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Los puertos, el nuevo dique contra los ‘piratas’

Entra en vigor un tratado para extender a países en desarrollo mecanismos de control de la pesca ilegal

Embarcaciones pesqueras en el puerto de Buesum (Alemania).
Embarcaciones pesqueras en el puerto de Buesum (Alemania).

Para luchar contra la pesca ilegal, un Estado puede someter a controles a su propia flota, patrullar las costas, utilizar tecnología satélite o inspeccionar los barcos que entran en sus puertos. Pero mientras los ‘piratas’ encuentren en otros países lugares donde descargar su botín sin problemas, todas esas costosas precauciones pueden resultar inútiles. Al fin, tras siete años de negociaciones y procesos de ratificación, muchos de esos refugios pueden tener los días contados.

Tras superarse el mínimo de firmantes (ya son 57: 29 países más los 28 miembros de la Unión Europea), el 5 de junio entrará en vigor un tratado “vital para proteger los océanos y sus recursos”, en palabras de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos. Los cálculos más fiables —es complicado cuantificar las actividades clandestinas— señalan que hasta una de cada cinco capturas en el mundo es ilegal. Su valor anual podría superar los 20.000 millones de euros, según datos facilitados por la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la alimentación que ha impulsado el acuerdo. Y eso sin contar el daño a la conservación de especies y a la sostenibilidad de los mares.

El acuerdo persigue implantar unos estándares de control en los puertos internacionales que vayan dejando sin opciones a las embarcaciones con capturas ilegales. Primero, cada Estado firmante señalará en qué instalaciones permite la descarga de buques extranjeros (se entiende que cada país controla su propia flota). En unos casos serán varios y en otros, como Uruguay, solo uno.

El protocolo establece que los barcos foráneos tienen que enviar con antelación a las autoridades portuarias del lugar en que pretendan entrar —aunque sea para repostar— un documento estandarizado con información sobre la embarcación, sus autorizaciones y las capturas que transportan. Estas se cotejarán en busca de datos sospechosos o que no cuadren. Y entonces decidirán si le deniegan el paso (salvo en casos de emergencia) o le dejan entrar y, en este último caso, si lo inspeccionan, también siguiendo los estándares del tratado.

Los 30 primeros

Por ahora forman parte del acuerdo los 28 miembros de la Unión Europea y los siguientes países: Australia, Barbados, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos, Gabón, Guinea Bissau, Guyana, Islandia, Mauricio, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Palau, San Kitts y las Nevis, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, Uruguay y Vanuatu.

La segunda pata del acuerdo habla de compartir información. “Tradicionalmente en el sector ha habido una lógica resistencia a dar detalles, porque decir dónde pescas puede atraer a otros a tus caladeros”, explica Alicia Mosteiro, especialista de la FAO. Pero que las autoridades se crucen los resultados de sus inspecciones e incluso crear una base de datos mundial —un proyecto complementario a este acuerdo— podría resultar decisivo. Si un puerto rechaza un barco, o una inspección detecta irregularidades y se pone en conocimiento de los inspectores de otros lugares, esa embarcación tendría muy difícil encontrar dónde descargar.

Aún faltan países por subirse al barco, pero la UE (62% de las importaciones y 49% de las exportaciones mundiales de pescado), EE UU y otros Estados con peso comercial están a bordo. Y la capacidad de estos mercados para limitar la importación desde los no firmantes podría incentivar a los más reacios.

Para muchos países desarrollados no habrá problema en cumplir con estas medidas. España, por ejemplo, es un alumno aventajado y los controles que aplica superan con creces estos mínimos. Pero el gran avance, que es ir todos a una en la persecución, es también el gran reto. Muchos países en desarrollo carecen de la capacidad técnica, legal y de personal para hacer efectivo el acuerdo.

¿Qué se persigue?

El tratado, cuyo larguísimo nombre completo es Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, persigue efectivamente tres actividades:

  • Pesca ilegal: Cuando se incumple directamente la normativa del país en cuyas aguas se opera o cualquier tratado internacional, por ejemplo saltándose una prohibición. 
  • Pesca no declarada: Cuando hay obligación de declarar lo pescado y no se hace, o se declaran cantidades distintas de las reales.
  • Pesca no reglamentada: Se refiere a capturas irresponsables de acuerdo con las normativas regionales por parte de barcos que no están sujetos a ellas. También a la pesca irresponsable según el Derecho internacional de especies sobre las que no hay reglamentación.

Por eso los firmantes se comprometen a prestarles asistencia técnica y financiera. “Somalia se beneficiará de la formación de inspectores, pero también esperamos ayuda para reconstruir nuestras infraestructuras”, indica Aidarous Ahmed Hassan, asesor del Ministerio de Pesca somalí. En países como este, la pesca ilegal socava la producción local y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Y en naciones insulares como Sri Lanka o Tonga, mina la explotación de los derechos de pesca que son, en muchos casos, la principal fuente de ingresos. A través de la FAO u otras agencias, todos estos países recibirán ayuda para desarrollar leyes específicas, adquirir los medios necesarios y formar debidamente a los inspectores.

Porque sobre la actuación de estos últimos recaerá, al final, la responsabilidad del éxito o el fracaso. “Por eso es importante que se les valore y se reconozca su labor. Entre otras cosas para que no sean blancos fáciles de corrupción”, apunta Mosteiro sobre los miembros de esa primera línea contra los ‘piratas’ del pescado.

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