de financiación por habitante ajustado (teniendo en cuenta las circunstancias demográficas y geográficas de cada territorio) son excesivas, de más de 30 puntos", explica uno de los asistentes.

Los expertos coincidieron en avanzar en la equidad pero difieren en el grado en que deben alcanzar. Hay más o menos consenso en respetar la ordinalidad. Y la mayoría admite que el sistema carece de un mecanismo de reparto vertical "razonable" y que habría que aumentar la autonomía de los ingresos y la responsabilidad sobre el control de los gastos.

Por último, también existe cierta conformidad en que debe eliminarse el statu quo, el mecanismo por el cual ningún territorio pierde cada vez que se reforma el sistema y se arrastran desigualdades desde el origen, cuando el reparto se hizo por el coste efectivo de los servicios públicos.

Gran parte del debate se centró en la necesidad de otorgar más capacidad tributaria a las comunidades. Las propuestas pasaron por ceder un tramo del IVA, para que en una decisión colegiada las comunidades pudiera subirlo o bajarlo. Pero esto conlleva riesgos como que algunas comunidades se escuden en la decisión de la mayoría para defender lo contrario (free-ryder). También se ha planteado la posibilidad de ceder el 100% del IRPF a cambio de recuperar los impuestos indirectos. Pero esta solución podría generar otros problemas porque el impuesto sobre la renta es la principal figura redistributiva del sistema fiscal y dejarlo en manos de las comunidades podría generar más desigualdad.También se ha propuesto establece copagos sobre servicios sanitarios y otros que presten las comunidades. Pero es un asunto delicado sobre el que los expertos han pasado de puntillas.

También se ha tratado la necesidad de establecer incentivos para que las comunidades se responsabilicen de los gastos. Que cada aumento de gasto vaya acompañado de un incremento de los recursos que lo respalde. El acto ha profundizado sobre otros aspectos técnicos del sistema de financiación sobre los que aumentará el debate en los próximos meses conforme se aproxime la reforma.

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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